Por Eduardo J. De La Peña de León
El alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas anticipó que con recursos estatales y municipales se continuarán las obras de ampliación de la carretera a Derramadero, pues además de que no se contemplan fondos federales para ese proyecto en 2021 se teme que vayan a perderse los 90 millones de pesos que se habían etiquetado este año y que no se han ejercido porque la SCT ha declarado desierta la licitación.
Esa carretera tiene más de cincuenta años de antigüedad, y en los últimos veinte años su aforo se ha multiplicado exponencialmente a partir del desarrollo industrial en Derramadero, en ciertas horas del día circulan por ahí tantos camiones de pasajeros y autos como el más transitado de los bulevares en la ciudad, por ello urge la ampliación.
El gobernador y el alcalde saben lo anterior y se comprometen, y eso es bueno, pero a la par del fondeo local para esa obra en una ruta federal, deberían buscarse los mecanismos legales para conseguir primero conservar los 90 millones que ya estaban etiquetados este año, y después lograr liberar más recursos para 2021 y los años futuros.
Si quienes se han visto favorecidos con el crecimiento industrial en Derramadero, donde además se proyectan desarrollos habitacionales y comerciales, no se comprometen y aportan recursos para mejorar las vías de comunicación, al menos a través de las cámaras empresariales deberían encabezar la batalla jurídica para conseguir los fondos federales.
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Un par de semanas atrás Alejandra Wade, del Consejo Cívico de las Instituciones, y Miguel Monroy, de Coparmex, señalaron que los candidatos a diputados locales muestran ignorancia con sus promesas de campaña en las que incluso se meten en temas que van más allá de las facultades de los legisladores.
Un claro ejemplo lo tenemos en la panista Amal Esper, quien no duda en prometer solución a las inundaciones que afectan a Saltillo, pero sin explicar qué es lo que impulsaría en caso de que llegue al Congreso para que contribuya en resolver ese problema histórico en la ciudad.
Eso sí, con toda contundencia la aspirante albiazul precisa que no se trata de buscar culpables, oportuna aclaración para que no se le vayan a enojar sus padrinos en esta nueva aventura política.
Aunque se inició en el servicio público en la gestión de Jericó Abramo, realmente Esper tuvo un mayor impulso con Isidro López Villarreal, al grado que en una de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior se observa la irregularidad en un incremento salarial del 65% que en esa administración se le dio a la ahora candidata.
Y recordemos que a Isidro se le señala como el responsable de haber autorizado fraccionamientos que obstruyeron escurrimientos naturales de agua, lo cual a finales de julio generó inundaciones en un sector residencial que antes no había tenido ese problema.
Adicionalmente fue en la gestión de López Villarreal que se perdieron los fondos federales que ya estaban etiquetados para la corrección del cauce del arroyo «Cuatro Bajo», que es otro de los causantes de inundaciones en el norte de la ciudad.
Precisamente el coordinador de campaña de Esper, Juan Pablo Valdés, quien fue un cercano colaborador de Isidro, ha salido a redes sociales a señalar que no fue por omisión del Ayuntamiento que se perdieron esos recursos, sino por la negativa del gobierno de Rubén Moreira de aportar lo que correspondía al estado.
Pero dice la candidata que no hay que buscar culpables sino soluciones, ¿tiene realmente alguna propuesta o nada más tocó el tema como quien da los buenos días?.
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Y a propósito de las denuncias de la Auditoría Superior, y de la información abordada en el Índice de ayer, hubo quienes nos comentaron que en los informes de resultados que da el organismo no señaló inconsistencias en el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud en el periodo que estuvo al frente Jorge Verástegui.
Quizá sea así, pero existió una auditoría especial ordenada por el Congreso del Estado para determinar contrataciones con proveedores que no cumplieran con los requisitos de ley, a raíz de aquél escándalo de las empresas fantasma, y en esa revisión especial se detectó que en 2014 y 2015 se hicieron pagos por más de 64 millones de pesos a Nuberia Comercial sin que se acrediten los servicios proporcionados.
La Auditoría concluyó que hubo un uso indebido de recursos y presentó la denuncia en julio de 2018 ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, a cargo de Jesús Flores Mier.
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