Por Eduardo J. De La Peña
Esta semana, en dos entrevistas con medios electrónicos Jericó Abramo Masso de alguna manera ha marcado, sin confrontarse, distancia de quien será coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés.
En las dos entrevistas le preguntaron directamente su opinión sobre la designación de Moreira, y la respuesta fue muy similar: “bueno él será el coordinador… nosotros los diputados debemos defender los intereses de Coahuila, con inteligencia, con valor y sin doblegarnos. Tomando decisiones pensando en los compromisos que hicimos en campaña y solamente obedeciendo a los ciudadanos”.
No cuestiona directamente al ex gobernador, ni le crítica o se confronta, pero hablar de no doblegarse, y de obedecer únicamente a los ciudadanos, alude a las dudas que se han generado respecto al papel que vaya a jugar Moreira teniendo en cuenta su vulnerabilidad, y los antecedentes de sus votos en la Cámara durante los tres años anteriores.
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Serio el señalamiento que hacen el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Organización Familia Pasta de Conchos, respecto al accidente ocurrido el 11 de junio en una mina en Obayos, y que como aquí hemos señalado se ocultó al Seguro Social y a las autoridades del Trabajo.
De acuerdo con los organismos la mina es explotada por una empresa propiedad del ex Secretario de Turismo y ex regidor en Sabinas Luis Alfonso Rodríguez Garza, a quien se le adjudicaron pedidos de carbón por parte de la CFE en agosto del año pasado.
Rodríguez Garza, quien además de participar en la minería del carbón incursionó en 2017 –al poco tiempo de dejar la Secretaría de Turismo y justo cuando era candidato a la alcaldía de Sabinas—en una empresa dedicada a la elaboración de bebidas alcohólicas y a la organización de eventos, cuando en julio de 2019 fue relacionado con cuatro minas que fueron clausuradas en San Juan de Sabinas, se desmarcó y dijo que sus operaciones estaban concentradas en el ejido de Obayos.
A dos semanas del accidente en que un trabajador resultó lesionado, dos organizaciones vinculan la mina del accidente al Grupo Sacu, del que Rodríguez Garza es socio, y están pidiendo la intervención de las autoridades para sancionar el que no se haya dado aviso al IMSS del accidente, y a revisar las condiciones en que se trabaja.
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Irremediablemente la designación de Jesús Gerardo Sotomayor Hernández como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, pone nuevamente en la agenda pública un tema en el que al parecer se ha apostado al tiempo para dejarlo en el olvido, el llamado fraude en el Infonavit.
Es el caso de los cientos de juicios que en Coahuila se llevaron de manera irregular para despojar de sus viviendas a derechohabientes morosos del Infonavit, la mayoría de ellos radicados en otras entidades de la República, y en donde se presume la colusión de jueces y secretarios con despachos de cobranza y empresas que se quedaron con las casas.
En diferentes momentos se ha señalado que el caso salpica al hoy jubilado Jesús Gerardo Sotomayor Garza, padre del nuevo Magistrado, y por décadas uno de los personajes de mayor influencia en círculos de la abogacía en La Laguna.
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Por más de ocho meses el gobierno estatal de Chihuahua estuvo excluido de la mesa para la paz y la seguridad, luego de que en septiembre Ricardo Mejía Berdeja decidió romper la coordinación a raíz del conflicto que se originó por el agua de las presas.
Esta semana el gobernador Javier Corral tuvo una reunión con la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, –en la que no participó Mejía—y al finalizar el chihuahuense ponderó en sus redes sociales el ánimo de colaboración y buena disposición para construir la agenda de coordinación.
Con tacto la sucesora de Alfonso Durazo va reconstruyendo lo que le entregaron roto.
Y a propósito de Mejía Berdeja, esta semana algunos columnistas nacionales revelaron que hay acusaciones contra el sub secretario por espiar a periodistas que han criticado la pretensión de integrar el padrón de telefonía celular con datos biométricos.
Padrón que por cierto queda por ahora en suspenso pues en instancias judiciales se resolvió que no es procedente integrarlo cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene presupuesto para cumplir con esa facultad.
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