Por Eduardo J. De La Peña De León
Si bien hay indicadores macro que son aceptados como referente del comportamiento de la economía, como por ejemplo los de empleos perdidos y generados, estos son sin duda muy generales y en la mayoría de las ocasiones no alcanzan a reflejar cómo se está resintiendo en cada grupo social una crisis o fenómeno específico.
Así, de la crisis económica que se ha derivado de la pandemia, sabemos que en Coahuila se han perdido 43 mil empleos formales, y que a partir de la reanudación de actividades se ha empezado a observar una recuperación, que según cifras oficiales se ha traducido en 13 mil nuevas contrataciones.
Faltarían pues por recuperar 30 mil puestos de trabajo para estar en los mismos números del inicio del año. Pero además de esas miles de personas que no han logrado una recontratación, ¿cuántos más vieron mermado su ingreso en las empresas en que han tenido que recurrir a ese tipo de ajustes?.
Y lo más importante, ¿qué efectos está teniendo o va a tener esto en nuestra comunidad?.
No lo reflejan las estadísticas ni los indicadores, pero hay una paradoja: estamos en una contingencia sanitaria, la más grave que se ha tenido por generaciones, y su impacto en la economía familiar está provocando que muchos descuiden precisamente su salud.
Cuando especialistas como bariatras, endocrinólogos y nutriólogos retomaron las consultas tras el primer momento de confinamiento social, primero se encontraron con el temor de sus pacientes a contagiarse si acudían al consultorio, y después de eso muchos cancelaron las citas con la explicación de que habían perdido el empleo o les bajaron el sueldo y ya no podían pagar el servicio.
El control de peso y el seguimiento nutricional van mucho más allá de aspectos de mera estética, tienen que ver definitivamente con la salud de la persona, su calidad y expectativa de vida, y que se abandonen estos tratamientos es una cuestión seria que a la larga puede traer otras consecuencias.
Como es bien sabido, en nuestra entidad las principales causas de muerte son enfermedades del corazón y diabetes, quienes las padecen deben llevar un seguimiento estricto o se incrementa el riesgo para ellos. Además ante la amenaza que tenemos hoy del coronavirus, ellos son pacientes de alta vulnerabilidad.
En suma, como daño colateral de la crisis económica en la que hemos entrado, viene un deterioro en la salud de personas vulnerables, eso no lo vemos en los indicadores pero tiene un costo social.
Quienes se atendían con especialistas particulares para seguimiento nutricional, difícilmente se acercan de primera instancia a la seguridad social, si es que la tienen, pero si llegan a tener una complicación o se les desencadena otro padecimiento, se sumarán como usuarios de una capacidad hospitalaria pública, que ya antes de la pandemia era insuficiente.
En circunstancias así, se precisa de un actuar sensible y creativo de las autoridades. La gran mayoría de las personas que están en la situación a la que nos referimos, o en otras similares, no son beneficiarios de los programas sociales, podría decirse que no son el «público meta» de quienes los diseñan, operan y usufructúan políticamente pero habría que diseñar esquemas que les auxilien en este momento.
Los gobiernos estatal y municipal han impulsado diversos apoyos emergentes, y aquí hay un sector más que los requiere. Se podría por ejemplo llegar a un acuerdo con médicos y nutriólogos para seguir dando consulta y tratamiento a quienes por alguna cuestión económica debieron interrumpirlo, y que haya un subsidio oficial para ello.
Desde luego que también para el gobierno hay una limitación de recursos, pero con voluntad se pueden encontrar opciones, mecanismos que permitan no desatender la salud de este tipo de pacientes.
Es en momentos así cuando además de voluntad se precisa creatividad y visión. Esto debe ir más allá de estructuras clientelares y cálculos electorales, bajo la premisa de que una sociedad sana representará una carga menor para el Estado y su sistema de salud.
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