Por Eduardo J. De La Peña
Hasta el último momento se mantuvo cerrada la competencia entre Eduardo Garza Martínez y Antonio Domínguez por la dirigencia local de Canacintra, y al final en la asamblea se dio un empate que no se logró resolver por la vía del acuerdo, con lo que se tendrá que abrir nuevamente el proceso.
Pero ya será hasta enero cuando los industriales elijan a quien asumirá el liderazgo del gremio, en sustitución de José Antonio Lazcano, quien deja el cargo para irse a ocupar una cartera en la administración municipal que encabezará José María Fraustro Siller.
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Ahora que se ha hablado de la posibilidad de que Jesús María Montemayor Garza vaya a la dirigencia estatal del PRI, hay quienes lo explican con el argumento de que en la elección municipal de este año, de las tres importantes en la Carbonífera la única que se ganó fue la de Sabinas, que a él –dicen– le tocó operar, y que el mérito está en haber recuperado la plaza después de que en tres elecciones consecutivas había ganado la UDC.
Pero en aquélla región hay quienes dicen que las elecciones en la Carbonífera, y sus resultados, no se pueden analizar –ni operar– con la misma lógica del resto de la entidad, pues ahí antes que estructuras y operadores lo que manda y define todo son los contratos de suministro de carbón con la CFE.
Y recuerdan que en semanas anteriores a la elección municipal se asignaron millonarios contratos a Antonio Flores Guerra, el hermano de la candidata de Morena en Múzquiz, y que con ello tuvo mano para negociar alcaldías.
Los Flores Guerra no tenían suficiente carbón para cumplir los contratos, requerían comprar a otros, y esa subcontratación habría sido la moneda de cambio, se neutralizó la operación en Múzquiz y San Juan de Sabinas para entregar las alcaldías a Morena a cambio de pedidos del mineral.
Hay quienes ubican en esa negociación a Bogar Montemayor, hermano de Jesús María y dirigente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, y a Régulo Zapata Morales.
Aquél supuesto asalto que por esas fechas hubo a alguien que se identificó como «empresario minero» al que habrían despojado de un millón y medio de pesos, dicen fue una simulación para justificar el por qué no llegó el dinero para movilizar a la estructura. Una jugada que ya antes habían hecho en la región, y que también alguna vez se habilitó en Saltillo con uno de los operadores de la Sección Quinta del SNTE.
Nuestras fuentes señalan que el caso de la alcaldía de Sabinas siguió otra lógica, independiente de la negociación referida, y que en ese municipio todos los actores políticos relevantes se pusieron de acuerdo para llevar al triunfo a la priista Diana Haro Martínez, para no permitir el avance de David Yutani Kuri, que de haber ganado habría puesto en riesgo los negocios de muchos.
Los acuerdos en Sabinas, dicen, los operó realmente la ex alcaldesa Carolina Morales Iribarren.
Siempre intensa la región Carbonífera, no hay duda.
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Coahuilenses que radican en Texas y que han visitado la entidad en estos días, nos comentan que en San Carlos, municipio de Jiménez hay un retén de miedo. Hombres portando armas largas, con una camioneta con rótulos de la administración municipal, detienen a todo el que pasa y piden identificaciones.
Operan como por mucho tiempo lo hicieron los halcones y no hay la certeza si son «facilitadores» de algún grupo delictivo o si pertenecen realmente a la Policía Municipal, pues no están debidamente uniformados, tampoco identificados y las armas que portan, en opinión de quienes ahí han sido detenidos, no son de las que regularmente tiene una corporación.
Convendría que la Secretaria de Seguridad Pública Sonia Villarreal aclare el punto, y si se trata de un retén improvisado por las autoridades municipales para contribuir en el blindaje de la entidad, pues que lo corrijan y lo señalicen adecuadamente, porque en esas condiciones genera intranquilidad.
Y aunque se ha dicho que ninguna corporación tiene facultades para detener a quienes llegan de visita al país para visitar a sus familiares, esta semana que se incrementó el flujo de paisanos, tanto en Nava, como en Allende y Monclova nos reportaron patrullas de la Policía Estatal deteniendo las camionetas de los connacionales, especialmente las que se veían más cargadas de regalos.
Tiene que llamarlos al orden la Secretaria, no por nada la Comisión de Derechos Humanos del Estado reveló este miércoles que de mil 700 quejas que han recibido en el año la mayoría son en contra de agentes de la Fiscalía, la policía estatal y las municipales.
Eso sí, la Comisión no ha generado más que 67 recomendaciones, y cerca de 500 casos los ha resuelto por la vía de la conciliación.
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