Por Eduardo J. De La Peña

La expresión facial, los ademanes y desde luego las palabras del buzo militar que la noche del miércoles presentó un informe a los familiares de los mineros atrapados por la inundación en Agujita, son contundentes: no tiene siquiera noción de lo que es una explotación minera de ese tipo, y por tanto tampoco el contexto para definir una estrategia de rescate.

El hombre estaba claramente abrumado, sin conocimientos de los términos para lograr darse a entender y sin elementos para justificar a las familias el por qué no intentaron otros accesos diferentes al que ya confirmaron que está colapsado.

No es culpa del buzo, lo es en todo caso de quienes se aferraron en desplazar a los técnicos en rescate minero y encomendaron la tarea a los militares.

Cuestionable es también que la autoridad federal no hable con claridad respecto a la magnitud del colapso y el reto que implica liberar, en un tiro vertical, esa obstrucción de toneladas de lodo, carbón y madera, lo cual se tiene que hacer a mano y en un espacio reducido al que no es posible introducir maquinaria.

Esa insistencia en querer crear un panorama esperanzador no es otra cosa más que una estrategia para que no haya cuestionamientos respecto a las negligencias que cometieron dependencias federales a las que competía verificar esa explotación minera hoy siniestrada.

La protección no es únicamente para quienes hacían negocio con el carbón que se extraía de esos pozos, lo es principalmente para quienes les adjudicaron los contratos; para quienes dieron el visto bueno para la operación de ese desarrollo; y para quienes incumplieron con las inspecciones previstas en la ley.

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Allá en los cómodos salones del Senado de la República, la Comisión de Justicia aprobó reformas al Código Penal Federal para elevar las sanciones a quienes transporten o comercialicen madera y otros recursos forestales maderables de manera ilegal.

Actualmente la sanción es de uno a nueve años de cárcel y de 300 a tres mil días de multa; con la reforma se elevaría a penas de dos hasta 12 años de prisión, y la multa oscilaría entre 500 y cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Es claro que estamos ante otro caso en que se legisla nada más para la estadística, para quedar bien en el recuento de sesiones e iniciativas presentadas y votadas.

Igual pudieron plantear el dejar la tala sin sanción, o castigarla con cadena perpetua. Da lo mismo.

En la tala y el comercio ilegal de madera, como en tantas otras cosas en este país, la solución no está en aplicar sanciones más severas, sería suficiente cumplir con las ya previstas en la ley.

Los senadores de la Comisión de Justicia hablaron del incremento de la tala ilegal en los bosques de Chihuahua por la presencia de la delincuencia organizada. Como nota dramática cabe, pero en los hechos no hace falta la intervención de grupos criminales para favorecer esta actividad ilícita.

En nuestra realidad local son frecuentes los reportes de propietarios de zonas boscosas que se encuentran con evidencias de tala ilegal en sus predios.

Aunado a ello cada fin de semana hay también reportes de cargamentos de troncos que son transportados por la carretera 57.

El alcalde de Arteaga Ramiro Durán ha explicado que esos cargamentos que pasan por su municipio proceden de Galeana, pero admite han encontrado que con una misma guía forestal amparan más de un cargamento.

Sin embargo nada han podido hacer las autoridades municipales ante un asunto que es de competencia federal, en concreto de la Profepa, dependencia que ha sido desmantelada y no tiene personal ni recursos para cumplir con sus obligaciones.

En ese escenario, ¿de qué sirve elevar las sanciones si no hay autoridad que las haga valer?.

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Ya que se habla de Arteaga, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está corriendo los trámites para que se le autorice la actualización del estudio de manifestación de impacto ambiental en el proyecto de rectificación del tramo «Los Chorros».

El proyecto, para mejorar las condiciones y disminuir el número de accidentes y decesos, argumenta la SCT, contempla la construcción de un nuevo cuerpo de 4.8 kilómetros, con un nuevo túnel de 500 metros y dos nuevos puentes.

La obra impactaría sobre un área de 13 hectáreas y media.

¿Para qué corre estos trámites la SCT? ¿nada más para tener lista la autorización por si algún día llegan los recursos?, ¿o hay una posibilidad real de que Hacienda asigne fondos para esta urgente y esperada obra en 2023?.

No echemos las campanas al vuelo, la experiencia con este gobierno federal es que lejos de aportar quita. Pero tampoco se puede descartar que vayan a realizar algunas obras lucidoras el año próximo en que hay competencia electoral.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx