Dividió opiniones la resolución de la Suprema Corte respecto a la consulta pública para enjuiciar a los ex presidentes.

            Para los puristas aún la reformulación de la pregunta, que ya el Ministro Luis María Aguilar había calificado como «concierto de inconstitucionalidades», conlleva un sometimiento del máximo tribunal a las imposiciones de López Obrador, pues para efectos prácticos le autorizaron a proseguir con su montaje de indudable intencionalidad electorera con la farsa de que se procesará a los ex presidentes.

            No importa que le hayan cambiado la pregunta, desde el primer momento la cuarta transformación dejó testimonio de que no les importa lo que la Corte haya modificado, ellos siguen expresando en sus comunicados y redes sociales, desde la propia vocería del Gobierno de la República,  que la consulta es para llevar a juicio a los ex presidentes, y así lo van a estar manejando en los siguientes meses pues en el fondo se trata de un recurso de manipulación política.

            Para otros, la reformulación de la pregunta tiene trascendencia, y conlleva una ratificación de lo que ya había reprochado el Ministro Aguilar, exponer mediáticamente, en este caso a los ex presidentes, viola el derecho a la presunción de inocencia.

            El cambio ordenado por la Corte implicaría un mensaje a López Obrador para que desista de hacer señalamientos y acusaciones públicas, pero lo cierto es que con su consulta aprobada el señor está engolosinado y se va a seguir de frente.

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            Hace un par de meses comentamos que tras el paso de «Hanna», que arrastró decenas de toneladas de material pétreo en el ramal Los Lirios-San Rafael, en un predio a orillas de esa carretera, en el cauce del arroyo «La Boca» se estaba instalando un molino precisamente para el aprovechamiento de ese material.

            Al paso de las semanas, no únicamente se retiró el material de la carretera, sino que se ha continuado con la extracción en el arroyo, y de acuerdo con fuentes bien informadas se trataría de un aprovechamiento, que aunque tiene toda la infraestructura y maquinaria instalada para operar a gran escala, trabaja en forma clandestina.

            Como hemos apuntado, esos aprovechamientos los concesiona la Comisión Nacional del Agua, y de acuerdo a lo que nos informan desde hace muchos años que no se autoriza ninguno en Coahuila, y de hecho no hay más de diez que operen regularmente.

            Estamos ante un hecho irregular a todas luces, que de entrada causa un impacto ambiental, pero además conlleva evasión en el pago de derechos, causando un daño al fisco.

            Por el derecho de extracción de material pétreo se deben pagar 13 pesos con nueve centavos por metro cúbico, si es en greña, o hasta 16 pesos con 72 centavos por metro cúbico si se trata de grava o arena.

            De ese lugar, en «La Boca» diariamente están saliendo no menos de cincuenta camiones con un promedio de veinte metros cúbicos de material, que ya para su uso en la industria de la construcción se llega a vender en cerca de quinientos pesos el metro cúbico.

            ¿Cuánto y qué han extraído en estos dos meses?, si fuera un aprovechamiento en regla tendrían que llevar una bitácora diaria, para que la Comisión Nacional del Agua fiscalice y cobre lo que corresponde.

            Para quien está beneficiándose de ese negocio resulta una gran ventaja que Conagua tenga en todo Coahuila únicamente un inspector,  así que difícilmente les van a poner por esa dependencia un alto.

            Pero si en la entidad no se han autorizado más permisos de extracción, es porque la Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales se ha mantenido firme buscando no crezca el impacto por esta actividad en cauces de arroyos y ríos.

            Queda entonces la posibilidad de que sea la instancia estatal la que intervenga, disponga medidas de remediación ambiental en ese lugar y notifique de manera oficial a Conagua para que la empresa que se está beneficiando pague los derechos que por ley corresponden.

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            Respecto a lo comentado en el Índice de ayer de quienes han encontrado en la pandemia una oportunidad de negocio, nos contactó el aspirante a la alcaldía de Arteaga Enrique Cepeda para aclarar que no es él quien está realizando las pruebas de diagnóstico del coronavirus, sino un hermano suyo.

            Filiberto Cepeda es químico, con una experiencia de más de 18 años, y se ha establecido en Torreón donde tiene un laboratorio privado, y en efecto ahora con la pandemia montó uno de tipo móvil que estuvo realizando pruebas en el estacionamiento de una plaza comercial en Saltillo.

            Los que en el mismo tema mejor fingieron demencia fueron los de la Tesorería Municipal de Piedras Negras, que desde luego no aclaran por qué negaron información que un ciudadano solicitó sobre el laboratorio contratado y el monto erogado para pruebas covid. Tampoco el IMSS tuvo nada que decir de la extraña contratación de un todologo saltillense para el suministro de alimentos en un hospital de Acuña.

edelapena@infonor.com.mx