Por Eduardo J. De La Peña De León
El sábado por la tarde murió Javier Villarreal Lozano.
De su obra, su vida, su legado se ha escrito mucho por estos días tanto en las redes sociales como en los diarios. Amigos, alumnos, colaboradores y colegas han hablado de lo que Villarreal Lozano representó en sus vidas, se han referido a su generosidad, a su sapiencia, a sus aportaciones como periodista, maestro, historiador, y promotor de la cultura.
Todo eso y más fue Javier Villarreal Lozano, un coahuilense de excepción que se destacó como persona y como profesional, y desde luego no podemos olvidar otra de sus facetas, en la que también dejó huella indeleble.
Tres días antes de su muerte se habían cumplido 28 años desde que el 21 de octubre de 1992 emitió su primera recomendación como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila.
En agosto de aquél 1992 Villarreal Lozano había sido electo por el Congreso para presidir ese naciente organismo. Había sido por más de cuatro años funcionario del gobierno estatal, como director del Instituto de Bellas Artes, y no faltó quien cuestionara la designación, poniendo en duda si habría de desempeñarse con la necesaria independencia que implica ser el defensor de los Derechos Humanos.
Villarreal ofreció pasión por la legalidad y sentido común.
Tan pronto como dos meses después de su designación, Javier Villarreal al emitir la primera recomendación demostró de qué estaba hecho.
La tarde del último día de 1991 ocurrió un robo en una finca de Marcos Espinoza Flores, quien por ese entonces era Director de Pensiones del Estado, y un hombre cercano al gobernador, era tal su influencia que de inmediato la Dirección de Seguridad Pública del Estado — corporación con facultades preventivas no de investigación– desplegó un operativo que a las pocas horas detuvo a dos hombres, vecinos de Los Cerritos, sector aledaño a donde se perpetró el robo.
Los detenidos, en la más completa ilegalidad fueron trasladados al hotel La Torre, propiedad en ese entonces de Marcos Espinoza, y ahí se les torturó para que confesaran el robo y revelaran dónde ocultaban una caja fuerte.
La caja fuerte no aparecía, y en los días siguientes se especuló que contenía sustancias e información comprometedora.
A los dos hombres se les procesó por el robo, y tiempo después apareció la caja fuerte y se aclaró que realmente el hurto lo cometió una banda en la que participaban ex agentes de la Policía Judicial, uno de los cuales murió torturado.
La defensa de los dos vecinos de Los Cerritos, que fueron inculpados falsamente, torturados, procesados, declarados culpables y encarcelados, la tomaron grupos ciudadanos que se significaron en ese entonces por enarbolar causas relacionadas con la defensa de los derechos humanos.
Al crearse la Comisión en Coahuila, del organismo nacional les turnaron el caso, y pronto hubo una recomendación al Procurador de Justicia para ejercer acción penal en contra de dos comandantes de Seguridad Pública señalados como los responsables de la tortura.
El caso había consternado a Coahuila, por el abuso de autoridad y por la participación de personajes cercanísimos al gobernador, había indignación y expectación sobre cómo actuaría la recién creada Comisión de Derechos Humanos.
Al emitir la recomendación y señalar un caso de tortura por parte de una autoridad estatal, Javier Villarreal Lozano confirmó ser hombre de una sola pieza y que su actuar como ombudsman sería responsable, profesional e independiente, tal como lo fue también en el ejercicio del periodismo y de cada una de las tareas que emprendió en su vida.
Ajeno a protagonismos y escándalos, construyó y mantuvo un prestigio que se nutrió además de una personalidad grata y generosa.
Su fallecimiento es una perdida para Coahuila. Descanse en paz.
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