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Por Eduardo J. De La Peña

Aquellas frases tan socorridas por políticos de la hoy llamada «vieja guardia», lejos estaban de ser figuras retóricas simplistas o meras puntadas, pues aunque expresadas en un tono coloquial e incluso en términos campiranos, encerraban mensajes de fondo y verdades en los que había que poner atención y reflexionar.

Hoy con todo lo que se ha generado en torno a la equidad de género y su observancia en el proceso electoral del año próximo en Coahuila, es oportuno recodar aquélla frase que sugería «no las monten tiernas porque las hacen pandas», aplicable en más de un sentido.

Y haciendo caso pues a esa expresión, no queda más que esperar a que las diferentes instancias que algo tienen que resolver respecto al tema, lo resuelvan, y no desgastarse desde ahora en especulaciones sobre posibles escenarios.

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La semana anterior comentamos que la Comisión Federal de Electricidad había iniciado ya el procedimiento de adjudicación directa para los nuevos pedidos de carbón, y justo la tarde del viernes terminó de emitir las «solicitudes de oferta» a los productores que fueron seleccionados previamente.

Todo se va dando como se había especulado que ocurriría, pedidos para completar poco más de tres millones de toneladas de carbón, a surtir a treinta meses, y con 53 proveedores considerados, que esa sería la única variación a partir de que en febrero la CFE contrató al Servicio Geológico Mexicano para dictaminar 55 yacimientos.

Están claramente siguiendo un guion, de lo que constituye un nuevo montaje para tratar de darle visos de legalidad a una compra que se hace al margen de la ley y con adjudicaciones discrecionales que no tienen que ver con criterios de productividad sino con una intencionalidad de control político en la región Carbonífera.

¿Se atreverá la CFE a hacer públicos los dictámenes que le contrató al Servicio Geológico? sería interesante conocerlos, pues resulta que algunos de los productores a los que ya les están pre asignando pedidos por más de 70 mil toneladas de carbón todavía andan buscando que les renten  algún yacimiento para poder concretar el negocio.

Queda mucho por explicar en este procedimiento que se concretará con los contratos esta misma semana, pero también es evidente que están funcionado las estrategias de coacción habilitadas desde las esferas del poder en la cuarta transformación, pues en la Carbonífera todos los que tienen que ver con la actividad minera se conducen con misterio y silencios, temerosos de las represalias que pueden traducirse en la pérdida de contratos o en persecuciones de tipo fiscal.

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Ya que se habla de la Carbonífera y de la CFE, el incidente ocurrido esta semana en Pasta de Conchos ilustra con claridad lo que ocurre cuando se improvisa y se contrata a empresas sin experiencia para obras que requieren técnicos con trayectoria en el ramo minero.

Los responsables de la construcción de las lumbreras en la mina ocho ignoraron las advertencias de los riesgos ante las inminentes lluvias y no retiraron la maquinaria con la que están realizando la obra, equipo que quedó sepultado por toneladas de lodo luego de que el tiro se inundara.

No hubo tragedias personales que lamentar, y todo quedó en la confirmación de que con las minas de carbón no se puede andar jugando, hay que saberle.

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Y de la misma región, y de improvisaciones hablando, otra de las obras prometidas por el Presidente de la República, dentro del programa de «reparación integral a los deudos de Pasta de Conchos», fue suspendida por ordenes de un juez federal ya que se estaban invadiendo terrenos de una empresa privada.

El parque lineal que una empresa yucateca comenzó a construir a finales de mayo en Sabinas, bajo contrato de la SEDATU que definió la obra sin el consenso de los deudos, está ahora en suspenso, pues Ferromex recurrió ante un juzgado federal ya que los terrenos son de su propiedad.

De seguro habrá litigio, y controversia respecto a quien realmente es dueño del derecho de vía, ¿pero por qué hasta que la obra ha iniciado?, ¿no pudo SEDATU resolver eso mientras hacían el proyecto y la licitación?.

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Quedó en evidencia el poco empeño que pone la Fiscalía de Personas Desaparecidas en dar seguimiento a los casos que le llegan en la entidad.

Por más de un mes estuvo sin ser localizado un joven de Monclova, hasta que cuarenta días del primer reporte su madre recibió una llamada en que le decían que estaba preso en un penal de Nuevo León. Las autoridades adujeron que no lo habían localizado porque el muchacho dio un nombre falso al ser detenido.

No se puede hablar de falta de oficio cuando el Fiscal José Ángel Herrera tiene una trayectoria de más de 25 años, y no se necesita una experiencia de ese calado, basta con ver cualquier mala película policiaca, para saber que el primer lugar en que se buscan a un desaparecido es en las cárceles y en los hospitales, y hay que ir con una foto ante el posible cambio de nombre.

¿Con el mismo empeño que mostraron en este caso le dan seguimiento a todos los demás que tienen pendientes?.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña

Finalmente la Comisión Federal de Electricidad ha tenido que abrir la información –aunque no el procedimiento—sobre los nuevos contratos para el suministro de carbón en sus termoeléctricas de Nava.

A cuenta gotas la paraestatal va publicando en su portal de licitaciones las solicitudes de oferta que, en un nuevo procedimiento de adjudicación directa, ha hecho hasta ahora a 35 compañías de la región Carbonífera.

Como ya se anticipaba no hay licitación, se alude a un “dictamen de excepción”, que solo se menciona pero no se presenta el documento, y así se encaminan para adjudicar pedidos para los siguientes 30 meses, de julio de este año a diciembre de 2024, es decir incluso después de que concluya la actual administración federal.

En el primer bloque de 17 empresas, los pedidos totalizan 854 mil toneladas. Como referencia en mayo del año anterior, a la Minera Don Chilo, de Antonio Flores Guerra, hermano de Tania la alcaldesa de Múzquiz, en uno solo de los tres contratos que le adjudicaron, le hicieron un pedido por 898 mil toneladas, operación con valor de 806 millones de pesos.

Ahora se cuidan de no dirigir todos los pedidos a un mismo círculo, por lo pronto han convocado a 35, pero no se descarta que este viernes haya solicitudes de oferta para 15 o 20 productores más.

“Salpican” a muchos, favoreciéndolos con no tener que competir en una licitación pública, en una claro propósito de tenerlos gratos por los tiempos políticos que se avecinan.

Pero hasta en círculos de la cuarta transformación hubo expresiones de desaprobación cuando la mañana de este jueves se conoció de la asignación directa, un procedimiento que ha sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil comprometidas en el combate a la corrupción.

Y conforme se van conociendo los nombres de los agraciados con los pedidos, va aflorando también información sobre sus cuentas pendientes.

Por ejemplo del primer bloque saltó de inmediato a la vista el nombre de Carkim Industrial, de Eduardo Morales Martínez, empresa que tuvo accidentes en 2010, 2012 y 2014, en los que murieron al menos nueve mineros.

Pero además Carkim ha sido señalada como responsable de la inundación el año pasado en Micarán, en Rancherías municipio de Múzquiz, donde murieron otros siete mineros.

Sería importante que la CFE de a conocer no solo las invitaciones a sus elegidos y los montos que ofrece comprarles, sino también los dictámenes de las evaluaciones que contrató al Servicio Geológico Mexicano, para saber si estos proveedores tienen realmente concesiones mineras; si cuentan con las reservas para abastecer lo que se les está pidiendo; y, sobre todo, si cuentan con la infraestructura y las medidas de seguridad necesarias.

Habrá que seguir atentos procesos que tienen implicaciones sociales y económicas para una región en específico, y políticas para el estado.

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En otros temas, muy comentado el buen gesto que tuvo el ex alcalde de Saltillo Manuel López Villarreal al donar para el DIF de Piedras Negras un auto que obtuvo como premio en una rifa para contribuyentes cumplidos en aquél municipio.

Viene el recuerdo de una situación que allá en los noventa le tocó a Manuel López vivir cuando era alcalde de la capital, y acudió con su padre, presidente en ese entonces del Grupo Industrial Saltillo para pedirle que ese corporativo no aprovechara los descuentos que en los primeros tres meses del año se ofrecían a quien pagara el predial, pues si lo hacían después del cuarto mes habría una mayor recaudación que le sería muy útil a la ciudad.

No prosperó la gestión, pues Don Isidro tuvo que hacer ver a su hijo que a él le tocaba rendir cuentas a los accionistas del GIS y no podría justificar el haber dejado pasar la posibilidad de pagar menos impuestos.

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Y ya que se habla del Ayuntamiento de Saltillo, hay nuevo Contralor Ciudadano. Esta semana asumió el cargo Fernando Morales Ayala, quien seguramente mucho tendrá que aportar a partir del conocimiento cercano que tiene de la administración pública y la gestión de proyectos.

Un área en donde pudiera empezar a poner atención el Contralor Ciudadano es la de Catastro Municipal, pues aunque nadie habla de corrupción o desvíos, sí se acumulan las quejas en contra del director Severo Galván Cornejo, pues los trámites se resuelven con demasiada lentitud.

Dicen los notarios que ni siquiera con la titular del Registro Público de la Propiedad en Saltillo, Monika Zertuche Sánchez, batallan tanto, y eso ya es mucho decir.

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El martes, en una reunión a la que acudieron embajadores de varios países, y en la que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda hablaron de las estrategias para resolver la crisis forense en México, se destacaron los resultados que en Coahuila se han tenido con el Centro Regional de Identificación Humana, a cargo de Yezca Garza. Al menos se reconoce lo que se hace bien.

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Por Eduardo J. De La Peña

El gobierno federal, a través de varias de sus dependencias, sostiene en la región Carbonífera de Coahuila un juego perverso en el que manipula realidades, deja de lado a la comunidad y construye una gran cortina de humo para no transparentar la adjudicación de contratos por más de tres mil millones de pesos para suministro de carbón a la CFE.

El tema corre en varias pistas, pues por un lado se tienen los compromisos de reparación integral con los deudos de Pasta de Conchos, y por otro lo que tiene que ver con la actividad productiva y la economía de la región.

En cuanto a los compromisos de reparación integral, a su vez giran en dos ejes principales, uno el de los trabajos para intentar la recuperación de los cuerpos; y otro las obras sociales que se harán en la región.

La semana anterior estuvo en la Carbonífera Luisa María Alcalde Luján, secretaria federal del Trabajo, quien en forma deliberada ha ido marginando a un grupo de deudos, pasando por encima de que fueron estos quienes iniciaron el procedimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de donde se derivó la recomendación al Estado Mexicano que motivó precisamente el plan de reparación y sus compromisos.

Si la forma en que el gobierno cumple con el plan no satisface a los deudos, no se tendrá por atendida la recomendación del organismo internacional, y esto parece no entenderlo Alcalde Luján, quien se muestra más preocupada por el calendario sexenal que por atender lo que es interés de las víctimas.

Lo que se puso en evidencia durante la gira de la Secretaria del Trabajo, aunque ella lo omite en las declaraciones, es que han surgido nuevas demoras en las obras para intentar el rescate, y a las que se tuvieron por la tardanza en las licitaciones, se sumó que hubo trámites entrampados nada menos que con la Secretaría de la Defensa Nacional para la utilización de explosivos.

Pero además en la Carbonífera se afirma que obras como la construcción de lumbreras no avanzan al ritmo necesario, en parte por la falta de experiencia de las constructoras a las que se contrató, y en parte porque las están haciendo con especificaciones sobradas, muy excesivas a lo que realmente se requiere.

El rompimiento de los funcionarios federales con los deudos se da porque a pesar de esas demoras, y de la falta de certeza en el rescate, ya hasta se adjudicó la construcción del memorial, cuando este tendría que simbolizar el cierre de todo el proceso, no admiten que haya memorial sin rescate, ni están de acuerdo en que se imponga un diseño de monumento, como se impusieron las otras obras que hará Sedatu en diferentes municipios y en las que no se consideraron las necesidades prioritarias de la región.

En la otra pista tenemos la parte productiva, lo que tiene que ver con la actividad económica de la región, es decir con la minería del carbón y esto desde luego va vinculado a la adjudicación de pedidos o contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual se mantiene con gran secrecía y en la más completa opacidad.

Lo que se sabe es que Comisión tiene proyectado comprar 3 millones 200 mil toneladas de carbón para los próximos treinta meses. Esto representaría contratos que rondan los 3 mil 500 millones de pesos, lo que no queda claro es a quién se le van a adjudicar.

Los últimos grandes contratos que asignó CFE en mayo del año anterior fueron para tres empresas propiedad de la familia Flores Guerra, la alcaldesa de Múzquiz, Tania, su hermano Antonio, y un grupo de prestanombres.

El secretismo con el que se maneja esta nueva adjudicación da a pensar que nuevamente habrá una decisión de este tipo, con una clara orientación política y la previsión de ir armando la alcancía que necesitará el partido en el poder para los procesos electorales del año próximo.

No hay licitación abierta para estos contratos, y se dice que por correo electrónico se ha invitado a un grupo de productores para que participen como proveedores. Son menos de sesenta se dice en la Carbonífera.

En febrero la CFE adjudicó al Servicio Geológico Mexicano un contrato por poco más de un millón y medio de pesos para la verificación de minas, 15 de carbón no coquizable y 40 de carbón coquizable, en la región Carbonífera de Coahuila.

Son 55, el número coincide con lo que se especula en la región, y seguramente desde entonces la Comisión Federal ya tenía definidos los sitios de donde piensa abastecerse, y que con tanto celo guarda.

No es menor lo que les toca hacer a los dos geólogos que deben participar en ese servicio de verificación, pues a ellos les corresponderá verificar que la obra minera exista, que esté en operación, y que se encuentre en el sitio del que el proveedor tiene concesión.

También les corresponderá validar las reservas estimadas, que se tenga la infraestructura necesaria, y “verificar de manera general las condiciones de seguridad”.

Si el Servicio Geológico avala como proveedor confiable, se supondría que sobre esta instancia recaerán entonces responsabilidades si algo sale mal. Como mal ha estado saliendo con todas esas explotaciones improvisadas a las que les están comprando el carbón los proveedores consentidos de la CFE, que tienen contactos y contratos pero no minas.

¿Cuándo se develará la cortina y se dará a conocer la adjudicación de contratos?.

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Por Eduardo J. De La Peña

Aunque autoridades estatales y municipales ya han establecido contacto con la mayoría de los propietarios de predios para lograr la liberación de los derechos de vía en el trazo de lo que será la prolongación del bulevar Nazario Ortiz Garza, el secretario de Obras Públicas Miguel Algara no descarta contratiempos pues hay al menos un terreno en litigio.

La obra será una de las más importantes en materia vial en los últimos años, pues representará una nueva alternativa de comunicación para colonias del poniente de la ciudad en las que habitan miles de familias, el trazo de cinco kilómetros irá desde Vito Alessio Robles hasta la carretera a Torreón, por los rumbos del relleno sanitario.

Pero además esta vialidad abrirá la posibilidad de desarrollar para vivienda importantes superficies que actualmente están incomunicadas, y llega esta posibilidad justo cuando se empieza a hablar de una escasez de terrenos para vivienda popular.

Se afirma en círculos empresariales que desde hace meses muchos de los terrenos por donde pasará la prolongación del Nazario ya ostentan letreros definiendo que son propiedad de un conocido desarrollador de vivienda, parques industriales y centros comerciales.

Es el mismo desarrollador que espera verse favorecido con la reestructuración que proyecta el gobierno municipal de Saltillo en el bulevar Carranza, confiado en que ahora sí se le hará la apertura de un nuevo retorno, que implicaría el cierre de al menos otro en esa vialidad.

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Definida ya la reestructuración de los Comités Municipales del PRI, con reelección en algunos casos y renovación en otros, los nuevos dirigentes deben tener bien en claro la trascendencia de la tarea que tienen encomendada rumbo a la que será la más competida elección por la gubernatura en la historia.

No hay espacio para descuidos, juegos ni titubeos, y los dirigentes municipales son quienes tienen la responsabilidad del trato diario y más cercano con el priismo de sus comunidades, y deben de entender que el momento reclama vayan más allá del trabajo con las estructuras y reconstruyan la relación con todo actor político de la comunidad que tenga algo que aportar. De ellos depende el evitar rompimientos y desbandadas.

Y si para quienes son dirigentes en los veinticinco municipios con alcalde priista la tarea es así de trascendente, mucho más lo es para quienes fueron seleccionados para encabezar los comités en los otros trece municipios.

Para algunos en particular el reto es mayúsculo, como Luis Santos Flores, en Múzquiz, y Oscar Davis San Miguel en San Juan de Sabinas, pues además de que ahí hay alcaldes emanados de Morena muy dinámicos y aguerridos, la cuarta transformación ha decidido que la Carbonífera sea su plataforma de lanzamiento en la competencia por la gubernatura de Coahuila.

No deja de ser paradójico, pues si alguna región padece los efectos del pésimo desempeño del gobierno federal, y sufre por una prolongada crisis económica, es precisamente la Carbonífera, pero también ahí la 4T ha instalado su caja chica con los desvíos en los pedidos de carbón de la CFE para favorecer precisamente a los actores políticos que tienen ahora la suficiente solvencia económica –que no moral—para soportar una campaña tan larga como la que se espera.

Y también para la Carbonífera se han destinado las únicas obras federales que habrá este año en Coahuila, y esta semana se suma una jornada de la Secretaría del Trabajo para reclutar becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro en Nueva Rosita.

No viene la Secretaría del Trabajo a inspeccionar las minas en que se denuncian condiciones de riesgo, pero sí hace presencia con los programas clientelares de la 4T.

También se maneja la posibilidad de que el fin de semana esté en Nueva Rosita Manuel Bartlett para reunirse con deudos de Pasta de Conchos e informarles sobre los trabajos para la recuperación de cuerpos, pues las familias de los mineros muertos han emplazado que no permitirán la construcción del memorial si no hay avances reales en las obras para acceder a la mina.

Pero regresando al tema inicial y las dirigencias municipales del PRI, en resumen su encomienda reviste hoy mayor trascendencia que cualquier otra que hayan asumido en el pasado, ojalá lo asimilen y trabajen en función de ello, pues es el futuro del estado lo que está en juego.

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Concluyó sin sobresaltos la legitimación del contrato colectivo en las plantas de John Deere en Saltillo y Ramos Arizpe, la mayoría de los dos mil trabajadores avaló los contratos y refrendó la titularidad para la Federación de Sindicatos Independientes.

La legitimación de contrato es un procedimiento que debe llevarse en todas las empresas con este modelo de relación laboral, pero en particular el caso de John Deere llamó la atención porque recién se acaban de anunciar nuevas inversiones y el traslado de más operaciones de manufactura de Estados Unidos a Ramos Arizpe, y no habría sido conveniente que surgiera en este momento algún diferendo o intromisión de esos grupos que están tratando de hacerse con los contratos en empresas de la región.

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Por Eduardo J. De La Peña

Para bien o para mal, los dirigentes de los partidos políticos están enfocados ya en los procesos electorales de 2023 en que se renovarán las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, última estación antes de la elección presidencial de 2024.

Los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD dejaron este jueves abierta la posibilidad de ir en alianza el año próximo y de su convicción de que únicamente juntos podrán competir con éxito en la presidencial.

Por su parte Mario Delgado de Morena declaró que “la semana próxima” iniciarán campañas en Coahuila, Estado de México y también para la presidencia.

Quizá por ese acelere de Delgado también algunos militantes de su partido ya apretaron el paso esta semana.

Por ejemplo el ex panista Luis Fernando Salazar ya anda contratando mercenarios en algunas regiones de Coahuila, con la oferta de una iguala mensual a cambio de que abran en redes campaña sucia en contra de PAN y PRI.

No es ninguna sorpresa, ya se sabe que así se las gasta Salazar, lo que sería bueno que tomen en cuenta aquéllos a los que intenta reclutar es que la suma que les ofrece el ahora morenista por un mes de trabajo, es menos de lo que se puede gastar en una sola sentada de los festines que se avienta. Allá ellos si le acompañan en esta nueva aventura.

Y ya que se habla de la competencia para 2023, también los analistas nacionales se han enfocado en el tema, y hay algunos planteamientos interesantes que bien harían en tomar en cuenta los de la alianza opositora: concentrarse en la clase media; ese es el voto que les puede dar el triunfo, pues el de las clases marginadas será muy difícil, y caro, por la estructura clientelar de la 4T.

Vivos entonces.

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El fin de semana anterior se cumplió un año del accidente minero que cobró siete vidas en la improvisada explotación de carbón identificada como Micarán, y en el marco de la conmemoración del aniversario los deudos de los trabajadores que murieron en la inundación revelaron que hasta ahora no se les ha cumplido con el pago de todas las prestaciones.

De acuerdo a lo que ha trascendido, el concesionario de la explotación de carbón mantiene el pago semanal a las viudas de los mineros, pero se niega a cubrir la indemnización de ley aduciendo que la inundación fue provocada por una negligencia en una mina aledaña, entonces tendría que ser el otro concesionario el que pague.

¿Dónde están las autoridades, cómo en un año no han podido deslindar responsabilidades y garantizar lo que a los deudos en derecho les corresponde?.

Y si eso es grave, no lo es menos la denuncia que se hizo también el fin de semana de que Micarán está trabajando, con un turno en el que laboran 30 hombres, y en las mismas condiciones precarias que se habían advertido antes del accidente de 2021.

Los trabajadores saben del riesgo que corren, así lo declararon, pero acceden a trabajar ahí porque actualmente en la región no hay otras oportunidades.

Aquéllas promesas presidenciales de justicia para los mineros del carbón, y garantías de no repetición siguen quedando en el mero discurso. Hueco discurso.

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Este jueves se cumplieron 45 años del fallecimiento del Capitán Lemuel Burciaga Rodríguez, quien no logró recuperarse de las heridas que sufrió dos semanas antes al enfrentarse con un grupo de delincuentes que se habían fugado de la penitenciaria del estado  llevándose como rehenes al director y otro funcionario de la misma.

A 45 años del acto heroico de quien fuera Director de la Policía del Estado, y del aniversario de su muerte, no hubo por parte de las autoridades estatales ni siquiera una mención.

Para honrar la memoria del Capitán Lemuel en 2006 se instituyó con su nombre la Presea al Mérito Policial, para distinguir a los elementos de la policía del Estado destacados en su desempeño, pero ya hasta la presea desapareció.

Ahora que está en proceso la construcción de un cuartel en el puerto de Rocamontes, próximo a los límites de Saltillo y Zacatecas, y a unos metros de donde se dio aquél enfrentamiento en 1977, sería atinado darle el nombre del Capitán Lemuel a esa instalación que quedará al servicio del Ejercito y corporaciones de seguridad para el blindaje de nuestra entidad.

Al menos el cuartel no lo podrán desaparecer tan fácil como la Presea.

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En próximas semanas desde Coahuila se pondrá en marcha la campaña nacional para prevención de la rickettsiosis, y vendrá a la entidad el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Ruy López Ridaura.

Tener aquí el arranque nacional de la campaña lleva implícito un reconocimiento a la estrategia que las autoridades locales, encabezadas por el doctor Roberto Bernal, han desplegado para contener una enfermedad que este año ya ha cobrado siete vidas en la entidad.

Lo cuestionable es que la autoridad federal apenas esté pensando en una campaña nacional de prevención.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña

Tras la jornada electoral del domingo para renovar gubernaturas en seis estados, se han dado desde ese día diferentes análisis y ponderaciones, algunas de las cuales vale la pena rescatar pensando que en el caso de Coahuila entramos a una cuenta regresiva para la elección del 4 de junio de 2023, y desde luego no es que los escenarios se repitan sino más bien la importancia de aprender de aciertos y errores.

En este contexto, hay ángulos interesantes que en su columna del martes planteó el politólogo y periodista Leo Zuckerman que permiten dimensionar con mayor precisión el valor de la alianza opositora PAN, PRI y PRD.

Destaca Zuckerman “sólo en cuatro de los seis estados hubo alianza. En dos, Aguascalientes y Durango, la coalición ganó, es decir, el porcentaje de efectividad de esta unión de partidos fue del 50%”.

“50% de efectividad en donde hubo alianzas es, sin duda, mayor que el 0% que obtuvieron los partidos de oposición en los estados donde no se coaligaron… la división divide. Si no hay unión no hay suma de votos, lo cual fortalece al partido dominante, en este caso Morena”.

Y hace un ejercicio interesante, sumando a los resultados de la alianza en Tamulipas los que obtuvo Movimiento Ciudadano, con lo que la elección hubiera terminado en un empate técnico en el hipotético caso de que MC hubiera participado junto a PAN, PRI y PRD.

Ya en el terreno local, precisamente este martes el coordinador en Coahuila de Movimiento Ciudadano Alfonso Danao de la Peña, durante una entrevista en “La Primera Opinión”, habló de las posibilidades de una alianza en Coahuila.

Danao lo plantea muy claro, “el momento es ahora” y señala que con voluntad se podría encontrar la manera “entre todos” de construir un bloque, teniendo como prioridad cerrar el paso a Morena.

“Las garras ya están cerca hay que tomar decisiones”, destacó Danao.

Por si a alguien le pareciera una exageración lo que plantea el dirigente de Movimiento Ciudadano, convendría tener presentes algunos datos que liderazgos de otros partidos consideraban habría que observar tras los comicios del domingo anterior, específicamente el crecimiento que haya tenido Morena en comparación con la consulta de revocación de mandato del 10 de abril.

Para algunos estrategas, el diferencial entre los resultados de abril y los del 5 de junio, permite tener una idea de la capacidad de movilización que tiene Morena, y proyectarlo para el caso de Coahuila en 2023.

En Tamaulipas los votos de la candidatura de Morena contra quienes en abril se pronunciaron a favor del Presidente, crecieron un 54.6%; en Aguascalientes un 36.3%; en Durango un 78.6%, en Hidalgo un 53.5% y únicamente en estados del sureste, donde está bien consolidado el dominio de la 4T el crecimiento fue relativo, de un un 2.9% en Quintana Roo y de 0.3% en Oaxaca.

Esto da una idea de cómo moviliza Morena sus estructuras clientelares cuando hay una verdadera elección en juego. Que los estrategas hagan entonces la proyección para Coahuila, donde en la consulta hubo 335 mil votos para el Presidente.

Lo que nos plantea el escenario es que no hay espacio para el mínimo descuido.

Y más allá de cifras, el lunes ante el comentario a un grupo de priistas locales con más de treinta años operando en elecciones en diferentes estados, de que en lugar de “grilla de café” se hubieran puesto a trabajar el domingo, la respuesta fue “a ver si en esta sí nos invitan”.

Cuando el PRI ha tenido resultados adversos las causas han sido multifactoriales, pero una de las constantes es la exclusión, a veces son los grupos que encapsulan a los candidatos, a veces los que arman las estrategias, pero dejan de lado a los propios priistas y entonces los votos no alcanzan para ganar.

En un escenario tan competido no se pueden dar el lujo de prescindir de nadie, menos cuando como lo hemos dicho y se manifiesta cada día, para Morena la temporada de pesca está abierta.

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En otros rumbos, quien también hace su correspondiente operación política es el Obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, quien esta semana acaba de renovar las siete vicarías, es decir la estructuar que administra territorialmente la diócesis.

Los cambios se dieron de manera tersa una vez que los anteriores vicarios, que ya estaban en funciones cuando asumió Monseñor González, concluyeron con el trienio para el que habían sido designados.

Así se va conduciendo el Obispo, tomando los hilos con cautela, lo que no únicamente le ha permitido construir un liderazgo sólido sino además ganarse el respeto.

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Atentos hay que estar por estos días al ambiente laboral en el estado, pues además del nuevo episodio en el ya añejo conflicto de Teksid en Frontera, donde se ha dado ya la intervención de Estados Unidos al amparo de acuerdos establecidos en el Tratado Comercial, también en otras empresas se están dando procesos de legitimación del contrato colectivo.

Por ejemplo están en el proceso las plantas de John Deere en Saltillo y Ramos Arizpe, sin sobresaltos hasta ahora.

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Por Eduardo J. De La Peña

Bien sentencia la sabiduría popular que “del plato a la boca se cae la sopa”. No habían pasado ni tres horas de que en el Centro Ambiental del Cañón de San Lorenzo se celebró un evento para dar de manera oficial “por concluidos” los incendios forestales que en mayo estuvieron activos en la región Sureste, cuando por redes sociales se alertó de una nueva fumarola en Sierra Hermosa, y cincuenta minutos después de otra más en La Escondida.

Al reporte oportuno hubo también respuesta inmediata, y además de las brigadas se movilizaron helicópteros para contener los connatos antes de que el asunto pasara a mayores.

La circunstancia que se presentó al mediodía de este martes sirve para confirmar la complejidad que hay en los incendios forestales, pues aunque ya no se tenga fuego ni humo visibles, y con todo y que se hace trabajo de rescoldeo, en el subsuelo hay raíces y material vegetal encendido que eventualmente se aviva y vuelve a surgir.

Y a propósito del incendio en La Escondida, un paraje cercano a Los Lirios, cuatro factores contribuyeron a que el siniestro que inició la tarde del sábado no se extendiera pese a lo denso del bosque en ese lugar: el aviso oportuno; que no hubo titubeo para destinar cinco helicópteros de inmediato al combate; la respuesta de decenas de voluntarios del mismo poblado, y los caminos que existen en ese desarrollo, que permitieron la llegada de personal y equipo en forma rápida.

Queda ahí en La Escondida un pendiente para la Fiscalía del Estado, la carpeta de investigación pues todas las versiones indican a que un cabañero ignoró la veda al fuego y al estar quemando basura provocó el incendio.

Que no le tiemble la mano al Fiscal Gerardo Márquez.

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            En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, cinco campus de la UANE fueron certificados como “Espacio Libre de Humo de Tabaco y Emisiones”, un buen esfuerzo de la institución educativa y las autoridades de salud por crear conciencia sobre los daños a la salud y ambientales que provoca el consumo de este producto.

            Dicen que ahora andan buscando en qué programa encuadrar un esfuerzo para dejar fuera de los campus universitarios azúcares, grasas saturadas y otros alegres ingredientes con que aderezan los brownies que por ahí venden y cuyo consumo hasta ha mandado algunas alumnas al hospital.

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            Respecto al tema abordado la semana anterior en este ÍNDICE de un nuevo proyecto de explotación de material pétreo en el norte de la entidad, nos llega información en el sentido de que pudiera tratarse de un intento de renovar algunas de las concesiones que existían para la extracción en el río San Rodrigo antes de que se le decretara como Zona de Restauración en 2019.

            Hasta febrero de 2019 había cinco concesiones vigentes, algunas de ellas con más de diez años de antigüedad, y siendo la extracción del material pétreo una de las causas principales de alteración en el San Rodrigo, se supondría que hay una especial atención en este tema para que se cumpla con las medidas de mitigación y restauración comprometidas en los manifiestos de impacto ambiental, además de que el decreto estatal contempla que la Secretaría del Medio Ambiente promovería el establecimiento de vedas para el aprovechamiento de los recursos naturales.

            Y en el plan de manejo para la zona de restauración quedó asentado que se tramitarían concesiones para establecer zonas de conservación, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya informado si se tramitaron y si hubo o no respuesta de la Comisión Nacional del Agua, tanto estas zonas de conservación como las vedas.

            En el norte de la entidad se afirma que quien asesora a algunas de las empresas que buscan las nuevas explotaciones es nada menos que el ex Secretario de Medio Ambiente Héctor Franco López, para ayudarles a sacarle la vuelta a las disposiciones contenidas en el decreto y en el plan de manejo.

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            Para este viernes se tiene programada en Torreón la visita de Enrique de la Madrid Cordero, quien entre otras actividades dictará una conferencia ante empresarios de la Comarca Lagunera.

            De la Madrid es actualmente Director del Centro para el Futuro de las Ciudades, una instancia del Tecnológico de Monterrey, pero para nadie es un secreto que además se le viene considerando por grupos afines al sector privado como una de las cartas que pudiera encabezar a la alianza opositora en la elección de 2024 para renovar la Presidencia de la República.

            En la organización de esta visita de Enrique de la Madrid a Torreón, como ocurrió en la que hace algunas semanas realizó a Saltillo, está involucrado el empresario saltillense Jorge Dávila Flores, quien mantiene participación activa en la organización ciudadana “Sí por México” que lideran Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.

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