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Por Eduardo J. De La Peña

            Resulta muy oportuno que Ricardo Mejía Berdeja, sub secretario de Seguridad Pública, haya defendido la creación del padrón de usuarios de telefonía celular, durante la mañanera de este miércoles, en la que además retomó su talante de rudo y la emprendió contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que ha otorgado ya seis amparos para que quienes no entreguen sus datos biométricos no pierdan sus líneas.

            «Juez a modo, juez por encargo, juez de contentillo que actúa de queda bien», dijo Mejía Berdeja, acusando que Gómez Fierro obedece a «grupos de interés». Como siempre viendo la conspiración en todo.

            Pero decíamos que fue oportuno que sacaran a Mejía como defensor del padrón, pues es precisamente de ese tipo de funcionarios de los que debemos cuidarnos cuando el gobierno pretende obligarnos a entregar datos biométricos.

            Ya en septiembre anterior, cuando se tenía la disputa por el agua en Chihuahua, Mejía Berdeja develó su vocación de stalker al presentar, precisamente en una mañanera, las que el decía eran pruebas de la confabulación entre personajes políticos y los productores que se opusieron a la extracción de agua de las presas.

            La brillante investigación del señor sub secretario de seguridad se construyó a partir de las publicaciones en redes sociales de un diputado en las que llamaba «tía» a una productora de cebollas, con la que en realidad no tenía ningún vínculo familar. De ahí construyó la historia Mejía Berdeja.

            Con funcionarios tan afectos a torcer la realidad, es un verdadero peligro para cualquier ciudadano que se le obligue a entegar su información biométrica que puede ser utilizad para inventarle cualquier tipo de acusación.

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            México Evalúa presentó su Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal, y aunque en la visión nacional señala que hay fallas de orígen, con anomalías, subregistros, e indicios de manipulación en datos estatales de homicidios, destaca a seis entidades con resultados positivos notables, mérito que Coahuila comparte con Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Colima.

            Coahuila en el Índice de Confiabilidad obtuvo un 9.22, cuando 10 es el valor óptimo, y en los componentes que se revisaron se destaca que entre 2015 y 2019 la Fiscalía Estatal suma 77 homicidios dolosos más que lo que reporta el Inegi, motivo por el cual el estado obtiene una calificación óptima.

            La organización México Evalúa explica que analizan la calidad de las cifras en cada una de las entidades porque sin datos confiables de homicidios, no se pueden esperar políticas que pongan freno a la crisis de violencia letal que vivimos.

            Es mérito para la Fiscalía del Estado que le reconozcan la confiabilidad en la estadística criminal, lo que permite confirmar que es cierta la disminución en los delitos de alto impacto.

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            En el norte de la entidad, los «Amigos del Río San Rodrigo», cumplen seis meses esperando una visita de la titular federal del Medio Ambiente, María Luisa Albores, para constatar el daño que se ha causado en el río, principalmente por las extracciones de material pétreo.

            Esa visita fue un compromiso de López Obrador durante la gira que en octubre realizó por las regiones Carbonífera y Norte, pero es una de las tantas promesas que hizo en esa ocasión y que no se han cumplido.

            En esa misma gira, desde la mina de Pasta de Conchos, el Presidente prometió que habría para la región «todas las obras necesarias» en infraestructura y servicios, y es fecha que no se ha informado a la comunidad de una sola obra que cuando menos esté en proyecto.

            También hizo compromisos para la reactivación de la minería del carbón, y el restablecimiento de la capacidad productiva en las termoeléctricas.

            Todo quedó en saliva.

edelapena@infonor.com.mx

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