Por Eduardo J. De La Peña
Según datos que esta semana dio a conocer la Patrulla Fronteriza, tan sólo en julio detuvieron a más de 212 mil personas que ingresaron a Estados Unidos en condición de migrantes indocumentados, y más de 150 mil de ellos a los que se les frustró su primer intento admitieron haber pagado a alguien para cruzarlos desde nuestro país.
Según las autoridades estadounidenses, los polleros o traficantes de personas cobran en promedio cuatro mil dólares a los mexicanos, y hasta ocho mil dólares a migrantes de cualquier otra nacionalidad. El negocio les deja millones de dólares al mes.
Sirvan estas cifras para tomar referencia de lo que se enfrenta en la región y el estado, pues el fenómeno migratorio que en las semanas recientes parece desbordarse conlleva mucho más que los problemas sociales evidentes.
Es cierto, la llegada de migrantes a nuestras ciudades genera la saturación de albergues, la improvisación de otros, detona casos de hacinamiento y propicia riesgos sanitarios.
Pero además está el tema de la operación de las bandas delictivas que se dedican al trafico de migrantes, que en la defensa de rutas y espacios que favorecen su millonario negocio ilícito, se confrontan entre sí y con las autoridades.
No se descarta que el ataque a un oficial de la Policía de Saltillo en semanas anteriores haya estado relacionado con estas bandas, versión que se fortaleció cuando las investigaciones apuntaron a que quienes perpetraron el ataque huyeron hacia comunidades de Arteaga que se comunican por brechas con Nuevo León y San Luis Potosí, es decir una de las rutas en que se ha incrementado el trafico de migrantes.
Precisamente esta semana fue noticia nacional el secuestro y posterior liberación de 22 extranjeros, presuntamente venezolanos y haitíanos, a quienes sacaron por la fuerza de un motel de Matehuala y horas después se les localizó en una brecha en las inmediaciones de Doctor Arroyo, Nuevo León.
Las autoridades de los diferentes niveles de gobierno deben elevar la alerta para impedir desde luego que los traficantes abusen de los migrantes, pero también para evitar que la operación de estas bandas, y sus disputas, rompan la tranquilidad en nuestras comunidades.
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Se celebró el martes en Lerdo, Durango, la octava mesa de dialogo relacionada con el proyecto de “Agua Saludable para La Laguna”, que se suponía sería la última, pero la próxima semana se deberá celebrar al menos otra.
Y esa ya proyectada para la próxima semana será con los integrantes del mismo Módulo de Riego San Jacinto, con los que estuvieron el martes, que aun no han dado su consentimiento a la realización del proyecto.
En este caso se trata de ejidatarios de Nuevo Graseros que no están en sí en contra del proyecto, sino que están presionando para que les resuelvan otras situaciones.
En primer lugar aseguran que cuando se construyó la presa derivadora Francisco Zarco, en los sesentas, no se les indemnizó por la afectación a sus tierras y ahora quieren que les paguen lo que no recibieron hace más de cincuenta años.
Pero además al parecer no tiene documentado su derecho al uso anual de determinado volumen de agua, y quieren también que se les resuelva este punto.
Ya el director de CNA, Germán Martínez, dijo que revisarán el tema de la indemnización en los archivos de la dependencia, y deslizó que si en su momento no hubo pago entonces tendría que hacerse.
El gran tema es si estos puntos quedarán resueltos antes del 3 de octubre en que se tomará la definición de si el proyecto se realiza o no, y también el riesgo de que en los días restantes surjan otros que se acuerden de algún pendiente como estos y aprovechen la circunstancia para presionar.
edelapena@infonor.com.mx
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