Por Eduardo J. De La Peña
Y enmudeció el palenque…
Apenas se filtró que la Unidad de Inteligencia Financiera va tras el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, y que incluso ya se promueve su desafuero ante la Cámara de Diputados, y sobraron los que se acordaron de la estrecha relación que Luis Fernando Salazar presumía tener con el.
Allá en el 2016, Salazar todavía era panista y no se cansaba de jactarse como el operador electoral que hizo posible el triunfo de Cabeza de Vaca.
Hoy desde luego guarda silencio, no se compromete, pero debe estar muy nervioso ante la posibilidad de que la indagatoria contra el tamaulipeco alcance al financiamiento de su campaña a gobernador en 2016.
Para nadie es desconocido que en las campañas en lo que más dinero se gasta, y la mayoría de las veces de origen desconocido, es en la movilización de la estructura electoral, precisamente de lo que se encargaba Luis Fernando.
Por lo pronto, de acuerdo con lo que ha trascendido, junto con el gobernador de Tamaulipas hay otros ocho acusados, entre ellos su esposa, sus padres y dos de sus hermanos.
Hasta ahora la indagatoria alcanza triangulaciones financieras que se hicieron en 2019, pero ya antes se le había acusado de recibir financiamiento ilícito cuando fue alcalde y diputado, ¿urgará la UIF en su pasado?.
De cualquier forma el caso hay que tomarlo con reservas, pues aunque García Cabeza de Vaca ha sido ave de tempestades, también cabe la posibilidad de un trasfondo político en este asunto, como todos los que en la Cuarta Transformación le encargan a la UIF.
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En su última sesión la Diputación Permanente aprobó las licencias de Alfredo Paredes y Jorge Zermeño Infante, quienes se separarán del cargo el próximo lunes primero de marzo, y se designó como interinos a Agustín Ramos Pérez, en Monclova, y a Sergio Lara Galván, en Torreón.
Paredes tiene licencia hasta el siete de junio y Zermeño hasta el catorce del mismo mes. Las elecciones en las que ambos competirán como candidatos del PAN a diputados federales serán el domingo seis de junio.
Fue la última sesión de la Permanente, porque el primero de marzo se instala el primer periodo ordinario de sesiones de esta Legislatura.
También en la Permanente se aprobó un punto de acuerdo propuesto por la diputada Yolanda Elizondo Maltos para que la Fiscalía informe sobre el avance en las investigaciones de la muerte de un joven que en Palaú fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal, en diciembre, y tres días después murió en un hospital por graves lesiones que se dice le fueron provocadas en un acto de tortura.
Y justo cuando este delicado tema fue llevado a la tribuna del Congreso, en Monclova el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Morales Valdés, lamentó que pese a la capacitación que se da a los elementos policiacos siguen incurriendo en abusos y ha crecido el número de quejas ciudadanas en su contra.
Tiene tarea pendiente el Fiscal Gerardo Márquez Guevara.
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Desde Arteaga Enrique Cepeda desmiente las versiones que han circulado en redes sociales de que será postulado por Morena como candidato a la alcaldía.
Cepeda buscó con empeño la candidatura del PRI, pero la decisión favoreció a Ramiro Durán, sin embargo descarta que vaya a traicionar a su partido.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al gobierno federal retomar la coordinación con el gobierno de Chihuahua en materia de seguridad.
Se recordará que en septiembre, cuando el conflicto por el agua, el sub secretario Ricardo Mejía Berdeja ordenó a los representantes estatales abandonar la mesa de seguridad, acusándolos de dirigir una campaña en contra de la Guardia Nacional.
El gobierno de Chihuahua recurrió a la Corte, y en principio la Ministra Yasmin Esquivel, siempre alineada con la 4T, resolvió que no se podía ordenar restablecer la coordinación, pero ya en el pleno dieron la razón a las autoridades estatales.
Queda pendiente una denuncia que el gobierno de Chihuahua presentó contra Mejía Berdeja por uso abusivo del poder.
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