Por Eduardo J. De La Peña de León

            El alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas anticipó que con recursos estatales y municipales se continuarán las obras de ampliación de la carretera a Derramadero, pues además de que no se contemplan fondos federales para ese proyecto en 2021 se teme que vayan a perderse los 90 millones de pesos que se habían etiquetado este año y que no se han ejercido porque la SCT ha declarado desierta la licitación.

            Esa carretera tiene más de cincuenta años de antigüedad, y en los últimos veinte años su aforo se ha multiplicado exponencialmente a partir del desarrollo industrial en Derramadero, en ciertas horas del día circulan por ahí tantos camiones de pasajeros y autos como el más transitado de los bulevares en la ciudad, por ello urge la ampliación.

            El gobernador y el alcalde saben lo anterior y se comprometen, y eso es bueno, pero a la par del fondeo local para esa obra en una ruta federal, deberían buscarse los mecanismos legales para conseguir primero conservar los 90 millones que ya estaban etiquetados este año, y después lograr liberar más recursos para 2021 y los años futuros.

            Si quienes se han visto favorecidos con el crecimiento industrial en Derramadero, donde además se proyectan desarrollos habitacionales y comerciales, no se comprometen y aportan recursos para mejorar las vías de comunicación, al menos a través de las cámaras empresariales deberían encabezar la batalla jurídica para conseguir los fondos federales.

–o–

            Un par de semanas atrás Alejandra Wade, del Consejo Cívico de las Instituciones, y Miguel Monroy, de Coparmex, señalaron que los candidatos a diputados locales muestran ignorancia con sus promesas de campaña en las que incluso se meten en temas que van más allá de las facultades de los legisladores.

            Un claro ejemplo lo tenemos en la panista Amal Esper, quien no duda en prometer solución a las inundaciones que afectan a Saltillo, pero sin explicar qué es lo que impulsaría en caso de que llegue al Congreso para que contribuya en resolver ese problema histórico en la ciudad.

            Eso sí, con toda contundencia la aspirante albiazul precisa que no se trata de buscar culpables, oportuna aclaración para que no se le vayan a enojar sus padrinos en esta nueva aventura política.

            Aunque se inició en el servicio público en la gestión de Jericó Abramo, realmente Esper tuvo un mayor impulso con Isidro López Villarreal, al grado que en una de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior se observa la irregularidad en un incremento salarial del 65% que en esa administración se le dio a la ahora candidata.

            Y recordemos que a Isidro se le señala como el responsable de haber autorizado fraccionamientos que obstruyeron escurrimientos naturales de agua, lo cual a finales de julio generó inundaciones en un sector residencial que antes no había tenido ese problema.

            Adicionalmente fue en la gestión de López Villarreal que se perdieron los fondos federales que ya estaban etiquetados para la corrección del cauce del arroyo «Cuatro Bajo», que es otro de los causantes de inundaciones en el norte de la ciudad.

            Precisamente el coordinador de campaña de Esper, Juan Pablo Valdés, quien fue un cercano colaborador de Isidro, ha salido a redes sociales a señalar que no fue por omisión del Ayuntamiento que se perdieron esos recursos, sino por la negativa del gobierno de Rubén Moreira de aportar lo que correspondía al estado.

            Pero dice la candidata que no hay que buscar culpables sino soluciones, ¿tiene realmente alguna propuesta o nada más tocó el tema como quien da los buenos días?.

–o–

            Y a propósito de las denuncias de la Auditoría Superior, y de la información abordada en el Índice de ayer, hubo quienes nos comentaron que en los informes de resultados que da el organismo no señaló inconsistencias en el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud en el periodo que estuvo al frente Jorge Verástegui.

            Quizá sea así, pero existió una auditoría especial ordenada por el Congreso del Estado para determinar contrataciones con proveedores que no cumplieran con los requisitos de ley, a raíz de aquél escándalo de las empresas fantasma, y en esa revisión especial se detectó que en 2014 y 2015 se hicieron pagos por más de 64 millones de pesos a Nuberia Comercial sin que se acrediten los servicios proporcionados.

            La Auditoría concluyó que hubo un uso indebido de recursos y presentó la denuncia en julio de 2018 ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, a cargo de Jesús Flores Mier.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Dicen que por estas fechas en todo Coahuila conseguir pasiflorina es tan difícil como ocurría en marzo con los cubrebocas y el gel antibacterial, y es que entre ex funcionarios de todos los niveles hay ataques de nervios, en algunos incluso histeria, ahora que se empiezan a desempolvar las denuncias presentada por la Auditoría Superior del Estado.

            No es para menos.

            Aunque se ha dicho que en contra de ex funcionarios municipales hay poco más de cien denuncias, la realidad es que la Auditoría presentó ante la Fiscalía General del Estado y la especializada en hechos de corrupción más de doscientas, pues a las de los municipios se suman algunas relacionadas con dependencias estatales, organismos y hasta fondos sindicales.

            En las denuncias se pueden encontrar hechos interesantes, como por ejemplo que algunos ex alcaldes del mismo periodo que el ahora procesado Ramón Oceguera, coinciden en conductas u omisiones que para la ASE son constitutivos de delito.

            Así en municipios como Cuatro Ciénegas, Múzquiz y Sabinas, coinciden en que la realización de las ferias locales da el espacio para manejos financieros poco claros, y corren por cuenta de las autoridades gastos de todo tipo sin que haya una comprobación de que los recursos se aplicaron realmente en lo que en su momento informaron.

            Así Santos Garza Herrera, de Cuatro Ciénegas, Cipriano Portales, de Múzquiz, y el ya famoso Lenin Flores Lucio, de Sabinas, fueron denunciados al presumirse desvíos en lo que sus gobiernos gastaron en las ferias. Lenin como es sabido acumula varios cargos y ha estado sujeto a proceso.

            Cipriano Portales, que llegó a la alcaldía de Múzquiz como candidato de PAN y UDC, incurrió también en otros hechos, como el pago de obras que no se concluyeron, y las denuncias en su contra ponen en evidencia que además tenía a sus proveedores consentidos, así por ejemplo de diez obras que pagó sin concluirse seis estuvieron asignadas al mismo contratista.

            Por el mismo motivo, pagar obras no terminadas, hay denuncias también contra Evaristo Madero Marcos y quien fungió como su tesorera en Parras, María Elizabeth Murra.

            De esos mismos tiempos, igualmente fueron denunciados el ex alcalde de Monclova Armando Castro y su tesorero Eduardo Harb, por varios hechos, destacando que en la conciliación entre ingresos en caja y depósitos en bancos, en tan solo siete días, hubo una diferencia de más de dos millones y medios de pesos.

            La siguiente hornada de alcaldes también dejó cuentas pendientes, y los que gobernaron en la región Sureste, sin distingo de los partidos que los postularon, destacan por las irregularidades que al no ser aclaradas en todas las oportunidades que les dio la Auditoría, se presumen como hechos delictivos.

            Y aquí se observan también notas comunes, así Ricardo Aguirre en Ramos Arizpe y Rodolfo Zamora en General Cepeda, justificaron fuertes erogaciones en conceptos de difícil verificación y que se prestan a suspicacias, como el muy genérico de apoyos sociales.

            Jesús Durán en Arteaga, denunciado al igual que su tesorera Nora Alicia Hernández Fuentes, también tomó por el mismo camino de «ayudas culturales y sociales», aunque le señalan otras situaciones como un viaje a Cuba para reclutar personal médico, en el que además de cubrirle los viáticos le pagaron honorarios adicionales por sus servicios.

            En esa gestión, en Arteaga se hicieron cobros de impuestos por debajo de lo previsto legalmente, favoreciendo a algunos particulares, y se encontraron también desvíos por casi 700 mil pesos nada menos que en el FORTASEG, el fondo federal para la seguridad.

            Como se sabe, hay denuncias también en contra de Isidro López Villarreal, y quienes fungieron como responsables de la tesorería, Adrián Ortiz al inicio de la gestión, y Rosa María Zertuche en el cierre.

            De los cargos imputados a la administración de Isidro, uno de los que destaca es el haber incrementado el sueldo de un año para otro a catorce funcionarios, en montos que van de los cien a los quinientos mil pesos.

            Entre esos funcionarios se menciona en la denuncia a la hoy candidata del PAN a una diputación local, Amal Esper, quien de ganar 388 mil pesos anuales pasó a percibir 635 mil, un incremento del 65%. En la misma situación se señala a su coordinador de campaña, uno de los colaboradores de mayor confianza de isidro López, Juan Pablo Valdés.

            A quien fuera director del IMPLAN en Saltillo, Ariel Domínguez Coutiño, también se le imputan por parte de la Auditoría Superior delitos patrimoniales.

            En el ámbito estatal también hubo hallazgos del órgano fiscalizador, y hay denuncias en contra de quien fuera Secretario de Salud, Jorge Verástegui, y de quien por varios años estuvo al frente del INEDEC, Jorge Chapoy, quien bajo el concepto de «compensaciones» le metía en serio la mano a los fondos de la institución.

            Los señalados en las denuncias saben de su existencia, pues previo a que se presentaran se les notificó de las irregularidades detectadas, por ello es que hoy a muchos les ganan los nervios.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

            En círculos políticos se cuenta una anécdota, data de diciembre de 2009, cuando quince días antes de entrar legalmente en funciones rindió protesta como alcalde de Ramos Arizpe Ramón Oceguera Rodríguez.

            Al finalizar el evento, un familiar cercano se abrió paso entre los invitados y tras un estrecho abrazo al nuevo alcalde, le miró de frente y soltó  una frase que no se sabe si era recomendación,  consejo o advertencia «nada más no vayas a robar». La respuesta fue un gesto brusco y un frío silencio.

            Jamás se volvieron a dirigir la palabra.

            Este lunes, casi once años después a Ramón Oceguera le dictaron formal prisión. Desde el penal deberá afrontar el proceso en el que se acusa de peculado.

            La misma suerte corrió quien fuera su tesorero, Vicente Barreda González, quien por esos años decidió dejar su carrera en la banca comercial, en donde había ido escalando posiciones, para incursionar en la que fue su única participación en la administración pública, de donde saldría con las relaciones y los medios para emprender los más diversos negocios.

            Siempre al lado de Oceguera, en los años transcurridos desde que dejaron la alcaldía de Ramos, Vicente Barreda lo mismo se dedicó desde la renta de equipo y maquinaria de construcción, hasta la explotación de granjas avícolas, y también siempre para un mismo cliente, el gobierno de Nuevo León, en donde les abrió las puertas, y las arcas, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, «El Bronco».

            Tres denuncias presentó la Auditoría Superior del Estado en contra de Ramón Oceguera y Vicente Barreda.

            La primera incluso fue presentada cuando aún eran servidores públicos, el 13 de diciembre de 2013, y tenia que ver con el ejercicio presupuestal del año 2010.

            Cumplidas todas las etapas de la fiscalización, agotados cada una de los plazos, oportunidades y términos previstos en la ley para comprobar y justificar, Oceguera y Barreda no habían logrado demostrar la correcta aplicación de poco más de 9 millones de pesos, que estaban consignados como ingresos, sin precisarse su origen ni su destino.

            También del año 2010 no encontraron justificación sobre el destino que dieron a 16 y medio millones de pesos que el gobierno del estado le prestó a Ramos Arizpe a través de PIDECO, una promotora para el desarrollo comercial y económico.

            En enero de 2015 la Auditoría Superior presentó otra denuncia, y entre los hechos señalados el más relevante es un desfase entre los cortes de caja por ingresos y los depósitos en las cuentas bancarias oficiales por 3 millones quinientos mil pesos.

            Lo interesante es que esos 3 millones y medio que se perdieron, corresponden a la revisión de un solo día del año. Si las revisiones de la Auditoría son aleatorias y no exhaustivas, ¿otros días también se habrá perdido dinero?.

            Pero el verdadero festín fue el último año de la administración, el 2013.

            De los hallazgos en la auditoría correspondiente a ese año, el órgano fiscalizador detectó 42 hechos, que engloban las más diversas irregularidades, y que encuadran dentro del delito de peculado. Los montos superan los 30 millones de pesos.

            Las cifras mayores de los hechos detectados tienen que ver con cuestiones de nómina, pago de compensaciones no justificadas, pagos a trabajadores no identificados, premios de puntualidad sin sustento, contrataciones de nuevo personal pese a la prohibición legal a los Ayuntamientos de hacerlo en el cierre de gestión, todo esto supera los diez millones de pesos.

            En este rubro una joya es lo que la administración de Oceguera erogó bajo el concepto de «pago de vacaciones a funcionarios mayores», 756 mil pesos en el mes de enero de 2013.

            También se le señalaron simulaciones de actos jurídicos, contratación de servicios notariales pagados a fantasmas que ni tienen fiat notarial ni cuentan con un domicilio real, ahí la fuga fue de 2 millones y medio de pesos.

            Hubo en 2013 pago por obras y servicios no concluidos por más de cinco millones de pesos.

            Los auditores también detectaron que el Ayuntamiento no cobró la expedición de las licencias para la creación de un parque industrial, una inversión que hizo a título personal el alcalde en un terreno que le compró a su padre.

            La denuncia por los hechos de 2013 la presentó la Auditoría Superior el 7 de agosto de 2015. Ramón Oceguera y Vicente Barreda fueron detenidos el 28 de septiembre, hace una semana, cinco años después.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Antiguamente, principalmente en las zonas rurales, se asociaba la festividad de San Francisco de Asís –el 4 de octubre– con la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos en los que incluso se perdían las cosechas, y se dio en llamarle «el cordonazo de San Francisco», término que luego se fue aplicando a todo acontecimiento relevante en la vida nacional.

            Así, por ejemplo, el 4 de octubre de 1987 el PRI destapó como su candidato a Carlos Salinas de Gortari y se dijo entonces que «el cordonazo» pegó a los otros «tapados» entre los que se encontraban Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo y Sergio García Ramírez, cordonazo que también generó el sonado rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo con el otrora partido invencible.

            Este año el cordonazo se adelantó y desde los últimos días de septiembre en la región tuvimos las primeras heladas tempranas, con relativa afectación a los productores agrícolas. Pero en forma más severa lo resentimos en el país el primero de octubre, fecha que quedará inscrita en la historia nacional como el día en que la Suprema Corte se postró ante López Obrador.

            Fecha trágica en que cedió uno de los últimos diques que protegían el Estado de Derecho y la  vida institucional en este país.

            Y como si no fuera suficiente que la Corte le haya dado luz verde al Presidente para instrumentar su consulta manipuladora, ahora el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas marcó el inicio de una ruta revisionista que nada productivo dejará para el país.

            En los eventos alusivos a la conmemoración del 2 de octubre, en que se recuerda la masacre de Tlatelolco, Encinas planteó que se debe retirar de los espacios públicos los nombres de personajes que estuvieron involucrados con actos de represión desde los años sesenta a los ochenta.

            Ejemplificó con el aeropuerto de Puerto Vallarta, que lleva el nombre de Gustavo Díaz Ordaz.

            Y en efecto puede resultar aberrante que se hayan dado esas imposiciones, pero el tan solo abrir el debate al respecto parece más un recurso distractor de esos que tanto le gustan a este gobierno, que un auténtico propósito de reivindicación con las víctimas.

            Cambiar nombres de calles, escuelas, poblados, aeropuertos y edificios tendría para efectos prácticos un alto costo para un país que está quebrado.

            Y además un gobierno que crea un cuerpo de seguridad de formación militar, como la Guardia Nacional, y lo mismo lo moviliza para retirar mantas de protesta en contra del Presidente que para reprimir a agricultores que defienden sus derechos, no tiene calidad moral para señalar a los represores del pasado.

–o–

            Y si de incongruencias hablamos, otro hecho que exhibe a los funcionarios de la Cuarta Transformación lo tenemos en el sitio que aloja representaciones de al menos tres dependencias federales en Coahuila, Agricultura, Comisión del Agua y Comisión Nacional Forestal.

            Dentro de las políticas de austeridad se fueron dejando de rentar edificios y se concentró a las dependencias en estas instalaciones que desde hace más de cincuenta años son de la Secretaría de Agricultura, pero en la caseta de vigilancia hay un guardia por cada dependencia.

            Sí, la Conagua puede no tener inspectores en la entidad ni suficiente personal para desahogar cientos de trámites en proceso desde hace años, pero paga un guardia para que lleve el registro de visitantes, mientras que Agricultura tiene el suyo propio.

            Podrían ahorrar ahí y destinar el recurso a algo productivo, pero seguramente les resulta más atractivo favorecer a alguien con el contrato del servicio de seguridad privada.

–o–

            Desde chirona manda preguntar Ramón Oceguera si no había que esperar la consulta pública para proceder en contra de actores políticos del pasado.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

La Tesorería Municipal de Piedras negó a un ciudadano información respecto a lo que se gastó en realizar pruebas de detección de coronavirus a integrantes del Cabildo y el nombre del laboratorio que prestó el servicio.

Si algún Ayuntamiento en la entidad ha resentido en forma drástica esta pandemia es justamente el de Piedras Negras. Recordemos que ahí resultaron contagiados y murieron el regidor Moisés Lechler de la Garza y el Secretario Santiago Elías Castro; también se enfermó el alcalde Claudio Bres Garza, quien además tuvo que afrontar la muerte por esa misma causa de su padre y un hermano.

En un escenario así es bastante probable, y entendible, que se haya decidido realizar pruebas de diagnóstico a todo el cuerpo edilicio, y cuando menos a los titulares de las diferentes dependencias, pero ahora que la Tesorería ha negado hacer pública la información al respecto, el asunto cobra otro interés y surge de inmediato la duda de si el ciudadano que preguntó supo o presumió que hubo algo irregular, y de qué alcances será como para que lo quieran ocultar.

Cuando ocurre una contingencia, como ha pasado con los fenómenos meteorológicos, y desde luego ahora en esta sanitaria que ha sido inédita, es natural que para hacerle frente se obvien trámites , pues siempre estará primero la atención de la emergencia, el salvar vidas, que cumplir con las normas que en condiciones ordinarias pueden tomar meses en cumplirse cabalmente.

Pero para que en una circunstancia así no se cruce la línea entre lo razonable y el exceso corruptor, el único dique es la obligada rendición de cuentas, y es precisamente a lo que ahora se está negando la autoridad municipal en Piedras Negras.

En los diferentes círculos abundan las versiones de emprendedores de ocasión que precisamente en la pandemia han encontrado una mina de oro, aprovechando la urgencia de las diferentes instancias oficiales, así como del sector privado y los particulares, de hacerse con insumos que van desde los respiradores mecánicos hasta materiales y equipos de protección, pruebas de detección y demás.

El ejemplo más sonado a nivel nacional es el de León Bartlett, hijo del director de la CFE, que vendió al IMSS ventiladores a precio inflado.

En el contexto local se ubica al aspirante a alcalde de Arteaga, Enrique Cepeda, como uno de los principales proveedores de pruebas de detección en la entidad.

Y desde luego no es malo que se haga negocio si se tiene la posibilidad de proveer un insumo o equipo que urge, el tema es que no se aproveche esa urgencia, y la ausencia de fiscalización, para obtener un lucro indebido.

Otro caso que se ha venido ventilando es la asignación que hizo el IMSS para el suministro de alimentos en el hospital que habilitaron de urgencia en Acuña, donde otorgaron el contrato por más de 7 millones de pesos a una persona de Saltillo, Rodrigo Barba Velázquez.

Barba Velázquez hace algunos años intentó ser regidor en Saltillo, participó en la planilla que como candidato independiente encabezó Fausto Destenave Kuri, posteriormente se le vio como promotor de eventos deportivos y ahora encontró la oportunidad de vender alimentos al IMSS.

En una ciudad como Acuña, con una sólida vocación industrial, y en donde la mayoría de las plantas que ahí operan son maquiladoras de inversión estadounidense en las que por muchos años han operado comedores industriales, resulta difícil creer que el IMSS no haya encontrado un proveedor local para ese servicio temporal.

Son precisamente los proveedores y empresas todólogas las que tantas suspicacias generan a nivel nacional, pues se ha detectado su uso como pantallas para el desvío de recursos, ¿por qué ahora el IMSS recurre a ese modelo tan cuestionado en Acuña?.

Cuando esta contingencia sea superada, habrá para los órganos fiscalizadores un enorme reto, e instituciones como el ayuntamiento de Piedras, el IMSS, y en general los gobiernos de todos los niveles, tendrán mucho, mucho, que explicar.

–o–

            Rubén Moreira fue designado como representante del PRI ante el Consejo General del INE, por lo que en los meses siguientes estará muy ocupado defendiendo la posición de su partido en una de las etapas más intensas de la política nacional, la elección de 2021 para renovar la Cámara de Diputados.

El nombramiento que le dio Alejandro Moreno, ¿lo incluye también una vez más en la lista para las plurinominales?.

–o–

            Este miércoles se vinculó a proceso al acusado del asesinato de la joven Alondra en Saltillo. Conoce del caso la Juez Griselda Elizalde Castellanos, quien hace algunos años fue prospecto para ocupar la Fiscalía del Estado, y posteriormente regresó al Poder Judicial, donde precisamente al resolver el primer caso con perspectiva de género a nivel nacional, en 2018, le llevó a ser nombrada como Juez del Año.

Cinco meses dio la juez Elizalde a la Fiscalía para que concluya la investigación de este caso que estremeció a nuestra comunidad.

edelapena@infonor.com.mx