Por Eduardo J. De La Peña De León
En círculos políticos se cuenta una anécdota, data de diciembre de 2009, cuando quince días antes de entrar legalmente en funciones rindió protesta como alcalde de Ramos Arizpe Ramón Oceguera Rodríguez.
Al finalizar el evento, un familiar cercano se abrió paso entre los invitados y tras un estrecho abrazo al nuevo alcalde, le miró de frente y soltó una frase que no se sabe si era recomendación, consejo o advertencia «nada más no vayas a robar». La respuesta fue un gesto brusco y un frío silencio.
Jamás se volvieron a dirigir la palabra.
Este lunes, casi once años después a Ramón Oceguera le dictaron formal prisión. Desde el penal deberá afrontar el proceso en el que se acusa de peculado.
La misma suerte corrió quien fuera su tesorero, Vicente Barreda González, quien por esos años decidió dejar su carrera en la banca comercial, en donde había ido escalando posiciones, para incursionar en la que fue su única participación en la administración pública, de donde saldría con las relaciones y los medios para emprender los más diversos negocios.
Siempre al lado de Oceguera, en los años transcurridos desde que dejaron la alcaldía de Ramos, Vicente Barreda lo mismo se dedicó desde la renta de equipo y maquinaria de construcción, hasta la explotación de granjas avícolas, y también siempre para un mismo cliente, el gobierno de Nuevo León, en donde les abrió las puertas, y las arcas, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, «El Bronco».
Tres denuncias presentó la Auditoría Superior del Estado en contra de Ramón Oceguera y Vicente Barreda.
La primera incluso fue presentada cuando aún eran servidores públicos, el 13 de diciembre de 2013, y tenia que ver con el ejercicio presupuestal del año 2010.
Cumplidas todas las etapas de la fiscalización, agotados cada una de los plazos, oportunidades y términos previstos en la ley para comprobar y justificar, Oceguera y Barreda no habían logrado demostrar la correcta aplicación de poco más de 9 millones de pesos, que estaban consignados como ingresos, sin precisarse su origen ni su destino.
También del año 2010 no encontraron justificación sobre el destino que dieron a 16 y medio millones de pesos que el gobierno del estado le prestó a Ramos Arizpe a través de PIDECO, una promotora para el desarrollo comercial y económico.
En enero de 2015 la Auditoría Superior presentó otra denuncia, y entre los hechos señalados el más relevante es un desfase entre los cortes de caja por ingresos y los depósitos en las cuentas bancarias oficiales por 3 millones quinientos mil pesos.
Lo interesante es que esos 3 millones y medio que se perdieron, corresponden a la revisión de un solo día del año. Si las revisiones de la Auditoría son aleatorias y no exhaustivas, ¿otros días también se habrá perdido dinero?.
Pero el verdadero festín fue el último año de la administración, el 2013.
De los hallazgos en la auditoría correspondiente a ese año, el órgano fiscalizador detectó 42 hechos, que engloban las más diversas irregularidades, y que encuadran dentro del delito de peculado. Los montos superan los 30 millones de pesos.
Las cifras mayores de los hechos detectados tienen que ver con cuestiones de nómina, pago de compensaciones no justificadas, pagos a trabajadores no identificados, premios de puntualidad sin sustento, contrataciones de nuevo personal pese a la prohibición legal a los Ayuntamientos de hacerlo en el cierre de gestión, todo esto supera los diez millones de pesos.
En este rubro una joya es lo que la administración de Oceguera erogó bajo el concepto de «pago de vacaciones a funcionarios mayores», 756 mil pesos en el mes de enero de 2013.
También se le señalaron simulaciones de actos jurídicos, contratación de servicios notariales pagados a fantasmas que ni tienen fiat notarial ni cuentan con un domicilio real, ahí la fuga fue de 2 millones y medio de pesos.
Hubo en 2013 pago por obras y servicios no concluidos por más de cinco millones de pesos.
Los auditores también detectaron que el Ayuntamiento no cobró la expedición de las licencias para la creación de un parque industrial, una inversión que hizo a título personal el alcalde en un terreno que le compró a su padre.
La denuncia por los hechos de 2013 la presentó la Auditoría Superior el 7 de agosto de 2015. Ramón Oceguera y Vicente Barreda fueron detenidos el 28 de septiembre, hace una semana, cinco años después.
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