¿Ayuda Funeraria?

Por Eduardo De La Peña De León

            En «la mañanera» del martes el director del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que el gobierno federal entregará poco más de 11 mil 400 pesos a los deudos de personas fallecidas por covid-19 en México.

            En la circunstancia que está viviendo el país definitivamente que la tragedia de perder a un ser querido se agrava por diferentes motivos. Consideremos que en no pocos casos hay familias que en cuestión de días han perdido a más de uno de sus miembros; también que, por la naturaleza de la enfermedad y la multiplicación del contagio, muchos de quienes han muerto estaban en plena edad productiva y eran quienes aportaban el sustento del hogar.

            Sumemos la situación económica en que ya se encontraba México, que ha empeorado como efecto también de la pandemia, por lo que la muerte de uno, o más, de sus miembros pone también a las familias ante la obligación de un gasto inesperado que no es menor.

            Está también desde luego el aspecto emocional, ya de por sí vivimos todos en incertidumbre y con miedo a causa de la pandemia, a eso sumemos que cuando alguien enferma gravemente a causa del coronavirus y debe ser hospitalizado se le mantiene aislado, y si muere no puede haber contacto, ni siquiera visual, con el cuerpo, no hay espacio entonces para despedidas. Un duelo así seguramente es aún más pesaroso.

            En este contexto, que el gobierno vaya a dar un apoyo económico a los deudos se puede percibir como un gesto solidario, un acto definitivo de justicia social. Pero…

            El diseño de operación, las reglas que han establecido, llevan inevitablemente a pensar que se trata más bien de otra de esas estrategias clientelares en las que no se repara en costos con tal de generar redes de adeptos.

            Según dieron a conocer el apoyo será universal, para todos aquéllos que lo soliciten y sin importar su condición social, económica y si tienen o no seguridad social.

            Podrán tramitarlo aquéllas personas que hayan perdido a su pareja, un hijo, el padre o la madre, entre el 18 de marzo de 2020, fecha en que se tuvo el primer deceso por coronavirus en México, y hasta que se declare oficialmente el fin de la emergencia sanitaria.

            No se está considerando por ejemplo que, al menos a los deudos de derechohabientes del IMSS, sin importar la causa del fallecimiento del asegurado, ya se les entrega una ayuda para gastos de funeral, una cantidad que ronda en los cinco mil 200 pesos.

            Pero también los únicos dos requisitos que se están pidiendo para otorgar la ayuda es mostrar un acta de defunción que consigne como causa el covid, y probar con un documento oficial el parentesco.

            Esta laxitud en las reglas pone a quienes vayan a operar el programa, ya sea el IMSS o el DIF nacional, en la antesala de conflictos inminentes.

            En todo el país abundan los casos en que tras un fallecimiento afloran los conflictos entre hermanos, medios hermanos, viudas, concubinas y demás, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Han llegado a verse casos de familias que se disputan el cuerpo en una agencia funeraria y muchos más que reclaman indemnizaciones, finiquitos o pensiones.

            Si hay dos reclamaciones de la ayuda funeraria respecto al fallecimiento de una misma persona, y los dos reclamantes pueden probar el parentesco, ¿quién y cómo va a resolver?.

            Por ejemplo en los finiquitos laborales hay un procedimiento establecido para la designación de beneficiarios, y toca desahogarlo a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, en un trámite que por cierto además de riguroso –como debe ser por lo que implica– se ha vuelto tortuoso por la burocracia que impera, la saturación de trabajo en las Juntas y el insuficiente personal en las mismas.

            Sería ese sí un acto de justicia, que en la administración federal tomen las medidas necesarias para destrabar todos los trámites de ese tipo que están entrampados en las Juntas de Conciliación.

            En suma, hay muchos cabos sueltos en este nuevo apoyo que ha instrumentado el gobierno federal, y que por su deficiente diseño deja abierta la puerta a abusos y conflictos. La primer exigencia tendría que ser desde luego transparencia, para tratar de evitar además desvíos.

edelapena@infonor.com.mx

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