Por Eduardo De La Peña De León
A la bacanal de recortes emprendida por la cuarta transformación se suma la insidia populista que alienta en el país el choque de clases, y tenemos hoy como nuevas víctimas de esta insensata dinámica a mujeres y hombres de ciencia a los que se estigmatiza por la única razón de trabajar para instituciones privadas, sin entender que al perjudicarlos a ellos se causa un daño a la sociedad en su conjunto.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, ha decidido que los investigadores que laboran en universidades privadas, aún y cuando pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores ya no tendrán derecho al estímulo económico que se estableció por decreto presidencial desde hace varias décadas.
Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores no es una graciosa concesión ni una distinción vana o artificiosa, es un mérito que se obtiene con trabajo, dedicación, compromiso profesional y social.
Quienes son aceptados en el SNI deben no únicamente tener un grado académico, que ya el solo alcanzarlo representa un mérito, sino además demostrar productividad como investigadores, calidad en sus trabajos que representen aportaciones para el desarrollo científico, tecnológico, social y cultural, además de participar en la formación de nuevas generaciones que garanticen continuidad de ese esfuerzo en el futuro.
No es pues cualquier cosa.
La miopía de la directora del Conacyt, que se ha consagrado como fiel soldada de la cuarta transformación, no le ha permitido entender que los investigadores de las universidades privadas recibían el estímulo económico, al igual que los de las universidades públicas, a título personal, no era un recurso para las instituciones.
Al contrario, otorgar estímulos también a estos investigadores tenía un efecto multiplicador, pues por cada peso pagado por Conacyt a los investigadores las universidades privadas estaban obligadas a invertir un peso más para proyectos de investigación.
La investigación humanística, científica y tecnología, emprendida desde la universidad pública o de la privada, conlleva un aporte social de acceso universal y eso es lo que debería entenderse antes de tomar decisiones tan drásticas como suspender los estímulos.
Lo que ha hecho el Conacyt es además prejuicioso, etiqueta a los investigadores de universidades privadas como seres privilegiados que no tienen derecho a una aportación estatal, y asume que los de las instituciones públicas están en desventaja y sí merecen ese estímulo.
El momento actual que vive el mundo nos debe llevar a dimensionar la importancia de los aportes de la comunidad científica, pues aunque muchas veces los proyectos de investigación nos parezcan ajenos, con un lenguaje y términos de difícil o hasta imposible comprensión, al final del día se traducen en productos, herramientas, satisfactores, aplicaciones que hoy nos están permitiendo vivir en pandemia.
Las plataformas tecnológicas en las que hoy se imparten clases, se celebran reuniones de negocios y hasta se dan los encuentros familiares y de amigos; los cubre bocas que todos debemos usar; las pruebas de diagnóstico; los equipos de respiración asistida; los medicamentos y las vacunas que estamos esperando, todo eso y más tienen atrás un desarrollo de investigadores.
En cada actividad o proceso de nuestra vida hay una aportación de los avances científicos, en muchos casos no lo percibimos tal cual, y desde luego no sabemos si su origen es de una institución pública o privada, o si es nacional o extranjera, pero en algún momento hay un acceso universal que no podemos perder de vista.
Tomemos como ejemplo los ventiladores que en esta contingencia sanitaria se han vuelto indispensables para salvar vidas. El gobierno federal los tuvo que conseguir en China y costaron en promedio un millón doscientos cincuenta mil pesos cada uno; para mayo de este año especialistas del Tecnológico de Monterrey –universidad privada– y del Instituto Nacional de Nutrición –institución pública– desarrollaron un equipo con componentes y diseños nacionales, que tiene un costo de 225 mil pesos cada uno.
La patente quedó para el Instituto de Nutrición, seguramente los están fabricando empresas privadas que también auspiciaron el desarrollo, pero el beneficio será para el país, en vidas salvadas y en recursos ahorrados.
Hay algo más allá de los aportes materiales que pueden dejar los investigadores, y es que son personas inspiradoras que motivan a otros, en universidades públicas o privadas, a crecer, a desarrollarse, a aprender, conocer, ¿es justo y razonable castigarlos nada más porque tuvieron la oportunidad y capacidad para ir a una institución privada?.
Como sociedad además de estar informados de estas decisiones aberrantes, debemos convencernos de la importancia de alzar la voz, no ser indiferentes y buscar los cauces civilizados y razonables para mostrar nuestra indignación y exigencia al gobierno para que recapacite.
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