Por Eduardo J. De La Peña De León
Dicen que por estas fechas en todo Coahuila conseguir pasiflorina es tan difícil como ocurría en marzo con los cubrebocas y el gel antibacterial, y es que entre ex funcionarios de todos los niveles hay ataques de nervios, en algunos incluso histeria, ahora que se empiezan a desempolvar las denuncias presentada por la Auditoría Superior del Estado.
No es para menos.
Aunque se ha dicho que en contra de ex funcionarios municipales hay poco más de cien denuncias, la realidad es que la Auditoría presentó ante la Fiscalía General del Estado y la especializada en hechos de corrupción más de doscientas, pues a las de los municipios se suman algunas relacionadas con dependencias estatales, organismos y hasta fondos sindicales.
En las denuncias se pueden encontrar hechos interesantes, como por ejemplo que algunos ex alcaldes del mismo periodo que el ahora procesado Ramón Oceguera, coinciden en conductas u omisiones que para la ASE son constitutivos de delito.
Así en municipios como Cuatro Ciénegas, Múzquiz y Sabinas, coinciden en que la realización de las ferias locales da el espacio para manejos financieros poco claros, y corren por cuenta de las autoridades gastos de todo tipo sin que haya una comprobación de que los recursos se aplicaron realmente en lo que en su momento informaron.
Así Santos Garza Herrera, de Cuatro Ciénegas, Cipriano Portales, de Múzquiz, y el ya famoso Lenin Flores Lucio, de Sabinas, fueron denunciados al presumirse desvíos en lo que sus gobiernos gastaron en las ferias. Lenin como es sabido acumula varios cargos y ha estado sujeto a proceso.
Cipriano Portales, que llegó a la alcaldía de Múzquiz como candidato de PAN y UDC, incurrió también en otros hechos, como el pago de obras que no se concluyeron, y las denuncias en su contra ponen en evidencia que además tenía a sus proveedores consentidos, así por ejemplo de diez obras que pagó sin concluirse seis estuvieron asignadas al mismo contratista.
Por el mismo motivo, pagar obras no terminadas, hay denuncias también contra Evaristo Madero Marcos y quien fungió como su tesorera en Parras, María Elizabeth Murra.
De esos mismos tiempos, igualmente fueron denunciados el ex alcalde de Monclova Armando Castro y su tesorero Eduardo Harb, por varios hechos, destacando que en la conciliación entre ingresos en caja y depósitos en bancos, en tan solo siete días, hubo una diferencia de más de dos millones y medios de pesos.
La siguiente hornada de alcaldes también dejó cuentas pendientes, y los que gobernaron en la región Sureste, sin distingo de los partidos que los postularon, destacan por las irregularidades que al no ser aclaradas en todas las oportunidades que les dio la Auditoría, se presumen como hechos delictivos.
Y aquí se observan también notas comunes, así Ricardo Aguirre en Ramos Arizpe y Rodolfo Zamora en General Cepeda, justificaron fuertes erogaciones en conceptos de difícil verificación y que se prestan a suspicacias, como el muy genérico de apoyos sociales.
Jesús Durán en Arteaga, denunciado al igual que su tesorera Nora Alicia Hernández Fuentes, también tomó por el mismo camino de «ayudas culturales y sociales», aunque le señalan otras situaciones como un viaje a Cuba para reclutar personal médico, en el que además de cubrirle los viáticos le pagaron honorarios adicionales por sus servicios.
En esa gestión, en Arteaga se hicieron cobros de impuestos por debajo de lo previsto legalmente, favoreciendo a algunos particulares, y se encontraron también desvíos por casi 700 mil pesos nada menos que en el FORTASEG, el fondo federal para la seguridad.
Como se sabe, hay denuncias también en contra de Isidro López Villarreal, y quienes fungieron como responsables de la tesorería, Adrián Ortiz al inicio de la gestión, y Rosa María Zertuche en el cierre.
De los cargos imputados a la administración de Isidro, uno de los que destaca es el haber incrementado el sueldo de un año para otro a catorce funcionarios, en montos que van de los cien a los quinientos mil pesos.
Entre esos funcionarios se menciona en la denuncia a la hoy candidata del PAN a una diputación local, Amal Esper, quien de ganar 388 mil pesos anuales pasó a percibir 635 mil, un incremento del 65%. En la misma situación se señala a su coordinador de campaña, uno de los colaboradores de mayor confianza de isidro López, Juan Pablo Valdés.
A quien fuera director del IMPLAN en Saltillo, Ariel Domínguez Coutiño, también se le imputan por parte de la Auditoría Superior delitos patrimoniales.
En el ámbito estatal también hubo hallazgos del órgano fiscalizador, y hay denuncias en contra de quien fuera Secretario de Salud, Jorge Verástegui, y de quien por varios años estuvo al frente del INEDEC, Jorge Chapoy, quien bajo el concepto de «compensaciones» le metía en serio la mano a los fondos de la institución.
Los señalados en las denuncias saben de su existencia, pues previo a que se presentaran se les notificó de las irregularidades detectadas, por ello es que hoy a muchos les ganan los nervios.
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