Por Eduardo J. De La Peña
Quienes le entienden a la siempre compleja opinión pública lagunera nos dicen que hasta ahora los diferentes sectores de la sociedad en Torreón le reconocen al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís los méritos que tuvo como alcalde.
Señalan los enterados que a lo largo de su gestión, y desde luego en diciembre de 2016 cuando solicitó licencia para poder contender por la gubernatura del estado, ya se tenía en claro que Riquelme había sido el mejor alcalde de Torreón en los últimos 25 años, y con todo y ello en la elección de 2017 decidieron darle el triunfo al candidato panista, pues Jorge Zermeño Infante conservaba aún esa aureola que le alcanzó para reelegirse en 2018.
Sin embargo pronto quedó en claro que Zermeño ya no era lo que fue o lo que presumía ser, se desentendió y dejó que desde cada área de la administración municipal se cometieran excesos, propiciando un retroceso en la calidad de los servicios y un grave quebanto a la hacienda pública.
El contraste puso de manifiesto lo que no habían querido reconocer, los méritos de la administración anterior, la de Riquelme, y hoy las cúpulas, arrepentidas por los cuatro años perdidos con Zermeño, admiten las cosas que se hicieron bien en el municipio cuando la administración era encabezada por el ahora gobernador.
Y esto desde luego coincide con que en las cinco semanas que van de este año la presencia del gobernador en Torreón se ha intensificado, y se están impulsando allá importantes acciones y programas en que se conjunta el esfuerzo de Estado y Municipio.
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Este martes viaja a la capital del país la Secretaria de Seguridad Sonia Villarreal Pérez, quien en su función de Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública acudirá ante las instancias federales para la gestión del presupuesto para este año.
Más allá de lo que en septiembre haya aprobado la Cámara de Diputados respecto al presupuesto de egresos de la federación, este es un momento definitorio pues de la partida que se etiquetó a seguridad pública se harán las asignaciones para cada entidad.
Ojalá que las autoridades federales tengan la sensibilidad de reconocer que para no retroceder en lo que Coahuila ha alcanzado y mantener los índices de seguridad que aquí se tienen, es importante no bajar la guardia y fortalecer el blindaje que ha permitido rechazar con oportunidad cada intento de incursión de los grupos delictivos.
Para ese blindaje hacen falta efectivos, vehículos, armamento, equipo de comunicación y tecnología, además de instalaciones como los cuarteles que se han construido en el norte de la entidad y los que se proyectan ahora para el sureste. En suma, se necesita dinero, y es de esperarse que no lo vayan a regatear.
Que no descompongan lo que está funcionando bien, pues son pocos estados de la república los que pueden presumir indicadores como los nuestros.
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Y a propósito del blindaje, este lunes con todo y las bajas temperaturas el Secretario del Ayuntamiento de Saltillo Carlos Estrada encabezó a un grupo de autoridades, civiles y militares, que hicieron un recorrido por el Puerto de Rocamontes para últimar detalles y definir la construcción de un cuartel que compartirán fuerzas federales, estatales y municipales, para reforzar la vigilancia en ese sector en que se colinda con el cada día más complicado estado de Zacatecas.
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Quien también tendrá actividad esta semana en la capital del país es el empresario restaurantero Braulio Cárdenas Cantú, que como integrante de la mesa directiva de la Canirac a nivel nacional está convocado a la asamblea que celebrarán allá el miércoles.
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Otro que participa con los organismos cúpula, pero en su caso a través de videoconferencia, es el gerente de la Coparmex Coahuila Sureste Miguel Monroy, quien presentará ante comisiones de la central patronal el modelo que aquí impulsaron para el Sistema Estatal Anticorrupción.
Incluso se ha invitado a que participen en la exposición dos de quienes en su momento encabezaron el Consejo de Participación Ciudadana, la periodista Lourdes de Koster, y el empresario, hoy funcionario municipal en Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho.
Todo indica que el modelo que aquí se implementó ha despertado el interés de las cámaras a nivel nacional, lo que nos daría indicios de que el diseño fue bueno, y si en lo local no se le ha dimensionado quizá lo que haya fallado es la comunicación de lo que ahí se hace y se ha logrado.
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Habrá que seguir con atención el análisis que a partir de este martes se hará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a si los gobiernos estatales pueden o no exigir el uso de cubrebocas, y sancionar con multas o arresto a quienes se nieguen a usarlo durante una contingencia sanitaria.
Fue la devaluada Comisión Nacional de Derechos Humanos la que inició la controversia, ante un decreto emitido en Nuevo León estableciendo sanciones para quien no porte el cubrebocas en sitios públicos.
La CNDH no inicia la controversia por un tema de garantías, sino aduciendo que los gobiernos estatales no están facultados para legislar en materia de salud, que eso es competencia de la federación.
¿Y qué haces cuando el gobierno federal es indolente y en lugar de alentar medidas preventivas promueve que los ciudadanos no sigan las recomendaciones que se han establecido a nivel mundial?.
Veremos en que acaba este tema.
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