Por Eduardo J. De La Peña

            En La Laguna hubo revuelo con la designación de Carlos Torres Rosas como nuevo coordinador de programas sociales del gobierno federal y jefe de los superdelegados, ya que es originario de Durango y se dice tiene muchos vínculos con Torreón.

            Pero si en aquélla región esperan algo bueno con la designación, a nivel nacional lo que predominaron fueron los cuestionamientos, ya que Torres Rosas no dejará su otro encargo en la administración federal, como Secretario Técnico de la Presidencia, y como bien dicen el que mucho abarca poco aprieta, que es justo lo que ha ocurrido con los superdelegados que se encargan de todo y resuelven nada.

            Llama además la atención que alguien con el perfil de Carlos Torres, egresado de una de las universidades más acreditadas de Inglaterra, y que antes de incursionar en el servicio público trabajó para una filial de Coca-Cola, tenga una posición tan prominente en un gobierno que se proclama defensor de los pobres. Pero en fin, lo que menos hay en esta administración es congruencia.

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            Y a propósito del gobierno federal, hay un grupo de Notarios molestos con el delegado del Infonavit en Coahuila, Gustavo Díaz Gómez, que está aplicando nuevas disposiciones a nivel local que dejan a muchos fedatarios sin la posibilidad de efectuar trámites relacionados con la institución.

            Desde hace años para que un Notario pueda escriturar operaciones de compra-venta de viviendas financiadas con créditos del Infonavit se le exige cumplir con un registro, trámite que además de costoso es engorroso, pero no se exigía lo mismo para escriturar la cancelación de hipotecas, lo cual cambió de algunas semanas para acá.

            Así que si un ciudadano decide contratar, porque así le conviene, a determinado Notario para tramitar la cancelación de su hipoteca, si no está en el padrón del Infonavit no se lo van a permitir.

            Entre los notarios se asegura que en otras entidades inscribirse en el padrón de la institución es bastante sencillo, y la percepción es que en Coahuila el delegado Díaz Gómez está favoreciendo un  monopolio de notarios viejos que no quieren competencia.

            En esta componenda al final los que resultan perjudicados son los usuarios. Lo más sano es que se permitiera a todos los Notarios realizar los trámites, para que haya competencia, mejores precios y mejor servicio.

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            Además de que las encuestas posicionan a Coahuila entre las entidades con mejor percepción en materia de seguridad, y que las estadísticas de incidencia delictiva confirman que esa percepción se corresponde con la realidad, hay otros hechos que hablan bien de nuestro estado.

            Por ejemplo, mientras estados vecinos y cercanos están asolados por una escalada de violencia, con matanzas en Zacatecas y Reynosa, asaltos y desapariciones entre Monterrey y Nuevo Laredo, aquí en Coahuila somos sede de eventos de talla internacional como el Ultra Maratón que se celebra este fin de semana en Arteaga.

            Los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas de plano están recomendando a sus ciudadanos evitar los viajes por carretera, y aquí en cambio hay las condiciones para recibir a mil quinientos atletas de 18 países que sábado y domingo correrán por brechas y caminos de la Sierra de Arteaga.

            ¿Algo más contundente que esto?.

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            En la región Carbonífera se dice que si el Consorcio Minero AG y Cía decidió ocultar a las autoridades el accidente que el 11 de junio ocurrió en una de sus minas en Obayos, con todo y que sí se tiene afiliado al IMSS al trabajador lesionado, fue para no meter ruido en otro proceso de adjudicación en el que por esos días estaban participando para obtener otro contrato –millonario contrato– con la CFE.

            Se dice que la empresa logró ese contrato para vender carbón de diseño y que planean extraerlo de una mina en Nava.

            De los primeros días de mayo para acá, CFE ha acelerado las asignaciones por adjudicación directa de estos contratos pues les urge contar con carbón de diseño para poder operar las termoeléctricas de Nava, ya que se les han agotado las reservas que tenían del último pedido que les surtió Micare.

            El gran problema es que no hay carbón con esas características, y los favorecidos con los contratos andan desesperados, pues si ni cumplen con el suministro serán sancionados.

            ¿Quién va a vigilar que entreguen carbón con las especificaciones requeridas y no hagan truco con carbón metalúrgico o tierra?.

            Hay que estar atentos al tema, y no solo por los personajes involucrados en los nuevos contratos, también porque si falla el suministro de carbón, fallará la generación de energía, y será en los meses de mayor demanda.

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            Este columnista tomará vacaciones, y dará un descanso a los lectores, la próxima semana, retomando la publicación de ÍNDICE el martes 6 de julio.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Conocidos los resultados de los comicios del seis de junio, y los nombres de los priistas que representarán a Coahuila en la Cámara de Diputados, a lo largo de los días hubo especulaciones respecto a quien los coordinaría, y aunque por mucho Jericó Abramo Masso fue quien más votos obtuvo en la elección, había quienes consideraban que con todo y ese mérito era poco probable que le dieran la encomienda siendo como es uno de los aspirantes a la candidatura de su partido para la gubernatura en 2023.

              Sin embargo las circunstancias se le han acomodado a Abramo Masso, y al ser el único de quien se sabe de antemano que no andará con medias tintas, y que si en algún momento llegan a estar en conflicto los intereses de Coahuila y del gobernador con los del coordinador parlamentario –Rubén  Moreira– se mantendrá firme viendo por el Estado, será entonces quien lidere a los diputados coahuilenses priistas.

              Para el apunte no está de más recordar cómo quedaron los resultados en cada uno de los siete distritos.

              Jericó fue quien más votos obtuvo de los siete diputados electos, más de 90 mil 200, mientas que la estructura de Morena logró para Diego del Bosque poco más de 61 mil, una diferencia superior a 29 mil votos.

              En el tercer distrito Cristina Amezcua con 60 mil votos aventajó por menos de cinco mil a Melba Farías; Antonio Gutiérrez Jardón, en el quinto, con casi 74 mil votos superó por 10 mil a Antonio Attolini.

              Shamir Fernández con 79 mil 600 en el sexto distrito aventajó a Rosa Isela Piña con menos de ocho mil; y Jaime Bueno Zertuche con 79 mil 130 votos, ganó por 19 mil sobre Diana Isabel Hernández.

              Los dos diputados de Morena serán Brígido Moreno, que obtuvo 86 mil 300 votos contra 55 mil de Marcos Viillarreal Suday; y el otro milagro de la 4T fue para Francisco Borrego Adame, que sin trabajo, logros ni campaña se reelige con 86 mil 800 votos frente a 75 mil 700 de Gladys Ayala.

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              Ante la acusación que hicieron Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro Pro de Derechos Humanos, el ex Secretario de Turismo Luis Alfonso Rodríguez Garza se desmarca de la mina en Obayos donde ocurrió el accidente el 11 de junio.

              El empresario sabinense puntualiza que en efecto está extrayendo carbón en ese ejido para surtir a la CFE, pero que no fue en la mina de su propiedad donde ocurrió el accidente sino en otra de las cuatro que operan en Obayos, explotada por otra compañía en la que no tiene participación alguna.

              Aclarado el punto.

              Respecto al mismo accidente, que como hemos dicho no fue notificado a las autoridades, trascendió en la región Carbonífera que este jueves, casi dos semanas después de que el minero Juan Muñiz resultó lesionado, una ambulancia del IMSS llegó a su domicilio en Barroterán para llevarlo a un reconocimiento médico.

              Versiones indican que hubo una instrucción directa de Javier Guerrero García, director de Vinculación y de Delegaciones en el IMSS, para atender al trabajador y abrir un procedimiento al patrón que ocultó el siniestro.

              Habrá que seguir pendientes, pues en esta historia queda mucho por contar.

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              Los lectores siguen aportando al listado de alcaldes electos con antecedentes de participación familiar en el Cabildo de sus municipios, destacando un caso en que le tocó ir por la revancha, el de Wendolin Ovalle Reyna quien ganó la elección en Sacramento, y ocupará la silla que en 2017 obtuvo su hermana Silvia Berenice, y en 2018 buscó la reelección pero perdió frente a la candidatura común de PAN, UDC y Movimiento Ciudadano.

              Y en Viesca Hilario Escobedo de la Paz, llegará en enero como alcalde, mientras que su padre del mismo nombre concluirá su gestión como Síndico de Mayoría.

              En Matamoros Miguel Ángel Ramírez López ganó la presidencia municipal, cargo que ya ocupó su padre; y en Lamadrid Magdalena Ortíz Pizarro será la alcaldesa, con el antecedente de que su padre fue regidor de 2010 a 2013.

              Ni como hablar de una nueva clase política.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Esta semana, en dos entrevistas con medios electrónicos Jericó Abramo Masso de alguna manera ha marcado, sin confrontarse, distancia de quien será coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés.

              En las dos entrevistas le preguntaron directamente su opinión sobre la designación de Moreira, y la respuesta fue muy similar: “bueno él será el coordinador… nosotros los diputados debemos defender los intereses de Coahuila, con inteligencia, con valor y sin doblegarnos. Tomando decisiones pensando en los compromisos que hicimos en campaña y solamente obedeciendo a los ciudadanos”.

              No cuestiona directamente al ex gobernador, ni le crítica o se confronta, pero hablar de no doblegarse, y de obedecer únicamente a los ciudadanos, alude a las dudas que se han generado respecto al papel que vaya a jugar Moreira teniendo en cuenta su vulnerabilidad, y los antecedentes de sus votos en la Cámara durante los tres años anteriores.

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              Serio el señalamiento que hacen el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Organización Familia Pasta de Conchos, respecto al accidente ocurrido el 11 de junio en una mina en Obayos, y que como aquí hemos señalado se ocultó al Seguro Social y a las autoridades del Trabajo.

              De acuerdo con los organismos la mina es explotada por una empresa propiedad del ex Secretario de Turismo y ex regidor en Sabinas Luis Alfonso Rodríguez Garza, a quien se le adjudicaron pedidos de carbón por parte de la CFE en agosto del año pasado.

              Rodríguez Garza, quien además de participar en la minería del carbón incursionó en 2017 –al poco tiempo de dejar la Secretaría de Turismo y justo cuando era candidato a la alcaldía de Sabinas—en una empresa dedicada a la elaboración de bebidas alcohólicas y a la organización de eventos, cuando en julio de 2019 fue relacionado con cuatro minas que fueron clausuradas en San Juan de Sabinas, se desmarcó y dijo que sus operaciones estaban concentradas en el ejido de Obayos.

              A dos semanas del accidente en que un trabajador resultó lesionado, dos organizaciones vinculan la mina del accidente al Grupo Sacu, del que Rodríguez Garza es socio, y están pidiendo la intervención de las autoridades para sancionar el que no se haya dado aviso al IMSS del accidente, y a revisar las condiciones en que se trabaja.

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              Irremediablemente la designación de Jesús Gerardo Sotomayor Hernández como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, pone nuevamente en la agenda pública un tema en el que al parecer se ha apostado al tiempo para dejarlo en el olvido, el llamado fraude en el Infonavit.

              Es el caso de los cientos de juicios que en Coahuila se llevaron de manera irregular para despojar de sus viviendas a derechohabientes morosos del Infonavit, la mayoría de ellos radicados en otras entidades de la República, y en donde se presume la colusión de jueces y secretarios con despachos de cobranza y empresas que se quedaron con las casas.

              En diferentes momentos se ha señalado que el caso salpica al hoy jubilado Jesús Gerardo Sotomayor Garza, padre del nuevo Magistrado, y por décadas uno de los personajes de mayor influencia en círculos de la abogacía en La Laguna.

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              Por más de ocho meses el gobierno estatal de Chihuahua estuvo excluido de la mesa para la paz y la seguridad, luego de que en septiembre Ricardo Mejía Berdeja decidió romper la coordinación a raíz del conflicto que se originó por el agua de las presas.

              Esta semana el gobernador Javier Corral tuvo una reunión con la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, –en la que no participó Mejía—y al finalizar el chihuahuense ponderó en sus redes sociales el ánimo de colaboración y buena disposición para construir la agenda de coordinación.

              Con tacto la sucesora de Alfonso Durazo va reconstruyendo lo que le entregaron roto.

              Y a propósito de Mejía Berdeja, esta semana algunos columnistas nacionales revelaron que hay acusaciones contra el sub secretario por espiar a periodistas que han criticado la pretensión de integrar el padrón de telefonía celular con datos biométricos.

              Padrón que por cierto queda por ahora en suspenso pues en instancias judiciales se resolvió que no es procedente integrarlo cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene presupuesto para cumplir con esa facultad.

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Por Eduardo J. De La Peña

              La semana pasada el alcalde electo de Torreón Román Alberto Cepeda declaró que uno de los aspectos en que pondrá atención especial en el proceso de entrega-recepción es el del pasivo laboral.

              Ya reincorporado al cargo, tras la licencia para ser candidato a diputado federal, Jorge Zermeño Infante, dijo el lunes que no heredará deuda pública ni pasivo laboral. Veremos.

              Román Alberto Cepeda no habló por hablar. Recordemos que fue por poco más de tres años Secretario del Trabajo en la entidad, y a su cargo estuvieron las Juntas de Conciliación, lo que le da conocimiento de los casos pendientes que hay en cada una de ellas.

              Pero más allá de los datos que pueda o no tener Cepeda de primera mano, se sabe que al inicio de la administración de Jorge Zermeño Infante se despidió a empleados municipales que estaban laborando desde tiempos en que fue alcalde Eduardo Olmos Castro.

              Algunos de estos empleados presentaron demandas, y llevaron los litigios incluso a instancias federales. Son casos que tienen más de tres años y si acaso se dio o se da la razón a los trabajadores despedidos, hay ahí desde luego un impacto económico para las arcas municipales en Torreón.

              Más que generalizar y asegurar que no deja pasivo laboral, bien haría Zermeño en detallar respecto a estos litigios si ya concluyeron, quien obtuvo la razón y en todo caso si hubo el pago de alguna indemnización.

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              Ya  que nos referimos a alcaldes que retomaron sus funciones luego de ser candidatos y no ganar, además de los panistas Jorge Zermeño y Alfredo Paredes, también la priista Gladys Ayala, quien buscó sin éxito la diputación federal por el segundo distrito, ya se reincorporó al gobierno municipal en San Buenaventura, para preparar el cierre de una bien llevada administración.

              Como también preparan el cierre otros que se quedaron en el camino de la reelección, Patricia Grado Falcón, en San Pedro, y Claudio Bres Garza, en Piedras Negras.

              Y quien amenaza con regresar, pero en su caso al Congreso del Estado, es Tania Flores Guerra, quien quiere recuperar por otros seis meses el cargo al que pidió licencia tres días después de haberlo asumido.

              Tania Flores sí ganó en la competencia en que participó, es alcaldesa electa de Múzquiz, pero aún así amaga con regresar por lo que resta del año a la diputación local.

              Allá en Múzquiz se decía que lo mejor que ha hecho Flores Guerra es dejar a su suplente en el Congreso, Yolanda Elizondo Maltos, una mujer con experiencia y mayor congruencia, pero ahí viene por la silla… y el sueldo.

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              En los primeros veinte días de junio, el gobierno de Estados Unidos deportó por Piedras Negras a siete mil migrantes, un promedio de 350 por día.

              Con poco más de 163 mil habitantes, la población de Piedras Negras creció en veinte días un cinco por ciento, pues de acuerdo con los reportes de las autoridades municipales, la mayoría de los deportados no dejan la ciudad.

              Se están presentando ya graves problemas, pues los albergues para atención a migrantes continúan cerrados por la contingencia sanitaria, y las personas que llegan viven hacinadas en casas abandonadas.

              Ni siquiera por pertenecer, ahora, al partido del Presidente ha logrado Claudio Bres que la federación ponga atención al asunto.

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              Acuciosos lectores aportaron nuevos datos y comentarios respecto a lo apuntado en el Índice de ayer de la tradición política familiar de varios de los alcaldes electos.

              Nos apuntan que en Morelos, el padre del alcalde reelecto Xavier de Hoyos Perales, el Dr. Roberto de Hoyos Rivas fue Presidente Municipal de 1985 a 1987. También es sobrino de Jesús Perales, presidente municipal de Allende Coahuila de 1976 a 1978.

Y en Villa Unión, el alcalde electo Mario González Vela es hijo de Ernesto González Cardenas quien fue Presidente Municipal de 1961 a 1963.

Respecto a Arteaga nos comentan faltó decir que tanto el padre de Ramiro Durán como su tío, han sido alcaldes en dos periodos. Y en efecto así es, Jesús asumió por primera ocasión en 2006, y posteriormente en 2014 para entregarle en 2018 a Everardo, que luego se reeligió para el trienio 2019-2021, y Ramiro lo será de 2022 a 2024, de ahí la frase que luego se escucha en el vecino municipio, “como duran los Durán”.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Quienes asumirán en enero como alcaldes de los principales municipios de Coahuila, tienen en todos los casos antecedentes familiares de participación en los cabildos de esas mismas localidades.

              En el caso de Saltillo, el edil electo José María Fraustro Siller, con todo y su amplia trayectoria en el servicio público, no había estado nunca en el gobierno municipal, sin embargo su suegro, el ya fallecido Doctor Eduardo Dávila Garza, fue alcalde de 1961 a 1963, hace sesenta años, y además Beatriz, la hija de Fraustro, ha sido regidora por cuatro años.

              En cuanto a Román Alberto Cepeda González, su abuelo Don Román fue alcalde de Torreón hace más de 70 años, en 1948, y su hermano Carlos Román lo fue en la segunda mitad del sexenio de Eliseo Mendoza Berrueto, en los noventa.

              Otro dato interesante para el anecdotario es que Don Román Cepeda Flores solicitó licencia a la alcaldía en 1951 para ser candidato al gobierno de Coahuila.

              En Piedras Negras, Norma Treviño, quien logró la hazaña de ganar la presidencia municipal para el PRI, tiene el antecedente de que su padre, el empresario ya fallecido Elías Sergio Treviño fue en dos ocasiones presidente municipal de esa ciudad, primero por elección en los setenta, y posteriormente en los noventa designado como interino para un periodo de año y medio.

              El padre del alcalde electo de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, el médico Emilio de Hoyos Serna fue presidente municipal de 1994 a 1996.

              El caso del alcalde electo de Monclova, Mario Dávila Delgado es singular, pues aunque no tiene antecedentes familiares en ese Cabildo, él mismo fue presidente municipal, pero del vecino municipio de Frontera, de 2003 a 2005.

              Tenemos otros casos interesantes en la región, como José María Morales Padilla en Ramos, quien se convierte en el primer alcalde en ser reelecto en ese municipio; Ramiro Durán en Arteaga, quien recibirá la alcaldía de manos de un tío, además de que su padre, Jesús, ha sido presidente municipal en dos ocasiones.

              En General Cepeda el candidato electo Pablo Salas Aguirre será el sucesor de su hermano Juan Gilberto.

              En Parras Fernando Orozco llega al cargo que en los noventa tuvo su padre, del mismo nombre, y se da además la coincidencia de que en el municipio impera un ambiente político tenso como ocurrió en aquéllos años.

              Cuando Fernando Orozco Cortés, el padre, asumió como alcalde, en Parras las diferencias entre grupos políticos habían polarizado a la sociedad, pero el edil operó con habilidad y tacto y sentó a la mesa a los dirigentes de todos los partidos y líderes de los diferentes sectores para firmar un acuerdo de colaboración y trabajo por los intereses comunitarios.

              Para la firma de ese pacto Orozco invitó al entonces gobernador Rogelio Montemayor Seguy, quien quedó positivamente impresionado por la habilidad política del alcalde, al grado que luego lo postuló como candidato a diputado y lo impulsó como líder del Congreso local.

              Así Orozco escaló en su carrera política, luego fue Director Jurídico del Gobierno de Coahuila y finalmente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Es de los contados coahuilenses que ha tenido cargos de primer nivel en los tres Poderes del Estado, además del gobierno municipal.

              Queda el apunte histórico para que el hoy alcalde electo Fernando Orozco, hijo, dimensione las oportunidades que puede construir si logra recomponer la vida política, social y productiva de Parras, después del desastre que recibirá en enero.

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              Directo Ciro Gómez Leyva le planteó en una entrevista este lunes a Rubén Moreira las dudas que ha generado su elección como coordinador de los diputados federales del PRI, y la interpretación que en muchos círculos se ha dado de que ese nombramiento es el primer puente que le tienden a López Obrador.

              Moreira aseguró que se mantendrá la postura que su partido ha manifestado dentro de la alianza con PAN y PRD, Va por México, de rechazo definitivo a las tres iniciativas que ya ha planteado el Presidente, para meter mano al INE; fortalecer a la CFE y asignar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

              También dijo que todas las posiciones de la bancada –magra bancada con 70 diputados—se tomarán en consenso.

              Al final serán los hechos los que hablen y nos digan si fue contrapeso o comparsa. Veremos.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Hace una semana, el viernes 11, ocurrió en la región Carbonífera un nuevo accidente minero, ahora en el municipio de Escobedo. Hasta el momento ninguna autoridad, ya sea municipal, estatal o federal ha sido notificada del siniestro en que un trabajador resultó lesionado.

              Recurrir a una clínica privada para atender al minero herido les permitió a sus patrones evadir la intervención de las autoridades.

              Juan Muñiz, como se llama el minero que resultó lesionado, salvó la vida, pero no sabe si podrá volver a trabajar, pues una semana después aún no puede mover sus piernas; tampoco sabe quien es el dueño de la mina, ni si está afiliado o no al Seguro Social.

Vive pero respecto a su futuro, y el de sus tres hijos, todo es incertidumbre.

              Estamos ante las mismas negligencias que se han señalado en cada uno de los accidentes mineros, y en esta ocasión con un ingrediente adicional –que igual se ha dado en otras ocasiones—de que no se notificó a la autoridad, lo cual plantea la urgencia de una revisión legislativa.

              Si los diputados quieren realmente aportar a un cambio, más allá de meros pronunciamientos y puntos de acuerdo en tribuna, tendrían que establecer una previsión legal para que todo médico o centro de salud que conozca de un accidente en las minas lo notifique a las autoridades laborales y penales. Algo similar a lo que ocurre –o debería ocurrir—cuando a los hospitales llega un herido de bala o una mujer golpeada.

              Es necesario cerrar esos espacios a la evasión de responsabilidades.

              Y ya que entramos al terreno legislativo, también ha quedado manifiesta la necesidad de que se impulse la creación de un cuerpo profesional de rescatistas, que cuente con la capacitación y equipo para intervenir en este tipo de accidentes.

              Se ha conocido que la recuperación de los cuerpos de los siete mineros que murieron en Rancherías, costó a Minera del Norte más de 21 millones de pesos, por los salarios de sus rescatistas y técnicos, además del equipo y logística que se requirió, y esta empresa participó, como lo ha hecho en el pasado, de manera solidaria.

              Ninguna institución, ni en la región ni en el estado, tiene un cuerpo de rescate con las capacidades necesarias en una tragedia de este tipo. Aquí es donde la Comisión Federal de Electricidad debería demostrar que es, como presume, una empresa socialmente responsable y aportar para una brigada, o también podrían los legisladores federales recuperar algo del Fondo Minero para una inversión de esta naturaleza.

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              Equiparables a sus atributos y alcances son los pasivos con los que carga Rubén Moreira. Su apocado desempeño en la gestión legislativa que está por concluir, que contrasta con aquél que reclamaba a cacerolazos a Felipe Calderón, se atribuye a que prefirió pasar desapercibido y dada su vulnerabilidad no confrontarse con la cuarta transformación.

Nada indica que ahora como coordinador de los diputados priistas las cosas vayan a ser diferentes.

              Por lo demás el PRI apostó por un estratega y operador eficaz, y se olvidó de la imagen pública. ¿Cuántos de los que en junio le dieron el voto a ese partido como una última oportunidad o como la opción menos peor, habrán tenido un temprano desencanto?.

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              Con todo y que la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos trataron de restarle importancia al incidente en que la Guardia Nacional detuvo en Piedras Negras a Alberto Xicoténcatl,  director de la Casa del Migrante en Saltillo, hay que registrar el hecho, tenerlo presente y analizarlo.

              Xicoténcatl viajó a la frontera para participar, junto a representantes de organismos internacionales, en un ejercicio de observación respecto a las condiciones en que viven personas migrantes que quedaron varadas en su anhelo de llegar a los Estados Unidos.

              Si recordamos que en las últimas semanas el vecino país ha detenido y deportado a decenas de migrantes que cruzaron por Piedras Negras sin que ni el Instituto Nacional de Migración ni la Guardia Nacional hayan actuado contra los traficantes de personas, llama a sospecha que en un “operativo de rutina” se haya detenido, así fuera por unos minutos, a Xicoténcatl.

              ¿No estaremos ante un acto intimidatorio para desalentar al activista a que investigue lo que está ocurriendo en la región fronteriza de Coahuila?.

              La Casa del Migrante anticipó que llevará el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esperemos a que formalice su queja y que el organismo se sacuda la modorra en que ha permanecido durante los últimos meses y realice una investigación al respecto.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Desde principios de la semana se escucharon versiones de accesos furtivos de trabajadores a la mina de Micarán, en Rancherías, y este jueves la Organización Familia Pasta de Conchos denunció en redes sociales que ya se están haciendo ahí nuevas cuevas para explotar el yacimiento siniestrado hace un par de semanas.

              Resulta inconcebible que así ocurra, pues tanto la Secretaría del Trabajo federal como la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía deberían ordenar al menos una clausura temporal hasta que se deslinden responsabilidades y se cumpla con las indemnizaciones a los deudos de los siete mineros fallecidos.

              También la Fiscalía General del Estado tendría que mantener el predio acordonado, pues se supone –así lo anunció el Fiscal Gerardo Márquez—que se está integrando una carpeta de investigación, es fundamental entonces que no se alteren evidencias de lo que ahí ocurrió.

              Igualmente Protección Civil, municipal y del Estado, deberían verificar que existen ahí condiciones para trabajar.

              ¿Por qué volver a escribir la misma historia?.

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              El gobernador Miguel Ángel Riquelme preguntó a Manuel Bartlett que cuál sería su siguiente mentira, y la respuesta no tardó.

              El director de la CFE convocó este jueves a una rueda de prensa para asegurar que no habrá más apagones. Desde Ciudad Juárez usuarios respondieron que en los últimos siete días se han multiplicado las interrupciones al servicio.

              Bartlett trata de quitar importancia a un reportaje de Reforma en el que advierten que hay falta de capacidad para atender la demanda que se incrementa en el verano, pues el margen de reserva está casi al límite.

              Pero no es únicamente Reforma quien hace este tipo de advertencias, hace un mes la NERC, que es el organismo responsable de la confiabilidad en el suministro eléctrico en Norteamérica, incluyendo algunas regiones de México, alertó que ante las olas de calor que se anticipan para los meses siguientes la demanda de energía eléctrica puede crecer hasta diez veces, por lo que existe el riesgo de cortes en el suministro en el centro de Estados Unidos, y otros estados como Texas.

              Lo vivimos en febrero, ante la tormenta invernal el gobernador de Texas ordenó parar las exportaciones de gas natural y privilegiar el suministro en su estado. Por eso tuvimos aquí una crisis.

              Hoy en día cerca del 60% de la energía eléctrica que se consume en México se genera utilizando gas natural, y un 80% de ese gas es importado de Estados Unidos, principalmente de los campos productores de Texas. El escenario se puede repetir en las semanas más críticas del verano. No hay forma de creerle a Bartlett de que no habrá apagones.

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              Cuando se supo que en la reunión con los priistas que son alcaldes electos el gobernador Miguel Riquelme les advirtió de no incurrir en actos de nepotismo, desde los rumbos de Arteaga se escuchó un respiro de alivio.

              Y es que la participación en la campaña de Ramiro Durán de su hermano, el médico veterinario Adrián, había generado preocupación en dos amplios grupos, primero de sus clientes que temían perder a un buen veterinario, y segundo los que temían que ya se le estuviera preparando para seguir con la tradición de la sucesión familiar.

              Pero ya les emplazaron, nada de nepotismo y a cumplir con un buen gobierno, que en el caso de Ramiro Durán tiene un gran compromiso después de no haber perdido en ninguna de las 38 casillas –tanto las de la cabecera como las rurales—y ganar con una ventaja de cuatro a uno sobre el segundo lugar, la aguerrida candidata de Morena Hilda Vásquez.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Se asegura en los círculos políticos que esta semana estarán concentrados en Saltillo los 33 candidatos ganadores del PRI. Los 25 que triunfaron en las alcaldías, los cinco que van a diputaciones de mayoría, y los tres de representación proporcional.

            En la agenda, dicen, estaría prevista una reunión con el gobernador Miguel Riquelme, y que para los alcaldes electos el mensaje será que agilicen el diseño de sus programas de gobierno, para sincronizar la planeación y arrancar el 2022 con acciones y resultados; para los diputados federales recordarles el compromiso de ser contrapeso responsable.

            Y aunque aparentemente ese es el propósito del encuentro, hay expectación en algunos actores afines al priismo pues no descartan que haya, en lo interno, posicionamientos y señales de lo que viene para el futuro.

            Quienes conocen bien y de adentro los manejos en las cúpulas del poder estatal, recuerdan que tras la elección del 7 de junio de 2015 en la que el PRI ganó en Coahuila los siete distritos, siendo candidatos Francisco Saracho; Ana María Boone; Guadalupe Oyervides; Armando Luna Canales; Flor Rentería; el verde Refugio Sandoval, que iba en alianza; y Jericó Abramo, hubo una reunión similar encabezada por el entonces gobernador Rubén Moreira.

            La reunión abierta fue seguida por otra a la que se convocó nada más al grupo compacto, en la casa de Rubén Moreira, y ahí les comunicó la decisión de que Miguel Riquelme fuera en 2017 candidato a gobernador, y que Verónica Martínez asumiría la dirigencia estatal del PRI; y les emplazó: si alguien no estaba de acuerdo era momento de decirlo y si no » a jalar».

            El 26 de junio la hoy senadora Verónica Martínez rindió protesta como dirigente del PRI. Riquelme fue candidato y hoy es gobernador.

            Hay quienes opinan que tras los buenos resultados de la elección del 6 de junio, es el momento de que, ante los directamente interesados, el gobernador Riquelme abra las cartas de la sucesión, para que quienes se sienten con posibilidades no inicien una competencia interna que genere desgastes y diluya activos.

            Que se tomen definiciones, se pacte lo que deba de pactarse, y si alguien no coincide tome de una vez su camino, dicen unos.

            Otros consideran por contrario que hoy Riquelme tiene varias cartas con las que puede jugar; sus activos y las circunstancias le dan la posibilidad de diseñar y operar la sucesión sin concesiones, y en ese escenario no tendría porque apresurarse ni apostar desde ahora todo a un perfil específico.

            Por eso es que hay expectación respecto a las reuniones de esta semana. Algunos esperan ver las señales.

            Pero, con todo y la cercanía que en algún momento tuvieron, los estilos de Rubén y de Riquelme son muy diferentes. El manejo del gobernador es mesurado, en ocasiones hasta críptico y no siempre, y no todos, leen sus jugadas, pero definitivamente es un operador político extremadamente hábil y eficaz, los resultados están a la vista. Habrá que estar atentos.

            Y ya en estos temas, y a propósito de los legisladores federales, en funciones y electos, no está de más una rápida revisión a las posturas que tuvieron en sus redes sociales ante el áspero desencuentro del gobernador y Manuel Bartlett.

            Predominaron los que se fueron por la orillita; la senadora Verónica Martínez aludió al tema y dijo que en Coahuila se trabaja con responsabilidad y unidad; Martha Garay expresó su respaldo «total y absoluto» a Riquelme; Sergio Sisbeles dijo apoyar al gobernador, y Ramón Verduzco, el único con tamaños y agudeza para darle una repasada a Bartlett, no maneja redes sociales.

            De los electos, Cristina Amezcua; Shamir Fernández; Jericó Abramo y Rubén Moreira, se limitaron a replicar las publicaciones de Riquelme en twitter. Jaime Bueno y Antonio Gutiérrez Jardón manifestaron su respaldo. Tereso Medina parece que ni cuenta se dio.

            Rigo Fuentes quiso lucirse, pero al parecer el único like que consiguió fue de Cuauhtémoc Cárdenas, con su acusación a Bartlett de haber asesinado a la democracia en 1988… Cuando el PRI ganó  o se quedó con la Presidencia de México.

            Pero hubo un tweet que destacó por su contundencia, el de la también diputada electa Carolina Viggiano, quien señaló como inmoral y vergonzoso que Bartlett no asuma sus responsabilidades.

            Que contrastes.

            Esperemos que ya en funciones los diputados demuestren más firmeza y compromiso con Coahuila. Si no, ¿para que los queremos ahí?.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Resulta interesante ver como esta semana se han ido acumulando las impugnaciones respecto a los cómputos municipales, y no con el propósito de cambiar la definición del triunfador, sino pidiendo una vez más recuentos para intentar la reasignación de las regidurías plurinominales.

            En varios de los casos, además, quienes quedaron como primera minoría, se toparon con la sorpresa de que su partido modificó las planillas registradas ante el IEC, y quienes ya se hacían con una sindicatura o regiduría en la bolsa realmente no obtuvieron nada.

            Esto ocurre en cada proceso, y es que los partidos –todos los partidos– hasta el último momento siguen haciendo adecuaciones y no informan a sus candidatos. En el proceso de este año, la última actualización de planillas la tiene registrada el IEC el 29 de mayo, es decir una semana antes de las elecciones.

            Por ejemplo en Piedras Negras se han presentado cinco impugnaciones. Una de militantes del Partido del Trabajo que impugnan la planilla completa que encabezó Jacobo Rodríguez, otra del propio PT, que dice haber ganado más de los 16 mil votos que le adjudicaron en el cómputo y quiere otro regidor.

            Es interesante el caso del PT, que en el estado obtuvo 26 mil 810 votos, apenas el 2.06% de los emitidos, y de estos el 60% se los aportó Jacobo Rodríguez, a quien los dirigentes municipales de ese Partido en Piedras Negras lo rechazaron como candidato, pero salió adelante con el impulso de la UDC.

            Pero siguiendo con las impugnaciones en Piedras, hay otras dos de Morena, una que pide el recuento total de votos, para reducir su diferencia con el PRI, y otra en busca de una regiduría más.

            Y también en la planilla del independiente Lorenzo Menera surgió una impugnación, igualmente en la disputa por regidurías.

–o–

            En otros temas, acá en Saltillo ya empiezan los nervios, especulaciones y apuestas respecto a la integración del equipo que acompañará a José María Fraustro en su administración que comienza el primero de enero.

            Se da por descontado que su coordinador de campaña Juan Carlos Villarreal tendrá una posición relevante, que puede ser la Secretaría Técnica desde donde se mueven muchos de los hilos de la gestión municipal.

            En una entrevista posterior a su triunfo, Fraustro dijo que su estilo no es llegar a «barrer» con los equipos, y que en otras responsabilidades que ha tenido conservó a muchos de los que ya estaban en algún cargo.

            Y no solo los conservó, a muchos después los llevó a otras dependencias. Dos de los casos más visibles son Carlos Estrada Flores, a quien encontró como funcionario del Congreso, lo conservó en la Legislatura que encabezó y luego lo llevó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo; y Enrique Flores Ruiz, que fue su Jurídico en Educación y posteriormente lo promovió para la Dirección de Notarías.

            Enrique Flores aparece en las quinielas para Jurídico del Ayuntamiento. Tiene tablas para eso y más.

            También se menciona a Rodolfo de León, que es actualmente administrativo de la Secretaría de Gobierno, y antes colaboró en la SEP, como uno de los futuros funcionarios municipales.

            Quien fungió como Contador Mayor de Hacienda del Congreso, y luego tuvo una gerencia regional en la Comisión del Agua, Ricardo Alvarez García, estuvo manejando las finanzas de la campaña de Fraustro en mancuerna con Sergio Mier, y hay quienes ven a alguno de los dos en la Tesorería municipal.

            Algo que debe de tener en cuenta el alcalde electo, es que contó con el sufragio de muchos simpatizantes del PAN que en esta ocasión apostaron por el voto útil y como excepción votaron por el PRI, hacia ellos tendría que haber un guiño, un gesto político que les genere confianza y les trasmita apertura.

            No son las cúpulas, que con ellas Fraustro tiene una comunicación fluida, ni tampoco los militantes y activistas albiazules, son más bien panistas de concepto, medianos empresarios, profesionistas y directivos de la industria alineados tradicionalmente hacia la derecha, pero sin participación partidista.

            Algún área como Fomento Económico, hacia un perfil ciudadano, que aporte creatividad, compromiso y trabajo, puede ser una concesión hacia ese bloque que aportó para el triunfo.

            Ahí están perfiles interesantes como los comerciantes Felipe José, Jorge Tafich, César Elizondo Valdés, el industrial Jorge Erdmann o el director de la Coparmex Miguel Monroy, que podrían aportar bastante.

            Con el transcurso de las siguientes semanas se irá aclarando el panorama.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            En la región Carbonífera ha trascedido que la semana anterior, en los terrenos de la mina siniestrada en Rancherías, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde y el director de la Unidad «de trabajo digno», Alejandro Salafranca Vázquez, tuvieron una platica con Eduardo Rubén Morales, propietario de la explotación minera.

            Morales les habría asegurado a Alcalde y Salafranca que el contratista o rentista Gerardo Nájera se haría responsable del siniestro y pagaría a la familia de cada uno de los siete mineros muertos una indemnización de cien mil pesos.

            Incluso la alcaldesa electa de Múzquiz, Tania Flores, ha difundido esa versión.

            La gran duda es si Nájera se hará cargo también de las multas que impondrá el IMSS por no haber tenido a tres de los siete mineros afiliados al momento del accidente, ¿o eso se los dejará a los representantes legales de Micarán, Sergio Antonio Ramos Valdés y Jesús Enrique Sánchez García?.

            Pretender compensar a cada familia con cien mil pesos, equivale a 700 mil pesos por los siete mineros fallecidos. De acuerdo con la ley, cuando un trabajador muere por un riesgo de trabajo, sus beneficiarios reciben una indemnización de cinco mil días del salario que devengaba, es deir que por cada uno es casi un millón de pesos, que el Seguro Social pagará, pero por los tres no afiliados debe cobrarlos al patrón ¿esos tres millones de pesos, más otras prestaciones, multas, actualizaciones y recargos, también los asumirá Nájera?.

            Aún más, ¿asumirá la responsabilidad penal?, pues las hay en los fueros estatal y federal.

            ¿Por qué la secretaria Alcalde no informó oficialmente de este diálogo y acuerdo?.

            Lo que llama a burla es la denominación que han dado al cargo de Salafranca, «director de trabajo digno», cuando en la minería, principalmente en la del carbón a pequeña y mediana escala, se trabaja en las peores condiciones.

            De Salafranca dependen las inspecciones sobre seguridad e higiene en los centros de trabajo, y hacia él apuntan las omisiones en Micarán. ¿Qué más se podía esperar de alguien que llega a ese cargo sin experiencia alguna?.

            Alejandro Salafranca, es licenciado en Etnohistoria, y su carrera en el sector público se limita a haber sido director de estrategia digital de la Secretaría de Cultura, de donde brincó a jefe de delegaciones de la Secretaría del Trabajo, y luego le adornaron el nombramiento inventando la «Unidad de Trabajo Digno».

            Hace un par de meses, en abril, el Sindicato Minero Metalúrgico, que dirige Carlos Pavón, pidió la destitución de Salafranca por presionar a Americas Gold and Silver para imponer a Napoleón Gómez Urrutia como representante de los trabajadores de la mina San Rafael, en Cosalá Sinaloa.

            Y por cierto este lunes la Secretaría del Trabajo y la de Economía anunciaron una inspección a la mina San Rafael.

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            Pero si la falta de experiencia de la secretaria Alcalde y su digno Salafranca son cuestionables, más lo es aún la actitud cínica de Manuel Bartlett quien ante las evidencias de su indiferencia ante las denuncias por las condiciones en las minas en Rancherías, salió a redes sociales a acusar al gobernador de Coahuila.

            No fue muy lejos por la respuesta, también en redes sociales Miguel Riquelme con puntualidad y contundencia le contestó: «es muy grave su ignorancia y más grave su cinismo» le dijo además de adjuntarle copia de las cartas que en octubre anterior le entregó el colectivo Familia Pasta de Conchos.

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            Este lunes por la mañana Ricardo Monreal anunció que a la reunión que tendría horas después con el grupo parlamentario de Morena en el Senado se incorporaría Armando Guadiana, que reasume sus funciones sin embargo al parecer no participó en ese encuentro virtual que tuvieron para definir la agenda legislativa.

            De cualquier manera el Senado sigue en receso y no regresará a sesiones hasta septiembre.

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            Con todo y que el cómputo y recuento ya confirmaron que perdió la reelección por más de 4 mil 700 votos, Melba Farías Zambrano promovió una impugnación, y ahora el asunto se irá a los tribunales.

            Si ese empeño que pone ahora Melba en defender los casi 2 millones de pesos anuales que gana como diputada, lo hubiera puesto en las causas de los electores de la región Centro tal vez habría tenido mejores resultados.

edelapena@infonor.com.mx