Por Eduardo J. De La Peña
Según datos que publicó el INEGI el año anterior, la tasa de corrupción en las instituciones gubernamentales creció en 2019 un 64.1% en comparación con 2017. El organismo estimó que el costo por corrupción en ese año fue cercano a los 12 mil ochocientos millones de pesos, un promedio de 3 mil 800 pesos por persona afectada.
En 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, estimó que los sobornos a funcionarios públicos tienen un costo del 2% del Producto Interno Bruto Mundial, pero en México el daño económico por la corrupción alcanza entre 5% y 10% del PIB.
Queda claro, la corrupción es un mal lacerante, y debe decirse que se da en todas las instancias y a todos los niveles, no es exclusivo del sector público, por eso fue tan rentable en términos electorales la promesa de López Obrador y de la cuarta transformación de combatirla y acabarla.
Hoy sin embargo debemos preguntar también cuánto está costando al país el combate a la corrupción que parece darse de manera contundente, pero que en realidad son medidas muy vistosas, muchas de ellas sin el debido sustento jurídico, pero también sin un calculo real de las consecuencias.
Es la clara manifestación de un actuar descabezado e ineficaz.
En la contingencia que vivimos desde hace un año, y con la atención centrada en los temas sanitarios, hay algunas situaciones que pasan desapercibidas y no reciben la atención que deberían.
Por ejemplo empieza a haber en el comercio mayorista escasez de poliductos, de cable para uso eléctrico y hasta de bolsas de polietileno para el empaque de alimentos y otros productos.
En el caso del cable eléctrico, ya sea de cobre o aluminio, escasea porque no se tiene el plástico que lleva como recubrimiento.
Esto nos lleva al hilo conductor en los tres casos: el principal productor de polietileno en el país paró sus plantas porque el gobierno federal cortó el suministro de etano, un componente que se extrae del gas natural.
Es la historia de Etileno XXI, que se ha dicho es la inversión más grande que hizo en México la brasileña Oderbrecht, para construir y operar en Veracruz un complejo petroquímico para la producción de etileno, y polietileno de alta y baja densidad.
Según los antecedentes y a grandes razgos, Pemex produce etano y no tiene capacidad de aprovecharlo ni de invertir en una planta que lo consuma y lo procese, por eso se comprometieron con una filial de Oderbrecht a venderle durante veinte años el etano a precios competitivos, incluso por debajo del mercado.
Pemex tenía sobreoferta de etano y le urgía venderlo, por eso el precio. Pero cayó la producción de Pemex y para cumplir tuvo que importarlo y eso le generó pérdidas a la paraestatal.
Basta saber que en el tema están involucrados además de la brasileña Oderbrecht, ex funcionarios mexicanos como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya, para aún sin entrar en detalles presumir que algo turbio, muy turbio, hay en ese trato.
Claro que para el gobierno de López Obrador eso fue suficiente para sentenciar y concluir que se estaba ante un caso de corrupción transexenal y la decisión fue ya no entregar etano.
Así es como se actúa en este gobierno, con decisiones de botepronto que dejan daños colaterales pero no resuelven el asunto de fondo.
No se procedió penalmente contra quienes incurrieron en el acto de corrupción, no se recorrió una vía jurídica para cancelar o reestructurar los contratos con Etileno XXI, simplemente se cerraron las válvulas.
¿El efecto inmediato?, la paralización de otras industrias, la escasez de productos, el encarecimiento de los mismos. ¿A quién le va a costar? a los mexicanos, no a los que hicieron ese acuerdo desventajoso para el país.
Aún más, el incumplimiento unilateral de los contratos llevará a litigios que tendrán también un costo para el país.
Esto que hoy vemos con los plásticos, ocurre también con el acero, pasó el año antepasado con la gasolina –cuando cerraron los ductos para evitar el huachicoleo– y seguirá ocurriendo mientras no se ponga un alto a un gobierno ineficaz como el que tenemos.
Todo esto son síntomas del deterioro que está sufriendo el país, que al ser gradual no ha hecho sonar las alarmas lo suficientemente fuerte. Hay que reaccionar antes de que sea demasiado tarde, reconstruir y fortalecer los indispensables contrapesos que este gobierno ha ido desmantelando.
edelapena@infonor.com.mx
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