Por Eduardo J. De La Peña
Hasta lo último que se sabe, no será en Torreón sino en Lerdo donde estará el domingo Andrés Manuel López Obrador para evaluar avances en el proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, que anunció hace casi un año el 26 de agosto de 2020.
Y aunque diferentes grupos y organizaciones han moderado el tono, quizá como resultado de la operación política que a inicios de la semana hicieron los titulares de Agricultura y Conagua, finalmente prevalecen cuestionamientos a los que se espera una respuesta por parte del Presidente el domingo.
La Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón, por ejemplo, se ha manifestado a favor del proyecto, pero hacen ver que el agua de las presas no es infinita, y en años de sequía no habría ni para el abasto humano ni para el ciclo agrícola.
Por eso llaman a eficientar el uso del agua, tanto en lo agrícola como en lo industrial, para que haya también para el abasto en los nueve municipios.
Eficientar, lo hemos señalado, va de la mano con importantes inversiones para tecnificar el riego y mejorar las redes de distribución urbanas. ¿Habrá con qué?.
Y precisamente respecto a las inversiones necesarias es el planteamiento con el que recibirá a López Obrador el Grupo Empresarial de La Laguna, que está también a favor del proyecto, pero emplazan a que se garantice la inversión completa para que no se queden las cosas a medias como ocurre con el Metrobús.
Desde que el Presidente anunció “Agua Saludable para La Laguna” se habló que la inversión requerida supera los 11 mil millones de pesos, pero López Obrador comprometió únicamente 9 mil. ¿Entonces?.
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Agudo y contundente un lector vincula dos de los comentarios publicados en el ÍNDICE del viernes, el relacionado con lo poco que toman en cuenta al PAN de Coahuila en las decisiones nacionales y el de regreso de Evaristo Lenin Pérez a la UDC para liquidar el partido que heredó de su padre, y nos comparte su conclusión: “que los panistas también bajen la cortina”.
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En vísperas del proceso que se llevará en la planta de General Motors en Silao la semana próxima para la legitimación del contrato colectivo, surgió en estos días un planteamiento por parte del gobierno de Estados Unidos que resulta interesante en varios aspectos.
La administración Biden pidió a las autoridades laborales de México que el Instituto Nacional Electoral vigile la votación que se llevará a cabo martes y miércoles de la próxima semana en la armadora, para que haya certidumbre de que los trabajadores pudieron expresarse libremente.
Esta exigencia lleva implícito un voto de confianza del gobierno de Estados Unidos hacia la autoridad electoral en México, y llega en un momento crucial para el INE, cuando aquí está bajo el asedio del presidente López Obrador que le culpa del fracaso de la consulta ciudadana del 1º de agosto.
Pero además de este aspecto relacionado con el INE, el proceso reviste trascendencia, pues como hemos dicho va más allá de que los trabajadores de esa planta legitimen o no el contrato colectivo, con lo que definirían también si se queda o no con la representación el sindicato “Miguel Trujillo”, que dirige Tereso Medina Ramírez, las implicaciones van más allá.
Este recuento se inscribe en la ya añeja disputa entre la CTM y Tereso Medina, y Napoleón Gómez Urrutia que recurre a todo tipo de triquiñuelas para infiltrarse en las empresas trasnacionales sirviendo a los intereses de sindicatos de Estados Unidos y Canadá que lo protegieron durante sus años de huida.
Y un nuevo elemento es que el gobierno de EU trata de poner nuevas reglas al mercado automotriz, por lo que no puede haber espacio para que la votación de la semana próxima genere dudas sobre el respeto a los derechos de los trabajadores, ya que cualquier incidente lo tomarían como pretexto para sacar ventaja sobre nuestro país en esa negociación.
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El pago este viernes del Fondo de Ahorro para los más de 20 mil 600 trabajadores de la educación agremiados a la Sección Quinta, además de generar una importante derrama económica en la entidad, sirve para dimensionar el tamaño de la bolsa a la que le metió mano José Luis Ponce Grimaldo: este año se pagaron más de 500 millones de pesos, provenientes de las aportaciones de los trabajadores y el gobierno estatal. ¿Por cuánto tiempo se despachó Ponce con la cuchara grande?.
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