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Por Eduardo J. De La Peña De León

            La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la CTM en el litigio por el contrato colectivo de trabajo en la maquiladora Arneses de Ciudad Acuña, debe poner fin, al menos en lo que a instancias legales se refiere, a un prolongado conflicto con el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia.

            Cuando Gómez Urrutia huyó al extranjero para librarse de los cargos por el desfalco al Sindicato Minero y el robo de su indemnización a trabajadores de Cananea, se puso a las ordenes de organizaciones extranjeras que han porfiado en su propósito de generar inestabilidad laboral en la región fronteriza, en su pretensión de que las plantas se vayan a Estados Unidos.

            Napoleón secundó la estrategia que había venido a desarrollar Susana Prieto, la abogada que durante cuando menos quince años ha instrumentado paros en las empresas fronterizas, destacando los del año anterior en Matamoros, Tamaulipas, que terminaron con el cierre de fuentes de empleo, y con una denuncia penal en contra de ella, que la llevó por unas semanas a la cárcel hasta que López Obrador presionó para que la liberarán.

            En ese contexto se dio la intromisión de Gómez Urrutia, quien se dice representante del gremio minero, en plantas del sector automotriz en Acuña.

            En concreto en Arneses se llevaron cuatro recuentos para definir la titularidad del Contrato Colectivo, el último en mayo del año anterior, donde las autoridades laborales prestándose al juego de Napoleón citaron a los trabajadores en las instalaciones militares, en un descarado acto de coacción.

            En enero de este año, cuando estuvo en Saltillo para participar en la firma del Pacto Coahuila, el dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, se refirió al tema y lanzó un mensaje al «señor minero» advirtiendo que le volverían a ganar la titularidad del contrato colectivo en Arneses.

            En ese mismo evento, el gobernador Miguel Ángel Riquelme también advirtió, aludiendo al mismo caso, que no habría espacio para caprichos ni chantajes.

            El asunto escaló hasta el máximo tribunal, que ya se pronunció a favor de uno de los sindicatos cetemistas que encabeza Tereso Medina.

            Si en lo legal esta es la última instancia, habrá ahora que estar pendientes de que Gómez Urrutia y su gente no recurran a otras estrategias para generar inestabilidad en Acuña.

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            También debe ponerse atención a un tema que está surgiendo en La Laguna, en concreto en Matamoros, donde empiezan a hacer ruido algunos «campesinos» que se dicen despojados de derechos de agua, quienes esta semana se manifestaron en las oficinas del Tribunal Agrario, aunque realmente su asunto tendrían que verlo en la Comisión Nacional del Agua, en cuya representación por cierto no han nombrado al nuevo titular.

            Los quejosos señalan que con documentos falsos se realizó la cesión de sus derechos y reclaman que se les restituyan.

            Hay que verlo con cuidado, pues admiten que vendieron sus tierras, y son los nuevos propietarios los que ahora ostentan también los derechos de agua, que aseguran no haber vendido, cedido ni rentado.

            Las autoridades federales deben en todo caso llevar una investigación, pues la cesión de derechos conlleva una serie de trámites, algunos electrónicos y otros presenciales, que pasan por diversas instancias de la CNA, si acaso hubo realmente una irregularidad ahí están implicados empleados de la dependencia.

            Estos casos son los que les encanta tomar como bandera a oportunistas que abundan en el área rural de La Laguna, por ello la importancia de que los responsables de la estabilidad política regional le pongan atención antes de que alguien lo infle con un propósito avieso.

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            Se está realizando una encuesta telefónica para conocer la opinión ciudadana respecto a los grupos de seguridad que operan en Saltillo a través de whatsapp y calificar también la actitud y eficiencia de la Policía Municipal.

            La encuesta, robotizada, seguramente arrojará información que permitirá a las autoridades mejorar a partir de la opinión ciudadana.

            Sin embargo quienes contrataron el ejercicio deben pedir a la casa encuestadora que cuide los detalles, pues en la última pregunta se pide manifestar el género o sexo, y dan únicamente las opciones hombre o mujer, y deberían cuando menos dar la posibilidad al encuestado de declinar contestar, como se hace en muchos formularios de este tipo en el mundo por respecto a la diversidad.

edelapena@infonor.com.mx