Por Eduardo J. De La Peña De León
Antiguamente, principalmente en las zonas rurales, se asociaba la festividad de San Francisco de Asís –el 4 de octubre– con la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos en los que incluso se perdían las cosechas, y se dio en llamarle «el cordonazo de San Francisco», término que luego se fue aplicando a todo acontecimiento relevante en la vida nacional.
Así, por ejemplo, el 4 de octubre de 1987 el PRI destapó como su candidato a Carlos Salinas de Gortari y se dijo entonces que «el cordonazo» pegó a los otros «tapados» entre los que se encontraban Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo y Sergio García Ramírez, cordonazo que también generó el sonado rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo con el otrora partido invencible.
Este año el cordonazo se adelantó y desde los últimos días de septiembre en la región tuvimos las primeras heladas tempranas, con relativa afectación a los productores agrícolas. Pero en forma más severa lo resentimos en el país el primero de octubre, fecha que quedará inscrita en la historia nacional como el día en que la Suprema Corte se postró ante López Obrador.
Fecha trágica en que cedió uno de los últimos diques que protegían el Estado de Derecho y la vida institucional en este país.
Y como si no fuera suficiente que la Corte le haya dado luz verde al Presidente para instrumentar su consulta manipuladora, ahora el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas marcó el inicio de una ruta revisionista que nada productivo dejará para el país.
En los eventos alusivos a la conmemoración del 2 de octubre, en que se recuerda la masacre de Tlatelolco, Encinas planteó que se debe retirar de los espacios públicos los nombres de personajes que estuvieron involucrados con actos de represión desde los años sesenta a los ochenta.
Ejemplificó con el aeropuerto de Puerto Vallarta, que lleva el nombre de Gustavo Díaz Ordaz.
Y en efecto puede resultar aberrante que se hayan dado esas imposiciones, pero el tan solo abrir el debate al respecto parece más un recurso distractor de esos que tanto le gustan a este gobierno, que un auténtico propósito de reivindicación con las víctimas.
Cambiar nombres de calles, escuelas, poblados, aeropuertos y edificios tendría para efectos prácticos un alto costo para un país que está quebrado.
Y además un gobierno que crea un cuerpo de seguridad de formación militar, como la Guardia Nacional, y lo mismo lo moviliza para retirar mantas de protesta en contra del Presidente que para reprimir a agricultores que defienden sus derechos, no tiene calidad moral para señalar a los represores del pasado.
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Y si de incongruencias hablamos, otro hecho que exhibe a los funcionarios de la Cuarta Transformación lo tenemos en el sitio que aloja representaciones de al menos tres dependencias federales en Coahuila, Agricultura, Comisión del Agua y Comisión Nacional Forestal.
Dentro de las políticas de austeridad se fueron dejando de rentar edificios y se concentró a las dependencias en estas instalaciones que desde hace más de cincuenta años son de la Secretaría de Agricultura, pero en la caseta de vigilancia hay un guardia por cada dependencia.
Sí, la Conagua puede no tener inspectores en la entidad ni suficiente personal para desahogar cientos de trámites en proceso desde hace años, pero paga un guardia para que lleve el registro de visitantes, mientras que Agricultura tiene el suyo propio.
Podrían ahorrar ahí y destinar el recurso a algo productivo, pero seguramente les resulta más atractivo favorecer a alguien con el contrato del servicio de seguridad privada.
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Desde chirona manda preguntar Ramón Oceguera si no había que esperar la consulta pública para proceder en contra de actores políticos del pasado.
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