Por Eduardo J. De La Peña

Ya se dejó ver por Saltillo, después de que pasó más de tres semanas concentrado en la región Carbonífera donde incluso le tocó pasar su cumpleaños, el Secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes Hernández.

Y tan pronto regresó y se enfocó a algo que le entiende, que está dentro de sus funciones, y que es prioritario en el momento actual: la operación. Por lo pronto este martes tuvo un acercamiento con importante personaje de la política local que tiene sus orígenes familiares en Acapulco, Guerrero.

La relación no es de hoy, coincidieron como diputados locales en la misma legislatura hace una decáda, y aunque sin duda tuvieron sus diferencias, ambos tienen la madurez y estatura política para saber llevar los diferendos sin romper el dialogo.

En la terraza de un conocido restaurant tuvieron prolongada charla De Las Fuentes y la connotada panista Esther Quintana Salinas.

En la circunstancia actual seguramente son más los puntos de coincidencia, y es importante privilegiar la construcción de acuerdos, por lo que esa reunión de Quintana y De Las Fuentes envía señales positivas.

Y desde el equipo del Secretario de Gobierno nos dicen que aunque ya esté en Saltillo no se desentiende de los temas de la Carbonífera y desde acá revisa el proceder de algunos funcionarios adscritos a su dependencia, pero asignados a aquélla región, que habrían estado ayudando a los dueños de los pozos inundados en trámites para librarse de las indagatorias del Ministerio Público.

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Según se tiene previsto, hoy los poco más de cuatrocientos trabajadores de VU Manufacturing votarán para definir a cuál organización sindical se agremian, si a una que forma parte de la CTM, o al Comité Fronterizo de Obreras, que maneja la activista Julia Quiñones cercana a la Liga Sindical Obrera Mexicana.

El caso de VU es relevante no por el número de trabajadores, sino porque es la empresa que pretende utilizar como plataforma de lanzamiento el gremio de Quiñones lo cual tiene inquieto al sector productivo, y con sobrada razón pues es un grupo afín a los activistas que en otras ciudades fronterizas se han infiltrado en la industria provocando inestabilidad y caos.

Y tiene también relevancia porque esta empresa, que fabrica asientos para automoviles, desde que se inició operaciones en 2015 ha trabajado sin sindicato, y el intento por formar uno adherido a la CTM fue lo que motivó la queja ante el Mecanismo Laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio.

Incluso se afirma que el agregado laboral de Estados Unidos en México, Luis Pablo Solorio, ha estado dando seguimiento al tema y se ha entrevistado con trabajadores de VU para tener contexto del proceso al que se llega hoy con la votación.

Será importante no solo el resultado, sino además que figuras como el agregado laboral avalen que se desarrolló en condiciones de equidad y certeza, para que se pueda cerrar a satisfacción la queja y esta no meta más ruido en las de por sí tensas relaciones con los Estados Unidos.

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Mañana jueves se presentará ante el Pleno del Congreso local la terna para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado. La integran Leydy Verónica Antonio Hernández; Luis Carlos García Gil, y Manuel Ramírez Briones.

Ha trascendido que será finalmente Ramírez Briones quien asuma la responsabilidad que deja Armando Plata Sandoval.

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Hoy estará en Saltillo el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Erbrard, y para acompañarlo en algunas de sus actividades en la ciudad invitó a una coahuilense, originaria de Parras, Lilia Cárdenas Treviño.

El canciller y Cárdenas Treviño, quien es además Presidente de la Casa de Coahuila en la Ciudad de México, coincidieron hace años en el equipo de Manuel Camacho Solís, en Programación y Presupuesto, y desde entonces llevan una cercana amistad.

Erbrard además de visitar algunas de las plantas automotrices en la región, tendrá un encuentro con empresarios, convocado por Canacintra y el Museo del Desierto.

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Por Eduardo J. De La Peña

Cada diligencia que efectúa la Fiscalía General de la República en torno a la tragedia minera en «El Pinabete», lejos de representar un avance hacia la justicia, va dejando en evidencia la telaraña que se tejió para evadir responsabilidades y  que si ocurría algo, como lo que finalmente ocurrió, los verdaderos beneficiarios del negocio carbonero siguieran disfrutando de impunidad.

Hoy se cumplirán dos semas de que la Fiscalía soliitó al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Torreón, una audiencia judicial para imputar penalmente a Cristian «S».

Se trata de quien, según informaron en su momento el IMSS y la Secretaría del Trabajo, es titular del registro patronal de los diez trabajadores que quedaron atrapados en los «pocitos» que se inundaron hace más de tres semanas, y al que identificaron como Cristian Solís Arriaga.

Solís Arriaga es una persona sin solvencia económica, a quien eventualmente le tocará hacer frente a los cargos que le finque la Fiscalía, instancia que en dos semanas no ha informado ningún avance, ni siquiera ha confirmado si se celebró la audiencia de imputación.

Y el miércoles de esta semana se conoció del cateo de la propia Fiscalía en las que supuestamente son las oficinas de la Compañía Minera «El Pinabete», empresa que tiene la concesión de los yacimientos de carbón en donde ocurrió el accidente, y a la que Comisión Federal de Electricidad le ha asignado desde 2021 millonarios contratos de suministro.

Los contratos de CFE para «El Pinabete» en 2021 fueron por más de 33 millones de pesos, y los asignados en julio de este año superan los 41 millones, pero las «oficinas» que les catearon son unos modestos cuartos en un barrio de Agujita que no cuentan ni con suministro eléctrico.

Y aquí empieza a surgir algo interesante. Hay fotografías tomadas en mayo de este año que muestran esos cuartos que cateó la FGR, son dos construcciones con un total de siete puertas, como si se tratara de locales independientes, y en la fachada de uno de los dos modulos se muestran los logotipos tanto de la Minera «El Pinabete» como de otra empresa, «Desarrollos Carboneros Mexicanos».

Pero el miércoles, cuando ocurrió el cateo ya había sido eliminado el membrete de «Desarrollos Carboneros», y solo permanece el de «El Pinabete».

Parecería que ese predio del Barrio Uno de Agujita, de cuyo propietario se desconoce el nombre, está habilitado como un «hub de simulación», un sitio en el que se rentan espacios para contar con un domicilio legal «para oir y recibir» notificaciones, y hasta cateos, pero sin mayor infraestructura ni equipo. Para que no duela por si acaso hay un embargo.

Y es que en su millonaria relación con la CFE ni «El Pinabete» ni «Desarrollos Carboneros Mexicanos» tienen registrado el domicilio de la Avenida Cuauhtémoc del Barrio Uno como su domicilio.

En el caso de «El Pinabete» su domicilio según los contratos de CFE es Paseo de Los Leones 396B Colonia Reynera, Sabinas, que correspondería a una plaza comercial en donde todos los locales, excepto uno, están vacíos. El único ocupado son las oficinas de «Constructora Río Sabinas».

Pero tampoco ese domicilio de la Colonia Reynera corresponde al que en trámites legales manifiesta el socio mayoritario y representante legal de Minera «El Pinabete», Luis Rafael García-Luna Acuña.

Cuando en enero de 2019 Luis Rafael García-Luna adquirió 47 de las 50 acciones de la empresa, cada una en mil pesos, manifestó, según el Notario número 12 José Luis Cárdenas Dávila, estar de tránsito en Sabinas, pero tener domicilio en la colonia Del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El domicilio corresponde a un departamento en un complejo modesto, pero que sin embargo se ubica en la zona de mayor plusvalía del país. Eso sí es más acorde con el propietario de una compañía que le factura millones a la CFE.

Y hay que llamar la atención también sobre el valor de las acciones de la compañía minera, pues ahí encontramos nuevamente un acto de simulación para eludir responsabilidades. Constituyen estas sociedades con el mínimo capital social que permite la ley, cincuenta mil pesos, y eso es lo que finalmente dejan como garantía para responder ante terceros en una eventualidad.

No se puede dejar de lado el caso del vecino de domicilio legal, «Desarrollos Carboneros», cuyos contratos con CFE están direccionados a la calle Acapulco, en la colonia Independencia de Nueva Rosita. Sin embargo el representante legal y socio mayoritario de esta empresa, Héctor Gerardo Morales Longoria, también manifiesta tener su domicilio en la colonia Del Valle, en San Pedro.

Y hay otro vínculo entre «El Pinabete» y «Desarrollos Carboneros» además de sus «oficinas» vecinas en Agujita. En la primera el socio mayoritario es Luis Rafael García-Luna Acuña, en la segunda Juan Salvador García-Luna Vargas funge como delegado de la asamblea de socios.

Juan Salvador fue Director Jurídico del Parque Fundidora, en Monterrey, al mismo tiempo que la madre de Luis Rafael, Aída Araceli Acuña Cruz, era Directora de Planeación y Contraloría, y Régulo Zapata Morales era Director de Operaciones.

Una vez más afloran los vínculos con Zapata Morales, quien tiene las relaciones suficientes en la 4T para conseguir los contratos millonarios para estas empresas, que podrán no prepararse para operar una explotación minera segura y digna, pero sí toman todas las previsiones para eludir sus responsabilidades.

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Por Eduardo J. De La Peña

Hay quienes se pueden superar a sí mismos, aunque no en todos los casos se trata de un logro honroso. Tal situación ocurre con la CFE, paraestatal con una bien ganada fama de ineficiente que se ha agudizado en los últimos meses en perjuicio de los usuarios.

En Piedras Negras la “empresa productiva del estado” se tardó nueve días en restablecer el suministro de energía eléctrica para un jardín de niños, que no tuvo servicio eléctrico durante la primer semana del nuevo ciclo escolar, y con temperaturas rondando los cuarenta grados centígrados.

En San Antonio de las Alazanas, en Arteaga, la semana anterior una interrupción en el servicio se prolongó por más de veinte horas, obligando a la suspensión de actividades en al menos dos de los cuatro módulos de empaque de manzana que operan en esa comunidad, y afectando también el funcionamiento de los cuartos fríos.

Y para los productores de manzana la lenta capacidad de respuesta de la CFE no ha sido el único obstáculo en esta temporada. También en una misma semana por parte del gobierno federal hubo dos días convocatorias a la población, primero para una jornada de vacunación y luego para una entrega de becas, lo que ocasionó ausentismo laboral.

En agosto se abre una ventana de oportunidad para los manzaneros locales, pues al no haber fruta de Chihuahua en el mercado, pueden lograr un mejor precio, pero todos estos factores vuelven lenta la cosecha cuando el tiempo apremia.

Convencidos están los productores rurales de que no hay ni habrá programas de apoyo gubernamentales, a estas alturas la única petición a la 4T es que si no ayudan tampoco estorben.

Y volviendo a la CFE,también para los usuarios residenciales o domésticos y los industriales está pegando la poca capacidad de respuesta.

Para quienes tramitan un cambio de medidor porque van a instalar paneles o celdas solares en su domicilio, la respuesta tarda más de tres semanas. Y en el caso de industriales la reposición de medidores tarda hasta dos meses, sin importar que en algunos casos están detenidos procesos productivos.

Así las cosas en la CFE, y esto es en lo corto, lo inmediato y sencillo. Si se hiciera un análisis de lo que ocurre a gran escala en este monopolio estatal, tendríamos una galería del horror.

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En otros temas, para ponerle atención lo que este martes señaló el Consejo Cívico de las Instituciones en relación con la incidencia delictiva en la zona metropolitana de La Laguna.

De acuerdo con Marco Zamarripa, director del CCI, en los primeros siete meses del año, y en comparación con el mismo periodo de 2021, el robo con violencia se ha incrementado en un 86.1 por ciento, y el robo a negocios en un 29.4 por ciento.

El alcalde de Torreón Román Cepeda González debe tomar cartas en el asunto y apretar donde sea necesario,  recordando lo que costó recuperar seguridad y paz tras la violencia que se vivía hace una década.

No son los números ni las circunstancias de aquél momento, pero no se puede permitir ningún tipo de retroceso.

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A finales de la semana antepasada fue buena noticia para el gremio magisterial que el Fondo de Ahorro de la Sección Quinta del SNTE contaba con la solvencia suficiente para cumplir con la entrega anual de la prestación a los agremiados a esa organización.

La información oportuna respecto a cuándo y cómo se harían los pagos, y sobre todo el cumplimiento puntual con la prestación, permitieron que el magisterio se mantuviera tranquilo, una operación que se atribuyó al delegado especial en la sección Quinta, Rafael González Sabido.

A poco más de cinco años de que dejó una posición similar en La Laguna, seguramente deben extrañar al profesor González Sabido, y a su buen oficio político, en la sección 35, ya que allá está ocurriendo todo lo contario.

En los únicos dos días con clases de esta semana –pues al Secretario Francisco Saracho se le ocurrió programar un consejo técnico de tres días—ha habido paro de actividades en varias escuelas de La Laguna, y grupos de maestros han salido a manifestarse e incluso a bloquear calles, porque a ellos no se les ha pagado el ahorro.

Y del dirigente de la 35, Jorge Fernando Mora Garza, ni sus luces, en lugar de comunicar y buscar un acuerdo con los profesores, optó por desaparecer, ausencia que ha agudizado el problema.

Algunos de los inconformes han deslizado incluso la posibilidad de presentar una denuncia penal, ¿será que sospechan de algún quebranto al Fondo de Ahorro?.

Este –hasta ahora– es un tema estrictamente sindical, y es a la dirigencia del SNTE a la que corresponde atenderlo y convendría lo hagan de inmediato para evitar que la inconformidad crezca y las protestas impacten en el desarrollo del ciclo escolar.

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Por Eduardo J. De La Peña

No exageraron quienes en junio afirmaron que Shamir Fernández había hecho rabieta cuando no lo designaron como dirigente del PRI en Torreón.

Dos meses le duró el berrinche, tiempo en el que buscó acomodo en otra parte, y ahora sale que se va por una razón de principios.

Difícil comprarle el argumento a alguien que no le importaron los compromisos que asumió con sus electores cuando fue candidato a diputado local en 2020, y a los cuatro días de haber asumido el cargo solicitó licencia para ir por una diputación federal.

¿Un chapulin con principios? ¿En serio?.

Y en una más de sus contradicciones, en la rueda de prensa que le armó y ayudó a difundir la Cámara de Diputados, presidida por Morena, dijo que no va, por ahora a ningún otro partido, pero que tiene proyectos políticos a futuro.

A nada puede aspirar Shamir sin el membrete de un partido. Lo que ha sido se lo debe al PRI, y aunque su renuncia en este momento es una clara traición, bien lo dijo un priista de convicciones, “hay restas que suman”.

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De partidos hablando, donde finalmente lograron cuadrar los números de la elección de consejeros que celebraron hace casi veinte días es en Morena, que ya difundió los nombres de los 70 integrantes de su Consejo Estatal en la entidad.

Y hay de todo en el listado. Si analizamos los extremos, se colaron algunos que están acostumbrados a que los cargos se les asignen en tómbolas, como Diego del Bosque,  y lograron su espacio otros que trabajaron con tal dedicación como si se tratara de una elección constitucional, que es el caso de Alberto Hurtado Vera.

Algunos casos interesantes, por ejemplo en el primer distrito, de los hombres que resultaron electos quien tuvo menos votos, con todo y que es alcalde y le gusta repartir dinero a montones, fue Mario Alberto López Gámez, de San Juan de Sabinas.

Con 572 votos el tal “Mayito” consiguió su asiento en el Consejo, quedando muy por debajo de Anselmo “Chemo” Elizondo, quien sin hacer mucho ruido se está quedando con el control de Morena en Piedras Negras. También serán consejeros en ese distrito Eulalio Gutiérrez García, quien dirige una de las secciones del Sindicato de Electricistas en Nava, y el ex panista Ricardo Múzquiz Rodríguez, así como la ex udecista Yamille Mtanous.

La que no se animó a participar fue la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, pero mandó de candidata a Consejera a su socia –con una acción—en Minera Flores de la Carbonífera, y también Secretaria del Ayuntamiento, Karla Escalera Mendoza.

En ese distrito son consejeros también la diputada Lizbeth Ogazón Nava y su esposo Ariel Maldonado, y otro ex udecista, Jesús Sánchez Garza, además del alcalde de Madero Jonathan Ávalos.

Entre los setenta consejeros, un nombre que destaca es el de Adrián Puentes Adriano, ex perredista y con una larga historia en los movimientos de izquierda, que data incluso desde los setenta en el sindicalismo universitario.

El lagunero Puentes Adriano es un personaje aguerrido, pero consistente, serio y, él sí, con principios.

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Mientras que las Secretarías del Trabajo y de Economía del gobierno federal dan por resuelto a satisfacción el diferendo en la planta de Teksid en Frontera que motivó la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, la dirigencia local de la CTM que ostenta Mario Dante Galindo le sigue haciendo la lucha en instancias judiciales para rescatar la titularidad del contrato colectivo.

El conflicto data desde hace varios años, incluso desde antes de que existiera esa figura pactada en el Tratado de Libre Comercio, pero todo indica que al final de cuentas Napoleón Gómez Urrutia logró desplazar a la CTM en esa empresa.

Lo que le queda ahora a los Galindo más que insistir en amparos y recursos legales, es diseñar una estrategia que les permita conservar otras representaciones, y pensar en que no se trata únicamente de blindar a su familia y grupo, sino de cuidar la estabilidad laboral de la región.

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En temas más domésticos, a unos cuantos meses de que inicie el proceso electoral en que se renovarán la gubernatura y el Congreso local, el “Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano” decidió poner al aire en Saltillo la señal de su canal catorce de televisión.

Un ligero vistazo a la programación da clara idea del manejo propagandístico de este medio de comunicación, en el que no les es suficiente transmitir íntegra la conferencia mañanera del Presidente, sino que además a lo largo del día tienen otros dos programas en los que analizan e interpretan el contenido del periplo presidencial.

Y así por el estilo la programación, propaganda y adoctrinamiento.

Habrá que estar atentos, pues no es de descartar que en las semanas siguientes se multipliquen las repetidoras de ese canal en otros municipios del estado.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Sale el dato para quienes llevan registro de cómo se van alineando actores y grupos políticos. En el evento en que este martes se hizo la presentación pública del nuevo plan de estudios para educación básica, el dirigente nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas se hizo acompañar de Sonia Rincón Chanona, quien durante algún tiempo fuera su delegada especial en la Sección Quinta, y que hoy encabeza “Fuerza Turquesa”.

“Fuerza Turquesa” es la asociación que recogió los escombros de “Nueva Alianza”, y bajo ese membrete es que se ha dado la participación electoral del gremio magisterial en coalición con Morena.

De hecho Rincón Chanona es diputada federal plurinominal postulada por el partido presidencial.

Cerrando la pinza. Quienes en Coahuila forman parte de esa “Fuerza Turquesa” son los mismos que el fin de semana le organizaron eventos proselitistas al sub Secretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía, y hasta un desplegado le pagaron en periódicos de la Ciudad de México. Se quieren adjudicar y se presentan con las siglas de la Sección 38, que hace años dirigió Cepeda Salas, pero realmente se mueven en esa corriente de Rincón Chanona.

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Al mediodía de este miércoles se cumplen dos semanas de la inundación –la primera—de los pozos en el desarrollo minero “El Pinabete”, y a la fecha no hay ni un escenario claro en la estrategia de rescate, ni tampoco acciones contundentes en contra de los particulares y los servidores públicos responsables de la tragedia.

Está también por cumplirse una semana de que la Fiscalía General de la República informó haber solicitado una audiencia para iniciar la vinculación a proceso de quien aparece como titular del registro patronal ante el IMSS.

Un día después de que la Fiscalía informó eso, el presidente López Obrador declaró que hubo “plan con maña” y se utilizó a alguien para registrar a los trabajadores y que no hubiera consecuencias para los concesionarios del yacimiento de carbón.

Pues hasta ahora nada se sabe de la vinculación a proceso de quien para las autoridades es el patrón, ni de nuevas investigaciones para fincar responsabilidades penales a quienes urdieron ese “plan con maña” que denunció el Presidente.

De ese tamaño los intereses en juego, ni una denuncia presidencial pone fin a la impunidad.

Y ya que estamos en el tema de las tragedias mineras, quien sumó su posicionamiento al tema es el diputado federal Rubén Moreira, que como coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, en un comunicado demandó que el Senado de continuidad a la reforma aprobada desde 2013 en la Cámara de Diputados para prohíbir el trabajo en los “pocitos”.

En su comunicado Rubén Moreira recuerda que las iniciativas para esa reforma a la Ley Federal del Trabajo fue presentada por los entonces diputados federales Adolfo Bonilla Gómez, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Jesús Murillo Karam del Grupo Parlamentario del PRI, así como por los panistas Mario Alberto Dávila Delgado, José Guillermo Anaya Llamas, Esther Quintana Salinas y Marcelo de Jesús Torres Cofiño.

Lo que no menciona el diputado priista es que cuando se discutió la reforma, dos diputados de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Mejía Berdeja, en tribuna pronunciaron encendidos discursos hablando de los peligros en los “pocitos”, de las condiciones de inseguridad y explotación, pero en el momento de la votación lo hicieron a favor en lo general, pero en contra de los artículos que prohibían expresamente esta actividad.

Alcalde y Mejía también votaron en su momento en contra de la reforma que obligaba a implementar el registro de trabajadores para conocer en tiempo real, y en cualquier momento, los nombres de todas las personas que se encuentran en la mina, así como la ubicación de las mismas. Ese registro, tan importante, en “El Pinabete” no existió.

También votaron en contra de la reforma que establecía para los titulares de las concesiones mineras la obligación de cerciorarse de que el patrón cumpliera con todas sus obligaciones, y los hacía solidariamente responsables en caso de accidentes. Si esta previsión estuviera en vigor, de poco serviría a los concesionarios de “El Pinabete” usar un prestanombres para el registro patronal.

En contra los hoy funcionarios federales votaron de establecer penas de prisión y multa para quienes omitan las medidas de seguridad previstas en la normatividad.

Tiene razón Rubén Moreira, una reforma de esos alcances no puede seguir en la congeladora del Senado.

Dice en su comunicado: “Es urgente que se vote esa minuta, solo falta eso para prohibir los pocitos y salvar gente”.

Pero también le tocará responder al hoy diputado, qué hizo de 2011 a 2017 para generar en la región Carbonífera condiciones para una reconversión productiva y oportunidades para que los mineros tengan un empleo digno sin tener que arriesgar su vida en un peligroso “pocito”, porque si trabajan ahí no es por gusto, sino por necesidad y falta de opciones.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

La expresión facial, los ademanes y desde luego las palabras del buzo militar que la noche del miércoles presentó un informe a los familiares de los mineros atrapados por la inundación en Agujita, son contundentes: no tiene siquiera noción de lo que es una explotación minera de ese tipo, y por tanto tampoco el contexto para definir una estrategia de rescate.

El hombre estaba claramente abrumado, sin conocimientos de los términos para lograr darse a entender y sin elementos para justificar a las familias el por qué no intentaron otros accesos diferentes al que ya confirmaron que está colapsado.

No es culpa del buzo, lo es en todo caso de quienes se aferraron en desplazar a los técnicos en rescate minero y encomendaron la tarea a los militares.

Cuestionable es también que la autoridad federal no hable con claridad respecto a la magnitud del colapso y el reto que implica liberar, en un tiro vertical, esa obstrucción de toneladas de lodo, carbón y madera, lo cual se tiene que hacer a mano y en un espacio reducido al que no es posible introducir maquinaria.

Esa insistencia en querer crear un panorama esperanzador no es otra cosa más que una estrategia para que no haya cuestionamientos respecto a las negligencias que cometieron dependencias federales a las que competía verificar esa explotación minera hoy siniestrada.

La protección no es únicamente para quienes hacían negocio con el carbón que se extraía de esos pozos, lo es principalmente para quienes les adjudicaron los contratos; para quienes dieron el visto bueno para la operación de ese desarrollo; y para quienes incumplieron con las inspecciones previstas en la ley.

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Allá en los cómodos salones del Senado de la República, la Comisión de Justicia aprobó reformas al Código Penal Federal para elevar las sanciones a quienes transporten o comercialicen madera y otros recursos forestales maderables de manera ilegal.

Actualmente la sanción es de uno a nueve años de cárcel y de 300 a tres mil días de multa; con la reforma se elevaría a penas de dos hasta 12 años de prisión, y la multa oscilaría entre 500 y cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Es claro que estamos ante otro caso en que se legisla nada más para la estadística, para quedar bien en el recuento de sesiones e iniciativas presentadas y votadas.

Igual pudieron plantear el dejar la tala sin sanción, o castigarla con cadena perpetua. Da lo mismo.

En la tala y el comercio ilegal de madera, como en tantas otras cosas en este país, la solución no está en aplicar sanciones más severas, sería suficiente cumplir con las ya previstas en la ley.

Los senadores de la Comisión de Justicia hablaron del incremento de la tala ilegal en los bosques de Chihuahua por la presencia de la delincuencia organizada. Como nota dramática cabe, pero en los hechos no hace falta la intervención de grupos criminales para favorecer esta actividad ilícita.

En nuestra realidad local son frecuentes los reportes de propietarios de zonas boscosas que se encuentran con evidencias de tala ilegal en sus predios.

Aunado a ello cada fin de semana hay también reportes de cargamentos de troncos que son transportados por la carretera 57.

El alcalde de Arteaga Ramiro Durán ha explicado que esos cargamentos que pasan por su municipio proceden de Galeana, pero admite han encontrado que con una misma guía forestal amparan más de un cargamento.

Sin embargo nada han podido hacer las autoridades municipales ante un asunto que es de competencia federal, en concreto de la Profepa, dependencia que ha sido desmantelada y no tiene personal ni recursos para cumplir con sus obligaciones.

En ese escenario, ¿de qué sirve elevar las sanciones si no hay autoridad que las haga valer?.

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Ya que se habla de Arteaga, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está corriendo los trámites para que se le autorice la actualización del estudio de manifestación de impacto ambiental en el proyecto de rectificación del tramo «Los Chorros».

El proyecto, para mejorar las condiciones y disminuir el número de accidentes y decesos, argumenta la SCT, contempla la construcción de un nuevo cuerpo de 4.8 kilómetros, con un nuevo túnel de 500 metros y dos nuevos puentes.

La obra impactaría sobre un área de 13 hectáreas y media.

¿Para qué corre estos trámites la SCT? ¿nada más para tener lista la autorización por si algún día llegan los recursos?, ¿o hay una posibilidad real de que Hacienda asigne fondos para esta urgente y esperada obra en 2023?.

No echemos las campanas al vuelo, la experiencia con este gobierno federal es que lejos de aportar quita. Pero tampoco se puede descartar que vayan a realizar algunas obras lucidoras el año próximo en que hay competencia electoral.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Es muy claro que existe un doble interés atrás de las filtraciones que desde la Ciudad de México se están dando respecto a las circunstancias que aparentemente rodean el accidente minero en la Carbonífera.

En principio está desde luego el interés de generar un desgaste político con miras a la contienda que se tendrá aquí el año próximo, pero también se ve claro el propósito de tender una cortina de humo en un desesperado intento por distraer del fondo del asunto y que no se señale a quienes efectivamente tienen una responsabilidad, que son la Secretaría del Trabajo por no cumplir con su obligación de inspeccionar las minas y pozos; y la Comisión Federal de Electricidad por seguir comprando carbón sin una real verificación de las condiciones de seguridad en los sitios de extracción.

Y en ese apuro por distraer, crean historias en base a situaciones aparentes, siguiendo una ruta que nunca va a llevar a la verdad, pues si quieren seguir el hilo de las relaciones políticas se van a encontrar con una madeja y descubrirán que para algunos políticos y políticas –en receso y en activo—de la región Carbonífera lo que menos importa son lealtades y fidelidades.

Para esos que están involucrados en el negocio del carbón no hay votos matrimoniales ni compromisos partidistas que valgan. Partiendo de ello encontrarán que el enredo es mayúsculo y no todo lo que parece es.

Por ejemplo un personaje que ha cobrado notoriedad en estos días, Régulo Zapata Morales, al que las filtraciones del centro lo quieren alinear con el PRI, realmente tiene vínculos sólidos con otros partidos, y no por las incursiones que en algún momento tuvieron sus progenitores, sino por los negocios que tiene.

No es algo muy conocido en Coahuila, pero seguramente lo tienen bien documentado y sabido en las altas esferas federales de donde se están alimentando estas versiones que casualmente lo omiten, pero Zapata Morales mantiene cercanía con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con la que será por segunda ocasión candidata de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Los amigos de Régulo Zapata junior que desde el año pasado le andan ayudando como intermediarios para que pueda surtir los pedidos de carbón que le adjudicó la CFE, comprando incluso lamas de plantas lavadoras, no tienen empacho en asegurar que para el empresario, que apenas tiene 40 años de edad, el contrato que por más de 170 millones de pesos logró en mayo de 2021 con la paraestatal –al que se suma este año otro por más de 55 millones de pesos—no es prioridad, pues su verdadero negocio es su otra empresa, la desarrolladora de software Helicon.

Esa empresa, explican los amigos de Régulo, desarrolló una aplicación para monitorear la movilización de las estructuras electorales, y fue utilizada por los equipos de Sheinbaum y Delfina, lo que le abrió las puertas para luego ser proveedor de la Secretaría de Educación Pública federal.

También en junio de este año ese software de monitoreo habría sido utilizado por el ahora gobernador electo de Tamaulipas, Americo Villarreal Anaya.

En todo caso, sus buenas relaciones en las altas esferas del gobierno federal son las que le han permitido a Régulo Zapata Morales conseguir para él y sus allegados contratos de CFE por adjudicación directa.

Así se consiguieron en 2021 y 2022 dos contratos, que suman más de 74 millones de pesos, a la Compañía Minera El Pinabete, empresa titular de la concesión minera con la que se explotan los tres pozos que se inundaron hace una semana y en donde quedaron atrapados 10 trabajadores.

En las versiones filtradas a nivel nacional se atribuye la propiedad de Minera El Pinabete a Héctor Omar Villarreal González y Héctor Omar Villarreal Beltrán, quienes efectivamente la constituyeron en marzo de 2012.

Sin embargo en enero de 2019 los Villarreal vendieron sus acciones a Luis Rafael García Luna Acuña, 47 de ellas, y tres a Arnulfo Garza Cárdenas.

La cercanía entre Régulo Zapata y García Luna Acuña es conocida y está documentada desde hace cuando menos diez años, y lleva a turbios manejos que se dieron en torno a la administración del Parque Fundidora en Monterrey.

Como se ve, en esto del negocio del carbón hay tejes y manejes que salpican hacia todos lados, pero aún con esa enredada madeja hay facultades y obligaciones legales muy claras, y a partir de ellas es que se deben fincar responsabilidades.

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Por Eduardo J. De La Peña

¿Por qué trabajadores mineros quedaron atrapados en pozos de carbón que se inundaron el miércoles en Agujita?.

En conceptos de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, “la corrupción y la desregulación son las mejores aliadas para que los accidentes ocurran. Los riesgos pueden reducirse al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad, tales como personal capacitado, provisto del equipo de protección y las herramientas adecuadas para realizar sus tareas”.

Ya lo hemos retomado anteriormente, es el discurso de la funcionaria federal en Pasta de Conchos en octubre de 2020, cuando prometió “Memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición”.

Es oportuno recordar lo que dijo y comprometió la Secretaria del Trabajo en aquél entonces, pues cobra vigencia ahora que ha ocurrido este nuevo accidente:

“Como parte de nuestras acciones prioritarias está la de combatir la corrupción y hacer cumplir la normatividad laboral en el sector minero. En lo que respecta a la región, especial énfasis pondremos en garantizar el cumplimiento de la norma 32 sobre seguridad para minas subterráneas de carbón”.

De lo que se conoce hasta ahora en torno a lo ocurrido el miércoles, hay al menos tres incumplimientos con lo que dicta la norma 32, que obliga al patrón a dar aviso a la Secretaría del Trabajo cuando se presente un accidente y aquí sabemos que el responsable de la explotación minera lejos de dar aviso huyó; también obliga a contar con un registro de los trabajadores que ingresan a la explotación, y en este caso 24 horas después no se puede precisar quiénes están atrapados, ni siquiera cuántos son; y el tercer incumplimiento es el equipo de protección con el que se debe dotar a cada minero.

Pero aún más, la Ley Federal del Trabajo establece, en la fracción segunda del Artículo 343-C como obligación para el patrón “Contar,  antes  y  durante  la  exploración  y  explotación,  con  los  planos,  estudios  y  análisis necesarios  para  que  las  actividades  se  desarrollen  en  condiciones  de  seguridad,  los  que deberán  actualizarse  cada  vez  que  exista  una  modificación  relevante  en  los  procesos  de trabajo”.

En este caso no hay planos, se supo desde el miércoles y lo confirmó este jueves el gobernador Miguel Ángel Riquelme al visitar el lugar del accidente. No hay planos y por eso no se supo sino hasta más de 24 horas después de dónde fluyó el agua que inundó los tres pozos.

En 2020 dijo Alcalde Luján: “En el pasado, el indicador de éxito de las inspecciones era la cantidad de visitas efectuadas a un centro de trabajo, no importaba qué sucedía durante las visitas o si tenía algún tipo de efecto. Esto se prestaba mucho para simulación y para hacer cuentas alegres, no basadas en resultados… Ahora, en vez de concentrarnos en la cantidad, nos enfocamos en realmente identificar si existe algún tipo de irregularidad y, si la existe, que haya una acción correctiva”.

Al emitir un comunicado sobre el accidente del miércoles, la Secretaría del Trabajo del gobierno federal se limitó a señalar: “Esta mina inició operaciones en enero de este año y a la fecha no se tiene antecedente de denuncias por algún tipo de anomalía”.

No había denuncias de anomalías, dicen, la pregunta es ¿la inspeccionaron alguna vez bajo los pulcros criterios que comprometió Luisa María Alcalde?.

Cabe apuntar que su encomienda en Pasta de Conchos no fue el primer acercamiento de Alcalde Luján con la minería del carbón, ya en 2012 cuando era diputada federal –representando a Movimiento Ciudadano—y cuando junto a panistas como Marcelo Torres Cofiño y Esther Quintana votaba una reforma a la Ley del Trabajo para prohíbir los “pocitos”, la señora decía:

“Los pocitos que operan principalmente en el estado de Coahuila, se han convertido en semilleros de lesionados, de heridos y mutilados de toda índole, de viudas y huérfanos y constantemente también de fortunas mal habidas, de narcotráfico, de impunes y de familias millonarias… Las minas no tienen ventilación, no están reforzadas las paredes ni los techos, así que el riesgo de derrumbes es constante.

Y por si todo esto fuera poco, ya afuera el panorama tampoco es muy alentador. Los mineros no tienen seguridad social, no tienen contratos ni prestaciones de ningún tipo, sus salarios son de hambre y las jornadas extenuantes, la necesidad y la pobreza los orillan a aventurarse dentro de estos peligrosísimos pozos, sabiendo cada vez que no existe ninguna certeza de que van a salir ilesos o siquiera a salir de ellos”.

También era diputado federal en ese entonces –representando igualmente a MC por Guerrero en la cuarta circunscripción– Ricardo Mejía, y en ese mismo debate señaló: “entre los casos “más tristes” de la industria del carbón, está el de los pocitos y tiros verticales, donde incluso niños son utilizados para sacar el material y después de arriesgar la vida, deben entregar el carbón a “coyotes” que negocian y operan en colaboración con la única empresa autorizada para vender ese recurso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Paradójico, Mejía Berdeja fue quien intervino este año para que la CFE adjudicara sin licitación nuevos contratos de suministro de carbón, y parece que al Subsecretario de Seguridad ahora no le pareció mal que esos contratos fueran precisamente para “pocitos” como los que se han siniestrado esta semana en Agujita.

            ¿Medidas de no repetición?, tal parece que el gobierno federal y sus funcionarios apuestan más bien a la sí repetición.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Como ocurre cada que la administración estatal está en periodo vacacional de verano, desde la semana anterior se comenzó a especular que al regreso el gobernador Miguel Riquelme Solís haría algunos ajustes en diferentes dependencias.

Y aunque Riquelme descansó “haciendo adobes” y siguió atendiendo agenda dentro y fuera del estado, también se tomó tiempo para revisar los organigramas de las dependencias y este martes anunció los primeros cuatro cambios en la estructura de Desarrollo Rural.

Al ex diputado, local y federal, Ramón Verduzco lo designó en la Subsecretaría de Concentración y Enlace Interinstitucional, posición en la cual seguirá aportando a la gestión de José Luis Flores Méndez su puntual conocimiento de las comunidades rurales de todas las regiones de Coahuila, y su experiencia y habilidad política.

A Isaías Montemayor Ortíz, originario de Allende, lo designó como Subsecretario de Fomento. Y aunque Montemayor es abogado de profesión, desde hace años el Secretario Flores Méndez lo fue involucrando en las sesiones de trabajo con los productores, por lo que fue formándose una visión clara de las áreas de oportunidad en cada sector y seguramente tendrá un buen desempeño.

A Teodoro Arguijo Hernández, suplente de Shamir Fernández en la diputación federal, lo designó en Operación Regional, cargo que hasta ayer tenía Alejandro de Luna, quien ahora será el Director de la Promotora del Desarrollo Rural.

Así, con el equipo renovado, José Luis Flores Méndez llegará esta semana a la sesión del Consejo Agroalimentario en la que se evaluarán los proyectos que propondrán representantes de los diferentes sectores que lo componen.

Respecto a los cambios, se asegura en los círculos políticos que estos fueron solo los primeros cuatro movimientos, pero que pronto habrá otros que podrían alcanzar incluso a los titulares de algunas Secretarías.

Es natural, se acercan los tiempos de la sucesión y hay que ir abriendo espacios y fortaleciendo estructuras y estrategias.

En la misma lógica de cuidar la transición se inscriben los movimientos que pronto habrán de darse en la Auditoría Superior del Estado, anticipados con la renuncia del titular Armando Plata Sandoval, quien ha entendido perfectamente el momento y de manera responsable crea el espacio para que el Congreso vaya corriendo los trámites para la designación del nuevo Auditor con la debida oportunidad.

Será importante estar atentos a lo que venga en las próximas semanas.

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Funcionarios de la SEDATU volvieron a estar por la región Carbonífera a dar seguimiento a las obras que allá se están realizando pese a que los deudos de Pasta de Conchos no las aceptan como parte del Plan de Justicia y Reparación Integral porque no atienden prioridades.

Donde patinan los enviados de la instancia federal es en lo relacionado con el Parque Lineal en Sabinas, obra que licitaron, adjudicaron e iniciaron, sin haber llegado a un acuerdo con los propietarios del terreno, Ferromex, que interpuso un juicio de amparo.

La obra está detenida y la empresa que obtuvo el contrato para construir el parque ya hasta retiró la maquinaria. Y no podría ser de otra manera, pues en el juzgado de distrito de Piedras Negras ya otorgaron una suspensión definitiva a favor de Ferromex y pinta para que el asunto tarde en resolverse de fondo.

No andarían en esos bretes si hicieran las cosas con profesionalismo, cuidado y diligencia, pero eso es mucho pedir en estos tiempos de cuarta.

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Pero no es la Carbonífera la única región donde están detenidas obras prometidas por el Presidente de la República, ocurre lo mismo en La Laguna, donde se ha vuelto a entrampar el proyecto de “Agua Saludable”.

Campesinos de al menos siete ejidos de Durango, usuarios del módulo de riego San Jacinto-Jerusalem, bloquearon  la construcción de una presa derivadora, porque dicen no ven intención de cumplir el compromiso de respetarles el suministro necesario para sus actividades productivas.

Así dejó de arregladas las cosas el enviado presidencial Gabriel García Hernández, quien tan pronto pasaron las elecciones abandonó la región y se regresó a la Ciudad de México.

En el tema de “Agua Saludable para La Laguna”, el senador Gabriel García construyó acuerdos por encimita, que duraron unos meses y ya se cayeron, y en la encomienda que traía como operador electoral también fracasó, pues el candidato de la coalición de PAN, PRD y PRI Esteban Villegas le sacó más de treinta puntos de ventaja a la candidata de Morena Marina Vitela.

Aún así bien harían los campesinos de Durango en irse con cuidado, no se los vaya a terminar llevando de encuentro el Presidente que anda de “pluma veloz” firmando decretos en los que reasigna derechos de agua y cancela la posibilidad de nuevas concesiones.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx