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Por Eduardo J. De La Peña

Cuando en enero de 2020, un Jefe de Unidad de la Secretaría del Trabajo fue enviado como representante de Luisa María Alcalde a la firma del Pacto Coahuila por la estabilidad laboral, el dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, le dijo en su discurso que ojalá y la Secretaria acudiera a este tipo de eventos para que se diera cuenta de cómo se hacen las cosas.

Dos años después la titular federal del Trabajo atendió la sugerencia del líder cetemista, y este martes estuvo en Coahuila para atestiguar la cuarta edición del Pacto Laboral, y no le quedó más que reconocer el acuerdo como una estrategia exitosa y hasta lo calificó como una aportación para construir un mundo más justo.

Y en realidad el modelo se ha consolidado y sigue siendo tomado como referente en otras entidades, pues va mucho más allá de un acto protocolario o de un documento simbólico, está construido con la suma de voluntades que han permitido mantener la estabilidad laboral que es una de las ventajas competitivas que le permiten a la entidad la atracción de nuevas inversiones.

Para la firma del acuerdo correspondiente a este año se contó nuevamente con la participación del dirigente nacional de Canacintra, Enoch Castellanos, quien pondera también lo que representa para el sector productivo un instrumento de este tipo.

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Más allá del litigio  en que derivó la elección en la Facultad de Sistemas, en donde ha habido un nuevo giro y se le reconoció el triunfo a Evaristo Alférez Rodríguez luego de la sanción que le impusieron y que había favorecido a José Luis Luna Rentería, cabe preguntar ¿quién le está agitando las aguas al Rector en la Universidad una semana antes de su informe?.

Hay quienes consideran que todo esto se inscribe en una pugna entre dos ex directores de Sistemas que hoy son funcionarios de la administración central, el titular de Asuntos Académicos, Daniel Garza Treviño, y el responsable de Vinculación Jesús Octavio Pimentel Martínez.

De ser así, ¿se trata únicamente de su diferendo personal, y el ruido para el Rector en vísperas de su informe es un efecto colateral, o hay un interés deliberado por contaminar?.

Otro ingrediente en este polémico asunto es la intromisión  de ex directores que hace años dejaron de formar parte de la Facultad de Sistemas y que en estos días se les ha visto merodeando incluso en los salones, caso específico de Francisco Javier Dávila.

A Dávila lo identifican como uno de los promotores de José Luis Luna Rentería, y según dicen recorre aulas y pasillos en actitud porril amedrentando a los alumnos.

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El Obispo Hilario González García nombró al sacerdote Ignacio Flores Ramos como Coordinador Diocesano para la Pastoral de la Comunicación, nombramiento que tiene una vigencia de tres años.

El Padre Flores Ramos tendrá la relación con los medios de comunicación, además de que deberá diseñar e impulsar estrategias para aprovechar las nuevas tecnologías para hacer llegar a la sociedad el mensaje de la Iglesia.

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Quienes no se contagiaron del ánimo del Pacto Coahuila son dieciséis ex directores de la administración municipal de Frontera, funcionarios que estuvieron en sus cargos hasta el 31 de diciembre en que terminó la gestión de Florencio Siller y persisten en su insistencia de que se les indemnice o se les reinstale.

Ya formalizaron la demanda correspondiente, y según sus cuentas el gobierno de Frontera tendría que desembolsar dos millones de pesos para cubrirles una liquidación a la que no deberían aspirar por haber sido trabajadores de confianza que por tener cargos de primer nivel tendrían que haber renunciado al final de la administración.

Como lo dijimos semanas atrás cuando surgieron las primeras versiones de este asunto, el alcalde Roberto Piña además de firme debe mantenerse atento para asegurarse que el litigio sea escrupulosamente llevado y evitar que por un descuido se llegue a un daño patrimonial al Municipio.

Y no estaría de más revisar si a Florencio Siller le corresponde alguna sanción por no haber entregado las renuncias de estos 16 colaboradores suyos durante el proceso de entrega-recepción.

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Eduardo Aguirre Jiménez, de la Unión Nacional de Auténticos Mineros dice que la expectativa de los productores de carbón es que la CFE comprometa en los nuevos contratos un pago de mil 250 pesos por tonelada, pues los mil 100 pesos establecidos en 2020 no cubren todos los costos de producción.

Tendría que ponerse a hacer cuentas el dirigente de los productores, pues si en los mil 100 pesos faltaban de considerar algunos conceptos, recordemos que no estaban contemplados por ejemplo ni la carga fiscal ni el margen de utilidad, ahora habría que añadir además la inflación acumulada de dos años.

Cuando la CFE estableció en 2020 el precio base por tonelada, desglosó los conceptos y en mano de obra y transporte se iba el 55%; el salario mínimo se incrementó un 9% en 2021 y un 22% para este año, y el diesel ha subido casi un 20%, en esos dos conceptos se diluyen ya los 150 pesos que Eduardo Aguirre le quiere subir a la tonelada, es decir que se encamina una vez más a no cubrir los costos, ¿en dónde está el negocio?.

Los riesgos por precarizar la minería del carbón son enormes y de sobra conocidos. Cuestan vidas humanas.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx