Por Eduardo J. De La Peña

            Según datos que esta semana dio a conocer la Patrulla Fronteriza, tan sólo en julio detuvieron a más de 212 mil personas que ingresaron a Estados Unidos en condición de migrantes indocumentados, y más de 150 mil de ellos a los que se les frustró su primer intento admitieron haber pagado a alguien para cruzarlos desde nuestro país.

            Según las autoridades estadounidenses, los polleros o traficantes de personas cobran en promedio cuatro mil dólares a los mexicanos, y hasta ocho mil dólares a migrantes de cualquier otra nacionalidad. El negocio les deja millones de dólares al mes.

            Sirvan estas cifras para tomar referencia de lo que se enfrenta en la región y el estado, pues el fenómeno migratorio que en las semanas recientes parece desbordarse conlleva mucho más que los problemas sociales evidentes.

            Es cierto, la llegada de migrantes a nuestras ciudades genera la saturación de albergues, la improvisación de otros, detona casos de hacinamiento y propicia riesgos sanitarios.

            Pero además está el tema de la operación de las bandas delictivas que se dedican al trafico de migrantes, que en la defensa de rutas y espacios que favorecen su millonario negocio ilícito, se confrontan entre sí y con las autoridades.

            No se descarta que el ataque a un oficial de la Policía de Saltillo en semanas anteriores haya estado relacionado con estas bandas, versión que se fortaleció cuando las investigaciones apuntaron a que quienes perpetraron el ataque huyeron hacia comunidades de Arteaga que se comunican por brechas con Nuevo León y San Luis Potosí, es decir una de las rutas en que se ha incrementado el trafico de migrantes.

            Precisamente esta semana fue noticia nacional el secuestro y posterior liberación de 22 extranjeros, presuntamente venezolanos y haitíanos, a quienes sacaron por la fuerza de un motel de Matehuala y horas después se les localizó en una brecha en las inmediaciones de Doctor Arroyo, Nuevo León.

            Las autoridades de los diferentes niveles de gobierno deben elevar la alerta para impedir desde luego que los traficantes abusen de los migrantes, pero también para evitar que la operación de estas bandas, y sus disputas, rompan la tranquilidad en nuestras comunidades.

–o—

            Se celebró el martes en Lerdo, Durango, la octava mesa de dialogo relacionada con el proyecto de “Agua Saludable para La Laguna”, que se suponía sería la última, pero la próxima semana se deberá celebrar al menos otra.

            Y esa ya proyectada para la próxima semana será con los integrantes del mismo Módulo de Riego San Jacinto, con los que estuvieron el martes, que aun no han dado su consentimiento a la realización del proyecto.

            En este caso se trata de ejidatarios de Nuevo Graseros que no están en sí en contra del proyecto, sino que están presionando para que les resuelvan otras situaciones.

            En primer lugar aseguran que cuando se construyó la presa derivadora Francisco Zarco, en los sesentas, no se les indemnizó por la afectación a sus tierras y ahora quieren que les paguen lo que no recibieron hace más de cincuenta años.

            Pero además al parecer no tiene documentado su derecho al uso anual de determinado volumen de agua, y quieren también que se les resuelva este punto.

            Ya el director de CNA, Germán Martínez, dijo que revisarán el tema de la indemnización en los archivos de la dependencia, y deslizó que si en su momento no hubo pago entonces tendría que hacerse.

            El gran tema es si estos puntos quedarán resueltos antes del 3 de octubre en que se tomará la definición de si el proyecto se realiza o no, y también el riesgo de que en los días restantes surjan otros que se acuerden de algún pendiente como estos y aprovechen la circunstancia para presionar.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Un bien informado lector nos escribe respecto a temas abordados en el ÍNDICE de ayer, y afirma que la versión de que una de las cuatro camas con que se equipó la “Unidad de Quemados” del Hospital General en 2010 fue sustraida por ordenes del interino Jorge Torres López es cierta.

            También nos comenta que Torres López está en Saltillo desde hace varias semanas, y que se encuentra en su casa en espera de resolver en el estado sus asuntos legales, que aunque ya prescribieron, con todo y ello debe cerrarlos ante la autoridad estatal.

            En junio de este año Jorge Torres fue condenado a una pena de tres años de prisión, luego de declararse culpable de lavado de dinero. Oiginalmente afrontaba una penalidad de veinte años, pero al admitir la culpabilidad y entregar una casa con valor de medio millón de dólares se le redujo a 36 meses de cárcel.

            La casa está en Montgomery, Texas, en un desarrollo aledaño a Conroe, el legendario paraíso de los López de Saltillo en las cercanías de Houston y a escasas noventa millas de Galveston, a donde se tienen que seguir enviando los pacientes con quemaduras porque aquí se desmanteló la Unidad creada con ese propósito en el Hospital General.

            Cuando se le dictó sentencia se dijo que al cumplir con la pena se le deportaría, y es probable que le hayan considerado el tiempo que pasó en prisión antes de ser condenado y que ya lo hayan deportado y efectivamente esté en Saltillo.

            En cuanto a la prescripción de sus delitos, aunque en realidad no hay certeza de que aquí se haya abierto averiguación penal alguna, se supone que los cometió en 2007 cuando era Secretario de Finanzas, y no en 2011 cuando fue gobernador interino.

            En ese entonces la prescripción de delitos como peculado y enriquecimiento ilícito era de cinco años.

En agosto de 2020, ya bajo el gobierno de Miguel Riquelme se hizo una reforma penal, en que se estableció que para cualquier delito cometido por un servidor público en el ejercicio de su función la prescripción es de siete años, que se contabilizan a partir del día siguiente de que se le notifique sobre la solventación de irregularidades, lo cual implica un periodo más extenso, pero para el caso de Torres esto no aplica con efectos retroactivos.

En estos términos más que ante un delito estaríamos ante un deleite –como algún día dijo Humberto Medina Ainsle siendo Procurador de Justicia en Coahuila– pero más allá de eso, esté donde esté Torres bien podría regresar la famosa cama para pacientes con quemaduras.

–o—

            El lunes en tribuna de la Cámara de Diputados el lagunero José Antonio Gutiérrez Jardón presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrrollo Rural para establecer que quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas preferentemente agroecológicas.

            Gutiérrez Jardón lo plantea en términos de aminorar los efectos ambientales, y en efecto eso sería lo deseable evolucionar hacia tecnologías y productos que causen menos daño, pero en estos tiempos en que la cuarta transformación ha desmantelado todos los programas para incentivar la producción agropecuaria, es utópico que se pueda incorporar cualquier avance tecnológico, amigable o no con el medio ambiente.

            No se le resta mérito a la iniciativa de José Antonio Gutiérrez, pero ojalá la acompañe de una firme defensa del presupuesto para el campo.

            Por cierto, de todas las intervenciones que han tenido diputados coahuilenses en estas dos semanas que han transcurrido de la actual Legislatura, ninguna ha merecido un esfuerzo de difusión por parte del PRI Estatal.

            Ya subieron a tribuna Jaime Bueno, Jericó Abramo, José Antonio Gutiérrez y desde luego Rubén Moreira, pero el PRI local nada difunde, ¿será porque Rigo Fuentes se limita a ocupar la curul?.

–o—

            Y ya que se habla de los obstáculos de la 4T a la productividad agropecuaria, esta semana una vez más la Secretaría del Bienestar decidió llevar en martes el reparto de dinero para adultos mayores en comunidades rurales de Arteaga.

            Quizá en las áreas urbanas sean pocos los casos, pero en las comunidades ejidales son muchos los adultos mayores que aún trabajan, los hombres como jornaleros y las mujeres en invernaderos y módulos de empaque, y cada que la 4T los congrega para regalarles dinero, faltan a su trabajo.

            Ya se sabe que los lunes en la Sierra de Arteaga ni las gallinas ponen, entonces el austentismo laboral es alto; luego el martes se fueron “por el apoyo”; el jueves es festivo y no laboran. En suma, semana perdida.

            En lo que se va y no se va, bien podría Reyes Flores Hurtado programar las concentraciones de sus becarios en fin de semana para no interrumpir los días laborables.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            El fin de semana hubo un accidente en el ejido Padres Santos, ubicado al poniente de Saltillo. Jesús, un niño de nueve años de edad, jugaba en la azotea de su casa, tocó unos cables y se electrocutó

            Jesús fue llevado al Hospital del Niño, pero por la gravedad de las quemaduras que sufrió se planteó trasladarlo a Galveston, Texas, en donde existe un hospital especializado en este tipo de pacientes.

            Este accidente se da justo cuando el Comité de Ciudades Hermanas ha retomado sus gestiones, que han planteado desde 2018, para que se instale en Saltillo un hospital que atienda exclusivamente a personas con quemaduras, que sea precisamente una extensión del que funciona en Galveston.

            Justo durante el fin de semana, el presidente del Comité, Jesús Castilla Sánchez, habló de la posible donación de un predio al sur de la ciudad para instalar ese hospital.

            Y en este contexto no se puede pasar por alto que en 2010 en el Hospital General de Saltillo, el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés entregó una «Unidad de Quemados», equipadas con cuatro camas especializadas, cada uno con valor de un millón de pesos.

            Sin embargo ese equipo se perdió y no ha dado servicio, siendo recurrente que se tenga que enviar a pacientes a Galveston. Este año ya hubo otro caso hace un mes y medio, con un bebé de un año nueve meses originario de Torreón, y en agosto del año pasado otra situación similar con un niño de seis años.

            Hace años, ya en el sexenio de Rubén Moreira, se dijo que una de las camas especializadas del Hospital General fue sustraida por ordenes del gobernador interino Jorge Torres López, quien la habría destinado para el uso particular de su padre, quien padecía una enfermedad terminal y murió en 2011.

            Si acaso se investigó, nunca hubo aclaración ni se procedió en contra de nadie por la desaparición de esa y las otras camas.

            Si la versión es cierta, el interino ya tiene suficientes problemas con la justicia texana como para cargar además con esto, bien haría en todo caso en devolverla, finalmente esa cama multiarticulada es específica para pacientes con quemaduras, no para quemados, no le va a servir de nada y acá prestaría un gran servicio.

–o–

            Las cifras que se conocieron esta semana en Nuevo León relacionadas con el flujo migratorio en los primeros siete meses del año llaman la atención tanto por el número de personas en condición de migrantes que han sido detenidas,  5 mil 300 de enero a julio, un promedio de 25 diarias, como por el hecho de que se ha detenido también a 96 traficantes y no hay a la fecha uno solo procesado.

            No se han dado a conocer cifras relacionadas con Coahuila en el mismo tema, pero seguramente los migrantes que han sido deportados por Ciudad Acuña y Piedras Negras en estos siete meses son muchos más que estos 5 mil de Nuevo León, y a ellos hay que sumar los miles que hayan sido detectados cuando apenas se les desplazaba por territorio estatal hacia la frontera.

            Pero en cuanto a consignados aquí los datos son diferentes, cuando menos a seis traficantes a quienes el 27 de agosto se les detuvo al sur de Saltillo cuando trasladaban en dos autobuses a 150 centroamericanos, 50 de ellos menores de edad, ya se les vinculó a proceso desde el seis de septiembre que la Fiscalía General de la República llevó el caso ante un juez de control.

–o–

            Faltan menos de 20 días para que se llegue el plazo fijado por Andrés Manuel López Obrador para definir si se va adelante o no con el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, y no ha habido pronunciamiento de las organizaciones que interpusieron juicios de amparo de si se van a desistir, como les emplazó el Presidente o continuarán con el litigio.

            De los días que faltan seis son inhábiles, pues el Poder Judicial de la Federación no labora ni este martes 14 ni el jueves 16 de septiembre, además de los dos fines de semana que se atraviesan.

            Mientras tanto el SIMAS de Torreón ha admitido que el 55% del agua que extrae del subsuelo para suministar a la ciudad rebasa los niveles de arsénico máximos que establece la norma internacional.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Finalmente el Fiscal Gerardo Márquez Guevara sí tenía algo que decir respecto a la resolución de la Corte que invalida las sanciones penales previstas en Coahuila para el aborto, y aunque la dependencia no emitió ningún posicionamiento, el funcionario sí hizo declaraciones este viernes en su natal Torreón.

            Precisó Márquez Guevara que el Ministerio Público tendrá que seguir integrando carpetas de investigación en relación con abortos, pues la Corte resolvió lo concerniente a la madre que decide voluntariamente interrumpir un embarazo, pero se mantiene la penalización respecto a terceras personas que lo inducen de manera dolosa.

            Explica el Fiscal Márquez que en ese supuesto caería quien exije y obliga a una mujer embarazada a abortar, y en ese caso sí se trata de una conducta delictiva.

            Aunque el líder del Congreso Eduardo Olmos Castro ha dicho que una de las alternativas para acatar la resolución de la Corte es simplemente derogar los artículos que se declararon inválidos, pero ante planteamientos como los que hace el Fiscal es claro que se tendrá que entrar a un análisis cuidadoso para que la reforma legal no deje cabos sueltos.

–o–

            Fotografías en poder de la Organización Familia Pasta de Conchos muestran de manera contundente que el deslave o derrumbe que ocurrió el martes en Obayos, municipio de Escobedo, fue mayor a lo que se pensó inicialmente, y aunque el accidente no dejó ninguna víctima, pudo haber ocurrido ahí una nueva tragedia por las condiciones en que se permite trabajar a Consorcio Minero A.G.

            Para empezar la mina de carbón no está adyacente a un tajo, sino dentro del mismo, y las rocas y tierra que se deslavaron del talud arrastraron a la entrada del pozo una camioneta, y destruyeron la «horca», que es la estructura de madera que se coloca sobre estas cuevas para operar el malacate con el que se extrae el carbón en tambos.

            Es evidente que se trabaja sin obras o estructuras de protección, que serían indispensables cuando las operaciones se hacen en un terreno inestable y se está minando el subsuelo.

            «En nuestro país no puede pasar desapercibido que los accidentes en minas se pueden prevenir, que la corrupción y la desregulación son las mejores aliadas para que los accidentes ocurran. Los riesgos pueden reducirse al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad, tales como personal capacitado, provisto del equipo de protección y las herramientas adecuadas para realizar sus tareas», decía en octubre pasado la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde cuando visitó Pasta de Conchos con el Presidente López.

            Y luego de cuestionar la simulación con la que se hacían las inspecciones en el pasado, la funcionaria con poses de gran sapiencia señalaba como indispensable contar con estudios actualizados de mecánica de roca e impulsar prácticas de seguridad como la barrenación sólida.

            ¿Qué dice Luisa María de lo ocurrido en Obayos?, ¿opera Consorcio Minero A.G. con estudios de mecánica de suelo, o le permiten trabajar de manera improvisada?.

–o–

            Cuando Mario Ricardo Hernández Del Bosque aspiraba a la candidatura de Morena a la alcaldía de Ramos Arizpe, se le criticaba que su fundación de asistencia social era una fachada para hacer proselitismo y buscar presencia fuera de los tiempos permitidos por la ley.

            Sin embargo Hernández Del Bosque no fue candidato, Morena no ganó en Ramos Arizpe y la fundación «Amigos de Mario Ricardo» sigue llevando apoyos a grupos vulnerables de ese municipio.

            Es de justicia reconocer que el altruismo del empresario no está motivado en un oportunismo político, hay un compromiso auténtico con su comunidad y no requiere de un cargo público o de las siglas de un partido para trabajar en favor de la sociedad. Bien hecho.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Si bien es una buena noticia que el accidente minero del martes en la región Carbonífera no haya terminado en tragedia, y que los cuatro mineros que estuvieron atrapados por varias horas en un pozo de carbón hayan resultado ilesos, lo ocurrido puso en evidencia varias anomalías que se siguen presentando en aquélla región y que las autoridades no deben de soslayar.

            El primer reporte a las autoridades se recibió por medio de una llamada anónima a las líneas de emergencia poco después de las siete y media de la tarde del martes, refiriendo que al norte de Obayos –un ejido del municipio de Escobedo– dos o tres horas antes se había derrumbado una mina y que al parecer había personas atrapadas.

            …»Refiere que los mismos trabajadores de las minas cercanas son los que andan buscando personas pero comenta que no han pedido ayuda, desconoce el nombre de la mina, solicita apoyo», señala el reporte levantado por las corporaciones de seguridad en la Carbonífera.

            No hay reporte, versión o comunicado oficial de ninguna autoridad, pero fue poco después de las nueve de la noche que se conoció que los mineros habían sido rescatados, la llamada de auxilio se generó a las siete y media, y el accidente habría ocurrido al menos dos o tres horas antes. Estuvieron atrapados entonces cuando menos tres horas y media, aunque hay quienes dicen que fueron ocho.

            Obayos está a poco más de sesenta kilómetros de Sabinas, si se hubiera avisado a las autoridades del accidente en cuanto ocurrió, la ayuda habría llegado en menos de una hora.

            En cambio dejaron a trabajadores de la mina siniestrada y de otras cercanas intentar el rescate, y lo hicieron en condiciones tan precarias, que de acuerdo con el testimonio de un empresario minero a este Índice, estuvieron utilizando una tina de 20 litros para retirar el material que obstruía el acceso. La obstrucción tenía cuatro metros de profundidad.

            Ocultar los accidentes es una practica en la que reincide Consorcio Minero A.G. y Cía de Ariel Gómez, y nuevamente en este accidente sale a relucir el nombre del capataz o encargado Guillermo Flores Rangel, asociado a otros siniestros ocurridos en semanas anteriores.

            El 11 de junio, también en Obayos, hubo un desprendimiento en una mina, y el trabajador Juan Muñiz resultó lesionado, pero ni se avisó a las autoridades ni se le llevó para atención al Seguro Social, sino a una clínica privada.

            Muñiz identificó en ese entonces al contratista como Margarito Puente, y a «Memo» Flores como encargado. Y después se supo que el trabajador estaba afiliado al IMSS por Consorcio Minero A.G. como patrón.

            Juan Muñiz aún convalece de las lesiones sufridas y ya hubo otro accidente.

            Lo ocurrido el martes no fue un derrumbe, la mina quedó obstruida por tierra que se deslavó de la pared de un tajo cercano, lo que vino a confirmar el riesgo del que hace varias semanas advirtió la Organización Familia Pasta de Conchos, se hacen nuevas explotaciones en terrenos adyacentes a tajos abandonados, que además están inundados, y no hay garantías de la estabilidad del terreno.

            Sería utópico pensar que algún día una actividad productiva como la minería llegue al riesgo cero, pero en definitiva hay prácticas y mecanismos para atenuarlos, además de normas y protocolos que se deben de seguir, y en el caso de este Consorcio A.G. estamos ante claros incumplimientos que las autoridades federales del trabajo solapan.

–o–

            También el Secretario de Salud Roberto Bernal tuvo un posicionamiento respecto a la resolución que votó el martes la Suprema Corte y señaló que ningún médico puede ser obligado a practicar un aborto.

            Precisamente ese es otro de los pendientes en la agenda del máximo tribunal, resolver sobre la objeción de conciencia, es decir si un médico por principios personales o creencias religiosas se puede negar o no a interrumpir un embarazo.

            La discusión al respecto se dará en los próximos días.

            Y más allá de los tribunales, en la esfera de las autoridades administrativas, queda el resolver cómo se resolverá en los hospitales públicos el atender los abortos. En el caso de la Ciudad de México hay catorce unidades médicas en donde se practican gratuitamente, ¿se imitará la medida en Coahuila?, ¿lo harán también el IMSS y el ISSSTE en todo el país?.

            Lo resuelto por la Corte hasta ahora tiene que ver con no perseguir penalmente a la mujer que decice abortar, nada se ha dicho respecto a si se obiga o no a las instituciones de salud a esa práctica.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Vaya que causó revuelo el gobernador Miguel Riquelme con su discurso en el evento con que este martes se dio inicio a la última etapa del programa municipal «Bello Saltillo».

            Señaló el gobernador que Manolo Jiménez dice que en diciembre termina, pero que él (Riquelme) no cree que termine en diciembre, y que la experiencia de Manolo lo va a llevar a apoyar en otras partes.

            Hay quienes dicen que simplemente Riquelme anticipó, o confirmó, que cuando Jiménez concluya la alcaldía lo sumará al gabinete, pero otros lo interpretaron como algo inminente, que implicaría una conclusión anticipada de la administración.

            En los círculos cercanos al alcalde se señala que al menos por parte de Manolo tiene proyecta su agenda efectivamente hasta diciembre. Concentrado por ahora en el cierre de programas, lo previsto es en noviembre entrar al proceso de entrega-recepción y rendir el último informe el 6 de diciembre.

            Jiménez se mantendría en la prioridad de un cierre ordenado, como lo ha venido comprometiendo, puntualizan en su entorno.

            ¿Tiene el gobernador otros planes?, en los corrillos políticos se empezó a especular con esa posibilidad incluso antes del discurso de Riquelme este martes.

            En días anteriores se habló de que es inminente el cambio de dirigencia en el PRI, y eso perfilaría la salida de Francisco Saracho Navarro de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, para irse al partido y dejarle el cargo estatal a Manolo.

            Hay quienes opinan sin embargo que no existe apremio para eso, pues la única circunstancia que se da es el traslado de Rigo Fuentes a la Ciudad de México para ocupar su asiento en la Cámara de Diputados, pero dicen que el twitter –lo único de lo que se ocupa– igual lo puede atender desde allá.

            Vaya, que no hay quien extrañe aquí a Rigo, finalmente la chamba la han hecho otros, los buenos resultados son mérito de otros, y ellos siguen aquí en Coahuila.

–o–

            Puntual el Ejecutivo Estatal emitió un pronunciamiento respecto a la sentencia de la Corte que invalida artículos del Código Penal de Coahuila en los cuales se sancionaba el aborto. Señalan en el comunicado que se acatará la resolución.

            También el Poder Legislativo se pronunció a las pocas horas de que se conoció lo definido en la Corte, e igualmente puntualizaron que acatarán lo que derive de esa resolución.

            En cambio por parte de la Fiscalía General del Estado, que de acuerdo con nuestra Constitución es el órgano público autónomo al que corresponde la investigación y persecución de los delitos, hubo absoluto silencio.

            Tendría que ser la Fiscalía la que diga si hay mujeres sujetas a proceso penal, o incluso ya sentenciadas y privadas de su libertad, por haber abortado, al igual si hay personal médico en las mismas circunstancias. Además de si tienen carpetas de investigación abiertas al respecto y qué pasará con ellas.

            Claro, deben transcurrir plazos y diligencias para que la resolución de la Corte surta efecto, pero un asunto de tal trascendencia la Fiscalía tendría que haberse pronunciado ya.

–o–

            Una semana después del regreso a clases en el país, que en el caso de Coahuila incluso fue antes, apenas este martes el dirigente nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas le llevó a la Secretaria de Educación Delfina Gómez el informe sobre las condiciones en que se encuentra la infraestructura educativa.

            Pero no es lo más grave que dicho informe vaya tarde, sino la respuesta de la secretaria Gómez, quien dijo que se convocará a los gobiernos estatales y a los empresarios para que se solidaricen y aporten para la remodelación de los planteles.

            ¿Algún compromiso de inversión federal?, claro que no.

            Menos mal que aquí en Coahuila el censo de infraestructura se levantó desde antes, y hace más de dos meses el gobernador convocó a la IP a apadrinar escuelas y con esto se ha avanzado en las reparaciones necesarias.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            A Claudio Bres se le está complicando el cierre de su tercera gestión como alcalde de Piedras Negras con el tema de los grupos delictivos que no cejan en su empeño por controlar «la plaza».

            Los nigropetenses inician la semana consternados por la agresión que sufrió el domingo un oficial de tránsito al que balearon dentro de su patrulla, lo cual mantiene al agente en estado grave y luchando por su vida.

            Estos hechos detonaron un brote de inconformidad en agentes de la corporación, que aseguran haber puesto en antecentes a la directora de Tránsito, Marina Lozano, de que estaban recibiendo amenazas y aseguran también que la funcionaria se lo tomó a burla, por lo que amenazan con un paro de labores para exigir la destitución de su jefa.

            Tendrá que ser la Fiscalía del Estado la que determine quién y por qué atentó contra el oficial, y en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública definir las estrategias para el blindaje de Piedras Negras.

            Pero al alcalde le corresponde investigar qué hay de cierto en esas acusaciones de los oficiales de Tránsito y establecer si realmente hubo amenazas que la directora ignoró.

            Marina Lozano es una empresaria de Piedras Negras que constiuye uno de los pocos casos en el país en que un miembro de la iniciativa privada deja de ver los toros desde la barrera y asume el mando de una corporación vinculada con la seguridad pública. El desenlace de estos acontecimientos la pondrá a prueba.

            También debe tenerse en cuenta que en las últimas semanas han crecido en Piedras Negras los problemas relacionados con el flujo migratorio, y si ya desde hace meses se advertía del riesgo de que Estados Unidos deportara por la frontera nigropetense cada semana a decenas de personas y que estas ingresaran a nuestro país sin ningún control sanitario, la semana pasada ese riesgo se materializó cuando fue detectada una casa en la que traficantes tenían escondidos a varios migrantes, cuatro de los cuales resultaron positivos a contagio por coronavirus.

            El tráfico de personas, una práctica ilegal altamente lucrativa, está presionando la seguridad pública desde muchos frentes en Piedras Negras, las autoridades deben ser muy acertivas en sus decisiones para evitar que esto se desborde.

–o–

            En los corrillos políticos de la capital empiezan a configurar la posibilidad de un enroque cuando entre en funciones la nueva administración municipal.

            Dicen que si en efecto Javier Díaz González llega a la Tesorería Municipal, su lugar como titular de la Administración Fiscal del Estado sería ocupado por Antonio Gutiérrez Rodríguez.

            Gutiérrez en su desempeño como Tesorero municipal durante cuatro años se ha caracterizado por su eficiencia y seriedad, concetrado en los resultados y alejado de protagonismos, y además de la experiencia que ha adquirido se ha confirmado como un enlace con los diferentes sectores, atributos que en todo caso podría aportar si le llaman en enero a un cargo estatal.

–o–

            Todo apunta a que este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidará el artículo del Código Penal de Coahuila que sanciona con prisión de hasta tres años a la mujer que aborta voluntariamente y a quienes la hayan asistido.

            En sesión del lunes ocho Ministros ya se pronunciaron a favor, y quedaron pendientes los pronunciamientos de tres más.

            Según se ha explicado a raíz de la reforma judicial, si en una sentencia de este tipo hay al menos ocho votos a favor, será jurisprudencia obligatoria para todos los jueves del país, es decir que no únicamente se despenalizaría el aborto en Coahuila, sino en todas las entidades en donde aún es delito.

            Grupos afines a la Iglesia Católica, y a otras organizaciones religiosas desde luego se han manifestado en contra, pero todo indica no han sido escuchados.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Es tan burda la manipulación que se da desde el púlpito presidencial al tema de Altos Hornos de México, y tal la confusión e incertidumbre que se ha generado, que se vuelve necesario diseccionar el asunto para aclararlo y calmar los ánimos.

            Por algún encargo el tema llegó a la mañanera del jueves en la tónica de que la siderúrgica, y el Presidente de su Consejo de Administración Alonso Ancira, al constituir en Estados Unidos un fideicomiso para garantizar el acuerdo reparatorio al que se llegó con Pemex había caido en incumplimiento.

            De ahí se soltó el Presidente con una letanía de consejos a Ancira para que se cuide de cumplir, y ordenó a la que se supone es autónoma Fiscalía General de la República publicar el famoso acuerdo reparatorio, un documento que pese a ser confidencial, y así estar membretado, la dependencia difundió la noche del jueves.

            Y en ese documento que ahora es público se puede constatar que Ancira no ha incumplido, pues como se estableció en la claúsula tercera, antes de noventa días celebró un contrato de Fideicomiso de Garantía. ¿Lo hizo en y con una institución extranjera?, eso no se aparta del acuerdo, que no especifica nada al respecto.

            Ya se sabía desde abril, pero ahora que el acuerdo se hizo público, a muchos les entraron los nervios cuando leyeron que las garantías son el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte y algunos activos de Altos Hornos, y se empezó a hablar de que Pemex tomaría control de la empresa.

            Hay que puntualizarlo, son garantías, y se ejercen si no se paga lo acordado, algo que no ha ocurrido. Es hasta el último día de noviembre de este año que se debe de hacer el primero de tres pagos, por 50 millones de dólares, y luego hay otros dos pagos en noviembre de 2022 y de 2023, entonces acciones y activos no han cambiado de manos.

            Hubo tanto ruido respecto a esa versión errónea de que Pemex se quedaría con Altos Hornos, que no se puso atención en un asunto de fondo que ahí se consigna: Alonso Ancira estuvo vinculado a proceso penal, en la causa 211/2019, acusado de «operaciones con recursos de procedencia ilícita».

            Esa es la causa penal en que lo acusaron de haber dado sobornos a Emilio Lozoya, sustentándose en pagos que Altos Hornos hizo a quien después sería director de Pemex, en un momento en que ni siquiera era funcionario público.

            Pero el acuerdo reparatorio se hace sobre una carpeta de investigación relacionada con el supuesto sobreprecio pagado por Pemex en la compra de la planta de Agronitrogenados.

            El documento deja en evidencia la extorsión del gobierno, procesaron a Ancira con una acusación sin sustento, y lo liberaron con el compromiso de reparar un supuesto daño, pues al Presidente se le puso que Agronitrogenados no valía lo que valuadores oficiales establecieron como monto de la operación de compra-venta.

            Y en su conferencia López Obrador metió otro ingrediente, con segundas intenciones –quizá ir quebrantando al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Legislativo– revivió su versión de que Altos Hornos «pago viáticos» a Rubén Moreira y a otros políticos, y ordenó hacer públicos documentos que deberían estar en resguardo de acuerdo con la ley.

            Publican una lista de vuelos que hicieron Moreira, funcionarios de su gobierno, y actores políticos de diferentes entidades en aviones de ANTAIR, una subsidiaria de Altos Hornos que se dedica precisamente a dar servicios de transportación aérea y mantenimiento de aeronaves.

            El gobierno de Coahuila en el sexenio anterior contrataba a esa empresa para la transportacion de sus funcionarios a actividades oficiales, ¿dónde está lo irregular?, se insinúa como un soborno cuando se trata de un servicio de una empresa privada a nstituciones gubernamentales, algo que ocurre todos los días.

            Lo irregular es que difundan los datos, que fueron extraídos de bitácoras de vuelo que ANTAIR entrega por obligación a las autoridades aeronaúticas, pero que por ley no son públicos.

            La empresa ha reconocido que proporcionó traslados a otros políticos como Manlio Fabio Beltrones, quien pidió el apoyo en una emergencia médica familiar. Como en ocasiones el Ejército les pidió trasladar a mandos militares en comisiones oficiales, o en su momento la Policía Fedeal les pidió combustible, sin costo para sus aeronaves.

            ¿También considerará el Presidente irregular que AHMSA aporte para la construcción de cuarteles militares y venda al costo acero para obras públicas?.

            Hay en todo este asunto mucho ruido y pocas nueces, pero siendo un tema que impacta en la economía de Coahuila, antes que omitirlo es necesario precisarlo para que la manipulación no genere un clima de incertidumbre que entorpezca el ritmo de recuperación que ha tomado la siderúrgica, y que la reposiciona para nuevas negociaciones con posibles inversionistas.

            Que ya no meta ruido el Presidente, ya ha hecho demasiado daño a la economía de las regiones Centro, Carbonífera y Norte.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            La decisión del alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, de incorporar como su asesor al ex Rector de la UNAM y ex Secretario de Salud, José Narro Robles, es trascendente en dos aspectos.

            La experiencia de Narro Robles, que no se limita al ámbito de la salud exclusivamente, es augurio de que Fraustro Siller estará rodeado de un equipo asesor con visión y profesionalismo lo cual debe incidir en el diseño de las estrategias para hacer frente a los muy diversos retos que plantea el desarrollo de Saltillo.

            Es de esperarse que una solidez similar tengan quienes vayan a ocupar los cargos ejecutivos en la administración municipal.

             Y habla también del talante político de José María Fraustro quien sin duda al hacer esa invitación puso en la balanza tanto los activos de Narro, como son su trayectoria, capacidad pofesional y solvencia moral, como los que para algunos pudieran ser pasivos, en los que se cuenta su rompimiento con la cúpula que controla actualmente al PRI.

            No olvidemos que en 2019 el Doctor Narro Robles aspiró a la dirigencia nacional del tricolor, pero renunció tanto a participar en el proceso como a seguir militando en el PRI, haciendo duros cuestionamientos en los que señaló a quienes hoy mandan en ese partido, que es en el que milita Fraustro.

            En aquél momento el ex Rector de la UNAM habló de una farsa, en que se utilizaría lo que llamó un padrón tramposo, inflado en estados como Coahuila, Ciudad de México, Campeche y Oaxaca. «Ellos serán llevados a votar por quienes llenarán de vergüenza al partido», decía Narro Robles en su carta de renuncia.

            Quedaron desde entonces rotos los puentes y las relaciones entre el Doctor Narro y el grupo en que hoy participan Alejandro Moreno y Rubén Moreira.

            Pero más allá de esas consideraciones, José María Fraustro pondera los atributos de quien será su asesor y manda con claridad el mensaje de que no compra pleitos ajenos, que está por encima de ellos y si se trata de buscar lo mejor para Saltillo las formas políticas no serán obstáculo. Bien por él.

–o–

            Si bien la versión que circula en redes sociales respecto a asaltos en la carretera 57 no es exacta, y ubica en las inmediaciones de Huachichil hechos que habrían ocurrido efectivamente en esa ruta, pero en las cercanías de Matehuala, esa imprecisión no debe ser motivo para que los acontecimientos se desestimen.

            Y es que situaciones similares se han dado en los días recientes en Ramos Arizpe, donde hombres armados intentaron asaltar en la carretera a un ex alcalde, posteriormente lo intentaron con un agricultor en el centro de la ciudad, y a otra persona la retuvieron y la llevaron por la fuerza a su domicilio para despojarla de dinero en efectivo.

            Nadie lo pone en duda, las corporaciones estatales y municipales se la han rifado para hacer frente a las incursiones de la delincuencia organizada, pero tal parece que hay quienes aprovechan que las fuerzas se concentran en el blindaje de los puntos más vulnerables, y están delinquiendo en comunidades menos vigiladas, un asunto al que urge se le ponga atención.

–o–

            Juega con fuego Ricardo Monreal en su relación con lo grupos defensores de los animales. Ya agendada la votación en el Senado para la reforma que prohíbe la experimentación animal para la industria cosmética, que se aprobó este jueves, Monreal pactó reunirse el miércoles con una de las asociaciones que más pugnó por esta ley, así jaló reflectores y hoy se muestra como uno de los grandes aliados de esta causa.

            El caso es que el líder de Morena en el Senado se topará en un par de semanas con esos mismos activistas cuando llegue a la plaza de toros de Zacatecas, a acompañar a su hermano, el gobernador electo, en la corrida que le organizaron Armando Guadiana y el empresario José Aguirre.

            Por cierto es tal la inseguridad que impera en Zacatecas desde hace semanas, que no resulta una exageración decir que la cita del domingo 12 de septiembre resulta más riesgosa para los aficionados que para los toros mismos.

–o–

            Más allá de lo que aquí diga la dirigencia de la sección 38 del SNTE que insiste en la segunda vacunación para maestros y alienta que los trabajadores de la educación interpongan amparos, su líder nacional Alfonso Cepeda Salas puntualizó que en todo caso hay que vacunar primero a quienes no han recibido ninguna dosis, y pasar a la de refuerzo únicamente si hay comprobación científica de que se requiere.

edelapena@infonor.com.mx