Por Eduardo J. De La Peña
Ya en cuenta regresiva y a menos de tres semanas de que se cumplan dieciséis años de la tragedia en Pasta de Conchos, se hizo sentir la presencia del gobierno federal en la región Carbonífera en lo que no puede leerse más que como una apresurada jugada política para tratar de contrarestar los cuestionamientos de deudos y colectivos sobre el incumplimiento de promesas presidenciales.
A un año y cuatro meses de que en la plancha de la mina Andrés Manuel López Obrador prometiera «obras, muchas, todas las necesarias» para la región Carbonífera, esta semana llegaron a Nueva Rosita, Múzquiz y Sabinas funcionarios de la Sedatu para anunciar inversiones por el orden de los 215 millones de pesos.
Miguel Ángel Argueta de la Sedatu dijo que las obras se tardarán ocho meses y que se asignarán por adjudicación directa, es decir que si cumplen con los plazos prometidos estarán entregándolas en octubre, cuando se cumplirán dos años de la visita presidencial.
Y lo que son las cosas, del presupuesto adjudicado el menor monto será para el municipio en que se dieron tanto el accidente de 2006 como la promesa presidencial de 2020, pues para San Juan de Sabinas están contemplando 37 millones de pesos.
Para Sabinas, con gobierno municipal priista, el proyecto es de 49 millones de pesos, y para Múzquiz donde gobierna la alcaldesa consentida de Morena Tania Flores, son 129 millones de pesos, más del triple que a San Juan.
Las obras están relacionadas con la rehabilitación de plazas y espacios deportivos.
Más allá de las consideraciones políticas, es bueno que se haga esta inversión en una región con graves carencias y rezagos, y ojalá que la adjudicación de las obras sea también para constructoras locales para que la población se beneficie no únicamente con las plazas y unidades deportivas, sino también con la derrama económica que genere la construcción.
Pero además del personal de la Sedatu también estuvieron por la región representantes de la Comisión Federal de Electricidad, y en reunión con deudos aseguraron que el viernes de la próxima semana, el once de febrero, se iniciará con la construcción de la rampa de acceso para intentar el rescate de los cuerpos que quedaron atrapados con la explosión.
Es pregunta obligada, ¿quién va a construir la rampa de acceso?, pues el concurso al que convocó la CFE para adjudicar el contrato fue declarado desierto en noviembre.
Y de concursos desiertos, recordemos que en enero se tuvo un fallo similar en el relacionado con la construcción de las lumbreras, pero en ese caso ya abrieron un procedimiento de adjudicación directa, y el martes abrieron la oferta económica del único invitado, participan en conjunto Desarrollo de Terracerías y Proacón México, dos empresas que se asegura son de un mismo dueño.
Presentaron una oferta por casi 309 millones de pesos, y el precio máximo de contratación establecido por la CFE es casualmente de 310 millones con quinientos 38 mil pesos, por lo que no es difícil anticipar que este jueves le adjudicarán las obras.
Lo interesante es que estas empresas ya habían participado en conjunto en la licitación pública que se falló desierta en enero, y es que fueron descalificadas al igual que el resto de los participantes por incumplir con los requisitos técnicos y legales.
Recordemos además que cuando a mediados de enero Manuel Bartlett, el director de la CFE, se reunió con familiares de los trabajadores muertos en Pasta de Conchos, les dijo que serían «mineros de la zona los que por su experiencia se encargarán de los trabajos». Veremos.
Por lo pronto los deudos y los colectivos que les respaldan en su movilización se mantienen expectantes y con sus reclamos vigentes.
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En otros temas, de tener en cuenta las cifras que ha revelado la Coparmex a nivel regional, de cuatro mil quinientos contratos colectivos de trabajo que las empresas de la entidad tienen registrados, hasta la fecha han cumplido con el procedimiento de legitimación cuando mucho quinientos.
Es decir que falta por cumplir con este requisito que se estableció en la reforma laboral cuatro mil contratos y quedan quince meses para que venza el plazo que se estableció para culminar el procedimiento.
La fecha límite es el primero de mayo de 2023, para cumplir tendrían que legitimarse más de 260 contratos por mes, es decir un promedio de ocho diarios si se consideraran como hábiles treinta días por mes.
Los trabajadores tienen además la facultad de rechazar el contrato colectivo, que de ser así se daría por terminado, aunque ellos conservarían los derechos, pudiendo optar por afiliarse a otro sindicato, o buscar contratos individuales.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha dicho que no hay posibilidad de prórrogas para legitimar los contratos, y allá desde atrás de un escritorio es fácil establecer algo así, la pregunta es ¿cómo le harán para cumplir en tiempo?, en Coahuila faltan cuatro mil, pero a nivel nacional se habla de que son cientos de miles.
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Apenas ha transcurrido poco más de una semana desde que Jaime Guerra dejó la Secretaría de Economía y los empresarios locales ya lo extrañan. Esto no tiene que ver con los resultados, pues es muy pronto para saber si Claudio Bres estará a la altura del reto, más bien lo que se ha notado es el cambio en el trato que en el caso de Guerra era invariablemente atento y cordial, y ahora hasta los saludos regatean.
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