Gatopardo y carbón
Por Eduardo J. De La Peña
Un mes antes de la tragedia en Rancherías, municipio de Múzquiz, que ha enlutado a siete familias, el Senado de la República hizo un llamado –que nadie escuchó– a reconsiderar la desaparición de la Subsecretaría de Minería, que en septiembre fue cancelada del organigrama federal dentro de las medidas de austeridad ordenadas por el Presidente de la República.
En el dictamen aprobado el 3 de mayo, los senadores señalaron la importancia de la actividad minera para la economía del país, al aportar el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, ponderando también su aportación a la generación de empleo, con más de 381 mil puestos directos y más de 2.3 millones indirectos.
«La Subsecretaría puede ser un elemento fundamental para el desarrollo minero del país, toda vez que fungía como interlocutor entre la industria y el propio Gobierno Federal», señalaron los senadores en su llamado que hicieron nueve meses después de la desaparición de esa instancia.
En la cadena de negligencias que detonaron el accidente en Rancherías, hay que considerar también la desaparición de la Subsecretaría, pues si bien la inspección respecto a las condiciones de seguridad e higiene corresponde a la Secretaría del Trabajo, la pinza tendría que cerrarse con la Secretaría de Economía que otorga las concesiones para las explotaciones mineras y debe vigilar el cumplimiento de la normatividad, pero se ha quedado sin el brazo que articulaba esas tareas.
Además de las condiciones paupérrimas en que operaba la mina siniestrada, hay confusión respecto a la titularidad de la concesión, la propiedad del predio, y sumado a esto las afirmaciones de que de ahí se estaba extrayendo carbón para completar el contrato que el concesionario tiene con la Comisión Federal de Electricidad.
Tendría que ser la Secretaría de Economía la que diera claridad y certeza en este tema, pero hasta ahora se han mantenido ausentes.
Cuando en julio del año pasado la CFE otorgó por adjudicación directa a Carkim Industrial, y otras 52 empresas, los contratos para abastecer dos millones de toneladas de carbón, se destacaron tres aspectos: que a cada productor se le adjudicó una partida de acuerdo a sus posibilidades de producción, que se estaría verificando el cumplimiento de las obligaciones en seguridad e higiene incluso en las pequeñas explotaciones, y que se exigiría honestidad en la entrega del mineral.
Un día después del accidente en Micarám, la CFE emitió un escueto comunicado negando que de esa mina se le estuviera suministrando carbón, y que el director Manuel Bartlett estuviera enterado de las condiciones en que operaba.
Otros productores de carbón señalan que en efecto Micarám no tenía contrato, pero que esa es solo otra de las razones sociales que utiliza el dueño de Carkim Industrial, que sí tiene contratos y antecedentes de al menos otros tres accidentes fatales.
La Organización Familia Pasta de Conchos reitera que en octubre entregaron una carta a Bartlett denunciando las condiciones en que estaba operando esa mina y fotografías que son pruebas contundentes.
En este mismo espacio, el 22 de octubre del año anterior, un día antes de que Bartlett acompañara a Andrés Manuel López Obrador a San Juan de Sabinas en el evento «Hacia la reparación integral en Pasta de Conchos», nos referimos a esas fotografías:
«La fotografía es a un tiempo denuncia y augurio. Mal augurio.
Recargados en un muro de block, tres hombres gritan en silencio las condiciones en que trabajan. Son mineros empleados en la extracción de carbón; los tres están calzados con tenis y dos de ellos visten shorts.
Estamos ante la evidencia contundente de lo que ha generado la estrategia ideada por el actual gobierno federal para, a su entender, «hacer justicia» a los pequeños y medianos productores de carbón.
Un proceso de adjudicación directa, que supuestamente pasó por un proceso de verificación tanto sobre el estatus legal de las concesiones como las condiciones físicas de las minas, privilegió a empresas que no cumplen con las mínimas disposiciones de seguridad en el trabajo.
No hay equipo de protección personal para los trabajadores, ni el que por norma se exige en una operación minera de ese tipo, ni mucho menos el que se precisa en la actual contingencia sanitaria. Tampoco hay equipos de ventilación, medición de gases y autorrescatadores.
No tenían nada de eso estos productores, y las condiciones en que pactaron los contratos de suministro a la CFE no les dan margen para equiparse, el precio base que se les fijó por tonelada no contempla inversiones para ello, tampoco costos fiscales, mucho menos tareas de remediación ambiental y no estima un margen de utilidad».
El 23 de octubre en San Juan de Sabinas, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján dijo: «la corrupción y la desregulación son las mejores aliadas para que los accidentes ocurran. Los riesgos pueden reducirse al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad, tales como personal capacitado, provisto del equipo de protección y las herramientas adecuadas para realizar sus tareas… Memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición para Pasta de Conchos».
El 5 de junio, la funcionaria estuvo en Rancherías, vino fugazmente a tomarse la foto, aparentar compromiso y participación, pero terminó huyendo en una patrulla para no encarar a las familias de los mineros atrapados ni al resto de trabajadores indignados.
En esta llamada cuarta transformación el nuevo esquema para la adquisición del carbón ha terminado como el más claro ejemplo de gatopardismo: «Que todo cambie para que todo siga igual».
edelapena@infonor.com.mx
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