Por Eduardo De La Peña de León
De último momento le confirmaron al gobernador Miguel Ángel Riquelme una reunión de los gobernadores priistas con la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y debió viajar a la Ciudad de México antes que a su visita prevista a Piedras Negras.
Asistieron al encuentro en Bucareli todos los gobernadores emanados del PRI, a excepción de Claudia Pavlovich, de Sonora, dado que convalece de coronavirus. En el grupo participan dos de los integrantes de la Alianza Federalista, Riquelme y el mandatario de Colima José Ignacio Peralta.
Interesante que en un comunicado de la Secretaría de Gobernación subrayaran la «firme convicción» de Sánchez Cordero de tender puentes y dialogar… Lástima que esa voluntad no exista en otras instacias del gobierno federal, comenzando por quien lo encabeza.
Cuatro puntos habrían estado en la agenda, gestión de diferentes proyectos de las entidades; el seguimiento a la contingencia sanitaria; el proceso electoral del año próximo y, de acuerdo con el comunicado de Segob, «coordinación y cooperación institucional con el gobierno federal».
Los diez gobernadores y Sánchez Cordero al menos podrán citar al clásico «que por nosotros no quede».
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La presidente del Tribunal de Justicia Admnistrativa, Sandra Rodríguez Wong, y la Secretaria de Fiscalización Teresa Guajardo tuvieron una sesión virtual con los titulares de las Contralorías Municipales para actualizarlos en las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Es importante que estos servidores estén conscientes de las responsabilidades en que pueden incurrir si son omisos en sus funciones y también en estas jornadas se debería de incorporar a personal de la Auditoría Superior del Estado para que les explique los criterios de fiscalización y les haga ver las inconsistencias en que es más común que incurran los Ayuntamientos.
Si analizamos los informes de las auditorías y las denuncias que se han presentado en contra de ex funcionarios municipales encontraremos conductas reiteradas, algunas muy probablemente cometidas en forma deliberada pero muchas otras producto de desconocimiento sobre las reglas de contabilidad gubernamental y fiscalización.
Debe tenerse en cuenta que la curva de aprendizaje de los contralores municipales se toma buena parte de lo que dura una administración, y cuando viene el relevo hay que comenzar de nuevo.
En una posición de ese tipo es difícil impulsar el servicio profesional de carrera, pero al menos se podría pensar en algún tipo de certificación, en la que puedan participar todos los profesionales del sector para formar una reserva de personal capacitado del que deban los Ayuntamientos seleccionar a sus Contralores y así garantizar que quien asuma en un cambio de administración sepa las implicaciones, facultades y responsabilidades.
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Puntual y discreto Javier Guerrero García hizo frente a las insinuaciones que en algunos medios surgieron respecto a que podría haber recibido un beneficio económico en la compra por parte del IMSS de las quinientas nuevas camas que se están entregando a ocho hospitales de la institución en Coahuila.
Las adquisiciones, precisó Guerrero, no están en las facultades del Secretario General del IMSS, además al realizarlas, el área a la que corresponden, debe cumplir con estrictos procedimientos que van más allá de la simpleza con la que se ha planteado que habría salido más barato comprarlas en el mercado local.
A propósito del IMSS, este miércoles se anunció una estrategia para atender la alta ocupación hospitalaria en cinco entidades, Coahuila entre ellas. Las medidas van desde la contratción de más personal, instalar un hospital móvil en Saltillo, prolongar la subrogación de servicios con instituciones privadas, principalmente.
Adicional a ello un punto en el que deberían de poner atención es la disponibilidad de pruebas de detección, pues actualmente a derechohabientes con síntomas les están extendiendo incapacidades e incluso prescribiendo medicamentos pero no les hacen pruebas porque no tienen y les sugieren buscarlas en otras instituciones.
La Secretaría de Salud ya tuvo que marcar criterios y restricciones pues sus unidades para toma de muestras se han saturado, y piden a quienes tienen seguridad social que acudan a dónde son derechohabientes. También en el sector privado hay saturación, al menos en Saltillo, y hay que esperar hasta tres días para una cita.
Urge pues que el IMSS y el ISSSTE se abastezcan de pruebas, que asuman lo que les corresponde con su derechohabiencia.
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