Día: 26 de noviembre de 2020

ÍNDICE

            Estamos ya en la víspera de la reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, el CLIP, a la que se convocó a todos los legisladores federales originarios de Coahuila, diputados y senadores, y hasta el momento se desconoce quiénes han aceptado la invitación para ir a dar explicaciones sobre lo que han hecho –o dejado de hacer– por la entidad.

            El organismo encabezado por José Luis Hotema De Santiago convocó a todos, aunque primordialmente hay el interés de expresar a los diputados alineados con Morena el malestar del sector privado por la forma en que se aprobó el presupuesto federal para 2021.

            Para que no haya pretextos, pueden acudir físicamente al encuentro o conectarse a través de alguna plataforma digital.

            ¿Quiénes darán la cara?, la cita es este viernes a las diez de la mañana.

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            Y a propósito del presupuesto federal para 2021, uno de los fondos que viene en ceros es el creado para apoyar la movilidad para personas con discapacidad, del que en el pasado se dispusieron recursos para, en el caso de Coahuila, crear el sistema UNEDIF que opera con éxito en varios municipios de la entidad.

            Se hacía una mezcla en la que con la aportación federal se compraban los vehículos para ir renovando flotillas y extendiendo cobertura, y con recursos estatales se cubre la operación y mantenimiento.

            Para 2021 no habrá con que comprar más unidades para este servicio, pero seguramente antes de que concluya este año el gobernador Miguel Riquelme entregará al menos veinte vehículos nuevos que ya se están acondicionando con las especificaciones requeridas.

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             En Piedras Negras dirigentes de diferentes sectores han manifestado su preocupación al ver cómo se ha incrementado el flujo de personas provenientes de Texas, que aprovechan sus días de asueto para visitar a sus familiares en México sin importarles la contingencia sanitaria que se está viviendo.

            Tal parece que los filtros sanitarios en los dos puentes internacionales no han sido suficientes para disuadir a los paseantes, y el tema preocupa por el riesgo de que al detonarse más contagios se colapse la capacidad hospitalaria.

            En Acuña, donde la incidencia en este momento es menor, y las autoridades locales afirman estar en semáforo verde, el Ayuntamiento dispuso medidas más estrictas y en lo que resta de noviembre únicamente permitirán el ingreso de personas que tengan citas médicas.

            Con filtros sanitarios o sin ellos, el riesgo en las ciudades fronterizas es elevado, sobre todo en Piedras Negras por donde diariamente son deportados más de cien migrantes sin que el Instituto de Migración tenga capacidad de darles seguimiento.

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            También en relación con el coronavirus, este miércoles se conoció que superó la enfermedad y se ha restablecido el Profesor Arturo Berrueto González, al igual que su esposa.

            El ex alcalde saltillense, con noventa años de edad cumplidos en abril anterior, ha superado en los años recientes diversas enfermedades y una vez más sale adelante, sin duda una buena noticia para su familia y amigos.

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            En Ramos Arizpe, al entregar escrituras en la colonia La Soledad, el gobernador Miguel Ángel Riquelme aprovechó el evento para dirigir un mensaje en ocasión del Día Internacional para eliminar la Violencia contra la Mujer, y además de enumerar las acciones y políticas que su administración ha implementado, ponderó la importancia de que todos los sectores se comprometan en una actitud de cero tolerancia a la violencia.

            En cuanto a las escrituras, generalmente los números no permiten dimensionar lo que significan para las familias que las reciben, ni el trabajo que implicó concluir el proceso.

            En este caso son 112, con lo que se llegan a 10 mil en la administración, pero esta colonia reviste características especiales, y no solo porque transcurrieron 25 años para que las familias tuvieran certeza de su patrimonio, sino porque además hubo que comenzar por delimitar si los terrenos pertenecían a Arteaga o a Ramos Arizpe.

            Ya establecido que están en Ramos, hubo que afrontar el trámite sucesorio de los dueños originales de los predios, y transitar después hacia el acuerdo para poder escriturar.

            En este logro está la mano de Jerico Abramo, Secretario de Vivienda, y muchas horas de trabajo de su equipo.

            La colonia ha sido favorecida además con obras estatales, como vialidades de acceso y ya se construyó ahí también una plaza pública.

edelapena@infonor.com.mx

¿Ayuda Funeraria?

Por Eduardo De La Peña De León

            En «la mañanera» del martes el director del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que el gobierno federal entregará poco más de 11 mil 400 pesos a los deudos de personas fallecidas por covid-19 en México.

            En la circunstancia que está viviendo el país definitivamente que la tragedia de perder a un ser querido se agrava por diferentes motivos. Consideremos que en no pocos casos hay familias que en cuestión de días han perdido a más de uno de sus miembros; también que, por la naturaleza de la enfermedad y la multiplicación del contagio, muchos de quienes han muerto estaban en plena edad productiva y eran quienes aportaban el sustento del hogar.

            Sumemos la situación económica en que ya se encontraba México, que ha empeorado como efecto también de la pandemia, por lo que la muerte de uno, o más, de sus miembros pone también a las familias ante la obligación de un gasto inesperado que no es menor.

            Está también desde luego el aspecto emocional, ya de por sí vivimos todos en incertidumbre y con miedo a causa de la pandemia, a eso sumemos que cuando alguien enferma gravemente a causa del coronavirus y debe ser hospitalizado se le mantiene aislado, y si muere no puede haber contacto, ni siquiera visual, con el cuerpo, no hay espacio entonces para despedidas. Un duelo así seguramente es aún más pesaroso.

            En este contexto, que el gobierno vaya a dar un apoyo económico a los deudos se puede percibir como un gesto solidario, un acto definitivo de justicia social. Pero…

            El diseño de operación, las reglas que han establecido, llevan inevitablemente a pensar que se trata más bien de otra de esas estrategias clientelares en las que no se repara en costos con tal de generar redes de adeptos.

            Según dieron a conocer el apoyo será universal, para todos aquéllos que lo soliciten y sin importar su condición social, económica y si tienen o no seguridad social.

            Podrán tramitarlo aquéllas personas que hayan perdido a su pareja, un hijo, el padre o la madre, entre el 18 de marzo de 2020, fecha en que se tuvo el primer deceso por coronavirus en México, y hasta que se declare oficialmente el fin de la emergencia sanitaria.

            No se está considerando por ejemplo que, al menos a los deudos de derechohabientes del IMSS, sin importar la causa del fallecimiento del asegurado, ya se les entrega una ayuda para gastos de funeral, una cantidad que ronda en los cinco mil 200 pesos.

            Pero también los únicos dos requisitos que se están pidiendo para otorgar la ayuda es mostrar un acta de defunción que consigne como causa el covid, y probar con un documento oficial el parentesco.

            Esta laxitud en las reglas pone a quienes vayan a operar el programa, ya sea el IMSS o el DIF nacional, en la antesala de conflictos inminentes.

            En todo el país abundan los casos en que tras un fallecimiento afloran los conflictos entre hermanos, medios hermanos, viudas, concubinas y demás, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Han llegado a verse casos de familias que se disputan el cuerpo en una agencia funeraria y muchos más que reclaman indemnizaciones, finiquitos o pensiones.

            Si hay dos reclamaciones de la ayuda funeraria respecto al fallecimiento de una misma persona, y los dos reclamantes pueden probar el parentesco, ¿quién y cómo va a resolver?.

            Por ejemplo en los finiquitos laborales hay un procedimiento establecido para la designación de beneficiarios, y toca desahogarlo a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, en un trámite que por cierto además de riguroso –como debe ser por lo que implica– se ha vuelto tortuoso por la burocracia que impera, la saturación de trabajo en las Juntas y el insuficiente personal en las mismas.

            Sería ese sí un acto de justicia, que en la administración federal tomen las medidas necesarias para destrabar todos los trámites de ese tipo que están entrampados en las Juntas de Conciliación.

            En suma, hay muchos cabos sueltos en este nuevo apoyo que ha instrumentado el gobierno federal, y que por su deficiente diseño deja abierta la puerta a abusos y conflictos. La primer exigencia tendría que ser desde luego transparencia, para tratar de evitar además desvíos.

edelapena@infonor.com.mx