Por Eduardo J. De La Peña
El Ministro Luis María Aguilar a quien correspondió estudiar la constitucionalidad de la pregunta que López Obrador propuso plantear en la consulta sobre si se lleva o no a juicio a los ex presidentes, ya elaboró su proyecto de resolución y el próximo jueves deberá votarse en el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
La votación del primero de octubre en la Corte mostrará al país, más allá delas especulaciones y calificaciones que se dan respecto a cada uno de los Ministros, quienes de ellos están auténticamente comprometidos con el Estado de Derecho, y quienes están sometidos a los caprichos presidenciales.
El proyecto elaborado por el Ministro Aguilar hay que leerlo con atención, su mera expresión de que la pregunta propuesta por el Presidente es «un concierto de inconstitucionalidades» constituye una sentencia demoledora y una definición contundente del actuar de López Obrador, en este y muchos otros casos.
También es destacable lo que el Ministro considera respecto a mencionar por su nombre a los ex presidentes, eventuales acusados:
«Viola el derecho a la presunción de inocencia, pues al exponerlas mediáticamente afecta el debido proceso, y podría generar un efecto corruptor y de pruebas ilícitas que imposibilitaría dictar sentencias», señala.
¿No es esto justamente lo que está alegando el empresario Alonso Ancira en el juicio de amparo que promovió y donde un juez se ha negado a darle la razón?.
El Ministro Aguilar lo dice para el caso específico de la exhibición pública de los ex presidentes, pero lo mismo aplica en el caso de Ancira y de todos los personajes e instituciones que diariamente son señalados desde el púlpito presidencial.
Quizá el juez Gabriel Regis López siga en trabajo remoto y no tenga acceso al sistema informático para conocer el proyecto elaborado por el Ministro Luis María Aguilar, pero bien haría en conseguirse una copia del texto, le ayudaría mucho a normar criterio.
Respecto al Ministro Aguilar, desde luego que al conocerse el sentido de su proyecto de inmediato las hordas morenistas se ensañaron y llenaron las redes de mentiras, como el decir que se está declarando improcedente enjuiciar a ex presidentes y definitivamente nada hay en ese sentido en la resolución, pero ya sabíamos que esto de la consulta sería principalmente un recurso distractor del Presidente. Cuidado con caer en el garlito.
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Hablando de recursos legales, se tendría que estar promoviendo ya uno para impedir que el gobierno federal siga quitando recursos al proyecto de ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero.
Y es que no se trata únicamente de que en el proyecto de presupuesto de egresos para 2021 no vengan recursos etiquetados para esa obra –como para ninguna otra en Coahuila– sino que además se van a retirar los que se habían comprometido para este año porque la Secretaría de Comunicaciones ha cancelado una y otra vez la licitación.
Anteriormente se decía que el paso más importante se daba cuando Hacienda accedía a destinar recursos por primera vez para una obra, así fuera una cantidad mínima, pues una vez iniciado el proyecto cada año se le inyectarían fondos para no dejarlo inconcluso, pero ahora se actúa con otra lógica y no les importa dejar las cosas a medias, afecte a quien afecte.
Esta obra pendiente es de hecho parte de un proyecto mayor que se inició en el gobierno de Felipe Calderón, la modernización de la ruta Saltillo-Zacatecas, pero desde hace años no se le ha puesto mano al tramo en que para intereses locales es más urgente, y no son más que diez kilómetros y medio.
La vida de miles de trabajadores se pone en riesgo cada día por las condiciones de la carretera hacia la zona industrial de Derramadero, hay desde luego también una afectación para el sector productivo.
Por la vía legal gobierno y empresarios tendrían que pelear los fondos que se etiquetaron para este año y que están en riesgo de perderse porque la SCT ha declarado desierta la licitación con todo y que doce empresas, con experiencia en esos procesos, mostraron interés en participar.
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A mitad de semana funcionarios educativos en la región Centro plantearon que con el modelo de educación a distancia surgía ahora el riesgo de intromisiones en las sesiones que se tienen por medio de plataformas digitales.
Este jueves el Centro de Química Aplicada, CIQA, tuvo que suspender algunas conferencias que se impartían en una de esas plataformas, precisamente porque irrumpieron algunos hackers, al parecer extranjeros, y si este tipo de instituciones de investigación y educación superior no están libres de ese riesgo, con mayor razón son vulnerables otro tipo de planteles, pero como poco pueden hacer realmente las autoridades al respecto, queda la tarea para los maestros, que deben estar muy atentos para reaccionar adecuadamente si hay una intrusión y en todo caso evitar exponer a menores de edad a contenidos no adecuados.
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