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Por Eduardo De La Peña De León

            Dos resoluciones de tribunales electorales le pusieron ambiente –más– al mundillo político local en el que no importan vacunas, posadas ni vacaciones, lo que quieren son destapes.

            La primera fue de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la federación, que como se anticipó declaró improcedente la resolución del INE que obligaba a los partidos a observar la paridad de género en las candiaturas a gobernadores de los estados el año próximo.

            Las gubernaturas son cargos unipersonales no cabe entonces la paridad de género, como sí se obliga por ejemplo en las candidaturas para integrar Congresos locales o Ayuntamientos, que son cuerpos colegiados.

            Cuando en noviembre el INE estableció esos criterios para los comicios de 2021 en quince estados, de inmediato hubo quienes sacaron cuentas de que en 2023 se renovarán únicamente dos gubernaturas, la de Coahuila y la del Estado de México, y que entonces los partidos tendrían que postular a una mujer en una entidad y a un hombre en la otra, y ya hasta esbozaban escenarios, con nombres incluidos.

            No hay tal. No procede ese criterio.

            La otra resolución fue la muy esperada del Tribunal local respecto a la segunda reelección de los alcaldes que ya cumplieron dos periodos consecutivos, y como se esperaba resolvieron que sí será posible que sean candiatos una vez más.

            Los Magistrados optaron por criterios que amplían en lugar de restringir los derechos político-electorales, y como la Constitución ya contempla la posibilidad de que puedan ser alcaldes hasta por seis años, y quienes fueron electos en 2017 y 2018 completarán únicamente cuatro, se optó por darles la posibilidad de que permanezcan siete años en el cargo.

            Esta era la definición que los partidos esperaban para resolver las candidaturas con las que competirán el año próximo, aunque no se debe descartar que alguien con aspiraciones sienta que se le quita la posibilidad de participar y promueva un recurso en contra, que anticipan tendría que resolverse en la Sala Superior del Tribunal Federal.

            Como antecedente, esta Sala Superior resolvió ya un caso similar, en relación con Nayarit, y se pronunció por permitir a los alcaldes permanecer siete años en el cargo.

–o–

            Y más allá de las barandillas de los tribunales, los actores políticos siguieron este martes con los preparativos de sus estrategias para los comicios del año próximo.

            En Torreón se reunieron los panistas Jesús De León Tello, Marcelo Torres Cofiño, Jorge Zermeño Infante y Guillermo Anaya Llamas.

            De León y Torres Cofiño compartieron en redes sociales una fotografía que los muestra muy sonrientes a los cuatro, se podría decir que hasta optimistas.

            Trascendió que estuvo sobre la mesa la posibilidad de algún acuerdo con el PRI, pues aunque en principio los distritos de Coahuila no están contemplados en los 158 que las dirigencias nacionales pactaron ir con candidaturas comunes, no se descarta que aquí pudiera haber una negociación, o al menos el compromiso de no estorbarse en donde cada partido tenga mayores posibilidades de ganar.

            Un escenario del que platicaron es de asegurar para el PAN la alcaldía de Torreón, con Marcelo Torres como candidato, y ceder las diputaciones federales al PRI, pero asegurando para Zermeño un sitio preferente en las listas de plurinominales.

            Mientras ellos tomaban café, Luis Fernando Salazar tomó las redes sociales para anunciar que ya solicitó licencia como diputado federal, y de pasada anticipar la que será su oferta como candidato de Morena a la alcaldía de Torreón.

            Patético por cierto el discurso de Luis Fernando, sigue con la vieja cantaleta de que a Torreón se le margina en Coahuila, y no tuvo empacho en presumir sus «convicciones», cuando es bien sabido que abandonó al PAN para refugiarse en Morena.

            Y en Morena el pleito entre tribus, nativas y arribistas, ya llegó hasta el Ministerio Público, pues Guadalupe Céspedes Casas finalmente se animó a formalizar la denuncia penal de la que tanto ha venido hablando, acusando que de las oficinas de ese partido sustrajeron computadoras y papelería donde se tenían las pruebas de los malos manejos en la época en que Mirosalva Sánchez fue dirigente estatal.

            Esto va a terminar en que van a mantener a Céspedes y a su grupo entretenidos con ese litigio, mientras los otros grupos se reparten las candidaturas, como ya lo hicieron en el proceso electoral de este año.

edelapena@infonor.com.mx