Por Eduardo J. De La Peña
No fue una visita de cortesía ni de mero trámite la que hizo este viernes el gobernador Miguel Ángel Riquelme a las oficinas en que opera la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica que dirige Jorge Luis Morán Delgado, hay que escuchar –o leer– el discurso que ahí pronunció el mandatario para dimensionar la encomienda que está disponiendo para la nueva instancia.
“La labor de la Unidad de Inteligencia repercutirá en una más eficiente también recaudación de impuestos, en la prevención de las operaciones de empresas fantasma y en la identificación de todas las acciones que pretendan la evasión fiscal, por ende trabajará de manera coordinada con la Fiscalía Anticorrupción”, dijo Riquelme.
También enfatizó que esta instancia será «una oficina articuladora del amplio conjunto de acciones que se realizan en el combate a la corrupción».
Sí, el gobernador se refirió a las funciones que tendrá la UIPE en las investigaciones para combatir a la delincuencia organizada, pero también subrayó sus alcances en el combate a la corrupción.
Hasta ahora los organismos de fiscalización y las instancias anticorrupción carecían de un mecanismo que les permitiera investigaciones y seguimiento de evolución patrimonial, indispensable para complementar auditorías e indagatorias penales, ésta nueva Unidad además de las facultades tendrá las herramientas tecnológicas para ello.
Esto contribuirá a combatir la impunidad en aquéllos casos en que se detecta que alguien le mete mano al dinero público o hace negocios a la sombra de sus cargos.
Tomemos como ejemplo los procesos que se siguen contra ex dirigentes de la Sección Quinta del SNTE, donde se sabe que desaparecieron varios millones del Fondo de Ahorro de los maestros, pero no se ha logrado establecer a dónde fue a parar el dinero.
O el otro asunto del predio que un día era propiedad del gobierno del estado y luego resulta que ahí se construyó una clínica privada, a la que se subrogan muchos de los servicios médicos del Magisterio, porque es de un hijo del dirigente nacional del SNTE.
Vaya, ejemplos puede haber muchos, hoy lo importante es que la Unidad de Inteligencia está operando, y el mensaje que mandó este viernes Miguel Riquelme es de cero tolerancia a delincuencia organizada y corrupción.
La probidad y el compromiso del titular, Jorge Luis Morán Delgado, están más allá de toda duda. Así que a portarse bien.
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En el colmo del absurdo, las autoridades municipales de Monclova y la delegada regional de la Secretaría del Bienestar, Claudia Garza del Toro, inventaron un nuevo trámite con el que deben cumplir quienes aspiren a ser vacunados contra el coronavirus.
Ahora se sacaron de la manga la «actualización de datos», con la que deben cumplir todos los que se registraron en el portal digital que para ese propósito creó el gobierno federal.
Así que los convocaron a donde estarán los módulos de vacunación, cuando el gobierno federal decida liberar las vacunas que tiene bajo resguardo desde el martes en la Sexta Zona Militar, y los pusieron a hacer fila.
¿No se supone que hay que evitar en lo posible las concentraciones de personas?.
Mal comienza su interinato Agustín Ramos Pérez bailando al ritmo de las puntadas de Garza del Toro.
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El Tribunal Electoral de Coahuila revocó el acuerdo que emitió en Parras el alcalde Ramiro Pérez para convocar a los suplentes de Síndico y regidores, pues no tiene facultades para ello, y también anuló los acuerdos que se hayan tomado en sesiones de Cabildo en que participaron los suplentes.
Y le pasa el asunto a la cancha del Congreso del Estado para que tome las acciones necesarias para evitar un vacío de autoridad en ese municipio. Hasta ahora Eduardo Olmos se había ido por la orillita, afirmando que el Legislativo intervendría cuando se hubieran resuelto los asuntos que alcalde y Cabildo de Parras llevaron a otras instancias, pero ya van a tener que entrarle.
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