Por Eduardo J. De La Peña

Sin desconocer que estos son días para promover sentimientos como paz, reconciliación y fraternidad, y no la discordia, imposible pasar por alto las discrepancias en las declaraciones de servidoras públicas relacionadas con la protección a la familia.

            La delegada de la Procuraduría de la Familia en la región Centro, Lizeth Partida Flores, aseguró que en esta temporada la demanda de servicios por parte de la ciudadanía «disminuye mucho» y que trabajan únicamente con guardias “Posiblemente porque en Navidad nace más la fraternidad y las familias tratan de estar unidas y convivir en paz, se consiente más a los hijos..»

            En contraparte Patricia Moreno Domínguez, titular de la Unidad de Integración Familiar en Saltillo, señala que es en las fiestas navideñas cuando tienen mayor carga de trabajo, pues se agudizan los conflictos familiares y en muchos casos derivan hasta en enfrentamientos.

            El comportamiento que se ha observado es que en el reencuentro, y muchas veces ante el consumo de bebidas alcoholicas, afloran los sentimientos, que como pueden llevar al perdón, también pueden propiciar la violencia.

            Si pudiéramos escoger, nos quedaríamos desde luego con la versión de la Procuraduría de la Familia, en voz de su delegada Partida Flores, pero mucho nos tememos que está más acercado a la realidad lo que declara Patricia Moreno, finalmente la UNIF es una instancia con trabajo permanente de campo, que atiende las llamadas de auxilio, y la PRONNIF tiene más bien trabajo de escritorio.

            Sin embargo no especulemos, pasado el fin de semana podremos ver los reportes de lo que haya tocado atender a las diferentes instancias y corporaciones. El deseo sin duda es que se reporten «sin novedad».

            Y ya en estos temas, de llamar la atención también una reforma aprobada esta semana en el Congreso local, que pasó prácticamente desapercibida porque iba dentro del paquete económico.

            En la Ley de Hacienda del Congreso se introdujo un nuevo concepto, la licencia para venta de alcohol a domicilio, que tendrá un costo de nueve mil pesos anuales para los establecimientos que ya tienen autorizada la venta de bebidas alcoholicas.

            Está claro que esto se analizó desde la óptica de los ingresos estatales y de las nuevas tendencias en el comercio, hoy que predominan las compras a través de plataformas y los servicios a domicilio.

            Sin embargo hacen falta previsiones desde la óptica de la protección a los menores de edad, el servicio a domicilio parece haberse autorizado a la ligera y sin tener en cuenta cómo se asegurará el que vende bebidas alcoholicas que quien le está comprando por vía telefónica o en línea es un mayor de edad, y también si el repartidor deberá asegurarse que quien lo reciba sea mayor de 18 años.

            No es una sutileza, esto trasciende socialmente, pues si ya en la venta tradicional es un hecho de que muchos establecimientos son laxos y venden alcohol a menores que sin supervisión, o peor aún con el consentimiento de los padres, se surten de cartones y botellas, mucho más sencillo será con la venta en línea.

            El Centro de Integración Juvenil en Torreón reveló esta semana que ahora han visto la necesidad de dirigir las campañas de prevención a las escuelas primarias, cuando antes era en las secundarias, pues han detectado que el consumo de alcohol comienza en muchos casos a los 10 años de edad, una situación realmente alarmante.

            Por ello no se puede tratar tan a la ligera una autorización como la que acaba de aprobar el Congreso local.

            Y si esto es importante desde la óptica de la salud pública y la protección a la infancia, también se debe llamar la atención teniendo en cuenta cuestiones de seguridad, y no caer en conductas laxas como las que se tuvieron en el pasado y que derivaron en problemas mayores.

            También relacionado con el tema del alcohol, desde la región Centro hay versiones de que inexplicablemente se ha vuelto a autorizar la operación de establecimientos que venden litros de bebidas preparadas, y que se expenden directamente a los automovilistas.

            En años anteriores la operación de estos negocios enlutó a familias, y se prohibió su operación, con una lógica elemental, no se pueden vender bebidas alcoholicas ya listas para su consumo a alguien que va conduciendo un vehículo.

            ¿Quién autorizó la reapertura en Monclova de estos lugares?, ¿por qué dicen allá que la PRONNIF no va a intervenir ni por error?.

            Estos son otros pendientes a los que habrá que poner atención en enero.

            Por ahora, para nuestros mejores deseos de una feliz Navidad y un gran inicio del nuevo año. Tomaremos un receso para retomar nuestra participación a partir del mes de enero.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Por si a nivel local no se había dimensionado en todo su valor la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, los testimonios que se dieron este miércoles a nivel nacional e internacional permiten darnos cuenta de la trascendencia de lo aprobado por el Congreso local.

            Organismos como ONU Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda manifestaron en redes sociales su reconocimiento por la reforma, lo mismo que el sub secretario de gobernación Alejandro Encinas.

            ONU DH destacó como importantes el juicio local para la protección de derechos humanos, así como el reconocimiento del derecho a la protección, seguridad, a no ser desaparecido, a ser buscado, a la verdad y reparación integral.

            Por su parte la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció en sus redes sociales el trabajo coordinado de familias y gobernador en esta inicitiva.

            Los teóricos de la política sostienen que a un gobernante no se le debe medir únicamente por las obras materiales logradas en su gestión, sino además por los actos de gobierno propiamente dichos, y la iniciativa que ahora se ha convertido en ley, es precisamente esto y habla mucho de la visión y compromiso de Miguel Riquelme en el tema.

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            En semanas previas nos referimos a las manifestaciones que en diferentes momentos se dieron por parte de personal del sector salud, principalmente en Saltillo. Movilizaciones que han resurgido pero ahora en La Laguna.

            Lo peor del caso es que las protestas de los trabajadores inconformes ya están dejando afectaciones, pues en Torreón recurrieron al bloqueo de vialidades, y esto provocó que no hubiera acceso vehicular al módulo en que se estaba aplicando la vacuna de refuerzo a los adultos mayores.

            Los trabajadores de Salud, como todo ciudadano, tienen derecho a manifestar su sentir o inconformidad, pero es reprobable que se haya obstaculizado un proceso tan importante en este momento como la vacunación.

            Por su parte la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal, emitió un comunicado señalando que a todos sus trabajadores, así como a los eventuales, se les cubrieron todas las prestaciones, y que quienes tienen plaza federal deben dirigirse al INSABI si tienen alguna duda al respecto.

            Tal parece que para no desentonar con el desorden que caracteriza a la actual administración federal, el fantasma llamado INSABI ha incumplido con el personal que tiene en su nómina. Indigna pero no extraña.

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            No paran los escándalos en el círculo del senador Ricardo Monreal. Primero fue el “rozón” desde la mañanera con el tema de los sindicatos que entregan grava de mala calidad, en donde se ubica a sus aliados del CATEM, ahora en Veracruz la Fiscalía del Estado detuvo a uno de sus allegados al que acusan de asesinato.

            A José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política lo vinculan con la muerte de René Tovar, quien era candidato de Morena a la alcaldía de Cazones en aquélla entidad.

            Dicen que en política las casualidades no existen, y todo esto huele a movimientos deliberados para aflojar a Monreal que sigue insistiendo en que estará en la boleta para la elección presidencial de 2024, aunque bien sabe que no es ni de lejos el favorito de palacio.

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            Nos hemos referido en días recientes a los diferentes intentos por romper con la estabilidad laboral en la entidad, ahora surge una movilización de trabajadores ferroviarios en la región Centro, tema que las autoridades deberán analizar con cuidado para identificar si se trata de una inconformidad real y fundada, o si alguien anda tratando de meter ruido.

            Se identifican como trabajadores afiliados a la seccoón 29 del sindicato que a nivel nacional preside Víctor Flores Morales, están radicados en Ciudad Frontera, y acusan de que no se les respetan sus derechos laborales y tienen más de seis meses sin trabajar.

            Su diferendo es con el líder local, Rodolfo Chairez, a quien acusan de haber vendido el año pasado más de 90 plazas de “trenista de camino” y que es a los trabajadores de nuevo ingreso a los que se les adjudican todos los viajes.

            Aseguran que en este empleo no tiene un sueldo base y se paga por viaje realizado, entonces los nuevos aseguran un ingreso mensual promedio de veinte mil pesos, y los de mayor antigüedad tienen varios meses sin cobrar.

            Las autoridades laborales tendrían que voltear a ver este asunto, y desde luego también la Secretaría de Gobierno poner atención y operar antes de que se desborde en un conflicto de otra naturaleza.

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            Con respecto al comentario de ayer del filtro de seguridad en Fundadores, desde la corporación municipal en Saltillo nos comentan que si bien no había un código rojo, sí se ha incrementado el nivel de alerta, como corresponde, ante las agresiones en días recientes a elementos de seguridad en las regiones Norte, Laguna y Carbonífera.

            El filtro tiene el propósito de blindar la ciudad, pero hacía falta un llamado de atención a los oficiales comisionados al mismo, para que se apliquen en el trabajo y no se la pasen resguardados en la patrulla, y ya desde este miércoles fue notorio el cambio de actitud en ese retén montado en ambos sentidos de la carretera.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Ante la fractura de la bancada de Morena en el Congreso local, evidenciada este martes, no queda más que decir que se habían tardado. Y es que rompimiento y confrontación son la marca de la casa.

            Recordemos que a mitad de la Legislatura anterior Benito Ramírez Rosas, el famoso «diputado tómbola», renunció a Morena y se declaró independiente por sus diferencias con Elisa Catalina Villalobos.

            Ahora el pleito de Laura Aguilar Tabares y Francisco Cortéz con Lizbeth Ogazón no hace sino reflejar la división que prevalece en ese partido en la entidad.

            Por su parte Teresa Meraz, que también pertenece a la bancada, ha disimulado y guardado silencio.

            Será interesante ver qué postura asume en este diferendo Yolanda Elizondo Maltos cuando se incorpore para sustituir a Tania Flores, pues aunque ellas llegaron al Congreso con las siglas de UDC, ya están por completo alineadas a Morena, o al menos Tania.

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            La declaración de Tereso Medina Ramírez respecto a la «dudosa procedencia» del CATEM, hablando de que hay riesgo de nexos con la delincuencia organizada, aunque admite que no tiene pruebas, pone el dedo en la llaga y retoma un tema que ha estado en la agenda de algunos analistas nacionales en fechas recientes.

            El periodista Raymundo Riva Palacio señaló la semana anterior que en contra de Pedro Haces Barba, dirigente del CATEM, hay una imputación en la Corte de Distrito Sur en Brooklyn, señalado por el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien se declaró culpable en 2019 de narcotráfico.

            «En el interrogatorio que le hicieron los fiscales, del cual se tiene una copia, mencionó a Haces como un importante enlace con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva», señala Riva Palacio.

            La semana anterior en una mañanera, el presidente López Obrador  acusó que persisten prácticas indebidas e ilegales de sindicatos charros, y que un sindicato que vende grava de mala calidad había afectado la construcción del canal transísmico.

            Según Riva Palacio el Presidente se refería al CATEM y a Haces, a quien el columnista identifica muy cercano al grupo político de Ricardo Monreal.

            Con el tema de la grava estaría aludiendo a una situación de alta conflictividad en la zona del istmo de Tehuantepec, donde dos organizaciones criminales se enfrentaron a través de los sindicatos que operan en la zona. «Obras que buscan el desarrollo son también una plataforma de expansión criminal», plantea Riva Palacio quien considera que los actores politicos que han quedado atrapados en el tema deben de hacer deslindes.

            Quizá entonces sea a estas versiones que se refiere Tereso Medina, quien no aportó realmente ningún dato, pero confirma que anda preocupado por el avance que pueda tener esa central sindical en la entidad.

            En el caso de Coahuila la dirigencia del CATEM está encabezada por un empresario, no por un trabajador, y por cierto se afirma está muy relacionado con la llamada industria penitenciaria, las maquiladoras que operan en el penal de Saltillo.

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            Siguiendo con temas sindicales, la Fiscalía de Guanajuato está obligada a investigar y explicar el contexto en que se dió un ataque en contra del dirigente cetemista Antonio Vallejo, cuya esposa recibió un balazo en la cabeza cuando la familia transitaba en su vehículo por calles de Irapuato.

            Vallejo está identificado con uno de los grupos que busca la titularidad del contrato de la General Motors en Silao, y debe esclarecerse si la agresión tiene que ver con este diferendo, o fue una expresión más de la grave crisis de inseguridad pública que asola a Guanajuato.

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            Según ha dado a conocer el delegado de la Fiscalía de Coahuila en la región Carbonífera, cinco de las viudas de los mineros que en junio murieron en la inundación de un yacimiento de carbón se desistieron de la denuncia penal que presentaron.

            Como se recordará en esa tragedia murieron siete hombres, y hoy la pregunta es si la Comisión Estatal de Derechos Humanos o algún otro organismo dieron acompañamiento a las viudas para asegurarse que este desistimiento de cinco de ellas se haya dado como un acto voluntario y no por presiones o amenazas de los empresarios mineros.

            También desde luego si las autoridades laborales se aseguraron de que se cumpliera con el pago de todas las prestaciones, y si el Seguro Social fiuncó las responsabilidades correspondientes.

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            A temprana hora de este martes agentes de la Policía Municipal de Saltillo generaron un caos vial en el bulevar Fundadores justo a la hora de mayor tráfico por el traslado de los trabajadores de las plantas ubicadas en los parques industriales de Arteaga y el oriente de la capital.

            Sin que hubiera código rojo o situación de emergencia identificada, los oficiales decidieron cerrar dos de los carriles de poniente a oriente en un supuesto «filtro de seguridad», en el que no revisaron nada pues los elementos permanecían dentro de la patrulla contemplando las largas filas de automóviles, autobuses y unidades de carga.

            Debe apretar tuercas el comisionado Federico Fernández para que se actúe con mayor criterio y no se repitan estas actitudes que pueden hasta detonar accidentes.

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Por Eduardo J. De La Peña

Cuando en semanas anteriores le preguntaron al alcalde electo José María Fraustro si invitaría a Oscar Pimentel González a continuar como director del Instituto Municipal de Planeación, respondió que mejor le preguntaran a Pimentel si le interesaría quedarse.

Pues sí le interesa, y se queda.

El alcalde en funciones Manolo Jiménez Salinas y su sucesor ya platicaron del tema, desde luego también Pimentel y ya se acordó que se mantendrá en el cargo, lo cual va además acorde con el marco jurídico del IMPLAN que contempla que su director puede ser ratificado para un segundo periodo.

Es una buena noticia para Saltillo pues esto permitirá retomar sin sobresaltos algunos de los proyectos que se venían impulsando desde el Instituto, entre ellos uno muy importante es el de las soluciones pluviales para el norte de la ciudad.

En ese caso ya se tienen visualizadas algunas de las obras, incluso hay recursos asignados, pero no se ha avanzado porque por parte de la federación hay trámites que no se liberan.

Exigieron por ejemplo un manifiesto de impacto ambiental, con todo y lo afectada que está ya esa zona por el desarrollo urbano que ha tenido Saltillo, pero ahora la burocracia federal no ha liberado el manifiesto.

Tal parece que es un problema de voluntades y de intereses políticos lo que mantiene entrampado un proyecto tan importante para la ciudad.

También Pimentel propondrá retomar el proyecto de la instalación de parquímetros digitales de alta tecnología, para sustituir los mecánicos que fueron retirados desde el año anterior en el centro de la ciudad, y que no se remplazaron pues la inversión se postergó ante los gastos que se debieron de afrontar por la contingencia sanitaria.

            Reconoce el director del Implan como otro de los retos inmediatos para Saltillo el de la saturación vial, que pasa por lograr un mejor sistema de transporte urbano para conseguir que haya menos vehículos circulando.

            Y algo que puede influir también en la movilidad es un proyecto que se delineó desde la época en que Pimentel fue alcalde, con la asesoría del Arquitecto Pedro Ramírez Vásquez, para el aprovechamiento de los «corazones de manzana» en el centro de la ciudad, esos espacios que están baldíos y en donde se pueden desarrollar complejos habitacionales y de servicios para frenar la dispersión.

            No es sencillo, pues en muchos de los casos estas propiedades del primer cuadro de la ciudad están en litigios sucesorios, por lo que habría que diseñar desde los instrumentos jurídicos para librar estos escollo.

            No hay duda, en una ciudad con el dinamismo que tiene Saltillo cada día se tienen mayores retos, de ahí la importancia de un organismo de planeación con visión y sensibilidad para impulsar soluciones.

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            Y a propósito de Saltillo y su dinamismo, el fin de semana el empresario hotelero Héctor Horacio Dávila planteó que el gran lastre que le resta competitividad a la capital es no contar con rutas aéreas comerciales que cubran esta plaza.

            Señala Dávila Rodríguez, quien además es ex dirigente de la Canacintra, que una alternativa sería privatizar el aeropuerto Plan de Guadalupe, para que una empresa operadora con experiencia lo reactive.

            No le falta razón al empresario, esta carencia le merma a Saltillo, sin embargo ya en el pasado se intentó seguir la ruta que propone, privatizarlo, y no hubo interés de las operadoras.

            En el interinato de Jorge Torres López estuvieron aquí representantes de «Houston Airports», un organismo público que opera los dos aeropuertos de Houston, Texas hicieron un análisis y no le vieron rentabilidad.

            En aquéllos años el aeropuerto de Ramos Arizpe tenía un máximo de 120 operaciones diarias, para que nos demos una idea el Intercontinental de Houston tiene más de 700 diarias y el Hobby más de 370 diarias.

            Hay desde luego otras operadoras, no es la de Houston la única, existen incluso algunas de capital nacional, como OMA que opera y administra trece aeropuertos, entre ellos el de Torreón.

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            Tan pronto quedó aprobada la reforma de paridad, en la que se contempla que si en 2023 Coahuila elige a un hombre como gobernador, en 2029 todos los partidos deberán postular mujer, y ya la diputada María Barbara Cepeda inició la campaña.

            Llamó la atención verla el sábado en algunos cruceros del bulevar Carranza deseando feliz Navidad a los automovilistas.

            Presencia permanente, para que luego no digan que los diputados se encierran en el Congreso y se alejan de los ciudadanos después de que fueron electos.

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Por Eduardo J. De La Peña

Como es bien sabido, Claudio Bres Garza está por concluir su tercer periodo como alcalde de Piedras Negras, la gestión termina el próximo 31 de diciembre y esta semana la Auditoría Superior del Estado ha dado a conocer los resultados de su fiscalización al ejercicio presupuestal 2020, a ese que en el caso de Claudio fue su octavo año como alcalde, y llaman la atención las observaciones de la ASE, porque hacen referencias a errores y omisiones en las que se supone ya no debería incurrir alguien con tan vasta experiencia.

Por ejemplo señala el ente fiscalizador: «No se cuenta con elementos que permitan revisar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, por lo que no fue posible verificar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas con base a los indicadores aprobados en el presupuesto».

Y abunda la ASE: «Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un adecuado desempeño de la gestión del municipio, dado que no presentó elementos normativos internos que implementen el desarrollo del Sistema de Presupuestación Basada en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño».

Pero además de estas conclusiones, es importante recuperar algunos de los señalamientos que en específico se le hacen a la administración municipal de Piedras Negras.

Por ejemplo, en servicios personales, que es la nómina, y a donde en 2020 se destinó el 30% de los egresos del municipio, en el presupuesto aprobado se había asignado una partida de 203 millones de pesos, y al final del año se ejercieron 213, es decir 10 millones de pesos más, casi un millón de pesos cada mes por sobre lo autorizado.

El total de las observaciones representan un monto superior a los 75 millones de pesos, y varias de ellas tienen que ver con obras porque se encontraron deficiencias físicas y técnicas.

En los egresos hay dos observaciones que tienen que ver con falta de comprobación o de justificación insuficiente, una por más de 4 millones de pesos, y otra, relacionada relacionada con el ejercicio presupuestal de sueldos y prestaciones, por más de 9 millones de pesos.

La observación mayor tiene que ver con incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, en seis rubros que suman más de 32 millones de pesos.

Cuando Claudio Bres fue alcalde por primera ocasión, allá en el último tercio de los noventa, fue escándalo a nivel estatal que en una auditoría le encontraron que en la comprobación de gastos había facturas hasta por la compra de ropa interior.

Hoy no se hacen señalamientos de ese tipo, pero llaman la atención tanto la comprobación insuficiente como la ausencia de indicadores de medición, algo indispensable cuando se supone que se está haciendo una administración profesional y de experiencia.

Y ya metidos en el tema de las auditorías, aquel pasaje de Claudio y la ropa interior queda en pecata minuta frente a lo que se ha encontrado el SAT en la revisión contable a algunos personajes de la política en la entidad.

Dicen que hay quienes tratan de que les reconozcan como deducción sus gastos en lencería, juguetes sexuales y hasta el equipamiento de un «cuarto de placer»  al estilo de las 50 sombras de gray.

Y ya nadie se asusta de cómo se diviertan, lo que se cuestiona es el desparpajo con el  que pretendan que el fisco cargue con ello, pero eso es tema de las auditorías federales.

Otro que es por tercera ocasión alcalde, y que se supondría se las sabe de todas todas, es Jorge Zermeño Infante, a quien de entrada le encontraron que en 2020 en nóminas se gasto más de 42 millones de pesos adicionales a lo presupuestado.

Las observaciones para la administración municipal de Torreón superan también los 70 millones de pesos, y destacan además de deficiencias en las obras, deficiencias normativas en los procesos de adjudicación.

En el rubro de egresos hay 25 observaciones, que suman casi 67 millones de pesos, y destaca, al igual que en Piedras Negras, la relacionada con comprobación o justificación insuficiente en sueldos, salarios y prestaciones, donde se señalan más de 24 millones de pesos.

También hay incumplimiento a la Ley de Adquisiciones.

Los hallazgos son muy similares en Piedras Negras y Torreón, y así lo son seguramente en la mayoría de los municipios, pero estos dos casos sobresalen por la larga trayectoria de quienes están al frente de la administración, que en ningún caso pueden alegar desconocimiento de normas y procedimientos. Más bien le andan pegando al vivo.

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Por Eduardo J. De La Peña

Tendría el rector de la UadeC Salvador Hernández Vélez que poner atención a las diferencias que han surgido entre trabajadores del Hospital Universitario de Torreón y la dirigencia sindical, antes de que desborde en un conflicto de mayores consecuencias.

Personal médico acusa a la dirigente del STUAC, Elda Araceli Rodríguez Guerrero, de haber amañado una asamblea en la que se ratificaría el contrato colectivo, pues la convocó para celebrarse de manera virtual, y después de que ella intervino con su informe se perdió la señal y ya no hubo espacio para que los trabajadores expresaran su sentir.

En específico lo que les inquieta a los inconformes es que no se han cubierto los estímulos quinquenales a personal con determinda antigüedad que ya están próximos a jubilarse.

Habría que escuchar desde luego a las dos partes, conocer también la versión del Sindicato, pero es importante que Rectoría de seguimiento al tema y no se genere una crisis rompiendo la estabilidad que se ha mantenido en los hospitales de la Universidad en  cerca de veinte años, luego de que fueran reiteradamente escenario de enconados conflictos.

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Aplicado en la chamba el Administrador Fiscal Javier Díaz González, abrió semana compareciendo ante la Comisión de Hacienda del Congreso para detallar las iniciativas de Ley de Ingresos y Ley de Hacienda para 2022, y este jueves se reunió con los alcaldes electos de la región sureste.

En el “Josefina”, de General Cepeda, almorzó con Ramiro Durán, Pablo Salas, José María Fraustro, Fernando Orozco y José María Morales, además de algunos de quienes formarán parte de las administraciones que se instalan en enero.

Seguramente estuvo muy bueno el almuerzo, pues en las fotos posteriores a la reunión todos salen con gran sonrisa, y los temas de chamba no deben haber estado nada halagüeños cuando se sabe cómo vienen los recortes federales –otra vez—para el año próximo.

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Mal recibido fue el anuncio del gobierno federal de que el año próximo remodelará el Gimnasio “Gilberto”, al suroriente de Saltillo, para habilitarlo nuevamente como estación migratoria.

Alberto Xicoténcatl Carrasco, de la Casa del Migrante, recuerda que hace cuatro años se cerró el “Gilberto” precisamente porque sus instalaciones no son dignas para alojar ahí a las personas extranjeras que van de paso por el país en una condición migratoria irregular, no hay ventilación, tampoco iluminación suficiente ni servicios sanitarios suficientes.

En parte tiene razón Xicoténcatl, en lugar de ofrecer una solución se está improvisando un parche, sin embargo peor aún están hoy en que se les hacina a los migrantes en las oficinas del INM en la colonia República.

Cuando se clausuró la estación migratoria en lugar de habilitar otra, concentraron todos los trámites y actividades en unas oficinas que son también improvisadas, pues realmente se trata de una residencia habitacional.

Habría que seguir insistiendo en instalaciones y trato digno, y evitar que se siga teniendo el hacinamiento en las oficinas.

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Mientras que en Saltillo se siguen dando acomodos previos a la nueva elección de la Canacintra, convocada para el cuatro de enero, y en donde al parecer se mantendrá la participación de los dos mismos candidatos, en Torreón van avanzando con los cambios en las cúpulas empresariales.

José Reyes Casas asumió la dirigencia de Coparmex en La Laguna de Coahuila, en sustitución de Fernando Menéndez Cuéllar quien llega a la finalización de su periodo.

En semanas anteriores Menéndez Cuéllar concretó la incoporación de la Cámara al Grupo Empresarial de La Laguna, el famoso GEL, dejando al Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, el también emblemático CLIP.

Se consolida así el GEL como la agrupación con la mayor representación de cámaras empresariales.

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Por Eduardo J. De La Peña

No se hicieron esperar las reacciones respecto a la posibilidad de que sea Eduardo Olmos Castro quien vaya a la dirigencia estatal del PRI, y en general se coincide en que es el idóneo para esa encomienda.

Hay quienes sin embargo quisieran ver a Olmos en responsabilidades mayores, como por ejemplo la Secretaría de Gobierno, y también quienes señalan que si se va al PRI no importa quien se quede en la Junta de Coordinación Política, pues seguirá teniendo un amplio margen de maniobra para operar en el Congreso.

Igualmente se pudo confirmar que Olmos es bien visto en todos los grupos políticos de influencia en la entidad, y respecto a sus relaciones con el Comité Nacional, que si bien son buenas, hay quienes opinan que eso es lo de menos, pues el CEN ha pasado a ser una mera figura decorativa, la fortaleza del PRI está aquí y nada más aquí.

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Generó buenos comentarios el informe de Liliana Salinas Valdés como Presidenta Honoraria del DIF Saltillo, y no únicamente por los resultados alcanzados en los cuatro años en que estuvo al frente de la institución, también por su acierto y previsión al dejar abastecido tanto al DIF como a sus guarderías con los insumos suficientes para el primer mes del año siguiente, con lo que la nueva administración tendrá tiempo de tomar las riendas y asentarse sin las presiones de que algún servicio se vaya a ver interrumpido.

Pero sobre todo destacó Liliana Salinas por la sensibilidad para reconocer a quienes a lo largo de los últimos cincuenta años le antecedieron en el cargo compartiendo esa misma responsabilidad, con un video en que se les hizo homenaje, además de la mención en el evento, en el que algunas de ellas estuvieron presentes.

Coincidieron en el informe las señoras Marcela Gorgón y María Guadalupe Morales de Martínez, quienes tienen en común que fueron presidentas de DIF Municipales, en Torreón y Saltillo, y posteriormente tuvieron la responsabilidad a nivel estatal.

En el homenaje, emotiva la mención a la señora Lupitina Valdés de Salinas, quien acompañó a su hija en el informe, como la ha acompañado en la gestión, y también un sentido recuerdo de la señora Laura Elia Delgado de Rodríguez, Doña Wita, quien en el DIF cuando su esposo, Juan Pablo Rodríguez Galindo fue alcalde, y posteriormente en diversas trincheras tuvo una generosa entrega hacia las causas sociales.

El reconocimiento incluyó también a quienes llegaron al DIF en los periodos de alternancia política, como la hoy regidora Tere Romo, en cuya gestión se impulsó la construcción de la Casa de los Niños al oriente de Saltillo.

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Ahora que se da como un hecho que Lauro Villarreal Navarro irá a la gerencia del SIMAS en la próxima administración de Román Alberto Cepeda, hay quienes recomiendan al edil electo que sea puntual en delimitar las funciones y alcances de Lauro, quien sigue con sus poses de capitán del barco.

También le sugieren a Román Alberto no se deje envolver y que Lauro lo vaya a llevar a una aventura en la que se distraiga de la que debe ser no solo la principal sino la única prioridad: hacer un buen papel en la alcaldía.

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Se integró con 19 integrantes la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, en la que al PRI le corresponden tres posiciones, para las que se designó a Marco Antonio Mendoza, Cristina Ruiz y Blanca Alcalá.

Hay tres suplentes, los coahuilenses Cristina Amezcua y Rubén Moreira, así como el encargado del CEN Alejandro Moreno.

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Al que reportan de nuevo en activo, tras el difícil momento que pasó a causa de su contagio a coronavirus, es a Raúl Sifuentes Guerrero, quien este miércoles se dejó ver en su natal San Pedro, ya restablecido y retomando la actividad política. Habrá sopresas, dicen.

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Los regidores de Monclova Ariel Venegas y Teodoro Kalionchiz aseguran tener una notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera en la que les confirman que hay una investigación abierta en contra de Alfredo Paredes.

Y dicen los regidors que han hecho una verificación de obras, y que algunas reportadas como concluidas en realidad fueron abandonadas sin terminar. Si es eso lo que le pretenden imputar a Paredes se equivocaron de puerta, las facultades de la UIF son muy específicas, tendrían que ir en todo caso ante la Auditoría Superior o la propia Fiscalía.

Dicen por allá en Monclova que no son la UIF, ni Venegas ni Teo los que le quitan el sueño a Paredes, sino los acercamientos que ha detectado entre quien será su sucesor, Mario Dávila, y el delegado Reyes Flores.

Teme Paredes una traición de su correligionario que lo vaya a poner en apuros y que empiecen a aflorar los trapos sucios, como el asunto de algunos bienes municipales con los que se han dado manejos turbios buscando favorecer negocios particulares.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Este lunes en su columna el periodista Carlos Loret complementó información respecto al operativo “carrusel de cash” que hace algunos días develó en Latinus, y que generó escándalo a nivel nacional pues en los videos difundidos aparecen el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, y su oficial mayor, Denis Vasto.

            Ahora Loret da a conocer que quien instrumentó el operativo, en el que se movilizaron en 2017 recursos por más de 40 millones de pesos, fue nada menos que el ahora senador con licencia Gabriel García Hernández, sí el flamante representante presidencial que da seguimiento al programa “Agua Saludable para La Laguna”.

            Varios de los que participaron en la operación hormiga para mover esos millones entre sucursales bancarias, dinero que se supone se utilizó en 2018 en las campañas, trabajaban directamente o tienen cercanía de amistad con Gabriel García, identificado como el operador financiero y electoral de López Obrador.

            Queda el dato para quienes no hayan dimensionado los alcances del emisario presidencial para La Laguna. Es recomendable no perderlo de vista.

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            A propósito de La Laguna, quien se reincorporó al Sub Comité Técnico Regional, que encabezó por varios meses cuando se instalaron al inicio de la contingencia sanitaria, fue Román Alberto Cepeda.

            En enero de este año se había separado al renunciar a la Secretaría del Trabajo para poder ser candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, y ahora se reincorpora como alcalde electo, pues en tres semanas más como autoridad muinicipal deberá participar en las decisiones que ahí se tomen.

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            Pasando a otras regiones, en el norte de la entidad empieza a aflorar la inconformidad entre algunos grupos por la permisividad de la Comisión Nacional del Agua hacia una persona que maneja la Presa La Fragua como si fuera de su propiedad.

            Históricamente ha habido gran manoseo con los permisos de pesca en esta presa ubicada en el municipio de Jiménez, y durante algún tiempo se ordenó y hubo incluso la posibilidad de organizar torneos regionales, pero conforme la Comisión Nacional del Agua se fue desentendiendo de todos los asuntos en la entidad, hubo quienes nuevamente vieron el espacio para hacerse del control de esta área federal para su aprovechamiento personal.

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            Este lunes la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno federal presentó los resultados de su programa de estimulación de lluvias, asegurando que contribuyó a mitigar la sequía y a incrementar la producción agrícola de riego, además del combate a 25 incendios forestales.

            Hacen mención especial de que en abril en coordinación con la Secretaría de la Defensa hicieron una aspersión de yoduro de plata en las nubes en municipios de Coahuila y Nuevo León para generar lluvias y cointribuir al control de un incendio forestal.

            Recordemos que cuando Coahuila y el país se estremecían por la tragedia en La Pinalosa, ante las escenas del voraz incendio y la indiferencia del gobierno federal que mantenía en los patios de dependencias federales equipo que podía utilizarse para el combate del siniestro, en una de las mañaneras salieron con la puntada de que su aportación habían sido las lluvias.

            Las siguen presumiendo y nunca sabremos si fueron ciertas.

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            Coahuila aparece enlistada junto a otras trece entidades que en los últimos años han disminuido su dependencia de los recursos federales.

            El informe, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, recomienda estudiar las acciones tomadas por los gobiernos locales para mejorar sus finanzas, a fin de identificar y replicar las mejores prácticas.

            Los investigadores destacan que en el caso de los catorce estados que han logrado una disminución en la dependencia de las transferencias federales, tiene que ver con el incremento de la actividad económica lo que ha provocado un aumento en la recaudación de ingresos propios.

            Resulta interesante que entre las cinco entidades en las que ha crecido su dependencia, se encuentran Nuevo León y Jalisco, que se supone tienen un dinamismo industrial mayor al nuestro.

            Con buenos números además de Coahuila aparecen, entre otros, Querétaro, Guanajuato, Sonora, San Luis Potosí, e incluso estados con alta marginación como Hidalgo y Zacatecas.

edelapena@infonor.com.mx