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Por Eduardo J. De La Peña

No han transcurrido ni dos semanas de que el bloque opositor hizo naufragar la pretendida reforma en materia eléctrica, lo cual además del linchamiento público a los diputados generó, según denuncia del dirigente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, amenazas «del gobierno represor», y estas amenaza empiezan a manifestarse ya también de manera pública.

El Fiscal de Campeche Renato Sales Heredia, un personaje cercano a Marcelo Ebrard, y hasta la propia gobernadora de ese estado, Layda Sansores, dieron a conocer que hay una investigación contra Moreno Cárdenas por enriquecimiento ilícito.

«También las autoridades federales están investigando», desliza Sales Heredia en sus declaraciones a la prensa.

La confidencialidad en las investigaciones no es un recurso que las Fiscalías puedan utilizar a discreción, se los impone la ley, sin embargo siempre que hay un trasfondo político, una segunda intención, la investigación se publicita, pues lo que menos les importa es el debido proceso, sino el máximo escándalo o el efecto intimidatorio, como es el caso.

La declaración de Layda Sansores y su Fiscal se da en el mismo momento en que el presidente López Obrador anunció el contenido de la iniciativa para una reforma electoral.

Y todo indica que al igual que en la reforma eléctrica, el Presidente sabe que no va a pasar, y que perderá en la votación, pero eso es lo que menos le importa, lo que quiere es un recurso para meter ruido, seguir descalificando a la oposición, agrediendo a las instituciones y polarizando al país.

Para empezar el Presidente manda su iniciativa en el último día del periodo ordinario de sesiones, asegurándose de que así no se inicie ni siquiera su análisis, mucho menos su discusión, y entonces empezar a quejarse y a golpear a los diputados.

Luego presenta algunas propuestas que pudieran parecer muy atractivas a la población, como reducir a 300 el número de diputados, desapareciendo las plurinominales.

Hay muchos que piensan que 500 diputados es un exceso, y que las plurinominales no se justifican, que son un regalo a vividores del sistema. Sin embargo reflexionemos en que el bloque opositor no habría tenido éxito, ni habría servido como contrapeso en el caso de la reforma eléctrica si no hubiera plurinominales.

Nadie niega que hay mucho por revisar en materia electoral, pero la forma en que López Obrador lo plantea es una apuesta por su parte a que no haya reforma, pues además también los partidos del bloque opositor presentarán iniciativas, y en este caso no van juntos.

Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, ha revelado algunos de los puntos que incluirán en su iniciativa, destacando nuevos candados para evitar la sobrerrepresentación, pues las medidas que se han tomado anteriormente no han sido efectivas, y el ejemplo es que los partidos del bloque opositor tuvieron en la elección el 51% de los votos, pero no son mayoría en la Cámara.

El PAN también habla de impulsar el voto electrónico, una alternativa que aquí en Coahuila se ha demostrado es viable, que representaría ahorros y simplificaría procesos, pero que por sistema se ha rechazado en incontables ocasiones.

Acción Nacional en su propuesta lleva también la idea de que sea causal de nulidad de una elección cualquier participación, demostrada, de la delincuencia organizada en el proceso.

En la contienda de 2021 sobraron evidencias de la infiltración del hampa en las elecciones de estados como Sinaloa, Sonora y Michoacán, y sin embargo nada se pudo hacer legalmente.

Seguramente se irán poniendo sobre la mesa propuestas e ideas de los diferentes actores políticos y partidos para la reforma. Aquí el reto es que no sea solamente un distractor, ni un pretexto para seguir generando polarización.

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La más reciente derrota del gremio cetemista se dio la semana pasada en Reynosa, donde perdieron la representación de los poco más de dos mil trabajadores de la planta de Panasonic en esa frontera.

Un «sindicato independiente» desplazó al que por años ha dominado en la industria maquiladora, perteneciente a la CTM.

Lo que se debe tomar en cuenta es que ese autodenominado sindicato independiente es en realidad uno de los cotos de poder de la activista Susana Prieto, hoy diputada federal gracias a la protección que se le ha dado desde Morena y el gobierno de la 4T.

Sí, Susana Prieto la misma que paralizó a la industria maquiladora de Tamaulipas hasta conseguir incrementos en sueldos y prestaciones fuera de toda lógica y razón.

La misma que con frecuencia intenta entrometerse en la vida sindical en Acuña.

Cuidado.

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Por Eduardo J. De La Peña

Y la volvieron a hacer en la CFE.

Otra vez recurrieron a la operación «reborujo» para favorece a un proveedor consentido con un contrato millonario.

Calcaron el esquema de cuando para adjudicar la construcción de las lumbreras en Pasta de Conchos declararon desierta la licitación, porque los concursantes no cumplían con los requerimientos técnicos y luego por adjudicación directa le dieron el contrato a uno de los que habían descalificado.

Ahora lo hacen con el contrato, por más de mil cien millones de pesos, que adjudicaron a un consorcio en el que vuelve a estar Proacón de Olegario Vásquez, la misma empresa que debería estar construyendo las lumbreras, y que ahora tendrá a su cargo construcción de rampas de acceso, galerías de aproximación y túneles de conexión en Pasta de Conchos.

Los trabajos según el fallo de adjudicación que se resolvió el jueves 21 por la tarde, deben haber iniciado el lunes 25 de abril, y se tendrán que concluir el 23 de diciembre de 2023.

Para iniciar los trabajos les dieron tres días, que incluyen un sábado y un domingo. Ni como dejar de pensar que ya estaba todo arreglado.

Lo interesante es que en noviembre del año pasado a Proacón se le descalificó en la primer licitación para los mismos trabajos, por presentar propuestas de procedimientos que no aplican; y en cambio no presentaron una propuesta integral para los trabajos de excavación, sistema de ventilación, monitoreo y control.

Proacón fue descalificada también por proponer el uso de equipo que no es el apropiado para trabajos en ambientes explosivos.

En el dictamen técnico de noviembre de 2021 se advertía que Proacón al no tener experiencia en trabajos en minería no estaba considerando medidas de seguridad elementales en ese tipo de ambientes. Pero cinco meses después CFE le adjudicó el contrato, sorprende como en esa empresa favorita de la paraestatal son de rápido aprendizaje.

Y ya que estamos en los temas de Comisión Federal y sus contratos, también acaba de adjudicar el que corresponde a los servicios de vigilancia en las instalaciones de Pasta de Conchos y lo primero que se advierte es que hay casos en que la empresa de Manuel Bartlett no se fija en los criterios de austeridad que se han dispuesto en este gobierno.

El contrato para la vigilancia se lo asignaron a Grupo Scorpion, una empresa constituida hace menos de 3 años y que tiene su domicilio fiscal en una casa de la colonia Vallarta en Guadalajara.

Van a cobrar 793 mil pesos por tener un vigilante uniformado y equipado en turno de 24 horas de lunes a domingo, del 4 de abril al 12 de agosto de este año, es decir 131 días.

CFE va a pagar a Scorpion por ese vigilante seis mil pesos diarios, ¿cuánto pagará realmente la empresa a su empleado, o a los que tenga que contratar para dar el servicio en los términos planteados?. ¿Cómo lo van a supervisar si están concentrados en Guadalajara?.

Para tener una referencia, va el dato de que el mismo Grupo Scorpion cobrará al Instituto de Transparencia de Jalisco, por dos elementos de seguridad que se alternarán en turnos de 24 horas, 271 mil pesos del primero de marzo al 31 de diciembre de este año.

Por ese contrato de 306 días, Scorpion cobrará 885 pesos diarios. Es decir que a la CFE le cobran casi siete veces más por el mismo servicio en Pasta de Conchos.

Ni para que preguntar si no encontraron en Coahuila una empresa que brinde servicios de seguridad, lo que parece es que no encontraron aquí una empresa que sea consentida de Manuel Bartlett.

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Mientras que Mario Delgado y sus incondicionales de Morena insisten en el clima de linchamiento y confrontación, desde Aguascalientes el senador Armando Guadiana Tijerina mandó el mensaje de lo que debe ser la política, arte de negociación y entendimiento.

Guadiana disfrutó el domingo de la quinta corrida de la Feria de San Marcos, acompañado en el tendido de la Monumental de Aguascalientes de tres panistas, el gobernador Martín Orozco y los senadores Kenia López Rabadán y Juan Antonio Martín del Campo. También estuvo con ellos José Narro Céspedes, de Morena.

Que por cierto para la octava corrida, que será el viernes de esta semana en el cartel anuncian a Arturo Saldívar, pero ya aclararon que se trata de un torero originario precisamente de Aguascalientes, no del Presidente de la Suprema Corte, que también domina el arte del engaño, como algunos definen a la tauromaquia.

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Este martes con la falla en los servicios de internet de Telmex y Telcel, que impactó por varias horas en Saltillo, colapsando las actividades bancarias y muchas comerciales que dependen de sistemas, más de uno preguntó si el internet fue nacionalizado junto con el litio, pues ya tiene la calidad de la 4T. Es decir pésima.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña

Las revisiones unilaterales a vehículos de carga por parte de Texas duraron seis días, pero según los cálculos más conservadores costaron a la industria 42 millones de dólares, principalmente a los sectores de autopartes, alimentos perecederos, y componentes electrónicos.

Sirva el dato para dimensionar, primero la trascendencia del operativo que se ha implementado para reforzar la seguridad en la frontera de Coahuila y cumplir con lo acordado entre nuestro gobernador y el de Texas; pero también, las implicaciones que puede tener la actitud tomada por el Presidente de México, que primero ignoró el problema y cuando se ocupó fue para generar mayor confrontación.

No tardó la respuesta del texano Greg Abbott quien no titubeó en advertir que puede volver a ordenar esas revisiones que colapsaron la frontera. Y claro que puede, si no le importa patearle la puerta al presidente de su país, Joe Biden, mucho menos le quita el sueño enfrentarse con López Obrador.

El riesgo de que en cualquier momento retome Texas esas u otras medidas que Abbott dice son para controlar la migración estará latente, pues tiene que ver con el proceso electoral en aquélla entidad donde está buscando la reelección.

La competencia política en Texas fue lo que le pegó a la industria y a nuestra frontera. Ese es el fondo del asunto.

De cualquier manera lo que Coahuila ha implementado esta semana rinde frutos pues ya se han logrado importantes detenciones de delincuentes involucrados en el tráfico de personas.

El despliegue que inició el miércoles en Acuña y se extendió el jueves a Piedras Negras, pero que tendrá cobertura en los más de 150 kilómetros de frontera, deberá contribuir no únicamente a inhibir los delitos, sino que se espera contribuya también a salvar vidas.

El río Bravo es engañoso y aunque parece que su caudal es bajo, a consecuencia de la prolongada sequía, en lo que va del año han muerto ahogados sesenta migrantes, tan solo en las cercanías de Piedras Negras.

En ciento once días del año han muerto en su intento por cruzar el río sesenta personas, en promedio una cada dos días, lo cual sin duda constituye una tragedia. Cuando la inundación de Villa de Fuente en 2004 se contabilizaron 45 víctimas, y con el tornado F3 del que se cumplirán quince años el próximo domingo fueron tres los muertos.

Estos datos nos sirven también para dimensionar el nivel al que ha escalado el flujo migratorio, que ameritaría acciones en varios frentes, tanto para combatir el tráfico de personas como para asistir a quienes llegan huyendo de pobreza e inseguridad en sus países, pero eso no le ha importado al gobierno federal.

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Y ya que se habla de la federación, quien reapareció en La Laguna es el representante presidencial del programa «Agua Saludable», el senador con licencia Gabriel García.

Esta semana, el miércoles 20, se retomaron las reuniones de García con los sectores involucrados en el proyecto. La explicación oficial que dan es que las habían suspendido por la veda previa a la consulta de revocación.

Ni como creerles, pues hubo evidencias contundentes de que esa veda no les importó en el gobierno federal, la ignoraron por completo, como estarían haciendo ahora con la que a nivel local debe haber en Durango, ya en campañas para la elección de gobernador.

Más bien parece que el representante presidencial reapareció precisamente con motivo de esa contienda electoral en Durango, pues hasta ahora sus reuniones las ha concentrado en las comunidades rurales de aquélla entidad.

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Este jueves tendría que haber dado la CFE el fallo de un nuevo procedimiento de adjudicación directa, ahora para el contrato a la empresa que deberá construir rampas de acceso, galerías de aproximación y túneles de conexión en la mina de Pasta de Conchos, es decir las obras principales que deben realizarse para que puedan ingresar las cuadrillas que intentarán recuperar los restos de los mineros que ahí murieron en 2006.

Si acaso se emitió el fallo no se ha hecho público, pero para el procedimiento se invitó en conjunto a tres empresas, entre ellas PROACON y Servicios Kya las cuáles en la licitación para la construcción de dos lumbreras participaron y fueron descalificadas por falta de solvencia técnica, para luego declarar desierto el concurso y recurrir a la adjudicación directa en la que favorecieron a PROACON con el contrato por más de 300 millones de pesos.

Si para un monto así recurrieron a un enjuague burdo, veremos ahora con que novedad sale la CFE, pues las obras que adjudicará requieren una inversión de más de mil cien millones de pesos, es decir casi cuatro veces lo del otro contrato.

¿Y cómo van con la construcción de las lumbreras? ¿ya llevó PROACON algo más que el famoso trascabo aquél de la foto cuando simularon el inicio de los trabajos?.

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ALTERNATIVA

Horas Oscuras

Por Eduardo J. De La Peña

En el marco de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, el organismo presenta un diagnóstico sobre la grave realidad que afronta el periodismo en las Américas, México incluido.

Estamos cerrando un semestre negro, subrayó Carlos Jornet, periodista originario de Argentina que preside la Comisión de Libertad de Prensa e Información, quien refiere que desde la asamblea de la SIP, en octubre anterior, a abril de este año, han sido asesinados 15 periodistas en el continente, 3 en Haití; uno en Guatemala; otro en Honduras, y 10 en México.

Jornet reflexiona, América hace décadas que no vive situaciones bélicas como las que padece Ucrania, pero “la gravedad de lo que ocurre en nuestro continente queda expuesta de modo contundente cuando vemos que en lo que va del año México acumula la misma cifra de periodistas asesinados que un país devastado por la guerra: ocho, apenas uno menos que en todo 2021”.

Y es que la región sufre otras “guerras” señala la SIP, y advierte: «Guerras que también se iniciaron con «incidentes menores» y que luego fueron escalando”.

Se refieren a lo que llaman embestidas que gobiernos de origen democrático, pero con inclinaciones autoritarias, desatan contra los derechos ciudadanos, sumado al accionar de la narcodelincuencia y otras formas de crimen organizado “que aprovechan la impericia estatal, cuando no una abierta complicidad, para intentar (y en muchos casos lograr) imponer su ley en vastos territorios”.

A la Sociedad Interamericana de Prensa le preocupa y ocupa particularmente lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que le ha llevado incluso a definir un plan de acción que involucra a 27 organizaciones.

Nicaragua enfrenta una crisis institucional y social, marcada por la persecución sistemática del periodismo independiente, la opresión y la censura generalizada, el secuestro de los poderes públicos y la demolición de las estructuras de la sociedad civil.

El recuento en Nicaragua desde abril de 2018 es de al menos 335 opositores muertos en enfrentamientos con la Policía Nacional, y más de 170 presos políticos, entre ellos periodistas y dueños de medios de comunicación que han sido condenados de nueve a trece años de prisión.

El gobierno de Daniel Ortega ha tomado las instalaciones de periódicos, canales de televisión y estaciones de radio.

Para hablar de lo que ocurre en Nicaragua, compartir su propia experiencia y apelar a la solidaridad internacional, participó en la reunión de medio año de la SIP la periodista Lucía Pineda Ubau, quien estuvo presa seis meses luego de que el Ejército tomó el canal de televisión donde laboraba, cuyo director fundador Miguel Mora afronta una condena de 13 años de prisión. Ella vive ahora exiliada en Costa Rica.

En semanas anteriores entrevistamos a Pineda Ubau cuando acudió a un Simposio en Austin, Texas, donde también alzó la voz para exigir la liberación de los periodistas que son presos políticos.

En aquélla entrevista Lucía Pineda se refirió al regimen de Daniel Ortega en Nicaragua como una dictadura, que dijo se sostiene con la complicidad del Ejército y de la Policía Nacional.

Ortega, describió la periodista, les ha dado a los militares un gran poder y participación en todo tipo de negocios.

Lo que describe es muy parecido a lo que estamos viendo en nuestro país en la relación del gobierno de López Obrador con la milicia, y no en vano México es para la Sociedad Interamericana de Prensa un foco de preocupación.

Precisamente en esta reunión de medio año, la SIP ha hecho un nuevo llamado al Presidente de México a suspender todo discurso estigmatizante contra medios y reporteros. “Si no puede frenar la violencia al menos no la aliente”.

Cuando se confronta con el periodismo como estrategia política, ha dicho la SIP, se abre la puerta a los violentos, a los intolerantes.

En México, como en Cuba, Nicaragua y Venezuela, hay una clara tendencia a desconocer el derecho ciudadano a supervisar y cuestionar los actos de gobierno.

Se está ante lo que han llamado la posverdad, la manipulación informativa, la difusión de «relatos» que se repiten como verdades consagradas. Se apela a «causas justas», a «verdades superiores», para justificar una descalificación, una persecución administrativa, una causa judicial amañada, la privación ilegal de un derecho, una expropiación, un encarcelamiento.

“Presidente López Obrador afronte la gravedad de la hora”, ha dicho la Sociedad Interamericana de Prensa. Como ciudadanos debemos estar conscientes del grave momento que estamos afrontando, que en los días más recientes se manifiesta con un linchamiento en redes, azuzado desde el poder, hacia los diputados que formaron el bloque opositor contra la reforma energética.

No es un asunto menor, es el tipo de situaciones que han ido escalando para configurar la terrible realidad que hoy viven otras naciones del continente. No debemos permitir avanzar hacia allá.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña

El senador Armando Guadiana Tijerina prefirió no entrar en detalles respecto al estatus actual de los pedidos de la Comisión Federal de Electricidad a los productores coahuilenses de carbón. “Porque luego dicen que tengo conflicto de intereses” dijo el también empresario minero en una entrevista radiofónica este martes por la mañana.

Sin embargo Guadiana no perdió la oportunidad de señalar que en los procesos de adquisición de la CFE impera la corrupción y no se ha cumplido con la instrucción presidencial de hacerlos de manera correcta.

Para que luego no le digan que se confronta con López Obrador, el senador coahuilense tuvo buen cuidado en decir que el Presidente actúa con transparencia pero en los mandos medios y más abajo la corrupción sigue.

Seguramente que a Guadiana, como en general a los empresarios del carbón en Coahuila, no le tiene muy contento que la CFE haya adjudicado al poblano Carlos Carrera Velicia un contrato para suministrar 8 y medio millones de toneladas de carbón a la planta de Petatalco por 39 mil 300 millones de pesos, y que aquí sigan demorando los pedidos para las plantas de Nava.

Que además a los productores de la Región Carbonífera les compran en mil pesos o apenas un poco más la tonelada, y en este pedido para Petatalco se fijó un costo superior a los 3 mil 600 pesos por tonelada.

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La semana anterior la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua, y la Nacional Forestal suscribieron un acuerdo de coordinación interinstitucional “Con la finalidad de fortalecer el control de incendios forestales durante la actual temporada de estiaje, en la que se incrementan las temperaturas y el riesgo de siniestros”.

Puro jarabe de pico. Tan fácil como firmar un papelito.

Según lo que se ha difundido de este convenio, “la Comisión Nacional del Agua proporcionará, de acuerdo con su disponibilidad operativa y de recursos, aeronaves y tripulación de que disponga para realizar actividades de combate de incendios forestales, así como para transportar a personal combatiente, herramientas, equipo y suministros”.

En los hechos, en las oficinas de lo que fue la representación local de Conagua en Saltillo, dentro del predio de la delegación de Agricultura, siguen abandonadas seis unidades, con tanques cisterna y capacidad de acceso todo terreno.

El año pasado, cuando el incendio en La Pinalosa, se puso en evidencia que pese a la urgencia de equipo esas unidades no se estaban utilizando. Y así siguen pese a que ya tuvimos nuevos incendios, y pese a que en comunidades rurales de todo el estado hay familias campesinas que sufren por la falta de agua potable.

Ya se tiene lo más caro que son los camiones y las cisternas, si Conagua no cuenta con recursos para rehabilitarlos y ponerlos a trabajar, en lugar de dejarlos abandonados podría entregarlos en comodato a otras instancias federales, estatales o municipales para que presten servicio.

Batallan mucho para traducir sus grandilocuentes convenios en acciones reales.

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Ahora que si de unidades abandonadas hablamos, también ha quedado en evidencia que la Secretaría de Salud mantuvo sin uso durante al menos dos años las motocicletas “Goliat” que se compraron para el Sistema de Urgencias Médicas.

No se ha dado una razón para que dichas unidades hayan dejado de prestar servicio, y ahora están buscando recursos para rehabilitarlas, pues con el prolongado tiempo en desuso ya no sirven las baterías.

Es cuestionable que se mantengan guardados en una bodega esos vehículos, cuando en ciudades como Saltillo hay una alta incidencia de infartos y entre marzo y abril se han dado cuando menos nueve muertes de personas en la vía pública por padecimientos cardiacos.

Sí, el SAMU tiene otras unidades en funcionamiento, y ha atendido en lo que va del año 578 emergencias relacionadas con males cardiacos, pero también se han dado casos en que personas fallecieron por no recibir atención oportuna, lo cual quizá no hubiera ocurrido si estuvieran operando los vehículos que se compraron para llevar la atención médica a los lugares de más difícil acceso.

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Este miércoles el gobernador Miguel Riquelme tendrá un encuentro con los empresarios de radio y televisión en Coahuila afiliados a la Cámara que aquí dirige Raúl C. González Sánchez.

No pasa desapercibido que mientras la Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión de medio año que se está desarrollando en plataformas digitales, pone sobre la mesa su preocupación por las acciones y amenazas que ponen en riesgo en las Américas las libertades de expresión y de prensa, en lo local hay un clima propicio para encuentros y diálogos entre el poder y los medios, como el que se tendrá hoy.

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El jueves estará en Ramos Arizpe el Embajador de la India en México, Pankaj Sharma, para colocar la primera piedra del Centro de investigación y Desarrollo de la empresa de capital hindú UPL dedicada a la fabricación de agroquímicos. Sin duda una inversión importante en el momento que  se vive a nivel mundial cuando el conflicto bélico Rusia-Ucrania pone en riesgo el abasto mundial de fertilizantes.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña

El incendio que se presentó la tarde de este jueves en la zona de El Diamante viene a recordar de manera contundente que no hay espacio para el menor descuido.

En la circunstancia actual todo juega en contra. Hay, por la prolongada sequía, una gran cantidad de material vegetal seco en el campo; la humedad relativa es muy baja –este jueves fue menor al 20%– las temperaturas durante el día son muy altas, y como siempre en Semana Santa, las rachas de viento son fuertes.

Las primeras versiones indican que el incendio fue detonado por una quema de basura que se salió de control.

Estaríamos ante la misma situación que se presentó en febrero de 2019 en la misma zona, descuido que las autoridades ambientales cuestionaron sonoramente, pero que nunca castigaron pese a que afectó en aquél entonces decenas de hectáreas dentro del área natural protegida de Zapalinamé.

Debe haber firmeza, cero tolerancia y cero impunidad, pues si las condiciones ambientales son adversas e imposibles de controlar, al menos evitar que no haya un detonante humano.

Así como no hay espacio para descuidos, tampoco debe haberlo para titubeos, y va el comentario en relación con la ambigua postura del gobierno de Arteaga respecto a la venta de leña en comunidades rurales.

Han dicho que está prohibida la venta de carbón y leña pero lo cierto es que en los ejidos esto se ofrece de manera abierta, incluso en aquéllos como San Antonio de las Alazanas donde hay presencia diaria de la Policía Municipal y del propio alcalde, y se hace en la calle principal.

No se le niega a Ramiro Durán que ha tenido aciertos, como la adquisición de unidades de reacción rápida y la apertura del grupo de whatsapp «Vigilantes Ambientales», que ambas acciones demostraron su utilidad en este nuevo incendio, pero debe haber mano firme en el otro tema.

Ninguna medida que implique restricción o limitante, ya sea para el turista o el comerciante, es popular, pero no están los tiempos para cuidar la imagen personal, a la larga dará mayor reconocimiento el actuar responsable en circunstancias como las que se viven.

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Sin el menor respeto por los días de asueto, ya no se diga por el simbolismo religioso de la fecha, y sin tener en cuenta que la sociedad quedó saturada de politiquerías después de la consulta de revocación, Luis Fernando Salazar –con recursos de origen no aclarado– ha contratado a una casa encuestadora para medir su popularidad en llamadas casa por casa.

Al menos en Saltillo algunos que han recibido la llamada siguen en la línea cuando les anuncian que les harán preguntas en relación con Luis Fernando Salazar, porque no saben de quien se trata, pero cuando la grabación lo identifica como un político de Morena cuelgan de inmediato.

Es clara la intención del político lagunero de ir construyendo posicionamiento e identificación, por aquello de que el partido al que se fue a refugiar como tránsfuga (así dijo su papá) vaya realmente a postular a sus candidatos por encuesta.

Y si Salazar le sigue haciendo la lucha, esto anticipa que el proceso de Morena para designar en 2023 su candidato a gobernador no será nada terso, pues si algunos plegaron sus velas cuando vieron una línea clara a favor de Ricardo Mejía, otros andan buscando por donde colarse.

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Mientras que los productores de carbón en Coahuila siguen en la incertidumbre respecto a si se les adjudicarán nuevos contratos de suministro a la Comisión Federal de Electricidad, hay una empresa que ya festeja el haber obtenido un contrato multimillonario, y se trata de un proveedor consentido de la paraestatal en este sexenio.

Troy T&D, propiedad del empresario poblano Carlos Carrera Velicia, sigue cosechando contratos en la CFE y en días anteriores le adjudicaron uno para proveer ocho millones y medio de toneladas de carbón para la central de Petatalco, Guerrero, contrato que tiene un valor de 39 mil 300 millones de pesos.

Sin operación minera conocida, Carrera Velicia le va a vender a Comisión Federal cada tonelada de carbón en más de tres mil pesos, cuando a los productores coahuilenses la paraestatal se los pagó el año pasado en menos de novecientos pesos.

A esta misma empresa le habían adjudicado en diciembre otro contrato por 780 mil toneladas.

El año pasado que CFE adjudicó a la familia Flores Guerra de Múzquiz los contratos para suministrar 2 millones de toneladas de carbón, negocio por cerca de 2 mil millones de pesos, hubo todo un escándalo. Hoy a Troy T&D le están dando casi veinte veces eso, de acuerdo al valor del contrato.

Y sin embargo nadie se atreve a cuestionar a la CFE y al gobierno federal, pues favorece a proveedores que seguramente importarán el carbón en lugar de aprovechar lo que se tiene en el país y detonar la economía de una región que suma ya varios años en prolongada crisis.

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Por Eduardo J. De La Peña

Con toda la atención centrada en la polémica por la reforma eléctrica y las tensiones que genera en la relación de nuestro país con los Estados Unidos, cuyo Embajador un día amaga con demandas en cortes internacionales y al siguiente dice que seguimos “tan amigos como siempre”, de manera soterrada se están dando otras negociaciones que vendrán a impactar a nivel regional.

Como siempre ocurre con los vecinos del norte, tensan la cuerda con un tema y buscan la compensación con otro, y en este caso parece ser que la “concertacesión” implicaría que México finalmente de luz verde para la importación de papa fresca.

El litigio mediático ha sido por la reforma eléctrica y sus implicaciones, pero por debajo del agua miembros del Comité de Finanzas del Senado estadounidense emplazaron a la representante comercial Katherine Tai a resolver lo que ellos consideran es un bloqueo de México a la papa fresca.

En 1996 se estableció la primer cuarentena a la papa estadunidense, y en 2003 México permitió la importación de papas frescas de Estados Unidos pero la restringió a la franja fronteriza de 26 kilómetros, pues el vecino país no está libre de plagas que aquí se han erradicado o al menos controlado.

La Confederación Nacional de Productores de Papa en México ha dicho que en Estados Unidos están presentes 43 tipos de plaga, 28 de ellas consideradas de alto riesgo.

La restricción dio pie a un largo litigio, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que en abril del año pasado se pronunció respecto a un amparo interpuesto por productores de papa de Sinaloa y declaró la constitucionalidad del reglamento de Sanidad Vegetal, analizando aspectos técnicos jurídicos pero sin entrar al fondo de los riesgos fitosanitarios.

La propia Corte señaló en aquél entonces: “la decisión tomada se limitó a revisar la constitucionalidad de los artículos reglamentarios… pero nada de lo decidido por la Primera Sala, impide u obstaculiza que las autoridades administrativas competentes decidan que además de las medidas previstas en dichos artículos, pueden dictarse las medidas fitosanitarias que consideren necesarias para efectuar la importación, incluso pueden adicionar o modificar las previstas en el Reglamento, pudiendo modificarse o derogarse dicho instrumento”.

Pero no llegaron nunca tales medidas fitosanitarias, ante las presiones de Estados Unidos el gobierno mexicano ya aceptó que podrán importarse papas frescas a partir del 15 de mayo.

Para los productores estadunidenses ha sido una gran noticia, pues sus exportaciones a todo el mundo en 2021 representaron un negocio de 276 millones de dólares, de los cuales 50 millones correspondieron a lo que pudieron enviar a la franja fronteriza de México; ahora estiman que al abrirse nuestro mercado por completo, tienen un potencial de 250 millones de dólares al año.

En cambio para los productores mexicanos se avecinan problemas que van más allá de la previsible perdida de mercado, ya que al elevarse el riesgo de plagas deberán invertir más en las medidas preventivas y de control que ya de por sí son bastante costosas.

Habrá sin duda un impacto a nivel nacional y local pero hasta el momento ninguna autoridad de México o Coahuila se ha pronunciado al respecto.

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En periódicos de la Ciudad de México, el gobierno federal –sin precisar cuál dependencia—está anunciando que busca en renta en Torreón un espacio de mil 120 metros cuadrados para oficinas.

Por la superficie, que bien pueden ser varios pisos de un edificio, se da a pensar que se trata de una dependencia con mucho personal, pero en el actual gobierno ninguna representación federal cabría en ese perfil, de hecho las que existen tienen sus oficinas vacías.

¿Será acaso que ya en el cuarto año de gobierno se decidieron a concretar la descentralización de Nacional Financiera?.

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El alcalde de Ramos Arizpe José María Morales mantiene su compromiso con los empresarios de crear un agrupamiento especial de Seguridad Pública para encargarse de la vigilancia en los parques industriales.

No se ha podido concretar ese nuevo agrupamiento porque la policía municipal de Ramos no cuenta con el número suficiente de elementos, y pese a que tienen abierta la convocatoria desde la primera administración que encabezó Morales, siguen teniendo más de cuarenta vacantes.

Es más los recursos para la adquisición de patrullas, y la disponibilidad de vehículos en el mercado ya no son problema, lo que falta es el elemento humano, un problema que en su propia realidad también han sufrido las empresas.

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Este miércoles cumple 91 años de edad el ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, quien hace apenas un mes presentó el libro “Una Larga Jornada” que contiene sus memorias, y ya está escribiendo otro que llevará por título “La Universidad del Futuro”.

Es de reconocerse que pese a su avanzada edad Mendoza Berrueto no únicamente se mantiene lúcido, sino además conserva la inquietud por aprender y enseñar. Felicidades.

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Por Eduardo J. De La Peña
De gira por la zona rural del sur de Saltillo el gobernador Miguel Ángel Riquelme planteó la posibilidad de instrumentar un programa de empleo temporal para auxiliar a los campesinos ante la difícil circunstancia que se les presenta con la sequía.
Sale a relucir la sensibilidad de Riquelme ante una realidad apremiante para cientos de familias de las comunidades ejidales de toda la entidad, y recurre a una estrategia que ya en el pasado se ha tomado para garantizarles un ingreso a cambio de trabajo a favor de la comunidad.
Hay que decirlo, estos programas son arma de dos filos, y de una adecuada implementación depende que el resultado sea favorable y no que se convierta en el detonante de otros problemas.
Hubo malas experiencias décadas atrás porque se reclutaba en los ejidos para ir a hacer limpieza en las carreteras estatales y los caminos rurales, pero no había supervisión de estos trabajos, entonces aún quienes sí tenían empleo preferían enrolarse en el programa pues se les exigía menos que en el rancho o huerta donde laboraban.
Si se implementa este año un programa de empleo temporal, debe contemplar una vertiente para los lugares donde el campesino depende exclusivamente de lo que le produzca su tierra, y ahí sí dirigirlos al trabajo comunitario; pero donde hay empleo en centros de producción de particulares tendría que plantearse como un complemento salarial, e instrumentarlo en coordinación con esos productores para no generarles vacantes, sino al contrario apoyarles a que contraten a más personas.
El tema quedará ahora en manos del Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, será importante que se aplique en los detalles para los resultados sean favorables.

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Como ya se había anticipado, el miércoles rindió su informe al frente de la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe Mario Ricardo Hernández Saro.
Entregó buenas cuentas a quien asumió como nuevo dirigente, Sergio Alain Aguilar Guerra, quien recibe una Asociación con cero deuda, y en la que los ingresos propios se han duplicado, y no por lo correspondiente a cuotas, sino mayormente por lo que se capta con los cursos de capacitación que se ofrecen, ahora en un Centro que con este propósito expreso se construyó.
Aguilar Guerra al asumir el cargo señaló que la agrupación se involucrará en un análisis de fondo que apuntale la promoción económica de la región apostando a la diversificación, y estrechará la vinculación con las Universidades buscando aportar en la revisión de los planes de estudio y en la definición de los perfiles de egresados que busca el mercado laboral.
Si a Mario Ricardo Hernández le tocó dirigir la AIERA en un momento complejo por el efecto en el sector productivo y la economía de la contingencia sanitaria, a Aguilar Guerra le corresponderá liderar al sector en una circunstancia llena de oportunidades por la reconformación de los mercados que se está dando a nivel mundial.
Por ejemplo hoy en día China está perdiendo competitividad por los recurrentes confinamientos a que se ven obligados; también por el elevado costo de los combustibles, que encarece los fletes, y por circunstancias logísticas como la grave escasez de contenedores.
Entonces hay sectores que están volteando a ver a nuestra región para extender sus operaciones y consolidar aquí su cadena de proveeduría, prescindiendo de la china.
Ramos bien consolidado en el ramo automotriz, ha empezado a incursionar con éxito en los sectores mueblero y de electrodomésticos, y es precisamente en estos ámbitos donde se les abren nuevas oportunidades.
Hoy en día se habla incluso que Ramos Arizpe se ubica ya entre los 10 municipios del país donde más se recauda por concepto del Impuesto Sobre la Renta, y esto es producto de su actividad industrial.
En lo local desde luego que es uno de los municipios donde más se capta por concepto del Impuesto Sobre Nóminas.
Que a propósito del ISN, justo en la Asamblea de la AIERA el gobernador Riquelme dio a conocer que el miércoles al mediodía se pactó con el Comité Técnico del Fideicomiso de este impuesto, donde hay representación empresarial, el paquete de obras a realizar en la región sureste.
Y dijo también que anticipó a los empresarios que en 2023 se les presentarán nuevos esquemas de inversión y financiamiento, que ya no le tocará aplicar pero que serán instrumentos que permitirán a la siguiente administración estatal continuar con el fortalecimiento de la infraestructura estatal.

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El bloque opositor que conforman PRI, PRD y PAN denunció este jueves en voz de Rubén Moreira de las presiones que están teniendo diputados de esos partidos para que voten a favor la reforma eléctrica, que finalmente sí irá a votación la semana próxima, pues Morena se salió con la suya y habrá al menos dos sesiones durante la Semana Santa o Mayor.
Habrá que estar muy pendientes y ver quiénes ceden a esas presiones, aunque la bancada de Coahuila ha insistido que votarán en contra. También debe observarse que no haya ausencias, como en el pasado las hubo de manera deliberada para favorecer a Morena.


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Por Eduardo J. De La Peña

Hace algunas décadas, allá en los ochenta, en una convivencia entre taurinos alguien preguntó al Doctor Carlos Cárdenas Valdés, el ya fallecido pero bien recordado “Rayito”, sobre un saltillense aspirante a torero que había anunciado que buscaría otra actividad, “oiga doctor y que opina de que fulano vaya a retirarse de los toros”, a lo que de inmediato replicó sagaz el increpado, “¿retirarse? ¿pues cuándo se ha acercado?”.

La anécdota viene “como anillo al dedo” ahora que se ha informado de la toma de protesta de alguien llamado Mónica Montero como Senadora de la República por Coahuila, ya que Eva Galaz dejó el Senado.¿Lo dejó? ¿alguna vez acudió?.

Pero la pregunta más importante es por qué Eva Galaz deja un cargo en el que sin esfuerzo alguno durante cuarenta y tres meses estuvo cobrando 105 mil pesos, mensuales, más prestaciones. Se embolsó más de cuatro millones y medio de pesos sin hacer aportación alguna para su región de origen, la Centro, ni para Coahuila, mucho menos para el país.

La señora Galaz no únicamente deja ese generoso sueldo, sino también la protección del fuero constitucional, un riesgo que no es menor para alguien que como ella tiene serios problemas con el fisco, que pasaron ya de las áreas de auditoría a las jurídicas, es decir donde ya estos asuntos no se resuelven con multas sino que se persiguen como delitos.

O hay realmente una causa de fuerza mayor para que Eva Galaz haya dejado el fuero, o siente que en la cuarta transformación nadie se va a atrever a tocarla por la amistad que unió a su padre, el ya fallecido empresario Don Gustavo Galaz, con Andrés Manuel López Obrador.

Desde que López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando aquél tema con el desafuero, contó con el respaldo de don Gustavo Galaz, quien aportaba para su movimiento en el país, y eso lo ha reconocido en diferentes foros y ocasiones el Presidente.

De hecho ese fue el único mérito para que Eva Galaz fuera considerada candidata al Senado y así obtuvo la beca que no necesitaba.

En cuanto a Mónica Montero, en 2020 fue candidata de Morena en un distrito con cabecera en Torreón, pero pese a llevar la marca del partido presidencial quedó en tercer lugar en la elección.

A Montero que obtuvo poco más de nueve mil votos le ganó, tres a uno, la priista Olivia Martínez Leyva, e incluso el panista Gerardo Aguado, quien hoy es secretario general de Acción Nacional en la entidad, obtuvo más votos que ella.

Después la incluyeron en la planilla de Morena para el Cabildo de Torreón, y desde el primero de enero cobraba como regidora, hasta que la semana pasada solicitó licencia para irse al Senado.

Este olímpico brinco político no pasó desapercibido para el alcalde Román Alberto Cepeda, quien al despedirla en la sesión de Cabildo le llamó a no olvidar que fue en Torreón donde recibió el impulso a su carrera, y tenerlo presente para ver por su tierra desde la Cámara de Senadores.

Veremos si es al menos más productiva que Galaz, o si se lo toma también como un periodo sabático.

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Y a propósito de Senadores, precisamente en la Comarca se insiste en que desde hace semanas no se ha sabido del legislador con licencia Gabriel García Hernández, el enviado presidencial para dar seguimiento al programa “Agua Saludable para La Laguna”.

Incluso se ha dicho que retornó a su curul, sin embargo en el sistema de información del Senado aparece aún con licencia.

¿No será más bien que García anda por ahí agazapado armando las estrategias de Morena para la elección en Durango?. Pronto lo sabremos.

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Este miércoles Mario Ricardo Hernández Saro rendirá el informe de su gestión al frente de la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe y pasará la estafeta a Sergio Alain Aguilar Guerra.

Se va Hernández Saro con la frente en alto, y el reconocimiento de que supo llevar una buena gestión, marcada por un momento complejo que le tocó afrontar a la industria regional durante la contingencia sanitaria.

Mario Ricardo Hernández al frente de la Asociación cumplió con el rol que le correspondía como enlace con las autoridades, tanto para plantear las necesidades que surgieron en el sector en la contingencia, como para articular el apoyo del gremio empresarial hacia las instituciones de salud y la población en general.

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Iniciamos la columna de hoy con una anécdota de taurinos, y el cierre nos lleva de nuevo a esos terrenos, pues este martes en Nuevo León se declaró a la tauromaquia, al igual que las peleas de gallos, como patrimonio cultural.

¿Y Coahuila?, en campaña el gobernador Miguel Riquelme dijo que valoraría la posibilidad de derogar la prohibición de las corridas de toros, que por razones políticas se decretó el sexenio anterior. Ahora que han autorizado el casteo de gallos y las carreras de caballos, ¿no autorizarán al menos los festivales taurinos sin picadores y sin la muerte del toro?.

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