Día: 11 de marzo de 2021

ÍNDICE

Por Eduardo J. De La Peña

            Con alguna segunda intención, no clara hasta ahora, el tema de la cercanía de Luis Fernando Salazar con el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca fue llevado a la mañanera de este miércoles, y en concreto le preguntaron al Presidente si en caso de que se investigara a Salazar sería protegido por estar en un proceso interno de Morena, o si se llegaría hasta las últimas consecuencias.

            Y López Obrador respondió con un rollo mareador en que nada dijo sobre el aspirante a candidato a alcalde en Torreón, ni en favor ni en contra, y prefirió hablar de que haya respeto al voto, no se permita el fraude electoral y se castigue a los mapaches.

            Fue más allá e hizo una acusación de que en los estados en que se celebraron elecciones el año anterior interfirieron los gobernadores y en algunos casos hasta hubo carro completo, en una clara alusión a los resultados de la renovación del Congreso local en Coahuila.

            ¿Así con acusaciones a la ligera abona López Obrador a su «acuerdo por la democracia?. Lo que deja en claro es que tiene presente, y le sigue doliendo, el fracaso de su partido en nuestra entidad. Eso explica muchas cosas.

            Pero la realidad se impone, y mientras en su Palacio AMLO se daba vuelo en el discurso de confrontación, acá en Coahuila el gobernador Miguel Riquelme inauguraba obras y ponía en marcha otras en Acuña y Piedras Negras, junto a los alcaldes Roberto de los Santos y Claudio Bres, ambos de oposición y con los que se mantiene permanente colaboración.

–o–

            Por una quincena Coahuila tendrá una representante más en la Cámara de Diputados, Lily Fabiola de la Rosa, quien fue llamada a suplir la ausencia de Norma Adela Guel, diputada plurinominal que solicitó licencia del 7 al 21 de marzo.

            Es la segunda ocasión en que Lily de la Rosa asume como suplente, la ocasión anterior de noviembre de 2011 a agosto de 2012, cuando sustituyó a Héctor Franco López, quien se separó del cargo para regresar a Coahuila como director del DIF Estatal.

            Su paso por la Cámara de Diputados, que duró cerca de diez meses en aquélla ocasión, no dejó huella alguna, difícilmente lo hará ahora en estas dos semanas, pero en el PRI la siguen considerando. Por eso les va como les va.

–o–

            Y del PRI hablando, en Nuevo León se asegura que el ex gobernador Rubén Moreira se hará cargo de la estrategia electoral en esa entidad.

            Se recordará que en 2018 lo designaron delegado para la elección extraordinaria de alcalde de Monterrey, en la que ganó el hoy candidato a gobernador Adrián de la Garza, y se afirma que ahora tiene la encomienda de sacar la gubernatura y las principales alcaldías, un reto nada sencillo ante la fuerza que ha tomado la candidatura de Clara Luz Flores por Morena.

            ¿Ya se estará preparando José Luis Chapa para conseguirle en Coahuila operadores a Moreira como lo hizo en 2018?, quizá hoy que está desilusionado pues no lo designaron Secretario del Trabajo por más lucha que le hizo cuando lo dejaron como encargado del despacho no dudará en correr al vecino estado. Que la piense bien, no vaya a ser que se quede como el perro de las dos tortas.

–o–

            Tras varias semanas desaparecido, se dejó escuchar en Torreón José Guadalupe Céspedes Casas, quien se supone está en funciones de presidente de Morena en la entidad, y nada más salió para acusar tanto al Tribunal Electoral del Estado como a la Sala Monterrey «de tener vínculos con el PRI y el PAN» y por eso haber cancelado el registro a la coalición en Coahuila.

            Aparece tarde y con argumentos viejos y vacíos. Se olvida que los magistrados electorales son designados por el Senado, en donde su partido tiene mayoría, y omite el trato obsequioso que el Tribunal Electoral Federal ha tenido hacia los intereses de López Obrador.

            Declara en automático y ni siquiera tomó en cuenta que el recurso que realmente tumbó la coalición no vino del PAN sino del PRD, en donde Céspedes militó alguna vez.

–o–

            Si la alcaldesa de San Pedro Patricia Grado Falcón pensó que al terminar el periodo de Edgar Sánchez como diputado se acababan sus problemas en el Congreso local, se equivocó, pues ahora es Claudia Rodríguez, del Partido Verde, la que lleva a la tribuna del Legislativo las denuncias de supuestos casos de corrupción en aquél municipio, y logró respaldo mayoritario a su propuesta de que se abra una investigación.

–o–

            Esta no es la columna de «Catón», pero cerraremos con el chiste del año, cortesía de la casa de campaña de Armando Guadiana Tijerina, que al boletinar una reunión del aspirante a alcalde con Ricardo Mejía Berdeja señala: «conversaron sobre la exitosa estrategia en materia de seguridad que implementa el Gobierno Federal en coordinación con los Estados de la República y que está dando muy buenos resultados al País».

edelapena@infonor.com.mx

Escasez y Decadencia

Por Eduardo J. De La Peña

            Según datos que publicó el INEGI el año anterior, la tasa de corrupción en las instituciones gubernamentales creció en 2019 un 64.1% en comparación con 2017. El organismo estimó que el costo por corrupción en ese año fue cercano a los 12 mil ochocientos millones de pesos, un promedio de 3 mil 800 pesos por persona afectada.

            En 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, estimó que los sobornos a funcionarios públicos tienen un costo del 2% del Producto Interno Bruto Mundial, pero en México el daño económico por la corrupción alcanza entre 5% y 10% del PIB.

            Queda claro, la corrupción es un mal lacerante, y debe decirse que se da en todas las instancias y a todos los niveles, no es exclusivo del sector público, por eso fue tan rentable en términos electorales la promesa de López Obrador y de la cuarta transformación de combatirla y acabarla.

            Hoy sin embargo debemos preguntar también cuánto está costando al país el combate a la corrupción que parece darse de manera contundente, pero que en realidad son medidas muy vistosas, muchas de ellas sin el debido sustento jurídico, pero también sin un calculo real de las consecuencias.

            Es la clara manifestación de un actuar descabezado e ineficaz.

            En la contingencia que vivimos desde hace un año, y con la atención centrada en los temas sanitarios, hay algunas situaciones que pasan desapercibidas y no reciben la atención que deberían.

            Por ejemplo empieza a haber en el comercio mayorista escasez de poliductos, de cable para uso eléctrico y hasta de bolsas de polietileno para el empaque de alimentos y otros productos.

            En el caso del cable eléctrico, ya sea de cobre o aluminio, escasea porque no se tiene el plástico que lleva como recubrimiento.

            Esto nos lleva al hilo conductor en los tres casos: el principal productor de polietileno en el país paró sus plantas porque el gobierno federal cortó el suministro de etano, un componente que se extrae del gas natural.

            Es la historia de Etileno XXI, que se ha dicho es la inversión más grande que hizo en México la brasileña Oderbrecht, para construir y operar en Veracruz un complejo petroquímico para la producción de etileno, y polietileno de alta y baja densidad.

            Según los antecedentes y a grandes razgos, Pemex produce etano y no tiene capacidad de aprovecharlo ni de invertir en una planta que lo consuma y lo procese, por eso se comprometieron con una filial de Oderbrecht a venderle durante veinte años el etano a precios competitivos, incluso por debajo del mercado.

            Pemex tenía sobreoferta de etano y le urgía venderlo, por eso el precio. Pero cayó la producción de Pemex y para cumplir tuvo que importarlo y eso le generó pérdidas a la paraestatal.

            Basta saber que en el tema están involucrados además de la brasileña Oderbrecht, ex funcionarios mexicanos como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya, para aún sin entrar en detalles presumir que algo turbio, muy turbio, hay en ese trato.

            Claro que para el gobierno de López Obrador eso fue suficiente para sentenciar y concluir que se estaba ante un caso de corrupción transexenal y la decisión fue ya no entregar etano.

            Así es como se actúa en este gobierno, con decisiones de botepronto que dejan daños colaterales pero no resuelven el asunto de fondo.

            No se procedió penalmente contra quienes incurrieron en el acto de corrupción, no se recorrió una vía jurídica para cancelar o reestructurar los contratos con Etileno XXI, simplemente se cerraron las válvulas.

            ¿El efecto inmediato?, la paralización de otras industrias, la escasez de productos, el encarecimiento de los mismos. ¿A quién le va a costar? a los mexicanos, no a los que hicieron ese acuerdo desventajoso para el país.

            Aún más, el incumplimiento unilateral de los contratos llevará a litigios que tendrán también un costo para el país.

            Esto que hoy vemos con los plásticos, ocurre también con el acero, pasó el año antepasado con la gasolina –cuando cerraron los ductos para evitar el huachicoleo– y seguirá ocurriendo mientras no se ponga un alto a un gobierno ineficaz como el que tenemos.

            Todo esto son síntomas del deterioro que está sufriendo el país, que al ser gradual no ha hecho sonar las alarmas lo suficientemente fuerte. Hay que reaccionar antes de que sea demasiado tarde, reconstruir y fortalecer los indispensables contrapesos que este gobierno ha ido desmantelando.

edelapena@infonor.com.mx