Por Eduardo De La Peña De León
Concluye una semana que no ha sido sencilla para el gobernador Miguel Ángel Riquelme, y para ninguno de los otros nueve que conforman la Alianza Federalista. Más que por el aceleramiento en la multiplicación del contagio por coronavirus –que se confía logre contenerse con las medidas emergentes emprendidas– por el asedio a que han sido sometidos desde que el lunes hicieron su pronunciamiento conjunto en demanda de equidad distributiva.
Al acoso direccionado desde el púlpito de las mañaneras, se han sumado obedientes tanto legisladores de Morena como funcionarios del gobierno federal, y desde luego usuarios de redes que aún están encandilados con las promesas de la cuarta transformación.
Y en este contexto debe de señalarse la indiferencia pusilánime de los dirigentes nacionales y estatales del PRI y el PAN, así como de los legisladores.
No ha habido por parte de Alejandro Moreno y Rigo Fuentes, del PRI, como tampoco de Marko Cortés y Jesús De León Tello, pronunciamiento alguno ni en cuanto a lo que están demandando las diez entidades que conforman la Alianza, ni para exigir del Ejecutivo Federal dialogo y fin inmediato del acoso a los gobernadores. No han hecho siquiera una publicación alusiva en sus redes sociales.
En cuanto a los legisladores, al menos en lo que se refiere a los de Coahuila, la situación es la misma, la única que publicó un post en twitter sumándose a la causa fue la senadora Verónica Martínez.
En cuanto a los diputados priistas, Martha Garay y Fernando de las Fuentes vinieron el lunes a tomarse la foto en el evento que hubo en Palacio pero no han emitido un posicionamiento. Rubén Moreira tampoco.
La panista Silvia Garza igual se mantiene indiferente. Y de Lenin Pérez Rivera, que igual llegó a San Lázaro con las siglas del PAN, no se puede esperar nada, pues él en lo que anda es en ver cómo consigue las siglas de Morena para ir por la reelección.
O los dirigentes partidistas y legisladores no han dimensionado la trascendencia del planteamiento de la Alianza Federalista, que en cambio sí han hecho suyo organismos como la Coparmex, o son tan vulnerables que no quieren arriesgarse a una confrontación con López Obrador, tienen miedo de correr los riesgos que sí están tomando los gobernadores.
¿De qué nos sirven entonces?.
Nada más como referente, en Nuevo León cerca de cincuenta cámaras e instituciones, publicaron este martes un desplegado haciendo un enérgico llamado a la autoridad federal a que destinen en 2021 «recursos congruentes con las contribuciones de nuestros ciudadanos», y firman lo mismo organismos de la iniciativa privada que sectores del PRI como la CTM y la CROC.
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El IMSS a nivel local dio a conocer este jueves que está distribuyendo en ocho de sus hospitales en Coahuila 500 camas nuevas, que fueron prometidas el mes pasado por Zoé Robledo durante una visita a Piedras Negras.
500 camas nuevas no es poca cosa, y es de destacarse también porque no se está dando algo similar en ningún otro estado del país.
Hace meses un empresario que al ser contratista de la institución conoce cómo se manejan–quizá manejaban– las cosas dentro del IMSS nos comentó que en las delegaciones preferían ejercer el presupuesto en remodelaciones y obras físicas porque tenían mayor margen para pedir «moches» y que en cambio nunca compraban, por ejemplo, colchones pese a las pésimas condiciones de los que estaban utilizando.
Bien, pues ahora llegan 500 camas con sus respectivos colchones lo cual contribuye a resolver un rezago que existía y que iba sin duda en detrimento de la atención a los pacientes.
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El miércoles en el Congreso del Estado se rechazó una iniciativa ciudadana para considerar imprescriptibles los delitos cometidos por funcionarios públicos.
En meses anteriores ya se había aprobado una reforma para, al menos en el caso de peculado, establecer la prescripción en siete años, que anteriormente era de cinco.
El plazo para la prescripción no se contabiliza desde que se cometió el delito, sino a partir de la última diligencia efectuada con las instancias fiscalizadoras para aclarar inconsistencias que se hayan detectado en auditorías, de hecho por eso se pudo proceder en contra de Ramón Oceguera pese al tiempo transcurrido de su quebranto a Ramos Arizpe.
Que por cierto le aflojaron la presión a Oceguera y ya podrá seguir su proceso en libertad, ahora dependerá de que se mantenga al margen de travesuras políticas para que el asunto se lleve con celeridad y pueda resolverlo incluso con una reparación del daño.
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