Por Eduardo J. De La Peña
Qué habrá querido decir el director del Seguro Social Zoé Robledo cuando en reunión con los consejeros representantes de los sectores obrero y patronal planteó “redimensionar los planes originales de inversión que se anunciaron en Coahuila, Nuevo León y Sonora”.
El críptico comunicado que la noche del domingo emitió la institución, señala “En Coahuila están pendientes la UMF La Joya, la cual va en un 55 por ciento de avance, el Hospital Rural de San Buenaventura, obra recién licitada, y el Hospital Rural de Matamoros, proyecto totalmente nuevo”, pero no precisa si cuando Robledo habla de “redimensionar” se refiere a un recorte o a un incremento.
En agosto de 2019, antes de la pandemia, el Seguro Social anunció una inversión de 8 mil 360 millones de pesos para infraestructura en Coahuila, algunos de los proyectos ya se concretaron, como el Hospital General de Acuña, pero otros están en proceso o incluso aún en el papel.
En esa reunión donde se habló del ajuste al programa de inversión en infraestructura, no participó el coahuilense Javier Guerrero García, así que cómo dice el clásico, “ahora ¿quién podrá defendernos?”.
Una revelación importante que hizo Zoé Robledo en la reunión, es que en 2020 para atender la contingencia sanitaria no fue necesario el uso de las reservas de la institución, sino que fue suficiente con una reorientación del gasto.
Es momento de recordarle a Robledo que en el caso de Coahuila, con recursos estatales se le hizo frente a muchos de los gastos que implicó la contingencia, y se auxiió al IMSS con pruebas de detección e incluso insumos, y hoy debe saber el director del Seguro Social que en el caso de nuestro estado las reservas se agotaron, así que para hacer frente a la tercera ola será preciso que esa institución no escatime un solo peso para que se brinde atención oportuna y suficiente a derechohabientes y población abierta.
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Y siguiendo con la contingencia sanitaria, atinado el señalamiento que hace el dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, en el sentido de que es momento de regresar a las aulas, ya que de seguir en el confinamiento, los daños serían enormes para los alumnos, pues no sólo está en juego su formación y desarrollo educativo, también su salud y estabilidad emocional y mental.
Sin embargo es cuestionable que a tres semanas de la fecha marcada por el gobierno federal para el retorno a las aulas, apenas se le haya ocurrido al dirigente magisterial implementar un operativo para que representantes sindicales recorran plantel por plantel y verifiquen las condiciones en que se encuentran y así notificar a las autoridades las necesidades de infraestructura y servicios.
Podrían haberlo hecho desde que concluyó el anterior ciclo, para que los gobiernos de los diferentes niveles al menos programaran las inversiones.
Hay que decirlo, en Coahuila por parte de la Sección Quinta, dirigida por el delegado Rafael González Sabido, cuando menos desde principios de julio se comisionó a funcionarios sindicales para que hicieran esa tarea que ahora está instruyendo Cepeda Salas a nivel nacional.
Con tiempo debieron haberse identificado las necesidades, y también con tiempo debió haberse levantado un censo de personal vulnerable que no estará en condiciones de regresar a laborar de manera presencial, para que se vieran opciones.
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Aunque el alcalde Manolo Jiménez Salinas ha sido claro en su propósito y compromiso de tener un cierre de gestión ordenado, cuidadoso y transparente, hay funcionarios que parece no comparten esa convicción y siguen en la vieja idea de que los cargos públicos son para servirse y no para servir.
Por ejemplo en días recientes ha sido notoria la presencia de vehículos oficiales del Ayuntamiento de Saltillo en una propiedad privada por el rumbo de Los Lirios, en la cual se están haciendo remodelaciones.
Uno de los funcionarios que tiene propiedades en el rumbo es el Coordinador de la Policía Ambiental Emmanuel Olache Valdés.
Que no manchen el cierre de una administración, ni le resten mérito a lo que se ha hecho bien, con ese tipo de conductas.
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