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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Más se tardó Ricardo Anaya en anunciar su retorno a la política nacional que el fiscal antidisidencia  Santiago Nieto en pasarlo al patíbulo.

            Es cierto que el nombre de Anaya salió a relucir durante la puesta en escena de Emilio Lozoya, quien lo involucra en el asunto de los sobornos, pero apenas el panista dio señales de vida y manifestó sus intenciones de participar en política, y Santiago Nieto sale a declarar que está bajo investigación.

            No guarda el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera la secrecía que obliga en toda investigación,  sin importarle que incluso incurre en faltas al debido proceso, cada que una declaración suya puede ser de utilidad para mermar a un opositor al régimen, ventila los casos en forma irresponsable.

            Se consolida así Santiago Nieto como un fiscal del terror, pues lo mismo la emprende contra políticos opositores que de funcionarios judiciales que resuelven en algún sentido que no le gusta.

            Este mismo martes el titular de la UIF se inconformó contra un juez que liberó cuentas del empresario Kamel Nacif, prófugo de la justicia por su participación en la tortura a la periodista Lidia Cacho, pero no se limita Santiago Nieto a los recursos previstos en la ley, sino que aún antes de que una instancia superior resuelva si el juez se apegó o no a derecho, amenaza públicamente que pedirá su readscripción.

            Esto también es muy grave, manda un mensaje amenazador para todo juez al que le toque conocer casos relacionados con la UIF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debería hacerle un extrañamiento a Santiago Nieto para que se limite a seguir cauces legales y omita esos amagos.

            En cuanto a Anaya, si recibió o no los sobornos, eso es lo que deben esclarecer las investigaciones, y su retorno a la política puede entusiasmar a algunos y desagradar a otros, pero lo cierto es que en una encuesta que se hizo el mes anterior se le ubicó como el personaje más viable para fungir como contrapeso a López Obrador, lo cual es mucho decir en un escenario en que la oposición está desdibujada.

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            Al renunciar a su cargo el parrense Jaime Cárdenas Gracia dejó ver graves situaciones que ocurren en el llamado instituto «para devolver al pueblo lo robado».

            Además de asegurar que en el organismo hay corrupción, que según el Presidente en su administración ya no existe, también recordó los pasivos laborales que por más de mil millones de pesos tiene el gobierno con ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y de Ferrocarriles Nacionales y que ese instituto tiene la obligación de pagarlos.

            Hay una deuda con trabajadores, y el Instituto acaba de aportar dos mil millones de pesos para los premios en la supuesta rifa del avión presidencial. Toda una incongruencia.

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            La Secretaría de Gobernación anunció haber llegado a acuerdos para resolver el conflicto por el agua en Chihuahua, pero de inmediato agricultores hicieron ver que no están representados en la mesa de diálogo.

            Tal parece que la responsable de la estabilidad en el país Olga Sánchez Cordero decidió convocar únicamente a funcionarios federales, legisladores y alcaldes pero se olvidó de los protagonistas del conflicto, así es más cómodo seguramente.

            Y quizá por eso los acuerdos son tan vagos y en ninguno de ellos, o al menos de los que se dieron a conocer, se precisa cómo se resolverá realmente el problema, ¿se tomará o no agua de La Boquilla para pagar la deuda con Estados Unidos?.

            También con puro actor político sentado a la mesa fue sencillo pactar el compromiso de «respetar irrestrictamente al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional», sin mencionar los excesos en que incurrió la autoridad, ni hablar mucho menos sobre una disculpa pública e indemnización a los familiares de la mujer que fue asesinada por un elemento de la Guardia.

            Los que sí participaron en la mesa de dialogo fueron Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, y Rubén Moreira como presidente de la Comisión de la Frontera Norte en la Cámara de Diputados.

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            Este miércoles deberá darse el encuentro de los gobernadores de la Alianza Federalista con los legisladores para comprometerlos en la gestión de mayores recursos para 2021, habrá que estar atentos a los resultados de la reunión.

edelapena@infonor.com.mx