Por Eduardo J. De La Peña

            El coordinador de los senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, de visita en Piedras Negras para el informe de Verónica Martínez, no escatimó en elogios para el gobernador Miguel Riquelme, destacando la estrategia que se ha seguido en Coahuila para hacer frente a la pandemia, y los resultados que se han tenido en seguridad.

            No habla de oidas Osorio Chong, conoce de primera mano lo que aquí se ha hecho en materia de seguridad, y los alcances de Riquelme Solís en la materia.

            Recordemos que cuando Miguel Riquelme asumió como alcalde de Torreón, el Secretario de Gobernación era precisamente Osorio y juntos les tocó construir e implementar la estrategia para recuperar la seguridad, y después de haber sido considerada como la quinta ciudad más peligrosa del mundo –por la cantidad e homicidios que ahí se cometieron en 2012– se logró abatir la incidencia delictiva con un modelo que se sigue poniendo de ejemplo a nivel nacional, reconocido aún por al actual gobierno de la cuarta transformación.

            A Osorio y Riquelme les tocó hacer frente a tiempos aciagos. En la administración municipal del entonces panista José Ángel Pérez, la delincuencia organizada se infiltró y llegó a controlar por completo a la Policía Municipal, luego llegó Eduardo Olmos Castro que decidió prácticamente desaparecer a la corporación, para poder depurarla, pero desde el gobierno federal de Felipe Calderón no hubo apoyo sino confrontación que descompuso más las cosas.

            Ya con Riquelme en la alcaldía y Osorio en Gobernación se construyó el primer modelo de mando único, que evolucionó al llamado Mando Especial, que está desde entonces a cargo de un militar con jurisdicción tanto en La Laguna de Coahuila como la de Durango.

            Significativo que varios años después venga Osorio Chong, ahora como Senador, y reconozca la determinación de Riquelme en temas de seguridad y lo haga precisamente en Piedras Negras la ciudad más emblemática de esa región que hoy está bajo el amago de grupos delictivos que no cejan en su empeño por infiltrarse en la entidad, y que a cada embate son rechazados por las fuerzas estatales.

            Y bueno, Piedras Negras concentró este lunes, con todo y ser día no laborable, a la clase política de la entidad para el tercer informe de Verónica Martínez.

            Significativo desde luego que el evento haya sido en aquélla ciudad, que hoy los priistas pueden afirmar con todo orgullo que es plaza recuperada, pues en la elección de junio rescataron la alcaldía al vencer Norma Treviño nada menos que a Claudio Bres Garza, que iba por la reelección con las siglas de Morena.

            Acudieron al informe el gobernador, los presidentes del Legislativo y del Judicial, Eduardo Olmos Castro y Miguel Mery; los alcaldes de Saltillo, en funciones y electo, Manolo Jiménez y José María Fraustro, además de un buen número de diputados federales, locales, alcaldes electos y dirigentes de sectores. También otros senadores priistas como Eruviel Avila.

            De los ausentes habría que señalar al coordinador de los diputados priistas Jerico Abramo Masso quien se reportó participando en una mesa de análisis en el Canal del Congreso, y al aún encargado del PRI en la entidad Rigo Fuentes, cuya ausencia no sorprende pues ya sabemos que lo suyo antes que la chamba son las redes sociales y cuando mucho le da para enviar felicitaciones de cumpleaños, ya hasta lo andan promoviendo para que ocupe la vacante que dejó el Tío Gamboín para que mande mañanitas y fanfarrias.

            Y con todo y lo ríspido del momento, tras el paso de la aplanadora de Morena por sobre los priistas y su bloque opositor, dos personajes destacados a nivel local de ese partido estuvieron en el informe de Verónica, Armando Guadiana y Claudio Bres, ambos con origenes en el tricolor.

            Guadiana por cierto sigue levantando polvo, y el fin de semana fue y la arrebató a Juan Pablo Rodríguez Delgado la bandera del “Frente Único Plural de la Izquierda Democrática”.

            Parece que ese Frente va a agrupar a algunos de los que no caben en la dirigencia de Diego del Bosque, y por lo pronto ahí figuran Juan Pablo, Guadiana, Virgilio Maltos y hasta Lenin Pérez Rivera.

            A ver cuánto les dura su unidad.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Pasan las horas y el debate sube de tono pero al proyecto de presupuesto 2022 que envió el gobierno no se le ha movido una coma en la Cámara de Diputados, y el tiempo corre en contra.

            «Si hoy no escuchan, mañana no escucharemos. No es un intercambio, la mayoría está obligada a construir acuerdos y si no quiere construir acuerdos hoy, que no nos busque después», emplazó el perredista Luis Espinosa en una rueda de prensa convocada por el frente opositor PAN, PRD y PRI.

            Desde luego que es de reconocerse la actitud firme, pero no deja de abrirse una interrogante que preocupa ¿entonces sí hay una posibilidad de negociación para la reforma al sector eléctrico?, ¿cuántos miles de millones de pesos tendría la mayoría de Morena que reasignar, y a cambio qué aceptaría Va por México de la contrareforma que a decir de los expertos a como está planteada representa un grave retroceso para el país?.

            Hay tal cerrazón de Morena para las reasignaciones presupuestales, que incluso ya votaron en contra del fondo por 500 millones de pesos que en la Comisión de Turismo habían acordado para los Pueblos Mágicos.

            Ni una semana pudieron sostener su palabra los 20 diputados afines a Morena que el 4 de noviembre en la Comisión de Turismo estuvieron de acuerdo en redestinar una partida presupuestal para este propósito.

            Este viernes en tribuna se los echó en cara la priista sinaloense Paloma Sánchez Ramos, quien se estrena como diputada federal luego de su experiencia en el área de Comunicación de Presidencia en el gobierno de Peña Nieto, durante la que hizo buenas amistades en Coahuila. «Lo único que saben es mentir e incumplir», les dijo Sánchez a los de Morena.

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            Incluso quienes apostaban a que antes del 15 de noviembre habría una nueva licitación de CFE para el suministro de carbón para las termoeléctricas de Nava, ya descartan esa posibilidad para lo que resta del año.

            Hay fuertes versiones de que el concurso será hasta el año próximo, pero que primero habrá un nuevo censo –sí, uno más– para identificar a los productores que realmente tienen capacidad de surtir los pedidos.

            Algo muy similar a lo que ya se hizo con los pedidos anteriores y que terminó en una burla, pues al final los que se vieron beneficiados con los contratos no tenían capacidad para cumplirlos, le compraban a otros, y esto derivó en operación irregular de minas y accidentes mortales.

            Además en la anterior licitación se aseguró que CFE y el Servicio Geológico Mexicano estarían supervisando constantemente las minas, para verificar que efectivamente el carbón que se les suministraba proviniera de los yacimientos especificados en los contratos, pero si ahora salen con que necesitan otro censo queda en claro que nunca supervisaron nada.

            Pero mientras a la mayoría de los productores los traen enredados con estas historias, alguna información privilegiada le debe haber llegado al consentido Antonio Flores Guerra, pues se asegura que ya está haciendo contratos con ejidatarios para explotar yacimientos que hay en sus tierras.

            Para variar, ¿ya la trae en la bolsa?.

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            Nada menos que 212 migrantes detuvo este viernes, en un solo operativo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en las cercanías de Eagle Pass, y su versión es que cruzaron por el río Bravo en un paraje entre Nava y Guerrero.

            Llama mucho la atención que un grupo de ese tamaño no haya sido detectado por los agentes del Instituto de Migración, ni los de la Guardia Nacional, pero tampoco por los de la Policía del Estado, que se supone mantienen el blindaje de la entidad en brechas, veredas y puntos carreteros.

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            Falleció el jueves en Saltillo Jesús Tovar Medina, quien fue hace varios años dirigente a nivel local del Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria, además de ocupar diversos cargos en la FSTSE.

            En 1990 buscó la dirigencia municipal del PRI, en el único proceso abierto que se ha hecho para ese cargo, y aunque no resultó electo se mantuvo siempre leal a su partido, participando durante muchos años en las campañas de candidatos a la alcaldía, diputaciones, gubernatura y demás.

            Con todo y su trayectoria, no hubo ni siquiera en redes sociales una condolencia por parte de los dirigentes del PRI, Rigo Fuentes y Jaime Bueno, para la familia de Chuy Tovar.

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Por Eduardo J. De La Peña

            A cuentagotas y de manera extraoficial se ha ido conociendo más información respecto a la recuperación de equipo médico que ocurrió el fin de semana.

            Se ha confirmado que se trata de equipo que el gobierno estatal compró en el sexenio anterior y que el proveedor no lo entregó pero lo mantenía almacenado desde hace varios años en las bodegas de donde fue rescatado.

            Contra lo que se especulaba el lunes, el caso no fue llevado por la vía mercantil, sino por la penal, pues lo que se precisaba era de una orden de cateo para poder ingresar legalmente a las bodegas y sacar el equipo, y esa orden se obtuvo de un juez de garantías.

            Ni la Fiscalía, ni la Secretaría de Salud, tampoco Finanzas del Estado, han precisado de qué equipo se trata, solo que su costo es cuantioso y superior a los 200 millones de pesos, y extraoficialmente se sabe que el proveedor es Soluciones Integrales Médicas, una empresa que ganó licitaciones similiares en diferentes estados de la República, y que ahora dicen desapareció.

            Es un caso por demás extraño, y en el que mucho se sigue especulando. Algunos, pragmáticos, concluyen: «eso pasa por contratar factureras». ¿Será?.

            Lo más importante sin embargo es que el equipo se haya recuperado y que se vaya a poner pronto en servicio. Ojalá no surjan sorpresas desagradables como ya ocurrió en el pasado con equipos del Centro Oncológico que no se pudieron utilizar oportunamente pues la obra realmente no estaba concluida, pese a que la anterior administración presumió que sí, y se vencieron garantías y licencias.

            Lo que sí, en transparencia siguen quedando a deber en este tema.

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            De tener el cuenta el planteamiento que llevó a la tribuna del Congreso local la diputada Claudia Rodríguez Márquez, asegurando que tiene denuncias ciudadanas de que hay crematorios clandestinos operando en algunas regiones de la entidad.

            Como militante del Partido Verde la diputada Rodríguez enfocó su punto en lo ambiental, y exhortó a las autoridades del ramo que verifiquen se cumplan con la ley en esos crematorios, y está bien, pero un tema así amerita la intervención urgente de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Salud.

            Rodríguez Márquez tendría que llevar detalle de esas denuncias al Ministerio Público, pues si realmente existe la operación clandestina de crematorios esto va mucho más allá de que generen malos olores, es la comisión de un delito pues hay lineamientos estrictos respecto a la disposición de cadáveres,  y abre la posibilidad de ocultar otros.

            Los diputados votaron por unanimidad el exhorto a las autoridades ambientales tanto del gobierno federal, como del estatal y los municipales. ¿No había por ahí ningún abogado que reparara en las implicaciones penales del tema?.

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            Muchas son las circunstancias que pueden obstaculizar el repunte económico de la región Centro, pero sin duda que un problema muy importante es la actitud, y el señalamiento va tanto para empresarios como para autoridades locales.

            El fin de semana Andrés Oyervides hizo un extrañamiento, aseguró que a los inversionistas locales les niegan facilidades que sí dan a los foráneos, y afirmó que el desarrollo de tres parques industriales se ha frenado por exceso de trámites y carencia de servicios.

            «Nos clavan la uña» dijo Oyervides, quien está desarrollando un parque para 80 lotes en un predio de cien hectáreas en Frontera, pero se duele de que le quieren cobrar la construcción de la red de conducción de agua.

            Es cierto que los parques son necesarios para que lleguen inversiones y que los empleos son urgentes para la región, pero este desarrollo es un negocio particular, le va a dejar ganancias a Oyervides, y en todas las ciudades los desarrolladores industriales y de vivienda deben pagar por obras y servicios para poder apovechar sus predios.

            Pero no tardó la respuesta del Simas, su gerente técnico Abel de Luna dijo este martes que ya se resolvió desde septiembre sobre la factibilidad que solicitó Oyervides, y que fue en sentido positivo, pero que el empresario no ha ido a preguntar. ¿El Sistema como autoridad no debe notificar al ciudadano la respuesta a una solicitud?, así tendría que ser, y mucho más en un tema de esta envergadura.

            La actitud deja mucho que desear.

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            Será al mediodía del jueves cuando rinda su tercer informe el rector de la Universidad Antonio Narro, Mario Ernesto Vázquez Badillo, y hay realmente interés por conocer lo que ahí se informará, pues practicamente desde hace veinte meses –marzo del año anterior– en que la institución cerró por el confinamiento, no se conoce que ha pasado con sus programas académicos y con sus proyectos de investigación, mucho menos se sabe si hay una estrategia para rediseñar el modelo educativo y aprovechar la enseñanza que dejó esta contingencia, respecto a nuevas herramientas tecnológicas y plataformas para el aprendizaje y la divulgación. Veremos.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Gestionada por el Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, representantes de ejidatarios y de pequeños propietarios de Arteaga tuvieron una reunión con Jericó Abramo Masso, diputado que representa ese distrito, para plantearle la problemática que afrontan con la Comisión Nacional del Agua.

            El origen de estos problemas se remonta a diciembre de 2015 en que se decidió cerrar la gerencia local de Conagua y concentrar todos los trámites en Monterrey, lo cual ha impactado de muchas maneras.

            Hay títulos de concesión que están en trámite desde 2013, y en ocho años no ha habido respuesta en sentido alguno; otros trámites son rechazados por errores de forma y transcurren meses en que vayan a revisión y regrese la respuesta, y ante esto existen perforaciones en las que invirtieron ejidatarios hace diez años en coordinación con el gobierno estatal y que no se pueden aprovechar porque al no resolverles sobre el título de concesión, la Comisión Federal de Electricidad no proporciona el suministro eléctrico.

            En otros casos, si no hay la renovación de concesiones de pozos que ya están en uso, la CFE no otorga la llamada cuota energética, que es la tarifa subsidiada para producción agropecuaria.

            En la reunión Filiberto Urbina, secretario del Ayuntamiento de Arteaga, denunció que además en la zona rural han detectado perforaciones clandestinas, y señaló que principalmente las están realizando propietarios de cabañas, y esto se ve favorecido por la ausencia de inspección de la Conagua.

            Abramo Masso se comprometió a llevar la gestión primero ante la Comisión de Recursos Hidráulicos, de Agua y Saneamiento, en la Cámara de Diputados, que preside el Bajacaliforniano Rubén Muñoz Alvarez, ex priista que ahora milita en Morena. En la Comisión son integrantes por cierto Carolina Viggiano y Shamir Fernánez.

            La ruta será que de la Cámara lo llevarán a Coangua, para intentar destrabar los trámites, y luego a CFE para ver lo de la cuota energética.

            Viene una semana intensa para los diputados por el tironeo final para aprobar el presupuesto federal a más tardar el lunes próximo, pero Abramo Masso se comprometió con los productores a que la próxima semana iniciará las gestiones para atender su problemática.

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            El operativo de la Fiscalía General del Estado para recuperar equipo médico que estaba almacenado en una bodega, ha llamado la atención primero que nada por el monto, pues se habla que el costo del equipo es superior a los 200 millones de pesos, pero también porque la poca información que da la dependencia ha generado todo tipo de especulaciones.

            El Fiscal Gerardo Márquez no supo ni detallar de qué tipo de equipo se trata, y argumenta que no informa para no entorpecer el proceso, pero en diferentes fuentes se asegura que no hay realmente un caso penal, y se especula que sería más bien de índole mercantil, por diferencias entre el gobierno del estado y un proveedor, de esos muchos pendientes que se heredaron del sexenio anterior.

            La semana pasada el secretario de Salud Roberto Bernal dijo que este mes entrará en operación el Hospital Materno Infantil, que fue inaugurado en noviembre de 2017 por Rubén Moreira pero no ha dado un solo servicio, y ahora se dice que el equipo recuperado es el que se compró para este nosocomio, y que pudiera haber también para el Oncológico.

            Esperemos que la Fiscalía, la Secretaría de Salud y Finanzas del Estado informen con claridad al respecto, y no permitan que una acción que es positiva para el estado, se enturbie con especulaciones.

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            Respecto al apunte del sábado en relación con servidores públicos que han fallecido en Coahuila estando en funciones, nos escribió un atento lector observando que omitimos a la abogada Felícitas Molina, quien fue la primera Secretaria del Trabajo en Coahuila, en el gobierno de Rubén Moreira, y pese al cáncer que padecía se entregó a su encomienda con gran compromiso y dedicación, hasta que le fue realmente imposible seguir al frente de la dependencia, pero se mantuvo como asesora hasta su muerte en agosto de 2016.

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            Cual ya se anticipaba, quedó tendida la trampa para Ricardo Anaya, o se presenta ante el juez el 31 de enero a la audiencia que se ha venido aplazando, o se le declarará prófugo de la justicia. Por lo pronto la Fiscalía General de la República está solicitando la prisión preventiva.

            Es decir que o viene y se entrega, o mandan por él.

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            Falleció este lunes el Doctor Roberto Huereca Farías, apreciado médico saltillense que fuera uno de los fundadores de la Clínica 2 del IMSS. Le sobreviven su esposa, doña María Elena Santos de Huereca, y sus hijos Aída, Roberto, Arturo, Alejandro, Alfredo y Armando, además de nietos y bisnietos, para ellos nuestras condolencias.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Escasas ocho semanas les restan de vigencia a los contratos de suministro que tienen pequeños y medianos productores de carbón con la Comisión Federal de Electricidad,  y ya se empieza a sentir el nerviosismo al no haber señales claras de cómo se darán las compras al año próximo para abastecer a las termoeléctricas de Nava.

            Dicen que hay productores que se pasan día y noche checando sus cuentas de correo electrónico –con más apremio que un adolescente enamorado– esperanzados en que les llegue una adjudicación directa, como las que se hicieron en meses anteriores y que por esa vía se notificaron a los afortunados proveedores.

            Pero también hay versiones de que en la semana del quince de noviembre, es decir en diez días, se abrirá una licitación para los anhelados contratos multianuales, incluso aseguran que las adjudicaciones serán con una vigencia hasta diciembre de 2024.

            El tema es que una licitación se lleva en promedio 40 días hábiles, si no surgen contratiempos, y al año le restan, si contamos a partir del lunes 8 de noviembre, 29 días hábiles, es decir que las nuevas adjudicaciones, si realmente se licita, se darán hasta las primeras semanas del año próximo.

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            En el que tendría que ser un último capítulo de la sonada controversia,  la noche del miércoles la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado informando que desde el 1 de noviembre, es decir el lunes, se restableció en el Reglamento de la dependencia la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

            En el comunicado la Fiscalía ofrece los argumentos, que no había hecho públicos en el desarrollo de la controversia, sobre el por qué eliminó la Unidad de Búsqueda de su reglamento desde mayo de este año.

            «Dicha circunstancia obedeció a la operación de la Comisión de Búsqueda del Estado, y con el propósito de fortalecerla con la adscripción en toda la entidad, de unidades de investigación criminal para multiplicar los resultados… y nunca, con la intención de soslayar, ni lesionar, el sentir de la sociedad que ha sido víctima de este flagelo», plantea el comunicado.

            Con todo y ello, la Fiscalía atiende los pronunciamientos de organismos de derechos humanos y los colectivos de familiares de personas desaparecidas y decide «conservar la referida Unidad».

            Si todo esto se traduce realmente en mejores resultados  en un tema tan sensible como la búsqueda de personas, se habrá conseguido entonces algo positivo.

            Llama la atención que la Fiscalía hable de conservar la Unidad, ¿la mantuvo operando aún después de la reforma de su reglamento en mayo?.

            Será importante que se informe con claridad cuáles serán las facultades, protocolos y modelo de actuación tanto de la Comisión de Búsqueda como de esta Unidad, para que la existencia de ambas se traduzca en eficiencia, y no en duplicidad, dispersión de recursos y derive en intercambio de excusas y de culpas en lugar de reflejarse en resultados.

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            Mal le fue a Napoleón Gómez Urrutia con su puesta en escena en Zacatecas, a donde acudió a presentar un libro que dice es de su autoría, evento que estaba previsto en el Teatro Calderón y que no se pudo realizar porque en el exterior se manifestó un grupo de mineros que reclaman el saqueo al sindicato.

            Claro, lejos de aceptar responsabilidad Napoleón atribuyó la manifestacion en su contra a un montaje del gobernador David Monreal, lo que habla de cómo están las relaciones de Gómez Urrutia con la familia del líder de su fracción en el Senado, Ricardo Monreal.

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            Causó consternación la noticia del fallecimiento del Profesor Higinio González Calderón, quien deja un sólido legado por su trayectoria en el sector educativo, no únicamente como titular de la Secretaría del ramo, que fue su última responsabilidad, sino también por su impulso a instituciones como la UANE, el Colegio Americano y la Escuela Montessori de Saltillo.

            Para el gobernador Miguel Riquelme, González Calderón fue además de un eficiente colaborador en la función encomendada, un valioso operador desde la etapa de transición en 2017 cuando fue necesario reconstruir relaciones y puentes con personajes y grupos con los que hubo distanciamiento o incluso confrontación al calor de la contienda electoral.

            Para la entidad es una perdida lamentable. Descanse en paz.

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            Punto a su favor se anotó Jericó Abramo al lograr que todos los grupos parlamentarios con representación en la Comisión de Turismo –incluso Morena que con sus aliados tienen 20 de las 36 posiciones– acordaran redireccionar 500 millones de pesos para el fortalecimiento de los Pueblos Mágicos. Queda ahora el reto de que el pleno de la Cámara de Diputados lo refrende al votar el presupuesto 2022.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Con todo y que pasaron las celebraciones de «halloween» y «día de muertos», algunos personajes de la política nacional pasaron este miércoles de los nervios al pánico, o francamente al terror, al conocer que un juez federal ordenó la prisión preventiva para Emilio Lozoya para evitar que huya del país mientras se desarrolla el proceso en su contra.

            Y aunque los abogados del ex director de Pemex intentaron que se le impusiera la prisión domiciliaria, Lozoya debe estar ya dentro del Reclusorio Norte, y el temor de muchos es que se vaya a poner a cantar para intentar recuperar su libertad.

            A un año tres meses de que lo extraditaron se acabaron los privilegios y el trato preferencial para Lozoya, y para nadie queda duda sobre el origen del «apretón», tras el enojo que hace algunas semanas causó en Palacio Nacional cuando se puso en evidencia la vida que se daba en los más caros restaurantes de la Ciudad de México.

            Hoy corren apuestas respecto a los políticos y empresarios que pueden resultar salpicados, y en otro escenario hay también expectación por conocer la suerte de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, citado para una audiencia el próximo lunes en el caso que se le sigue por supuestamente haber armado la red de sobornos, que nutrió Lozoya, para lograr la aprobación de la reforma energética el sexenio anterior.

            En anteriores audiencias Anaya se ha conectado por plataformas digitales, pues permanece en el extranjero, pero se especula que ahora podría ser emplazado a comparecer de manera física o de lo contrario lo declararían prófugo.

            Habrá que estar atentos, pues dificilmente en el gobierno federal se van a resistir a la tentación de armar todo un circo ya con Lozoya en chirona.

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            En la escena local, sigue dando de que hablar la situación que se vive en el Poder Judicial del Estado tras la sesión del Tribunal Constitucional en la que se abordó la reforma al reglamento de la Fiscalía y la eliminación de la Unidad de Búsqueda.

            De nuevo el Magistrado Luis Efrén Ríos Vega nos escribe, y en relación a la opinión de profesionales del derecho de que debió haberse excusado de votar por un aparente conflicto de intereses, asegura que quienes piensan que tiene algún impedimento legal podrían exponerlo ante el pleno.

            También asegura «Como juez no tengo ningún conflicto de interés en el caso. Ni elaboré ni opiné sobre la norma impugnada. Tampoco fui defensor de ninguna de las partes».

            Y nuevamente hay abogados que aportan al tema, y señalan que el Tribunal Constitucional ni siquiera se pronunció sobre el fondo del asunto, simplemente le señalaron a Ríos Vega que no observó el procedimiento establecido y por ello quedaba insubsistente todo lo actuado, y se reasignó el asunto al Magistrado César Alejandro Saucedo.

            Siendo así, vuelve a plantearse el cuestionamiento de por qué el Poder Judicial del Estado no ha hecho un posicionamiento público en que explique a los ciudadanos lo qué resolvió el Tribunal Constitucional y por qué lo resolvió.

            Al contrario, dejan el vacío de información y con ello la cancha lbre para que en algunos espacios de opinion le suban el tono y dirijan ahora las descalificaciones hacia Miguel Mery, dándole una connotación política a la posición que supuestamente asumió.

            Lo de menos es el cuestionamiento a Mery y a los otros Magistrados. De nuevo, lo cuestionable es que ninguno de los involucrados se detenga a pensar en la fortaleza e imagen institucional.

            Y desde varios ámbitos y regiones de la entidad se han sumado las voces que hacen llegar comentarios a esta columna reprochando el desgaste que se está generando para el Poder Judicial.

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            El dirigente de Movimiento Ciudadano en la entidad, Alfonso Danao, puso en evidencia a la diputada panista Mayra Valdés, pues asegura que una iniciativa que la legisladora llevó a tribuna este jueves, referente a brindar apoyos a la mujer para la reconstrucción mamaria, la copió de una que él presentó como iniciativa popular en mayo anterior.

            Por un lado que la panista lo retome puede ayudar a que la iniciativa avance y que al final se consiga el objetivo más trascendente, que es el apoyo a las mujeres, pero tal vez no se logre lo que pretendía Danao, un posicionamiento personal o de su partido.

            Lo más decente en todo caso es que Mayra Valdés reconociera el origen de la iniciativa, pero se antoja difícil.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Nos escribió el Magistrado Luis Efrén Ríos Vega en relación con lo comentado en la columna de ayer: «Creo que lo que menos hay es diferendo personal con mis amigos, Homero y Juan José. En la sesión del Tribunal solo hay debate de argumentos e ideas plurales sobre la forma de juzgar los derechos humanos. Eso es lo que hace fuerte a un Tribunal».

            Y en cuanto al señalamiento de que el manejo mediático sobre la controversia constitucional que se votó la semana pasada genera un desgaste para el Poder Judicial, Ríos Vega señala: «Las sesiones son públicas. Los debates judiciales son públicos. Las posiciones particulares de cada juez son públicas. No hay ningún desgaste institucional. Luego los medios y los periodistas hacen mediático los hechos noticiosos. Eso tampoco está mal. Es su libertad».

            Es precisamente el inusitado interés que se muestra en los medios por el tema, además de los actores que están opinando y el tono en que lo hacen, lo que vuelve difícil no pensar en que hubo un decidido impulso de Luis Efrén a esa cobertura que el atribuye a los periodistas.

            También otros profesionales del derecho reaccionaron, y aportaron, sobre la situación que se está viviendo en el Tribunal de Justicia, y el tono que han tomado las diferencias de Luis Efrén Ríos Vega con Homero Ramos Gloria y Juan José Yáñez Arreola.

            Señalan que en efecto lo que menos importa, a ambas partes, es la imagen pública y el buen nombre de la institución en que son funcionarios. La institucionalidad, apuntan es cosa del pasado.

            Y opinan que Ríos Vega debió haberse excusado de intervenir en la discusión, pues le atribuyen la autoría de la acción de inconstitucionalidad –que fue presentada por su muy cercana Comisión de Derechos Humanos– además de que como presidente de la Comisión de Atención a Víctimas fue vocero de las familias de personas desaparecidas por lo que caería en un conflicto de intereses.

            Los abogados consideran que si los integrantes del Tribunal votaron en contra de declarar inconstitucional la reforma al reglamento de la Fiscalía del Estado para desaparecer la Unidad de Búsqueda, fue por seguir una línea y no por ignorantes como se les ha querido exhibir.

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            Desde Torreón hay quienes salen en defensa de Jorge Zermeño Infante y aseguran que no es directamente responsable de algunas irregularidades que han salido a relucir, y otras que no soportarían una auditoría, por más superficial que fuera, y que más bien deberían dirigirse indagatorias y señalamientos hacia dos desleales que han hecho del servicio público un negocio personal. Eso sí, ambos están en el entorno inmediato del alcalde.

            Cuentan que el secretario particular de Zermeño, Jorge Alberto Torres Tejeda, y el coordinador de giras Omar Ceballos de los Santos, han tenido a lo largo de la administración una cerrada competencia y no solo por ver quien está más en el ánimo del alcalde, sino también por ver quien hace mayor negocio.

            No dan más detalles, pero ahí queda la pista para cuando la Contraloría Municipal o la Auditoría Superior del Estado se decidan a indagar.

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            Surge la versión en la región Carbonífera que si bien no se ha concretado ninguna obra de las que prometió hace un año López Obrador cuando estuvo en Pasta de Conchos, ya hay la promesa de que el año próximo habrá recursos para una de carácter deportivo en Nueva Rosita.

            Se afirma que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, a cargo de Román Meyer, ya autorizó la construcción de un nuevo parque de béisbol para sustituir al que se demolió para dar paso a un importante desarrollo comercial en aquél municipio.

            No es cuestión de hacerle el feo al parque, pero recordemos que el Presidente ofreció “todas las obras que sean necesarias”, y en la Carbonífera son necesarias muchas más y de todo tipo.

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            Este miércoles se cumple el plazo al que nos referimos la semana anterior para que la FGR concluya la investigación complementaria en el caso Lozoya, y en efecto habrá audiencia pero para ventilar un recurso que de último momento presentó la defensa del ex director de Pemex para solicitar, por sexta ocasión, un aplazamiento.

            La Fiscalía ya se pronunció en contra, pero la decisión es de un juez, y en caso de que fuera negada la prórroga, en quince días se tendría que presentar la acusación por los delitos de lavado, asociación delictuosa y cohecho en contra de Lozoya.

            ¿Hacia dónde se decantará el juez? ¿permitirá que Lozoya siga comiendo y haciéndose pato?.

edelapena@infonor.com.mx