ÍNDICE

Por Eduardo J. De La Peña

            Al concluir el complejo y doloroso proceso de recuperación de los cuerpos de los siete mineros que quedaron atrapados en Rancherías, tendría que iniciarse ahora el proceso legal que corresponde al Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, y las Fiscalías de la República y el Estado, cada instancia en el ámbito de su competencia.

            Se ha confirmado que tres de los trabajadores no tenían una afiliación vigente al IMSS cuando ocurrió el accidente, y la empresa minera intentó una incorporación extemporánea, por lo que se debe iniciar el procedimiento que la ley refiere como fincamiento de capitales constitutivos para que los deudos puedan recibir la indemnización correspondiente.

            Por ley se establece una indemnización equivalente a cinco mil días de salario, esto es que a los beneficiarios de cada uno de los siete trabajadores que murieron les corresponde menos de un millón de pesos, pues los mineros estaban registrados con un salario inferior a 200 pesos diarios.

            Sí, por menos de 200 pesos al día se jugaban la vida en esa cueva.

            Por los tres trabajadores que no estaban afliados se finca un crédito fiscal a la empresa, que además deberá pagar las cuotas por todo el tiempo que no los tuvo dados de alta, más multas, actualizaciones y recargos.

            Micarán es la empresa que aparece como patrón, y de acuerdo con el Registro Público del Comercio sus socios son, a partes iguales, Sergio Antonio Ramos Valdés y Jesús Enrique Sánchez García.

            Ramos y Sánchez aparecen también como representantes legales y hasta el momento ninguno ha sido localizado, ni siquiera contestan el teléfono. El domicilio fiscal de la empresa está registrado en la colonia Tiro 3 de Palaú, y ahí sí se ha visto actividad, pero no la presencia de ellos.

            Con un capital social de cincuenta mil pesos, ¿cómo le hará frente esta empresa a las responsabilidades y obligaciones que le competen?. Lo más probable es que los socios se evadan, ¿qué le queda al IMSS?, ¿embargar el tajo?, ¿de qué le sirve?.

            Se tendría que establecer si además de los patrones, hay alguna responsabilidad del concesionario de la explotación minera, quien tiene que hacerse cargo de que esta opere en condiciones de seguridad.

            Y a propósito de esas condiciones es donde debe intervenir la Secretaría del Trabajo y dar vista a la Fiscalía de la República porque se operaba al margen de la normatividad y no se cumplía con la afiliación a la seguridad social.

            A la Fiscalía del Estado le tocará abrir el proceso penal por el homicidio culposo de los siete mineros.

            La investigación tendría que cubrir adicionalmente otro frente: establecer a quién se le estaba entregando el carbón que de ahí se estaba extrayendo, pues todo apunta hacia una simulación para aprovechar los contratos que en julio del año pasado adjudicó la CFE.

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            Avanzan sin mayores sobresaltos los cómputos municipales, que han concluido en 35 de los 38 ayuntamientos sin que haya cambios respecto a lo que se anticipaba desde el domingo con el PREP.

            El caso más cerrado, con una diferencia de tres votos, era Hidalgo, que se mantuvo sin cambio quedando como triunfador el Partido Verde.

            En Nava, donde el PREP marcaba una diferencia de 116 votos entre el PRI y Morena, con el recuento se amplió a 443 sufragios. Ahí se revisó voto por voto en 21 de las 39 casillas.

            En Piedras Negras, donde la ventaja de Norma Treviño del PRI sobre Claudio Bres de Morena era de mil 305 votos, se redujo a  759 pero Claudio solo sumó nueve votos más, en cambio Carlos Jacobo Rodríguez del PT sumó otros 688. La travesura de Lenin.

            En Múzquiz, donde habían hecho correr la versión de que Morena falsificó boletas, después del recuento en 45 de las 97 casillas, se mantuvo sin cambios la votación para Tania Flores y en cambio la del priista Héctor Miguel García Falcón, «Gachupín» disminuyó otros 265 sufragios.

            De los tres municipios en que no ha terminado el cómputo, en Saltillo y Torreón la ventaja del PRI sobre Morena no da espacio para sorpresas. Y en Monclova donde el PRI pidió el conteo voto por voto ante una diferencia de 555 sufragios a favor del PAN, faltaban hasta anoche 27 casillas por revisar y se mantenía la tendencia favorable para Mario Dávila Delgado.

edelapena@infonor.com.mx

ALTERNATIVA

Gatopardo y carbón

Por Eduardo J. De La Peña

            Un mes antes de la tragedia en Rancherías, municipio de Múzquiz, que ha enlutado a siete familias, el Senado de la República hizo un llamado –que nadie escuchó– a reconsiderar la desaparición de la Subsecretaría de Minería, que en septiembre fue cancelada del organigrama federal dentro de las medidas de austeridad ordenadas por el Presidente de la República.

            En el dictamen aprobado el 3 de mayo, los senadores señalaron la importancia de la actividad minera para la economía del país, al aportar el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, ponderando también su aportación a la generación de empleo, con más de 381 mil puestos directos y más de 2.3 millones indirectos.

            «La Subsecretaría puede ser un elemento fundamental para el desarrollo minero del país, toda vez que fungía como interlocutor entre la industria y el propio Gobierno Federal», señalaron los senadores en su llamado que hicieron nueve meses después de la desaparición de esa instancia.

            En la cadena de negligencias que detonaron el accidente en Rancherías, hay que considerar también la desaparición de la Subsecretaría, pues si bien la inspección respecto a las condiciones de seguridad e higiene corresponde a la Secretaría del Trabajo, la pinza tendría que cerrarse con la Secretaría de Economía que otorga las concesiones para las explotaciones mineras y debe vigilar el cumplimiento de la normatividad, pero se ha quedado sin el brazo que articulaba esas tareas.

            Además de las condiciones paupérrimas en que operaba la mina siniestrada, hay confusión respecto a la titularidad de la concesión, la propiedad del predio, y sumado a esto las afirmaciones de que de ahí se estaba extrayendo carbón para completar el contrato que el concesionario tiene con la Comisión Federal de Electricidad.

            Tendría que ser la Secretaría de Economía la que diera claridad y certeza en este tema, pero hasta ahora se han mantenido ausentes.

            Cuando en julio del año pasado la CFE otorgó por adjudicación directa a Carkim Industrial, y otras 52 empresas, los contratos para abastecer dos millones de toneladas de carbón, se destacaron tres aspectos: que a cada productor se le adjudicó una partida de acuerdo a sus posibilidades de producción, que se estaría verificando el cumplimiento de las obligaciones en seguridad e higiene incluso en las pequeñas explotaciones, y que se exigiría honestidad en la entrega del mineral.

            Un día después del accidente en Micarám, la CFE emitió un escueto comunicado negando que de esa mina se le estuviera suministrando carbón, y que el director Manuel Bartlett estuviera enterado de las condiciones en que operaba.

            Otros productores de carbón señalan que en efecto Micarám no tenía contrato, pero que esa es solo otra de las razones sociales que utiliza el dueño de Carkim Industrial, que sí tiene contratos y antecedentes de al menos otros tres accidentes fatales.

            La Organización Familia Pasta de Conchos reitera que en octubre entregaron una carta a Bartlett denunciando las condiciones en que estaba operando esa mina y fotografías que son pruebas contundentes.

            En este mismo espacio, el 22 de octubre del año anterior, un día antes de que Bartlett acompañara a Andrés Manuel López Obrador a San Juan de Sabinas en el evento «Hacia la reparación integral en Pasta de Conchos», nos referimos a esas fotografías:

            «La fotografía es a un tiempo denuncia y augurio. Mal augurio.

            Recargados en un muro de block, tres hombres gritan en silencio las condiciones en que trabajan. Son mineros empleados en la extracción de carbón; los tres están calzados con tenis y dos de ellos visten shorts.

            Estamos ante la evidencia contundente de lo que ha generado la estrategia ideada por el actual gobierno federal para, a su entender, «hacer justicia» a los pequeños y medianos productores de carbón.

            Un proceso de adjudicación directa, que supuestamente pasó por un proceso de verificación tanto sobre el estatus legal de las concesiones como las condiciones físicas de las minas, privilegió a empresas que no cumplen con las mínimas disposiciones de seguridad en el trabajo.

            No hay equipo de protección personal para los trabajadores, ni el que por norma se exige en una operación minera de ese tipo, ni mucho menos el que se precisa en la actual contingencia sanitaria. Tampoco hay equipos de ventilación, medición de gases y autorrescatadores.

            No tenían nada de eso estos productores, y las condiciones en que pactaron los contratos de suministro a la CFE no les dan margen para equiparse, el precio base que se les fijó por tonelada no contempla inversiones para ello, tampoco costos fiscales, mucho menos tareas de remediación ambiental y no estima un margen de utilidad».

            El 23 de octubre en San Juan de Sabinas, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján dijo: «la corrupción y la desregulación son las mejores aliadas para que los accidentes ocurran. Los riesgos pueden reducirse al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad, tales como personal capacitado, provisto del equipo de protección y las herramientas adecuadas para realizar sus tareas… Memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición para Pasta de Conchos».

            El 5 de junio, la funcionaria estuvo en Rancherías, vino fugazmente a tomarse la foto, aparentar compromiso y participación, pero terminó huyendo en una patrulla para no encarar a las familias de los mineros atrapados ni al resto de trabajadores indignados.

            En esta llamada cuarta transformación el nuevo esquema para la adquisición del carbón ha terminado como el más claro ejemplo de gatopardismo: «Que todo cambie para que todo siga igual».

edelapena@infonor.com.mx