Por Eduardo J. De La Peña

            De último momento una de las tribus de Morena en la entidad decidió meterse de lleno a rescatar lo que será uno de los principales componentes de la estrategia electoral del Presidente el año próximo, la consulta sobre revocación de mandato.

            Aunque PRI, PAN y PRD abrieron ante la Suprema Corte un litigio inconformes por la forma en que el Senado decidió plantear la pregunta, incluyendo si se debe ratificar en el cargo al Presidente, el INE ha tenido que avanzar en los preparativos de la eventual consulta y el primer paso es levantar un registro de quienes están interesados en promover la revocación.

            El registro se abrió desde el primero de octubre, y durante los primeros diez días no hubo nadie en Coahuila que se interesara en ser promotor, los registros comenzaron a darse a partir del lunes de esta semana.

            Para la mañana del jueves catorce, se tenían en el país registrados únicamente 357 promotores, de los cuales 37 son de Coahuila, pero al cierre de ese día se superaron los mil 800 en toda la República, con poco menos de cincuenta en nuestra entidad.

            Y este viernes, último día para el registro, se incorporaron personajes como Luis Fernando Salazar, quien se suma al delegado Tanech Sánchez y su esposa Zazil Pacheco, así como a otros personajes conocidos por su militancia en Morena, como Raúl Yeverino y la doctora Rosa Nilda Arocha, quien por lo que se ve sigue fiel al movimiento pese a que se la jugaron en contra cuando intentó ser candidata a la alcaldía de Monclova.

            No aparece en el listado el nombre de ningún funcionario partidista, representante popular y militante reconocido de otras organizaciones ajenas a Morena.

            Y aunque pudiera parecer paradójico que únicamente desde el partido del Presidente se promueva la consulta de revocación, la verdad es que hay un truco burdo, que Luis Fernando Salazar lo deja en claro al anunciar en redes su inscripción: «El día de hoy me registré ante el INE como promotor de la ratificación de mandato del Presidente @lopezobrador. Seamos parte de este proceso histórico para que continúe el proyecto de la cuarta transformación en nuestro país. #DefendamoslaEsperanza».

            De acuerdo a los tiempos establecidos por el INE, del primero de noviembre al quince de diciembre los promotores podrán recopilar las firmas de apoyo, pues es requisito de ley que al menos el 3% de las personas inscritas en el padrón electoral, y que sean de al menos 17 estados, soliciten la consulta.

            En un par de semanas más, tendremos entonces a Salazar y a quienes sumó en este propósito, recorriendo territorio, haciendo uso de redes y de espacios en medios de comunicación, promoviendo lo que los de su partido dicen es «la ratificación del mandato».

            Lo interesante es que no se sumaron otras tribus, como las de Armando Guadiana, Guadalupe Céspedes, las hermanas Sánchez Galván, Mario Dávila Longoria, es más ni el oportunista Evaristo Lenin Pérez y gavilla que le acompaña aparecen en el registro.

            Y desde luego que los otros partidos no serán promotores, pues no le van a engordar el caldo a López Obrador.

            De cualquier forma será interesante conocer cómo cierra el registro de promotores, y en qué acaba el litigio por la pregunta, si la Corte lo limita a revocación, como se plantea en la Constitución, o lo extiende a ratificación como pretenden los de Morena en su charada.

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            La Fiscalía General de la República obtuvo este viernes la vinculación a proceso penal de un trailero que en su unidad traficaba con 31 nicaragüenses. Fue detenido en la antigua garita de Allende el domingo anterior, y los migrantes deportados.

            Es importante sin duda que se inicie el proceso penal a alguien que fue sorprendido cometiendo un delito, pero esto se parece mucho a aquéllos tiempos en que se detenía a los burreros que traficaban droga,  pero no a los capos.

            ¿Cuándo irá la Fiscalía a emprender acciones reales en contra de quienes controlan la mafia del tráfico de personas?, ¿cuándo darán un golpe a sus esquemas financieros?.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Está programado para este viernes el Consejo Estatal de Seguridad en Torreón, y ya el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anticipó desde el martes que están convocados tanto alcaldes en funciones como los que asumirán el primero de enero; la idea –dijo—es que los entrantes conozcan la situación de seguridad en sus municipios y el modelo de mando único con la aspiración de que todos se incorporen al mismo.

              Ninguno de los futuros alcaldes se ha pronunciado públicamente sobre este emplazamiento que anticipó el gobernador, pero se sabe que algunos están considerando seriamente la posibilidad de no participar en el modelo.

              No se trata de diferencias partidistas, mucho menos de un ánimo de confrontación con el gobernador, es más ni siquiera se trata que discrepen del modelo, lo que les lleva a tener sus reservas es la mala fama que en algunas regiones de la entidad tiene la policía estatal.

              Estos alcaldes están convencidos de la importancia del trabajo coordinado, conscientes de la importancia de blindar al estado y ser firmes para evitar la incursión del crimen organizado, pero no quieren una ciudadanía atemorizada por los excesos de la policía.

              Apuestan en barrios y colonias a un cuerpo de proximidad, que inspire confianza y cercanía, no temor o desprecio.

              Seguramente con la sensibilidad que le caracteriza, el gobernador entenderá el planteamiento, y ojalá que pueda darse una adaptación del modelo para que renunciar al mando único no implique para esos municipios quedar sin posibilidad de coordinación y apoyos estatales.

              El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Eduardo Olmos Castro, ha hablado de la posibilidad de impulsar reformas legales para que el mando único sea un esquema obligatorio para los municipios.

              Ya se intentó en el pasado, hacia allá iba encaminada la reforma a la Ley de Seguridad Pública que se aprobó en 2016, pero finalmente no se concretó, a lo más que llegaron fue a establecer la creación de “Fuerza Coahuila”, que precisamente por su mala fama después tuvo que cambiar de nombre.

              Legislar para hacer obligatorio el mando único, cuando la Constitución General de la República y el Código Municipal de Coahuila dan a los ayuntamientos la facultad de la seguridad pública, sería apostar a un litigio que va a desgastar y al final lo más probable es que la Corte se pronuncie en contra del modelo, por más buenos resultados que aporte.

              Los asesores legislativos de Olmos Castro tendrían que analizar bien el tema.

              De lo que si no hay duda es de la importancia que deberán dar los alcaldes al tema de la seguridad, que el cambio de autoridades municipales no implique ni un periodo de inestabilidad, ni un paso atrás que puedan aprovechar quienes cada día están a la espera de una oportunidad para infiltrarse.

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              La Organización Pasta de Conchos está advirtiendo nuevamente de una mina que opera irregularmente en la región Carbonífera, que está restringida por la Secretaría del Trabajo y que sin embargo sigue surtiendo pedidos a la Comisión Federal de Electricidad.

              Señalan que se trata de Minera Díaz, que está explotando una concesión identificada como Palo Blanco, en el mineral de La Florida, y cuando hicieron del conocimiento de la representación regional de la Secretaría del Trabajo las faltas a medidas básicas de seguridad, la respuesta fue que está restringido el acceso a la mina desde abril de este año.

              Asegura la Organización que de ese lugar embarcaron pedidos el viernes anterior para CFE, que son ya seis meses que está operando ilegalmente.

              “Tomar medidas de no repetición no es hacer inspecciones inservibles, ni seguir comprando carbón como si no importara la vida de los trabajadores. Deben actuar ya, pues bajo ese modelo que sostienen los mineros mueren”, señala Pasta de Conchos en sus redes sociales.

              Recordemos que el año pasado la Organización denunció las condiciones en que se trabajaba en la mina de Rancherías que se inundó en junio de este año, tragedia que enlutó a siete familias, y no le hicieron caso. ¿Ahora sí reaccionará la Secretaría del Trabajo e irá más allá de una restricción que no es obedecida?.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Al inaugurar la «Línea Verde» construida en los límites de los fraccionamientos Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, al suroriente de Saltillo, el gobernador y el alcalde recordaron cómo surgió la idea de ese proyecto.

            En 2015, cuando Miguel Riquelme era alcalde de Torreón, en una visita que le hizo Manolo Jiménez, quien era presidente del comité municipal del PRI en Saltillo, lo llevó a conocer la «Línea Verde» que su administración estaba construyendo.

            Cuando los proyectos políticos de ambos «cuajaron», uno asumió como gobernador y el otro como alcalde, revisaron obras que se pudieran realizar en Saltillo, y ahí se retomó la idea de un parque como el construido en Torreón.

            «Pero necesitas encontrar un basurero como de dos kilómetros para ahí hacerlo», cuenta Riquelme que le dijo a Manolo, y la respuesta inmediata fue «yo se dónde hay uno», y se refería a ese arroyo que ahora ha sido transformado en un área recreativa.

            Pero el valor de la «Línea Verde» inaugurada ayer va más allá de la transformación de un tramo de arroyo que hasta hace unos años era tiradero de basura, escombro y todo tipo de desechos, su significado es mayor pues representa el rescate de un sector que en el pasado reciente fue escenario de tragedias que enlutaron a varias familias y consternaron a la sociedad.

            A apenas ocho cuadras, poco más de quinientos metros al sur de esta «Línea Verde», hay otra derivación del mismo arroyo «De las Víboras», en donde se cometieron en años pasados al menos dos violaciones, un feminicidio y tres homicidios.

            El caso más estremecedor ocurrió en noviembre de 2003, cuando Silvia, una jovencita de 16 años que recorría el camino de su casa a la escuela, decidió acortar la distancia y cruzar por el arroyo, donde fue sometida por dos hombres drogados que la violaron y posteriormente le dieron muerte.

            Uno de los asesinos, a quien en Saltillo se le recuerda con el apodo de «El Madullo» estuvo involucrado en otra violación antes de la de Silvia, y años después se suicidó dentro del penal del estado donde cumplía su condena por feminicidio y ataque sexual.

            En aquéllos años la respuesta de las autoridades al clamor ciudadano fue construir algunos puentes peatonales en los arroyos, pensando que eso daría mayor seguridad a quienes debían de cruzarlos. Pero poco tardó en que esos puentes se convirtieran en garita de una pandilla, «Los Catrines», que cobraba por dejar utilizarlos, y ahí mismo asesinó a dos personas más.

            Estos arroyos son más que basureros que afean las colonias y generan contaminación, son auténticas cicatrices  que a las familias del sector les recuerdan duelo y dolor, tragedias detonadas en mucho por la falta de espacios de convivencia, recreación y deporte.

            La transformación va entonces mucho más allá de lo estético, y cobra otra dimensión pues tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y la apertura de otro tipo de oportunidades y expectativas para quienes viven en ese sector.

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            Y siguiendo con el evento, si de entrada llamó la atención la presencia en el presidium del Administrador Fiscal General, Javier Díaz González, fue aún más cuando Manolo Jiménez lo saludó al terminar su discurso, y remató con una expresión que no pasó inadvertida, un «¡Ya!» en tono de apremio.

            Tanto el gobernador como el alcalde llenaron de «shampoo de cariño» a Javier, lo que lleva a preguntar ¿a qué obedece el placeo?.

            Se había venido manejando la posibilidad de que Díaz González se incorporara al equipo de José María Fraustro Siller como Tesorero municipal, pero el alcalde electo reveló este martes que en esa posición estará Juan Carlos Villarreal, algo que por cierto por inesperado sorprendió.

¿Entonces hacia dónde están proyectando a Javier?, ¿un relevista emergente acaso?.

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            Aunque sí era conocido que el Ministro de la Suprema Corte Javier Laynez Potisek es nacido en Torreón, la verdad es que su desempeño profesional lo ha mantenido durante años desvinculado de la entidad, e incluso cuando fue Procurador Fiscal de la Federación en el gobierno de Felipe Calderón no hubo ninguna vinculación de carácter público con su estado natal.

            Pero las cosas cambiaron cuando el Ministro, disfrutando en el plano personal del fin de semana, fue detenido en su natal Torreón cuando conducía un auto pese a estar bajo los influjos del alcohol, ahora sí todos se acordaron de que es paisano.

            El nombre del jurista y su conducta fueron noticia nacional, dejando al Lagunero en el mismo nivel que los mortales, lejos del plano superior en que la comunidad ubica por inercia a los Ministros.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Con el auspicio del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) se desarrollará este martes un panel denominado «Perspectivas de la Industria del Carbón en Coahuila», con la participación de especialistas en temas ambientales, economistas y productores.

            El panel por las condiciones sanitarias se llevará a través de una plataforma digital y tendrá cuatro bloques principales, el primero –a cargo del Doctor Alejandro Dávila Flores– «Escenario del retiro anticipado de las carboeléctricas y su efecto en la economía».

            Otra investigadora del CISE de la Autónoma de Coahuila, Miriam Valdés, presentará las «Alternativas de transformación económica para la región Carbonífera».

            Funcionarios estatales, investigadores y productores de carbón tendrán un dialogo sobre las perspectivas de futuro para la región, y finalmente Luli Pesqueira de WWF México hablará de oportunidades de transformación.

            Oportuno sin duda el panel cuando la región Carbonífera vive un momento singular en que se suman diversas circunstancias que no hacen más que generar confusión e incertidumbre.

            Por una parte se viene elaborando desde hace varios meses, bajo la coordinación de la UA de C y el Clúster de Energía Coahuila, que preside el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, la investigación que sustentará la propuesta de rescate y diversificación económica de la región, que en resumen busca terminar con la dependencia de la minería del carbón.

            Pero sin embargo los contratos que adjudicó la CFE el año pasado a pequeños y medianos productores, y los que asignó este año por varios millones a la familia Flores Guerra, vuelven a genera dinamismo económico que detona un optimismo local, sustentado principalmente en la derrama inmediata pero que no dimensiona los riesgos de seguridad en las minas, el impacto ambiental y los compromisos internacionales que se tienen que cumplir en la materia.

            Sumado a ello, la percepción de que la eventual reforma a la industria eléctrica vendría a extender la viabilidad temporal de las termoeléctricas y fortalecer su operación, genera que muchos se inclinen por seguir apostando a la extracción del carbón, una industria que ha enriquecido a unos cuantos y enlutado a cientos.

            Será entonces interesante ver lo que se exponga en este panel, que por los actores involucrados se anticipa irá más orientado a la reconversión que a la permanencia de la minería del carbón.

            Y a propósito de esta actividad económica, ante la inquietud que ha surgido en los productores sobre la conclusión de los contratos con la CFE y la adjudicación de nuevos, a este ÍNDICE ha llegado información por parte de funcionarios que la tienen de primera mano, pues participan directamente en la toma de decisiones.

            Para quienes se dicen preocupados porque recibieron anticipos y no suministraron carbón, o incumplieron con los pedidos a los que se comprometieron, nos afirman que tienen razón en estar preocupados, esos casos ya están en el área jurídica que emplazará para el reembolso de los anticipos, y ejercerá las fianzas para quienes incumplieron.

            Y en cuanto a los contratos para el año próximo, nos dicen que sí habrá, y lo más seguro que por adjudicación directa. Se confirmó, explican, que en el modelo que se ensayó el año pasado, hubo quienes recibieron contratos por su rango de pequeño o mediano productor, pero no pusieron a trabajar las minas y le compraron el carbón a los grandes que habían quedado fuera de los pedidos.

            Lo que se había anticipado, el coyotaje a la inversa. Entonces aseguran que en esta ocasión se harán pedidos únicamente a los que se comprobó que tenían las minas trabajando.

            Habrá que estar atentos, estos asuntos siempre son muy manoseados por la cantidad de recursos que involucran.

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            Aunque los ganaderos, que dirige en la entidad Joaquín Arizpe Dávila, nada han manifestado al respecto aún, entre los agentes aduanales de Piedras Negras hay inquietud porque el gobierno de Estados Unidos ha planteado que a partir de diciembre se cancelarán las importaciones de ganado por Eagle Pass.

            De acuerdo a lo que ha trascendido la disposición sería que todo el ganado que se exporte por Coahuila entre por la aduana de Del Río, lo cual además de las complicaciones logísticas para los ganaderos, impacta en la economía de las agencias aduanales.

            Las estadísticas más recientes indican que cada año se exportan en promedio 60 mil cabezas de ganado por Piedras Negras y 30 mil por Acuña, y ahora el Departamento de Agricultura de Estados Unidos pretende concentrar su área de inspección en Del Río.

            También a este nuevo flanco que se abre conviene estar atentos.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Como lo mencionamos en una columna anterior, el tema migratorio es una crisis latente en la entidad, y en general en el país. El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard pretende quitarle importancia y señala que para México no es ningún problema dar refugio a quince mil haitianos, que hay capacidad para ello.

            También el jueves, durante su visita a Arteaga el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas repitió su promesa de que México ofrecerá empleo temporal y procurará mecanismos de integración para las personas que cruzan el país con el sueño de llegar a Estados Unidos.

            Y que buen gesto sería que en efecto hubiera esas oportunidades de empleo y mecanismos de integración, pero los hechos hablan de que el gobierno federal no ha dimensionado la realidad, no se involucra y hacer promesas de saliva es muy fácil.

            Ya hemos hablado en muchas ocasiones de las deportaciones que hace la Patrulla Fronteriza sin coordinarse con el Instituto Nacional de Migración, y para ilustrarlo recordemos que en 10 días deportaron por Piedras Negras a más de 3 mil 800 extranjeros, y de más del 90% de ellos no hay registro alguno, mucho menos se sabe en dónde están ahora.

            Cómo puede decir Ebrard que no es problema refugiar a 15 mil cuándo ni siquiera se sabe cuántos extranjeros se han dispersado a lo largo del año en la zona fronteriza norte ni a qué se están dedicando.

            Las secuelas de la crisis de hace un par de semanas en Del Río siguen vigentes pues tan solo en Acuña hay 600 haitianos en un albergue temporal y en Ciudad Frontera la iglesia católica reconoce estar albergando a cuando menos otros cincuenta.

            Estos albergues subsisten principalmente con donaciones de la población, y en el caso del de Acuña los gobiernos estatal y municipal aportan para garantizar seguridad y condiciones sanitarias. De la autoridad federal no hay participación alguna. Así es muy fácil ofrecer refugio, cuando los costos se le cargan a otros.

            Pero además de quienes están en albergues, cada día se sigue viendo a pequeños grupos, de menos de diez personas, caminando por la orilla de la carretera 57 con rumbo al norte, tratando de llegar a pie a la frontera pues a las compañías de transporte se les ha advertido que no les brinden servicio.

            Estos grupos van expuestos no tan solo a accidentes, sino también con el riesgo de ser capturados por bandas delictivas.

            Y todavía más grave lo que se descubrió este viernes en Tamaulipas, los más de 600 migrantes hacinados en tres cajas de tráiler, a los que se les mantuvo encerrados por más de 36 horas sin agua ni alimentos.

            Difícilmente se puede estar en desacuerdo con que México ofrezca y comprometa un trato humanitario a los migrantes, pero el gobierno federal tendría que acompañar los emotivos discursos con acciones efectivas y contundentes.

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            Este viernes el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados presentó los resultados del Sistema de Alertas de los Municipios al Primer Semestre de 2021.

            El sistema está previsto en la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios, para evaluar el nivel de endeudamiento, y en el reporte se consigna que de 2 mil 447 municipios que hay en el país, solo 777 cuenta con obligaciones financieras inscritas ante la Secretaría de Hacienda, de ellos se ubica a veintiuno de Coahuila.

            Pero no todos los municipios, en el país y en Coahuila, pudieron ser evaluados, pues 239 en el país no entregaron información suficiente, entre estos encontramos a Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Monclova, Parras, Juárez y Guerrero.

            De los municipios coahuilenses que sí fueron evaluados, todos caen en el indicador de endeudamiento sostenible, a excepción de Sabinas, clasificado como «endeudamiento en observación» porque su deuda pública y obligaciones representa un 80% de sus recursos de libre disposición.

            Los Ayuntamientos están en pleno proceso de entrega-recepción y es importante que se conozcan públicamente no solo sus niveles de endeudamiento, bancario y con proveedores, sino también se explique con claridad lo que ello les representa en sus flujos y operación, pues como bien lo indica el reporte hay niveles de deuda que son sostenibles, es decir que no implican una carga que paralice a la administración pública.

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            Un coahuilense será titular del Instituto para los Adultos Mayores en la nueva administración estatal de Nuevo León, se trata de Ramón De La Peña Manrique, quien es también Rector Honorario Vitalicio del Campus Monterrey del ITESM.

            De La Peña Manrique quien además de una larga trayectoria académica y de participación en organismos de la sociedad civil fue en el gobierno de Vicente Fox director del Instituto de Educación para los Adultos, tiene sus orígenes en Mesa de las Tablas, municipio de Arteaga, vivió en Saltillo, y desde los sesentas, cuando se fue a realizar sus estudios profesionales, radica en Monterrey, pero en nuestra ciudad vivieron sus hermanos Agustín y Godofredo, ya fallecidos, y el conocido odontólogo Yturiel aquí radica aún.

            La actual directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UA de C, Gabriela de la Peña Astorga, es su sobrina.

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Por Eduardo J. De La Peña

            De justicia la iniciativa que llevó este jueves Jericó Abramo Masso a tribuna de la Cámara de Diputados proponiendo reformas a la Ley del Seguro Social para que jubilados y pensionados tengan la opción de regresar a trabajar sin que se les cancele la prestación.

            Abramo Masso plantea que hay cerca de cuatro millones de mexicanos que perciben menos de cuatro mil pesos de pensión, lo que desde luego no les es suficiente para vivir, por eso plantea que quienes estén en condiciones físicas que les permitan seguir trabajando puedan reincorporarse a la vida productiva, reciban un sueldo y este se sume a su pensión.

            No faltarán los fanáticos que sostengan que no es necesaria la reforma, pues ahora a las pensiones del Seguro se le suman las del Bienestar, pero con las anomalías que hay en ese programa social –y en general en todos– la verdad es que los adultos mayores siguen batallando para completar el sustento.

            Las pensiones federales para adultos mayores son insuficientes porque, como mucho se ha repetido, se incluyó entre los beneficiarios a personas que no las necesitan, en lugar de otorgar un monto mayor a quien realmente tiene carencias.

            Pero la propuesta de Jericó no únicamente implicaría un ingreso mayor para los jubilados, también les haría más atractivo seguir en el sector productivo, con beneficios para su salud emocional.

            Habrá que estar atentos a cómo camina esta iniciativa.

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            El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo canceló de último momento su visita a Piedras Negras, que estaba prevista para este viernes, pues dice haber sido convocado a una reunión del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en materia de seguridad.

            Nieto acudiría a Piedras a presentar su libro «Sin filias ni fobias. Memorias de un Fiscal incomodo», que relata su paso por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

            Llama la atención quiénes integran el grupo que invitó a Santiago Nieto, que bien pudieran conformar un club de impresentables, pues además del alcalde de Piedras Negras Claudio Bres, están la ex secretaria general de Morena en la entidad, Hortensia Sánchez Galván; el ex diputado y propietario de la UDC Evaristo Lenin Pérez Rivera; y la diputada y alcaldesa electa de Múzquiz Tania Flores Guerra.

            Cualquiera de ellos le daría material a Nieto para escribir otro de esos guiones novelescos que luego convierte en carpetas de investigación.

            Por ejemplo Hortensia Sánchez Galván le pudiera contar del poder que extendió a su esposo Manuel de Jesús Meza, para ella no aparecer en el contrato de arrendamiento con el gobierno estatal del edificio que ocupa la Jurisdicción Sanitaria en Francisco I. Madero, inmueble que es de su propiedad. O de cuando metió mano para que su esposo apareciera en las listas de plurinominales en la elección local del año pasado, aunque los estatutos de su partido prohíben expresamente que se favorezca con esas posiciones a familiares de los dirigentes.

            Las irregularidades en que ha incurrido Tania Flores, que omitió en su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, cuando fue candidata a la alcaldía, su participación en empresas mineras, que luego cedió cuando se le puso en evidencia, y los contratos que por adjudicación directa se le asignaron a ella y a su familia para surtir carbón de una calidad que no producen, dan para una causa penal, o alguno de los libretos de Santiago Nieto.

            Sobre Lenin y Claudio, y su paso por las alcaldías de Acuña y Piedras Negras mucho pudiera decirse, por algo se hicieron amigos del de la UIF.

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            A cuatro meses de la inundación en Micarán, la cueva de la que se extraía carbón en Rancherías, municipio de Múzquiz, los deudos de los siete mineros que ahí fallecieron no han cobrado la pensión correspondiente pues debieron iniciar un procedimiento de inconformidad, ya que el patrón no tenía registrados a los trabajadores en el IMSS con su salario real.

            Al rosario de irregularidades que quedó en evidencia con el accidente, muchas de las cuales se habían denunciado desde meses anteriores, se suma esta otra más, lo cual  confirma un patrón de conducta de estos empresarios mineros, que sin embargo siguen siendo favorecidos con pedidos de la CFE.

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            Se cumplen este ocho de octubre 35 años de que se fundó El Diario de Coahuila, proyecto periodístico que a lo largo de este tiempo ha evolucionado para conformar un grupo multimedia, complementando la edición impresa con las plataformas digitales y los espacios de información y entretenimiento en la radio.

            El Diario, un proyecto que nació de la visión y compromiso del ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera con la valiosa participación de Don Roberto Orozco Melo, ambos ya fallecidos, se ha consolidado en estos años con las aportaciones de decenas de mujeres y hombres que tienen al periodismo por pasión y vocación. Dicen que quien cita omite, y el que omite ofende, por ello es mejor no tratar de enlistar a quienes han sumado para que este medio sea lo que hoy es, pero vaya para todos ellos un amplio reconocimiento. Participar ahora en estas páginas, es un reto y enorme compromiso.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            El Senado aprobó el martes la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, y con ello se formalizó que en la Cámara de Diputados funcionarán 51 comisiones, de las cuales han quedado integradas hasta ahora únicamente las de Energía; Hacienda y Crédito Público; Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Puntos Constitucionales .

            Es de destacarse que de cuatro comisiones integradas, en dos fueron incorporados como secretarios diputados que representan a Coahuila, lo cual no es un mal porcentaje.

            Jaime Bueno Zertuche alcanzó su objetivo de ser secretario en la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado de Morena Erasmo González Robledo. Ahí también participa otra conocida de los coahuilenses, Sonia Rincón Chanona, quien fuera delegada en la Sección Quinta del SNTE y luego se convirtiera en promotora del partido presidencial en nuestra entidad.

            En la misma comisión participa también la ex candidata independiente Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

            En tanto Jericó Abramo Masso, además de presidir la de Turismo, será secretario de la Comisión de Hacienda, que preside el diputado del Partido Verde, Luis Armando Melgar, y en la que también participa el regiomontano Ildefonso Guajardo Villarreal, ex Secretario de Economía en el gobierno federal.

            De las ya integradas, en la Comisión de Energía hay aún una vacante que le corresponde al PRI, y desde luego sería importante para nuestra entidad que uno de los diputados que representan a Coahuila forme parte de ella, por la participación que tiene el estado en ese rubro.

            Seguramente el resto de los diputados priistas se irán acomodando en cuanto se conformen las otras comisiones, se ha dicho que todos ocuparán una secretaría, pero de los que no hay señales de vida es de Brígido Moreno Hernández, del PT, y Francisco Javier Borrego Adame, de Morena.

            Que por cierto Borrego inauguró el sábado anterior una casa de gestoría en Múzquiz, lo cual constituyó toda una novedad, pues los primeros tres años en que fue diputado no se apareció nunca en ese municipio, y en esta ocasión tuvo un evento desangelado. Para darnos una idea del poder de convocatoria basta saber que un tramo de banqueta fue suficiente para reunir al grupo. ¿Ese quién es? preguntaban los lugareños al pasar por el lugar.

            Pero volviendo a las comisiones, es bien sabido que además del valor que tienen para la entidad que cada diputado representa, para los legisladores es una oportunidad de construir relaciones, que en su futuro político les pueden ser de gran utilidad, e incluso marcar su destino.

            Recordemos que el gobernador Miguel Ángel Riquelme cuando fue diputado federal fungió como secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, que presidía Carolina Viggiano, y fue integrante de la de Presupuesto que presidía Luis Videgaray.

            Su cercanía con la diputada Viggiano fue clave para que al integrar su gabinete Rubén Moreira lo nombrara Secretario de Gobierno, y cuando Riquelme llegó a la alcaldía de Torreón su relación con Luis Videgaray le permitió gestionar recursos directamente con el Secretario de Hacienda.

            Será interesante ver en los próximos días cómo se acomodan nuestros diputados y quiénes más participan en esas comisiones.

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            En otros temas, la mañana de este jueves en Torreón se firmará un acuerdo entre la Comisión Nacional del Agua y la Asociación Pro Defensas del Nazas, ahí estarán plasmados los compromisos que asume el gobierno federal con el grupo ambientalista a cambio de su desistimiento del juicio de amparo que promovió contra el proyecto de Agua Saludable.

            El acuerdo se alcanzó con la mediación de la Universidad Iberoamericana, y será precisamente en el Campus Torreón de esa institución donde se lleve el evento de firma.

            Conagua se estará comprometiendo a trabajos de remediación ambiental en el sitio donde construirá una presa derivadora en el Cañón de Fernández, y a mantener todo el año un nivel de estiaje en el Río Nazas para evitar se deseque cuando no se libera agua de riego durante el ciclo agrícola.

            Así, se supone, todo quedará planchado para que el viernes el presidente López Obrador confirme la realización del proyecto.

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            No disminuye el número de deportaciones que realiza la Patrulla Fronteriza desde Eagle Pass a Piedras Negras. En los primeros cinco días de octubre expulsaron a dos mil 49 migrantes, es decir 223 más que en los últimos cinco días de septiembre, y en esta ocasión mil 956 no tuvieron ningún contacto con autoridades mexicanas.

            En diez días son más de 3 mil 800 migrantes deportados desde Eagle Pass hacia México, ¿dónde están ahora?, lo más probable es que en Piedras Negras y las ciudades cercanas. Hay una crisis latente.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Este asunto de los «Pandora Papers» es de esos temas en que es preciso manejarlos con pinzas y tratar de diseccionarlos para intentar entenderlos en lo que realmente representan e implican, pues de lo contrario se convierten en uno más de esos escopetazos que salpican a muchos, manchan famas públicas, sirven para el escándalo, y al final no aportan nada.

            En un tema de esta magnitud, que implica la filtración de cerca de doce millones de documentos en los que se expone cómo algunas de las personas e instituciones más poderosas del mundo, entre ellos 330 políticos de 90 países, manejan sus fortunas con inversiones en paraísos fiscales, es complejo dilucidar en qué incurrió cada uno, y lo más sencillo es colgar a todos la etiqueta de corruptos y ponerlos bajo sospecha.

            Cuando menos en nuestro país, en la circunstancia actual algo así es peligroso, pues bien se sabe que el Presidente en su visión maniquea es capaz de cualquier exceso si cree que iniciar una persecución le sirve en su falsa cruzada contra la corrupción.

            El trabajo periodístico que develó los «Pandora Papers» señala marcadamente el uso de las compañías offshore por parte de los millonarios del mundo implicados en la investigación, y en el imaginario colectivo no es difícil asociar eso con conductas ilícitas o delictivas, cuando no necesariamente lo son.

            Claro que también hay grupos delictivos, carteles de la droga y otros, que recurren a estas estrategias, pero no todos los que invierten en paraísos fiscales obtuvieron de manera ilícita los recursos.

            Las compañías offshore no tienen una actividad real en los países en que están registradas, no necesitan oficinas ni empleados, y están ahí para aprovechar los beneficios fiscales. Muchos millonarios en el mundo recurren a ellas ya sea por temor a las condiciones de inseguridad, o a la inestabilidad económica o política en sus países.

            Se vuelven ilegales cuando no se tributa por los beneficios obtenidos. Al menos los mexicanos que tienen inversiones en el extranjero, deben declararlas al SAT y pagar impuestos sobre los ingresos que les generen.

            Hasta ahora han surgido en esta investigación los nombres de al menos tres coahuilenses, y aunque no han trascendido los detalles finos de cada caso, lo que ha trascendido permite asumir que cada uno es diferente.

            Respecto al ex gobernador Enrique Martínez, a través del banco de Allen Stanford estableció dos fideicomisos en dólares en las Islas Vírgenes Británicas. El fraude de Stanford, en el que estafó a miles de inversionistas, salió a la luz en 2009,  una época en la que Martínez no estaba en el servicio público.

            Seguramente el dinero que invirtió provenía de su actividad empresarial, y por tanto ya había pagado los impuestos correspondientes, y si en el 2009 o un año antes lo perdió en ese gran fraude, cuando regresó al servicio público, al ser designado Secretario de Agricultura en diciembre de 2012 ya no lo tenía, ¿cómo podía incluirlo en su declaración patrimonial?.

            El Secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes también aparece con inversiones a través de Stanford, igualmente la inversión inicial pudo venir de los ingresos de sus negocios particulares, que es bien sabido los tiene, aunque en su caso no dejó de estar en el servicio público en toda la primera década de este siglo, ahí sí falta por saber si incluyó en su declaración patrimonial las cuentas que tuvo en el extranjero antes del quebranto.

            En el caso del senador Armando Guadiana Tijerina, con un fideicomiso también en las Islas Vírgenes, asegura que lo constituyó hace catorce años, esto nos remitiría a 2007, cuando estaba dedicado a su actividad empresarial, no era servidor público pero sí, en ese entonces, un fiel soldado del PRI. ¿Mantiene o no esos fideicomisos? ¿paga impuestos por los dividendos que le dejan?, siempre ha llamado la atención que pese a la opulencia que le rodea y lo conocido de sus actividades en la minería y la crianza de ganado, en sus declaraciones patrimoniales asegura no ser dueño de empresas, ¿esta es la pantalla que ha utilizado para negar una fortuna que sin embargo no oculta?.

            El tema seguirá haciendo ruido, habrá que seguirlo con cuidado.

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            Y a propósito de Guadiana, de su evento del domingo en Saltillo llaman la atención las ausencias, no le acompañó ninguno de los cuadros importantes de su partido en el resto de las regiones de la entidad, no estuvo Luis Fernando Salazar, de La Laguna, ni Claudio Bres, del norte, tampoco Roberto Piña del centro.

            Y el mensaje no se limita a que no secundan la pretensión de Guadiana de convertirse en 2023 en candidato a gobernador, tampoco comparten su apuesta incondicional por Ricardo Monreal hacia la sucesión presidencial.

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            En La Laguna se asegura que los ambientalistas ya anunciaron que se desisten de los juicios de amparo contra el proyecto de «Agua Saludable», y que el viernes se dará la visita presidencial para anunciar que el ambicioso programa sí se ejecutará.

edelapena@infonor.com.mx