ALTERNATIVA

 

El Nuevo Engaño

Por Eduardo J. De La Peña De León

Conocedor del manejo de los tiempos electorales Andrés Manuel López Obrador ya puso a andar su nueva estrategia de posicionamiento para mantenerse en el ánimo ciudadano e intentar el respaldo de los votantes para su partido en las importantes elecciones de 2021.

Aunque la famosa no-rifa del avión presidencial, en la que no pudo vender todos los cachitos o boletos para el sorteo y terminó costando más de lo que le aportó a las arcas nacionales, le dejó en claro que los mexicanos en su mayoría no le secundan en sus puntadas, ahora ha enarbolado una causa que espera le rinda mejores réditos: el enjuiciamiento a los ex presidentes.

Para señalar a gobernantes y ex gobernantes no hay matices, en general los mexicanos señalamos a todos de corruptos son, para fines prácticos, indefendibles, entonces en esta consulta hay trampa, se pregunta algo que ya se sabe la respuesta que generará, pero más grave aún se sabe que no se podrá concretar.

Nuestra Constitución establece que las consultas populares pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de los ciudadanos en un número equivalente al 2% de los inscritos en el padrón de electores, esto sería por poco más de un millón 800 mil mexicanos.

Partidarios de MORENA se dieron a la tarea de recabar firmas y ya estando por vencerse el plazo para poder presentar la solicitud los reportes eran que llevaban alrededor de 800 mil firmas, entonces el Presidente habilitó el «plan B» y él mismo envió su solicitud al Senado, que es otra de las alternativas previstas en la Constitución.

De último momento los de MORENA salieron con que habían incluso superado la meta y logrado 2 millones 400 mil firmas, que ahora deben ser cotejadas por el Instituto Nacional Electoral.

Va entonces la petición por dos vías.

La de López Obrador del Senado pasará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ese Poder resuelva sobre la constitucionalidad del cuestionamiento.

Expertos en derecho anticipan que la Corte deberá rechazarla pues una consulta popular para esos efectos resulta inviable, pues la Constitución establece que no se pueden someter los derechos humanos y los mecanismos para su protección a consulta, y el debido proceso es un derecho humano que se estaría vulnerando.

En el caso de las firmas ciudadanas tendrán que ir primero a la validación del INE, la forma en que se multiplicaron y pasaron milagrosamente de 800 mil a dos millones 400 mil, lleva a pensar que hubo truco y es muy probable que la autoridad electoral no de el visto bueno.

Esta sería la primera etapa, si la Suprema Corte rechaza la consulta por inconstitucional, le da a López Obrador los argumentos para dirigir –una vez más– las baterías en contra de los Ministros y comenzar con sus letanías sobre componendas y arreglos oscuros.

Si en el INE encuentran que no hay suficientes firmas auténticas, nuevo pretexto para ir en contra de otros de los personajes favoritos en la picota de la cuarta transformación: los consejeros del órgano electoral.

Pero si alguna de las dos solicitudes logra pasar el primer filtro, vendrá luego el debate sobre la fecha en que se deberá de realizar la consulta, que puede ser el 6 de junio, es decir el mismo día que las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, o el primer domingo de agosto de 2021.

Todas estas etapas y la polémica que generarán le permitirán al Presidente traer un nuevo tema distractor que es además muy vendible con los electores.

Suponiendo que vaya superando esas etapas, tendría que conseguir que al menos el 40% de los electores participe en la consulta, es decir más de 36 millones de mexicanos, y que más del 50% de los que participen estén a favor de enjuiciar a los ex presidentes.

En el remoto caso de que se consiga el «sí» en la cantidad necesaria, vendría entonces el reto de armar expedientes, fincar procesos y muy probablemente encontrar que la mayoría de los delitos han prescrito.

No, por más que algunos o todos lo merezcan, no habrá ex presidentes mexicanos tras las rejas, por más ciudadanos que así lo estén deseando. Pero eso sí, López Obrador ya tiene su distractor, de los electores depende si caen en su juego, o si al contrario le exigen que se ponga a trabajar en los retos reales que como país tenemos.

edelapena@infonor.com.mx

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INDICE

Por Eduardo J. De La Peña De León

            En la propuesta de presupuesto de egresos para 2021 que está a análisis en la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda planteó dejar en ceros el llamado Fortaseg, el fondo destinado a fortalecer la seguridad en los 300 municipios más poblados del país, entre los que hasta este año se consideró a ocho de Coahuila que son Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Ramos Arizpe, Matamoros, y San Pedro.

            Para 2020 fueron más de 102 millones de pesos los comprometidos en el Fortaseg para estos ocho municipios, siendo Saltillo el que más recibió, casi 28 millones de pesos, y Ramos Arizpe el que menos, seis millones de pesos.

            El Fortaseg tenía recursos federales por casi 4 mil millones de pesos, de los cuales para 2021 se plantea destinar más de 3 mil 300 al fortalecimiento de la Guardia Nacional.

            Estamos ante una pretensión que debe encender alertas por dos aspectos fundamentales.

            El primero es dejar sin estos recursos a las corporaciones locales, en las que se ha invertido mucho dinero y tiempo para reconstruirlas, profesionalizarlas y certificarlas.

            Al menos en Coahuila se puede hablar de casos de éxito en esta nueva etapa de las policías municipales, Saltillo es quizá el más notorio por los niveles de eficiencia que se han alcanzado, pero también debe destacarse lo que se logró en Torreón donde en algún momento se tuvo que cesar a prácticamente todos los elementos por su vinculación con la delincuencia organizada, y con tenacidad se logró integrar un nuevo cuerpo.

            Contar con elementos más profesionales y corporaciones mejor equipadas implica desde luego un mayor costo para los Ayuntamientos, si ahora les quitan el apoyo federal los dejan «colgados de la brocha» y en riesgo de que se pierda lo logrado.

            El segundo aspecto preocupante en este asunto, es que se fortalece a la Guardia Nacional que ya hemos visto es utilizado como un cuerpo de represión hacia las voces disidentes.

            En semanas anteriores en Monclova hubo un despliegue de esa corporación, con elementos armados incluso, para retirar de la vía pública mantas en que se cuestionaba al Presidente, un ominoso mensaje para quienes se atreven a criticar, cuestionar y disentir.

            Que por cierto la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Morales Valdés prometió una investigación sobre esos hechos y hasta ahora no ha presentado informe alguno.

            Y después de lo de Monclova la Guardia Nacional se vio implicada en la represión a los agricultores en Chihuahua, y se señala a elementos de esa corporación como los responsables de una agresión en la que una mujer murió y su esposo quedó gravemente herido.

            Es peligroso que el gobierno federal destine ahora esos recursos para darle más fuerza a ese cuerpo que están utilizando como brazo represor.

            Que las cosas se den en una manera diferente depende de los diputados federales, en cuya cancha queda ahora la aprobación del presupuesto, ¿podremos confiar en ellos?.

            Y a propósito de la Cámara de Diputados esa instancia mantiene su indiferencia ante los diversos asuntos que hoy en día dominan la agenda política y social en el país, como el ya comentado conflicto en Chihuahua por la oposición de los agricultores a que se les despoje de sus derechos de agua para que México pueda cumplir el Tratado en la materia con los Estados Unidos.

            Ni la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte ni la de Recursos Hidráulicos se han pronunciado en el tema.

            En la primera Chihuahua tiene cinco representantes, pero dos son de MORENA y dos del PT, con ellos desde luego los agricultores no pueden contar, y el otro es del PAN. Dos coahuilenses están en esa Comisión, Rubén Moreira –que la preside– y diego del Bosque, ni a cual irle.

            Y en la de Recursos Hidráulicos, Chihuahua tiene dos diputados, uno de Movimiento Ciudadano y otro del PAN, y Coahuila tiene uno, Francisco Borrego Adame, que es como si no tuviéramos ninguno pues el lagunero poco atiende su función como legislador.

            El tema del Tratado de Aguas, y los conflictos que se generan cada quinquenio en que no cuadran las cuentas respecto a lo que según Estados Unidos falta de entregarles, lo conoce bien la presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, pues cuando fue senadora le tocó encabezar una comisión que analizó el asunto, bien haría en aportar su experiencia e impulsar una solución a este problema que ya ha costado vidas en el vecino estado.

edelapena@infonor.com.mx