Por Eduardo J. De La Peña

La expresión del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, dirigida a los diputados de oposición en la apertura del parlamento abierto para analizar las iniciativas en materia electoral: “no se equivoquen como con la reforma eléctrica”, dista mucho de ser una mera frase retórica, es más bien una ominosa advertencia.

Es por demás notorio cómo le ha ido a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, a partir de que su partido votó junto al resto de la oposición en contra de la iniciativa presidencial. Son ya semanas de linchamiento público, aderezado con filtración de grabaciones, cateos en sus propiedades, exhibición de su insultante riqueza y retenciones en los aeropuertos.

Un personaje más próximo a Coahuila, el diputado lagunero Antonio Gutiérrez Jardón, el 17 de abril anterior fue advertido justo cuando iba a votar la reforma eléctrica, de que si lo hacía en contra se arrepentiría.

Votó en contra, y a las pocas semanas la Fiscalía de la república comenzó a desempolvar asuntos relacionados con Coahuila y con la época en que Gutiérrez Jardón fue funcionario de la administración estatal. Las balas han pasado cerca.

Así que ese “no se equivoquen” espetado ahora por Ignacio Mier debe ser interpretado como una amenaza y un síntoma claro de como se lleva hoy en día la política nacional. Pero en lo que no deben de equivocarse los diputados de oposición es en ser congruentes con la responsabilidad histórica que les toca, deben tener valor civil y lealtad con el país.

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La autorización del Cabildo para incrementar las tarifas del transporte urbano en Saltillo generó desde luego inconformidad y protestas, unas naturales y motivadas realmente por el descontento de los usuarios y otras alentadas con un claro trasfondo político.

Sin embargo siendo pragmáticos, el ajuste en las tarifas era inaplazable por más que los concesionarios hayan incumplido con mejorar el servicio, pues han transcurrido ya más de tres años desde el anterior incremento, y en ese lapso combustible, mantenimiento y salarios han tenido una alza importante.

En el tema del transporte público la visión debe ser integral, y un elemento importante es que el servicio sea autosustentable y rentable, para garantizar su permanencia, pues de lo contrario se tienen que tomar modelos como el que habilitaron en semanas anteriores en Nuevo León, donde el gobierno estatal otorga un subsidio a los concesionarios para no mover la tarifa. Un esquema que a mediano plazo tendrá sus repercusiones negativas.

Pero así como el ajuste en tarifas era inaplazable, lo es también el implementar un programa de modernización, y no únicamente porque fue un compromiso y una expectativa generada por el alcalde Fraustro, primero en su campaña y luego en su discurso de toma de protesta, sino también porque un sistema eficiente de transporte colectivo es el único camino para solucionar los problemas de movilidad en Saltillo con una infraestructura vial saturada.

Se sabe que en conjunto con Canacintra se está trabajando ese proyecto de modernización, y a partir de ahí hay la confianza de que el proyecto será profesional, pero en algún momento la visión tendrá que complementarse con la voluntad política para implementarlo, y la operación para vencer resistencias que históricamente han impedido cualquier cambio favorable en el sector.

Y no está de más mencionar lo que se está proyectando en Monterrey y su área metropolitana para la modernización de su transporte. Allá se están arrendando 400 unidades, con capacidades para 70 y 90 pasajeros, y con las siguientes especificaciones: entrada baja; aire acondicionado; equipados con rampa para sillas de ruedas; rack para transportar bicicletas; wifi; pago electrónico; cámaras de seguridad y motor a gas natural comprimido.

Que nos vayan diciendo el Ayuntamiento y Canacintra, ¿a qué podemos aspirar aquí?.

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Ya que mencionamos Monterrey,  en tres semanas más se estará presentando en la vecina ciudad el tenor español Plácido Domingo, y será acompañado por la Orquesta Filarmónica del Desierto.

Cuando en abril de 2019 el Tenor se presentó en la Plaza Mayor de Torreón, también lo acompañó la Filarmónica, que en ese momento se entendió como un gesto hacia el estado anfitrión, incluso el artista en algún momento de su presentación explicó que lo acompañaba la Orquesta y no la Camerata de Torreón, por el número de músicos que se requerían.

Pero que ahora para acompañar a Plácido Domingo en una presentación en otra ciudad se haya contratado a la Filarmónica del Desierto, es un testimonio contundente de la calidad artística de esta agrupación, con alcances para alternar con las más reconocidas voces de la ópera en el mundo.

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Siguiendo con regios, quien parece ya le agarró gusto al clima –o al agua– de Saltillo es el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas, quien cada vez con mayor frecuencia asiste a eventos sociales en la capital coahuilense.

Nuevamente el fin de semana anterior estuvieron él y su esposa, pero ahora en una boda en Villa Ferré, invitados por una compañera de carrera que contrajo nupcias.

Con perfil bajo, sin ostentaciones, Colosio cumplió con el compromiso social, y al platicar con quienes lo identificaron se mostró sensato, centrado y con los pies en la tierra, con todo y que muchos lo ven como la única opción capaz de generar en 2024 una corriente para vencer a Morena en la elección presidencial.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Si bien El Financiero es un medio serio, profesional indudablemente, y el único que hasta ahora ha venido haciendo encuestas sobre la contienda 2023 en Coahuila, hay algunas consideraciones respecto a los resultados que publicó el martes de una medición hecha del 14 al 18 de julio en nuestra entidad.

Lo primero que salta a la vista es que en su «suma de alianzas» agrupa al Partido Verde junto a Morena y el PT, seguramente en una inercia de lo que se ha venido dando de 2018 para acá, pero sin considerar que para los comicios del año próximo, tanto en Coahuila como el Estado de México, lo más probable es que el Verde vaya solo.

Y un dato más que habla de que quien diseñó la encuesta no está al tanto de la realidad política en la entidad es que no se midió la preferencia ciudadana respecto a UDC, un elemento que siempre se debe tomar en cuenta en las competencias electorales en Coahuila, por su peso regional.

Que así como con el Verde, ya se podría anticipar que en la siguiente elección UDC no irá en coalición con Morena. Evaristo Lenin Pérez Rivera tiene en claro que la prioridad es salvar y garantizar el registro de su partido, y está visto que cuando se va en alianza con el partido del Presidente –así ha ocurrido en otras entidades– la marca oficial pesa demasiado y para los adherentes hay una votación marginal, que a veces no llega ni a los dos puntos porcentuales, y UDC no puede correr ese riesgo.

Ello además de que hoy en día las relaciones de Lenin con Morena no son las mejores, lo han marginado e incluso maltratado, entonces seguramente construirá su propio escenario en 2023.

De la encuesta de El Financiero lo que más llama la atención es que consigna una intención de voto en la misma proporción para el PRI que para el PAN, y eso todos en Coahuila saben que no es cierto. Más bien parece que se hizo ahí un arreglo para intentar ayudar a Acción Nacional a llegar mejor posicionado a una eventual mesa de negociación.

Así que este ejercicio, como todos los de su tipo, hay que tomarlo con las debidas reservas.

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Recién Texas ha actualizado la Fase Tres de su Plan de Contingencia por Sequía, y el tema hay que seguirlo con atención desde Coahuila pues nos atañe.

Por ejemplo el Distrito de Agua de la Laguna Madre, del que depende el abasto a la Isla del Padre y zonas cercanas, acaba de emitir restricciones, que tienen que ver con la poca disponibilidad de agua nada menos que en la presa La Amistad, que es de donde se abastecen.

Para la Isla del Padre todavía se permiten algunos «lujos» que por ejemplo en Monterrey son impensables, como regar jardines –aunque lo pueden hacer únicamente dos días por semana– así como lavar aceras y cocheras, y llenar albercas, pero en un horario restringido.

En todo caso lo importante para nuestra entidad es que también de La Amistad se suministra agua para el abasto domiciliario en Acuña y Piedras Negras, además de los distritos de riego agrícola que tienen derechos, y la pregunta es cuándo se tomarán medidas preventivas en esos municipios coahuilenses para evitar el desperdicio de agua y no llegar a una situación crítica como la de Monterrey y su zona metropolitana.

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El lunes en Torreón, durante la reunión Bilateral de Proyectos Carreteros, el gobernador Miguel Ángel Riquelme confirmó lo que aquí habíamos anticipado, en septiembre se iniciará con la construcción de los seis libramientos que conforman el Corredor Económico del Norte, para comunicar desde la Laguna hasta Acuña, enlazándose, en México, con el corredor que viene desde Sinaloa, y en Texas con el que va hacia el norte de los Estados Unidos.

Serán poco menos de cincuenta kilómetros de libramientos que se construirán bajo la modalidad de Asociación Pública Privada, la tarea que le encomendaron a Gerardo Berlanga Gotés.

Lo interesante es que hay dos libramientos complementarios, pero estos no contemplados en el modelo financiero de las APP, sino que serán licitados y concesionados por el gobierno federal, uno Castaños-Monclova, y otro Sabinas-Agujita.

Para estos dos libramientos se espera que el mes próximo la administración federal libere las convocatorias.

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Con la muerte, el lunes, de Jaime Salinas Bustos, conocido ampliamente como «La Chocolata», se cierra un capítulo en la historia de los comerciantes ambulantes en Saltillo, gremio al que por décadas lideraron Jaime Salinas y su primo Aniceto «Cheto» Bustos Salas, fallecido hace algunos años.

Los dos se destacaron no únicamente como líderes aguerridos y tenaces, sino que además siempre, pese a su posición de dirigentes, se mantuvieron trabajando como comerciantes, lo cual dejaba en claro que, a diferencia de otros liderazgos, vivían de su trabajo y no lucrando con su posición de representantes.

Otra característica de ambos, su lealtad inquebrantable hacia el partido en el que militaron, el PRI, aunque haya habido momentos en que los marginaron.

Descanse en paz «La Chocolata».

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Sin venir a cuento, esta semana la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial emitió un nuevo comunicado exactamente en los mismos términos del que difundió a inicios de mes, y que fue tan polémico por asegurar que se llegó a un acuerdo con las viudas de Pasta de Conchos para el arranque de cinco obras de mejoramiento urbano en la región Carbonífera.

En realidad, el acuerdo, como se dijo en su momento, no es con todas las viudas, únicamente con 35, y tampoco participan otros deudos que se encuentran entre los peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de donde se originó la recomendación que antecede al “Plan de Reparación” que prometió el Presidente de la República.

Segunda mentira, esta semana SEDATU informa que acordó el arranque de las obras, cuando se licitaron y adjudicaron –a empresas foráneas- en meses anteriores y las iniciaron realmente desde mayo.

Tercera mentira, y el colmo. Al menos la construcción del parque lineal en Sabinas no está avanzando, la obra sigue abandonada desde que un juez federal ordenó suspenderla ante el juicio de amparo que promovió Ferromex, ya que la empresa asegura que los terrenos donde se decidió hacer el parque son de su propiedad. Ferromex por cierto forma parte de Grupo México, el mismo corporativo propietario de Pasta de Conchos.

Los deudos que no participan en el acuerdo que tanto le gusta presumir a Sedatu, han definido con claridad, antes que cualquier obra –incluso antes que el memorial—las prioridades son el rescate de los cuerpos y la implementación de medidas de no repetición de accidentes en la minería del carbón.

Sedatu pretende cubrir estas demandas con una placa en cada obra “con un mensaje de memoria a las víctimas de la tragedia de Pasta de Conchos, para que se mantenga la conciencia de la necesidad de garantizar la seguridad en las minas y evitar una tragedia similar en el futuro”.

Eso más bien parece una burla. Las medidas de no repetición tendrían que comenzar por ya no asignar pedidos a los desarrollos mineros improvisados; por dotar de presupuesto y personal suficiente a la Secretaría del Trabajo para la inspección de las minas declaradas y la búsqueda de las que operan de manera clandestina; y por las acciones penales contra los empresarios que han tenido accidentes y los han ocultado o han omitido el pago de indemnizaciones.

Y siguiendo con la Carbonífera, esta semana se emitió un nuevo informe de los avances en los trabajos en Pasta de Conchos para preparar el rescate de los cuerpos.

En la construcción de las lumbreras, en la uno se han excavado 18.22 metros, apenas 3.3 metros más que hace un mes; y en la dos llevan 10.35 metros, contra 6.42 del mes pasado.

En los túneles de ventilación y de acceso llevan poco más de 13 metros de excavación.

En la región se afirma que la empresa PRODECOM, a la que CFE adjudicó las obras, sigue batallando por su falta de experiencia y busca cómo subcontratar a alguna compañía que realmente esté dedicada a la minería.

Cuando PRODECOM comenzó a despedir personal, CFE dijo a los deudos que no permitiría la subcontratación, pero varios empresarios mineros de la región afirman se les ha buscado para que se hagan cargo de los trabajos.

José Luis Guadiana incluso ha afirmado que ya tiene amarrado un contrato para hacerse cargo de las obras en Pasta de Conchos.

En suma, todo esto no pinta nada bien. La prometida reparación integral está tan lejana como lo estaba al inicio de este sexenio.

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Cambiando de tema. Dos apuntes respecto a la ya comentada resolución del INE esta semana que ordenó a los calefactos y “corcholatas” de Morena dejar de promoverse y no participar más en actos anticipados de proselitismo.

Primero la declaración del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Aguascalientes “si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados”.

Esa es la nueva versión de “al diablo las instituciones” que en su momento espetó López Obrador, como candidato, pero que ahora la suelta nada menos que el responsable de la política interna en México, quien no únicamente tendría que ser garante de la legalidad, sino también el principal promotor de la mesura, el entendimiento y los acuerdos. En esas manos estamos.

Y el segundo apunte, en el terreno local en diferentes círculos ha surgido un doble cuestionamiento, ¿por qué tuvo que intervenir el INE? ¿por qué ningún partido ha llevado ante el Instituto Electoral de Coahuila una queja por la promoción anticipada, con eventos, espectaculares y volanteo, de quienes aspiran a la candidatura de Morena al gobierno del estado?.

Tal parece que partidos y autoridades electorales a nivel local están de tiempo completo en “modo contemplativo”.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Conocido como se las gastan cada uno de ellos en lo individual, además del desdén que tienen como norma en Morena hacia la legalidad y las instituciones, no es difícil anticipar que Armando Guadiana Tijerina, Reyes Flores Hurtado, Ricardo Mejía Berdeja y Luis Fernando Salazar van a tensar la cuerda y a buscar cómo burlarse del «estate quieto» que ordenó este martes el INE en comisiones.

Para Guadiana, Reyes y Mejía la instrucción es muy clara, no más actos anticipados de campaña, y en el caso de Luis Fernando lo incluyeron en la orden de suprimir de sus redes sociales todo lo relacionado con el evento del 26 de junio en Francisco I. Madero.

La resolución trasciende a Coahuila, pues las medidas cautelares se refieren también a las «corcholatas» que promueve el Presidente para la sucesión, y hasta a los que andan por la libre, como Ricardo Monreal Ávila.

También mencionado en las medidas, debe estar brincando de gusto Evaristo Lenin Pérez Rivera, de quien ya nadie se acordaba, y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se refiere a él como «Diputado de Coahuila», aunque se quedó con las ganas de ser reelecto pues hubo irregularidades en su registro como candidato.

Sin embargo Lenin es capaz de ahora iniciar un juicio para que en el INE le cumplan y le ayuden a cobrar como Diputado, pues el prestanombres Brigido Moreno ya se le salió del huacal y no lo toma en cuenta para nada.

Dos preguntas flotan en el ambiente ¿habrá una medida cautelar del INE para ordenar a Mejía y Luis Fernando suspendan su promoción en espectaculares y el volanteo de las diferentes ciudades de la entidad?, y ¿quién será el primero de los calefactos que se brinque las trancas y tenga otro acto de promoción anticipada?.

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Hasta en los propios priistas causaron extrañeza los movimientos anunciados este martes por su partido, en los que se incorporó a cinco ex gobernadores a secretarías del Comité Ejecutivo y a Comisiones del Consejo Político. Claro ninguno de ellos está entre los quince que la semana antepasada firmaron la carta pública en la que piden la «pronta renovación» de la dirigencia nacional.

Se integran al CEN Rolando Zapata Bello, ex Gobernador de Yucatán como Secretario de Acción Electoral; Joaquín Hendricks Díaz, ex Gobernador de Quintana Roo como Secretario de la Frontera Sur, y Jorge Herrera, ex Gobernador de Durango como Secretario de Asuntos Religiosos.

El ex Gobernador de Michoacán, Salvador Jara, será presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, mientras que el ex Mandatario de Colima, Ignacio Peralta, estará al frente de la Comisión de Administración Pública y Gobernanza.

Tres de estos cinco ex gobernadores no se puede decir que lleguen con la frente en alto, dos de ellos perdieron la elección en sus estados y entregaron el gobierno a la oposición, Jorge Herrera en Durango y Salvador Jara en Michoacán. Mientras que en el caso de Hendricks, su hija acaba de perder en Quintana Roo.

Hubo otros nombramientos, como Rolando Zapata Bello a Acción Electoral y María Esther Scherman a Ética Partidaria, ambos con pasado cercano al salinismo.

Y precisamente hay quienes especulan que en estas designaciones se ve la mano del ex Presidente Salinas de Gortari, quien se estaría haciendo con el control del partido, dejando por alguna razón a Alejandro Moreno en la Presidencia del CEN.

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De confirmarse que una vez más  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes canceló la partida destinada para trabajos de ampliación en la carretera 54, la Saltillo-Zacatecas, tendría que haber no únicamente un reclamo de los legisladores federales coahuilenses, sino incluso un recurso legal para recuperar esos 100 millones de pesos que ya estaban etiquetados.

En meses anteriores el gobierno estatal valoró la posibilidad de incluir el tramo Saltillo-Derramadero dentro de los proyectos que se financiarán bajo el modelo de Asociación Público Privada, pero lo descartó cuando la federación comprometió invertir 100 millones de pesos este año, y 100 más el año próximo.

Aunque en el futuro hubiera la posibilidad de recurrir a ese esquema de financiamiento, con el cual se empezarán a construir este año seis libramientos en Coahuila, hay que agotar todas las posibilidades para recuperar los 200 millones ya comprometidos.

Y por cierto, sigue estando pendiente la gestión iniciada con los concesionarios del libramiento norponiente, para que se permita a empleados de las industrias instaladas en Derramadero, circular por esa  vía de cuota con una tarifa preferencial, pagada por las empresas, para así disminuir el aforo en la muy congestionada ruta de la carretera 54.

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Un mes y diez días después de que se anunció, este martes vino a Saltillo el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) del Gobierno federal, Ruy López Ridaura, para poner en marcha la estrategia nacional contra la rickettsia.

Así la parsimonia de las autoridades federales frente a un problema de salud pública que ha cobrado ya varias vidas humanas en nuestra entidad.

Quién sabe si este López Ridaura sea algo del López Gatell, pero en el desempeño se parecen mucho.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Un inédito movimiento en las jerarquías militares ha generado especulaciones, y es que a once meses de haber sido designado titular de la Comandancia del Ejército Mexicano –un cargo de nueva creación del que fue primer titular– el General Eufemio Ibarra Flores fue reasignado a la Comandancia de la Onceava Región Militar, que tiene jurisdicción en Coahuila y Chihuahua, por lo que ahora radicará en el Campo La Joya, en Torreón.

Causó extrañeza que después de haber sido incorporado a lo que se consideraría la cúpula del instituto armado, lo regresen a un cargo operativo.

El General Ibarra Flores, quien hace tiempo fue Jefe de Estado Mayor en la Sexta Zona Militar y radicó en Saltillo, tiene una carrera en el ejército de más de 45 años, en la cual además de haber sido comandante de al menos tres Zonas y dos Regiones, tuvo cargos estratégicos en operaciones contra el narcotráfico, por lo que muy probablemente sea esa experiencia lo que haya motivado lo manden nuevamente a tareas operativas, dada la situación que se está presentando en Chihuahua, estado que estará bajo su jurisdicción.

Chihuahua vuelve a ser una prioridad para la Secretaría de la Defensa, incluso han retomado el programa para que conscriptos del Servicio Militar Nacional, lo liberen encuadrados en compañías de aquélla entidad. Actualmente se promueve esa posibilidad en la región Centro de Coahuila, y se hizo en meses anteriores en Saltillo y jóvenes de aquí fueron al vecino estado para su instrucción participando además en operativos.

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El desmantelamiento de las dependencias federales está favoreciendo la impunidad de los talamontes.

El sábado anterior un reporte ciudadano permitió detener un camión cargado con cerca de un centenar de troncos. Primero se le interceptó en un filtro de revisión frente al lienzo charro en Arteaga, y ahí el chofer mostró una factura con la que amparó la carga, un oficial de la Policía Municipal verificó que la cantidad expresada en el documento coincidiera con la realidad y le permitió continuar su camino.

Pero el alcalde, que se enteró del caso en el grupo de whatsapp donde se dio el reporte inicial, tuvo dudas pues hay antecedentes de que con una misma guía o factura amparan varios viajes, y ordenó lo detuvieran de nuevo.

            Lo interceptaron en otro filtro y lo condujeron a la Comandancia, donde lo retuvieron teniendo como sustento faltas al reglamento de tránsito. Por ejemplo el camión tenía ocultas las placas de circulación.

            El dueño del camión y la carga, un empresario de apellido Berlanga y al parecer socio de una maderería en Saltillo, se presentó a la Comandancia, aseguró que había comprado los troncos en Galeana, Nuevo León, y airoso exigió la liberación.

            Como no hay presencia de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, instancia a la que compete proceder en estos casos, no tuvieron las autoridades de Arteaga sustento para retener el camión por más tiempo, ni manera de corroborar que hayan sido adquiridos realmente en Nuevo León y en un predio autorizado para la tala.

            En cañones y parajes de la Sierra de Arteaga se multiplican las denuncias de tala ilegal, hay propietarios de predios que muestran evidencias de allanamientos a sus terrenos para cortar árboles de todos tamaños.

            Resulta muy grave que la autoridad municipal, teniendo por su circunstancia la posibilidad de detectar los cargamentos de troncos, no cuente con el respaldo de Profepa ni haya tenido capacitación sobre los procedimientos a seguir y cómo actuar cuando se detecte una situación que puede ser ilegal.

            Y ni a quien acudir, pues con eso de que por “austeridad republicana” desaparecieron delegaciones, redujeron personal y eliminaron presupuesto para trabajo de campo, si acaso hay alguien en las oficinas de Profepa en Saltillo, en el mejor de los casos cumple con el cómodo horario de lunes a viernes.

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            Duro el tono del Obispo Alonso Garza Treviño en la misa que ofició el miércoles en Allende,  enmarcada en la jornada nacional “por la reconciliación y la justicia para la paz”.

            El Obispo de Piedras Negras además de referirse a que estamos inmersos en la violencia e indefensos como sociedad, recordó lo vivido en Allende en 2011; narró que en aquélla época una tarde en que daba posesión a un párroco en esa ciudad, en los alrededores se escuchaban las balaceras, lo cual en algún momento fue algo cotidiano en la región.

            Esa realidad, vigente hoy en la mayoría del territorio nacional, ha cambiado para los municipios de Coahuila, sin embargo para las familias de los Cinco Manantiales quedan aún las cicatrices, como fue evidente al llegar decenas de personas a la misa del miércoles portando un moño negro, mostrando aún el luto por quienes fueron ejecutados o desaparecidos en aquéllos aciagos meses.

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            Este jueves la CFE concluyó con la segunda vuelta en doce procedimientos por adjudicación directa para compras de carbón, restituyendo a los mismos doce proveedores que había rechazado la semana anterior. Los “nuevos” pedidos amparan compras por más de mil millones de pesos y entre los agraciados se incluye a la constructora Transforma –muy oportuno el nombre—establecida en Boca del Río, Veracruz, seleccionada para surtir más de 47 mil toneladas.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Bien que le gusta al INE complicar las cosas y dar pie a litigios y controversias.

Dos de las comisiones del órgano electoral aprobaron un proyecto de acuerdo –que todavía debe pasar por el Consejo General—para ordenar a los partidos políticos establecer reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas a partir de los comicios de 2023 en Coahuila y Estado de México.

Esto llevaría a que en cuando menos un estado postulen a candidata mujer, pero también les advierten que deberá de ser en el estado en que sean más competitivos, un criterio subjetivo que, de aprobarse, llevará seguramente a que el tema se dirima en Tribunales.

Sin haberse iniciado aún formalmente los procesos electorales en esos dos estados, la propia autoridad va generando un desgaste innecesario.

Y así las cosas, quedan entonces varias instancias por recorrer y recursos por utilizar para que los partidos definan cómo irán a la competencia del 2023.

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Pero ya que se habla del proceso que tendremos el año próximo en Coahuila, resulta interesante como cuadros destacados del panismo van definiendo posturas públicas respecto a una eventual alianza con el PRI.

Juan Antonio García Villa, sin duda uno de los panistas de mayor trayectoria en la entidad, escribió en una colaboración periodística el fin de semana que las diferencias en las posiciones doctrinales, son salvables si los partidos logran ponerse de acuerdo en una plataforma legislativa y agenda de políticas públicas parcialmente comunes.

Sabe de lo que habla, recordemos que en 1999 García Villa fue postulado a la gubernatura por el PAN, el PRD, el PT y el Partido Verde. Representó a los extremos, ahí había esas posiciones doctrinales radicalmente distintas y lograron ponerse de acuerdo.

Pero también emplaza García Villa, “si el PRI pretende hacer alianza, debe estar dispuesto a entonar y en voz muy alta su mea culpa, admitir sin regateos sus errores de todo tipo, y demostrar con hechos -precisos y verificables- su verdadero propósito de enmienda”.

Sin duda la mejor manifestación, clara y contundente, por parte del PRI de que entiende el momento y lo que se espera de él, es estar proyectando desde ahora  para la gubernatura a un perfil que no únicamente es fresco, sino además sano, con solvencia moral, y acreditada experiencia en el servicio público.

Otros panistas expresan con mayor pragmatismo su anuencia hacia la alianza, como Sergio Borja Castillo ex diputado local y ex dirigente de Acción Nacional en Piedras Negras.

“Antes de pensar en los partidos hay que pensar lo que conviene a los coahuilenses”, dijo Borja en una entrevista, en la que además habló de la necesidad mutua entre PAN y PRI ante el crecimiento de Morena. “Sumando voluntades se dan resultados”, dijo.

También destacó: “Ni en el PAN estamos todos los buenos, ni en el PRI están todos los malos”.

Son expresiones que a título personal han hecho estos personajes, pero que de alguna manera reflejan el sentir de la militancia panista.

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En temas más locales, el Colegio Americano de Saltillo cerró el ciclo escolar con la incorporación de un nuevo grupo inversionista, Affinitas.

El Colegio Americano es un proyecto que nació en 1978 producto de la visión de las familias García Martínez, Dewey Aguirre y González García, y se consolidó como una institución de gran prestigio.

En 2016 el Grupo Sendica se asoció con la señora Irela Martínez de García y con la familia de Higinio González Calderón, mientras que la familia Dewey retiró su participación.

Ahora Sendica y los inversionistas locales suman a Affinitas, empresa de capital mexicano que participa en diversos rubros, y que llegan con el compromiso de impulsar mejoras en infraestructura, tecnología y desarrollo académico.

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Familia Pasta de Conchos llevó ante la Organización Internacional del Trabajo los casos de los accidentes en Rancherías y Obayos, ocurridos en junio y septiembre del año anterior, y el organismo ha admitido los recursos y un comité de expertos abrirá una investigación.

No paran ahí las cosas, se está preparando un informe también para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el planteamiento de que estos accidentes demuestran que el gobierno mexicano ha incumplido con las medidas de no repetición que se le indicaron en una recomendación en relación con Pasta de Conchos y que López Obrador se comprometió a acatar.

En el procedimiento con la OIT, un siguiente paso sería que el organismo promueva un acuerdo entre el Estado Mexicano y los demandantes, pero se antoja difícil pueda lograrse dicho acuerdo, toda vez que los demandantes en estos nuevos casos son los mismos que llevaron ante la CIDH el de Pasta de Conchos, y están inconformes porque ni Gobernación ni la Secretaría del Trabajo han cumplido con los compromisos, ignoran a las víctimas y generan división con tal de impulsar proyectos que definieron sin consenso.

Quienes se preocupan por la seguridad de los trabajadores mineros no han encontrado voluntad ni compromiso del gobierno mexicano y por eso tienen que ir a tocar puertas a organismos internacionales.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Causó revuelo la carta pública firmada por quince ex gobernadores en la que piden la «pronta renovación» de la dirigencia nacional del PRI y se suman a las inquietudes que han externado diferentes grupos y corrientes, además de lamentar que se haya rechazado y diferido el dialogo ya pactado con los ex presidentes.

No es que sea muy diferente lo que puntualizan los ex gobernadores a lo que ya se ha venido externando por otros actores políticos, lo relevante hoy son precisamente los personajes firmantes, a los que no es común ver tomando parte en estas polémicas. Ahora sí que son de los que hablan poco pero espeso.

Y es que además la pulcritud del pronunciamiento, respetuoso y alejado de estridencias, calificativos o descalificaciones, en suma el tono, da idea de la gravedad de la crisis a que se refieren.

Entre los firmantes está el ex gobernador Enrique Martínez, quien siempre se ha mostrado cauto y es enemigo de meter baza en este tipo de asuntos, pero sin embargo ahora se suma, de seguro consciente de que no se puede posponer más un golpe de timón en su partido.

También firma el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, quien bien podría agregarle un posdata al desplegado, escribiendo en mayúsculas ¡SE LOS DIJE!. Y es que cuando renunció al PRI en 2019 señaló que el Doctor José Narro Robles era la única esperanza de reconstruir al PRI.

Recordemos, Montemayor –como muchos otros– abandonó el PRI denunciando la manipulación en el proceso que llevó a Alejandro Moreno a la dirigencia. En aquél momento se señaló por el propio Doctor José Narro que el padrón había sido inflado, en lo que hace unas semanas el propio Rubén Moreira dio la razón.

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Y si de cartas se habla, no menos relevante es la que dirigió al delegado federal Reyes Flores Hurtado el empresario nigropetense, militante de Morena, y amigo del Presidente de la República Mario Dávila Longoria.

Aunque Dávila Longoria erró en el destinatario, y no tardaron en reaccionar las redes sociales, con mensajes tan contundentes como «ese pelado no te arregla ni un nescafé», o la recomendación de mejor recurrir a la Fiscalía General de la República.

Y es que Dávila Longoria pide investigar la adjudicación de contratos «y recepción amañada de carbón para entregar a CFE», señalando posibles actos de corrupción y de lavado de dinero.

Además denuncia la desaparición de desechos o lamas, «las cuales pueden haberse surtido a CFE así como carbón de mala calidad que causa graves daños a la planta carboeléctrica I y II».

Justo el 9 de julio del año pasado publicamos que la entonces alcaldesa electa de Múzquiz, Tania Flores Guerra y su hermano Tony habían comprado 150 mil toneladas de lamas y mixtos para cumplir con los contratos que les adjudicó la CFE.

Algunos de los intermediarios o coyotes que fueron invitados por los Flores Guerra a llevarse una rebanada del pastelote, quisieron defenderlos insistiendo en que las lamas al secarse dejan «carbón de buena calidad», lo cual ha sido desmentido por especialistas en el tema, quienes advirtieron que el uso de esos residuos dañaría el equipo de las termoeléctricas.

Esto es lo que Dávila Longoria está denunciando y pidiendo investigar. Pero como bien le dijeron en las redes sociales, tendría que llevarlo ante la Fiscalía, o quizá ante la Auditoría Superior de la Federación o la Cámara de Diputados, porque mandarle una carta a Reyes Flores o platicarlo en la fila de las tortillas sirve para lo mismo. Nada.

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Y ya en los temas del carbón, algunos de los productores a los que se les rechazaron sus ofertas en los procedimientos de adjudicación directa para pedidos multianuales por parte de la CFE, están confiados en que habrá una reconsideración y han presentado ya argumentos ante el área de compras de la paraestatal.

Afirman tener evidencia de que fue por fallas técnicas en el portal electrónico de CFE que no se adjuntaron documentos, como los manifiestos de impacto ambiental, pero que tienen todo en regla y no es imputable a ellos la omisión.

Habrá que estar pendientes respecto a lo que resuelva Comisión Federal.

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Nadie duda de la voluntad y el empeño que le pone el delegado del IMSS, Doctor Leopoldo Santillán, para lograr que haya un servicio de calidad a la derechohabiencia, pero poco puede hacer el funcionario cuando en otras áreas lo que impera es la desorganización y la indolencia.

Derechohabientes de la institución en Saltillo se han encontrado esta semana con que no se les pueden practicar procedimientos tan básicos como la extracción de una muela porque no se cuenta con anestesia. Si para algo tan elemental y relativamente sencillo, no se cuenta con los suministros suficientes, ¿qué será cuando alguien requiere una cirugía mayor?. Y esto sí que escapa ya a los alcances del Delegado, por mejor voluntad y actitud que haya por su parte.

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Bien haría el médico Juan Antonio Garza García, alcalde de Castaños, en pedir a su Secretario del Ayuntamiento que revise la legislación en materia de publicidad, pues tal parece no están enterados que la promoción personal está prohibida y penada. Y es que hay anuncios en la radio, en que se refieren a Garza García por su nombre invitando a jornadas de reclutamiento de personal. No vaya a terminar en un problema, mejor que se asesore.

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Por Eduardo J. De La Peña

La adjudicación de los nuevos pedidos de carbón por parte de la CFE terminó con doce procedimientos desiertos o rechazados, con lo que hay un déficit de ochocientas cincuenta y ocho mil toneladas, de los 3 millones 200 mil que proyectan comprar en los próximos 30 meses.

Esas ochocientas cincuenta y ocho mil toneladas representan un negocio de más de mil millones de pesos, por lo que habrá que estar muy atentos sobre cómo lo resuelve la paraestatal, y si abre nuevos procedimientos con los mismos doce proveedores o favorece a algunos otros de los que bien se sabe son privilegiados.

Dos de los 53 proveedores a los que la CFE solicitó ofertas no las presentaron, Comercializadora de Productos Minerales Mercurio, establecida en Monclova y representada por Everardo Huerta Guajardo, quien sí tiene antecedentes en la actividad minera del carbón.

Tampoco presentó postura Construcciones Transforma, la empresa a la que nos referimos en alguna columna anterior y que está establecida en Boca del Río, Veracruz.

Y finalmente fueron dos empresas vinculadas con el dirigente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, Eduardo Aguirre Jiménez, a las que se les rechazaron sus ofertas, Desarrollos El Arca, que iba por un contrato de 142 mil 500 toneladas y Minera Jipa, por 72 mil toneladas.

En ambos casos se le rechazó su oferta por no presentar el Manifiesto de Impacto Ambiental.

El pedido para El Arca era el segundo de mayor cantidad de toneladas, solo por debajo de las 158 mil 400 que se habían previsto para Black Fossil, empresa de Eduardo García Soto, a quien también le rechazaron su oferta, por no expresar los plazos de entrega del mineral en su oferta técnica.

Así, ninguno de los 43 pedidos que sí se adjudicaron llega a las cien mil toneladas, los de mayor cuantía son el de 94 mil 500 toneladas, para Minera Dalma de Armando Garza Evaristo; y las 91 mil 200 que por 110 millones de pesos le comprarán a Grupo Sacu de Luis Alfonso Rodríguez Garza.

Sí, Wicho Rodríguez vuelve a participar, por más que cada que se abre un concurso o pasa algo en la Carbonífera jura y perjura que es la última vez que le entra a la minería del carbón.

Y por si a alguien todavía le quedan dudas de la simulación que hay en estos procedimientos, todos los proveedores presentaron una oferta económica idéntica, mil 207 pesos con 56 centavos por tonelada. Cual si fuera un dictado.

CFE decidió pagar la tonelada de carbón en un 16.7% más que los mil 034 pesos que ofreció en 2020. En dos años los salarios mínimos se han incrementado un 15%, y el precio de los combustibles un 20%, ¿realmente este precio les permitirá cubrir los costos de producción, o forzará nuevamente a las empresas mineras a buscar “ahorros” invirtiendo menos en seguridad?.

Y ya que estamos en el tema, el Secretario de Inversión Pública, Gerardo Berlanga Gotés, en relación con lo publicado con el ÍNDICE del viernes anterior, precisó que Transportes Somifer sí tiene títulos vigentes de yacimientos mineros, y lo que está buscando rentar son los terrenos en donde se encuentran esos mantos, pues no son propietarios de la tierra.

Berlanga explicó a esta columna, que ha apoyado en diferentes gestiones a Somifer, por una relación personal, desde hace más de veinte años, con el ya fallecido Miguel Aréchiga, y que ahora ha continuado con la viuda y la hija del empresario, que están al frente de la compañía, pero en su caso no es socio ni representante legal.

A Somifer la CFE le confirmó un pedido de 72 mil toneladas de carbón, con lo que retomará sus actividades y la proveeduría a la paraestatal luego de que se le bloqueó en 2019 para que no pudiera participar en los pedidos que se adjudicaron en aquél año a PRODEMI.

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En otros temas, quien quedó en evidencia fue el Procurador de Protección al Ambiente, Javier Rodríguez Mendoza, pues el domingo esa dependencia no atendió las denuncias ciudadanas de vecinos del barrio de Santa Anita en Saltillo que pedían la intervención de la autoridad para detener a un sujeto que mató un perro a machetazos.

Simplemente no hubo respuesta de esta instancia que tiene la facultad de intervenir ante casos de violencia contra los animales, pero tal parece que esos casos tienen que ocurrir de lunes a viernes y en horario de oficina, pues de otra manera el Procurador no responde.

De donde sí obtuvieron respuesta los vecinos fue de la Fiscalía General del Estado, cuyo delegado en el sureste Everardo Lazo Chapa atendió personalmente el llamado, y pudieron proceder porque el sujeto además profirió amenazas de muerte contra quienes reclamaban su bestial actuar.

Quizá Javier Rodríguez se siente muy confiado en que la suya es una posición política y no lo van a correr aunque no trabajen, pero resulta que en este caso quien puso en evidencia su negligencia fue una de sus compañeras de partido, la ex regidora de Ramos Arizpe Claudia Leza, que acudió a los medios de comunicación a señalar al Procurador.

No es el primer caso, lo mismo ocurre con otras situaciones relacionadas con sus facultades, Rodríguez Mendoza las ve desde la barrera y no interviene.

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Por Eduardo J. De La Peña

Desde algunos años antes de que Morena ganara la Presidencia de México ya se identificaba a Pedro Arturo López Obrador como “el hermano incómodo”, y no en el sentido original de la frase que se acuñó en tiempos de Raúl Salinas de Gortari, pues en este caso no se trata de un consanguíneo envuelto en escándalos, sino que le colgaban esa etiqueta por ser el único que se atrevía a cuestionar, incluso públicamente, las actitudes del hoy Presidente.

Mientras en el transcurso de los años otros de los hermanos como Martín y Pío cobraron celebridad al circular los videos que los mostraban recibiendo millones de pesos en efectivo, para financiar las campañas, o documentos probando que son beneficiarios de programas federales, Pedro Arturo bajó el perfil y desapareció de la escena pública.

Pero resulta interesante que en estos tiempos los amigos de Pedro Arturo en Coahuila se empiezan a beneficiar de contratos de empresas paraestatales, ¿cómo cuáles? pues nada menos que la CFE. ¿Dónde más si no ahí?.

Aún más, uno de esos beneficiados es además funcionario del gobierno estatal, nos referimos a Gerardo Berlanga Gotés a quien se vincula con una empresa, Transportes Somifer, una sociedad de responsabilidad limitada a la que CFE ha considerado para la adjudicación directa de un pedido por más de 72 mil toneladas de carbón.

El miércoles Somifer, a través de su representante Ana Sofía Aréchiga Villarreal presentó a la CFE una oferta económica tasando en mil 207 pesos con 56 centavos la tonelada de carbón, con lo que el contrato ascendería a un monto de más de 87 millones de pesos.

La paraestatal publica el acta de la sesión en que Somifer presentó sus ofertas técnica y económica, pero no adjunta dichas propuestas, por lo que no se conoce si la empresa transportista detalla de dónde pretende obtener el carbón para eventualmente cumplir con el contrato, pues hasta inicios de esta semana seguían buscando un yacimiento en renta.

En todo caso, la tarde de este viernes se conocerá el fallo, lo cual es además muy oportuno, pues la señora Aréchiga celebrará el próximo lunes su cumpleaños número 36. Hoy sabremos pues si el Secretario Berlanga y la representante legal de Somifer tendrán o no doble motivo de festejo.

Y es que aún y cuándo la CFE ha recurrido una vez más al proceso de adjudicación directa está visto que no hay nada seguro para nadie, hasta la tarde del jueves la paraestatal había emitido 27 fallos de los 53 procedimientos que abrió, y ya ha rechazado las ofertas de cuatro proveedores.

Entre los rechazados está nada menos que el dirigente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, Eduardo Aguirre Jiménez, a cuya empresa Minera El Arca la descalificaron por no presentar el manifiesto de impacto ambiental del yacimiento que va a explotar.

¿Retomará Aguirre el tono crítico que le caracterizaba?.

También rechazaron a Arrendadora y  Servicios del Norte de Eduardo Ramos Boone; a RSY Minera de Rogelio Sánchez Yutani, y a 3 Amigos de Eduardo Rodríguez Reyes.

Con estos cuatro rechazos quedan en suspenso adjudicaciones de pedidos por 315 mil toneladas de carbón, algo así como 378 millones de pesos. Habrá que estar pendientes, pues no sería de extrañar que terminen asignándolos a alguno de los proveedores consentidos.

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Este jueves se conoció que la Fiscalía de la República solicitó, y obtuvo, nuevas ordenes de aprehensión con dos empresarios a los que se investiga desde 2018 por estar implicados en un desfalco al Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.

Se trata de los socios de la empresa que el hoy gobernador de Oaxaca Alejandro Murat contrató cuando era director del Infonavit para el programa de “Movilidad Hipotecaria y regulación de cartera”, ese doble juego en que recuperaban casas a  deudores morosos, y luego las remataban en paquete para que las inmobiliarias volvieran a venderlas.

Cuando Murat se fue de candidato a Oaxaca y llegó David Penchyna al Infonavit, le rescindieron el contrato a esta empresa, y los socios se quedaron con dinero que tenía que haber ingresado a la institución.

El caso tiene interés en Coahuila, porque a su vez Penchyna contrató a otros para que hicieran el mismo trabajo, cobranza, recuperación y remate de casas, y fue así como se originó el megafraude para el que utilizaron a funcionarios judiciales de nuestra entidad, jueces y secretarios que se prestaron a juicios colectivos, no previstos en la ley, para despojar de sus viviendas a derechohabientes en Guerrero y otros estados.

Hoy que la FGR va por los implicados en el primer fraude, cabe desde luego preguntar qué ha pasado con el caso aquí en Coahuila, había al menos 7 funcionarios sujetos a proceso penal desde 2019, ¿en qué van estos procesos?, y al menos otros 11 bajo investigación ¿todavía no están listos para vincularlos?.

Pero además el Fiscal Anticorrupción Jesús Flores Mier dijo que se investigaba a los particulares que sobornaron a estos funcionarios judiciales, ¿llegó a alguna conclusión con estas investigaciones o lo dijo nada más para salir al paso?.

Será interesante conocer lo que la Fiscalía tenga que decir al respecto.

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