Por Eduardo J. De La Peña
La manifestación que realizaron este jueves maestros jubilados de la Sección 38 para reclamar el pago del fondo de retiro que les corresponde, además de poner en evidencia que se sigue arrastrando un rezago en cubrir esta prestación, irremediablemente lleva a recordar que hay al menos una denuncia penal de la Auditoría Superior del Estado en contra de quien encabeza el consejo de administración del Seguro del Maestro, Norma Leticia Escobedo Cuevas.
De acuerdo con los jubilados que se manifestaron, no se les ha pagado a 500 de ellos, algunos de los cuales se retiraron del servicio activo desde hace cuatro años, y cada uno debe recibir una póliza que promedia los 75 mil pesos.
En meses anteriores se hablaba de que el adeudo era con 700 jubilados, lo cual quedría decir que gradualmente se ha ido pagando. El tema es que se trata de una prestación que se debería de cubrir en el momento del retiro y no se ha aclarado por qué el Seguro del Maestro no cuenta con los recursos.
¿Tendrá algo que ver con eso los hechos que en diciembre de 2018 denunció la Auditoría Superior del Estado, después de que el Consejo de Administración no solventó serias inconsistencias detectadas en el ejercicio 2016?.
La Auditoría Superior, de Armando Plata Sandoval, señaló ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, de Jesús Homero Flores Mier directamente a la directora Norma Leticia Escobedo Cuevas.
Si se revisa la denuncia podremos encontrar todo un catalogo de irregularidades graves, algunas por los montos que representan, otras por las conductas señaladas y algunas más por los personajes involucrados.
Los auditores señalan como irregular que se hayan otorgado apoyos extraordinarios al personal; becas para los hijos; pero también que se haya pagado en 2016 una nómina de más de 9 millones de pesos para trabajadores que la sección 38 tiene comisionados a otras instancias y dependencias.
También encontraron que de este fondo, que debería ser exclusivo para el pago de las primas de retiro, se cubrieron más de cinco millones de pesos en mantenimiento y rehabilitación de los centros recreativos.
Igualmente se señala que se hicieron compras por más de cuatro y medio millones de pesos, para los mismos centros recreativos, y que además de ser ilegal destinar fondos para ese propósito, no hay evidencia de que se hayan ejercido de forma correcta, y la Auditoría señala la presunción de que los funcionarios dispusieron de ese dinero en beneficio propio.
Los auditores detectaron que del Seguro del Maestro se hicieron pagos por seis millones de pesos, supuestamente por servicios profesionales, a personas que también aparecen en la nómina magisterial. Es decir cobraban en dos partes, ¿trabajaban realmente en alguna?.
Más grave aún, hay pagos excedentes en pólizas del Fondo de Retiro que suman casi un millón setecientos mil pesos. A 500 maestros no les han pagado, y hubo quienes hasta «copeteado» alcanzaron.
En la denuncia salta a la vista una gratificación cercana a los 80 mil pesos para Armando López Romero, sin justificar los servicios que prestó al Seguro del Maestro o a la Sección 38. En una danza de tantos millones el monto puede parecer a algunos irrelevante, pero aquí lo que llama la atención es el personaje.
López Romero, quien fue diputado federal representando a un distrito de Coyoacán, fue conocido aquí en Coahuila cuando lo habilitaron como secretario técnico de la comisión que se integró en la Cámara de Diputados para investigar el caso Pasta de Conchos, y alcanzó fama cuando denunció por falsificación de documentos al entonces panista Oscar Mohamar.
Conocido en los círculos del poder como «El Chilaquil», a López Romero en aquél entonces se le utilizó para todo tipo de «misiones especiales». Ya vimos dónde cobraba.
No paran ahí las cosas, hay otra nómina, que tampoco el monto es mayor, llegan a poco más de 605 mil pesos, entre nueve personas, pero lo irregular es que se trata de pensionados, que no deberían estar cobrando sueldo, pero ahí también hay que poner a los nombres.
Destaca Alfonso Cepeda Salas, actual dirigente nacional del Magisterio, que en 2016 cuando cumplía con comisiones del comité nacional, principalmente en el extranjero, cobraba como «asesor técnico B» del Seguro del Maestro, y recibió 280 mil pesos.
Aparece también ahí el onceavo regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Bernardo Escareño Lara, a quien como «supervisor» le pagaban en el Seguro del Maestro 143 mil pesos anuales.
Parece que va quedando claro por que no completan para pagar las pólizas de retiro.
¿Qué va a hacer Xicoténcatl de la Cruz García, dirigente de la Sección 38 para poner orden, y también para evitar se desborde la inconformidad de los jubilados?. Debe aplicarse, no vaya ser que lo inviten a acompañar a José Luis Ponce Grimaldo.
edelapena@infonor.com.mx
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