JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Por Eduardo J. De La Peña De León
Aunque se tardó en llegar, pues lo habían anunciado desde hace varias semanas, el punto de acuerdo propuesto por Verónica Martínez, Eva Galaz y Armando Guadiana para exhortar al gobierno federal a que implemente un plan de emergencia que proteja los empleos que dependen de Altos Hornos de México, está planteado en forma clara y detallada.
Con toda precisión explican lo que Altos Hornos y su cadena productiva representan para la vida económica de las regiones Centro, Cinco Manantiales, Carbonífera y Desierto de Coahuila.
Pero además refieren lo que paga la siderúrgica en impuestos, derechos y cuotas para el fisco federal, el IMSS, y el Infonavit, así como lo que consume anualmente en servicios de CFE y PEMEX.
La crisis de la acerera impacta a otras empresas de la región, incluso a aquéllas que no tienen relación directa con ella pero que se ven afectadas al dejar de operar algunos de sus contratistas.
El estimado de empleos afectados es de cien mil directos e indirectos, el impacto es para más de cuatrocientas mil personas.
Con todo detalle está planteado el problema para que Andrés Manuel López Obrador reconsidere, ceda en su capricho, y se decida a dejar de boicotear a una empresa que es viable productivamente y que vive la peor de sus crisis por una obsesión política.
No se votó el punto de acuerdo en el Senado, pues se tenía un orden del día bastante extenso, con nada menos que 75 iniciativas de ley y 95 propuestas de punto de acuerdo, y estos en automático se enviaron todos a comisiones, pero previendo precisamente que un planteamiento de tal trascendencia se perdiera en una sesión tan prolongada los senadores coahuilenses lo difundieron en conferencia de prensa, y al menos Armando Guadiana estará este jueves en Monclova para insistir en el tema.
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En el restaurant Los Arcos, de Obdulia Mata, en San Antonio de las Alazanas, un almuerzo prácticamente se convirtió en sesión del gabinete de seguridad.
Ahí se reunieron el Comandante de la Sexta Zona Militar, General Enrique Covarrubias, los secretarios de Gobierno y de Seguridad, José María Fraustro y Sonia Villarreal, el Fiscal General Gerardo Márquez y el alcalde de Arteaga Everardo Durán, y la cita fue para analizar las propuestas que hay para tener en esa comunidad una base que permita la permanencia de un destacamento del Ejército.
Por varios años y hasta la semana anterior hubo presencia permanente de militares en San Antonio, y tan pronto como se les retiró comenzaron a surgir problemas, al grado que hasta el cajero automático de una institución bancaria fue robado.
Al General Covarrubias se le mostraron instalaciones que se están habilitando y que se podrían poner a disposición del Ejército, falta ver si cumplen las especificaciones y expectativas.
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No quedó claro si la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde y el sub secretario de Gobernación Alejandro Encinas, llegaron con su comitiva a la región Carbonífera a buscar un acuerdo con las viudas de Pasta de Conchos o con la misión de abonarle a la tan prometida reactivación económica, al menos con el sector restaurantero.
En la agenda de la comisión enviada por el gobierno federal, además de la reunión con los deudos en las instalaciones de un Cecytec, destacaron la cena en el restaurant La Estaca y el desayuno del jueves en el Hotel Rosa de Oro.
Hasta el cierre de esta columna proseguía la reunión y se anticipaba que los funcionarios federales se irían sin alcanzar un acuerdo definitivo, pues hay un grupo importante de viudas que mantiene el emplazamiento para que se cumpla la promesa de López Obrador y el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir intentar la recuperación de los restos de los mineros.
La Secretaria Luisa María Alcalde a su arribo ya no mencionó la propuesta de la indemnización, insistió en que la alternativa presentada por el gobierno federal es un decreto presidencial para que ya nunca más se vuelva a explotar Pasta de Conchos y el sitio se conserve, dijo, “como un panteón, un memorial con los nombres de los mineros que estuvieron en el accidente”.
Insistió también la funcionaria en que el rescate se llevaría más de cuatro años, y que si se decide hacerlo será la Comisión Federal de Electricidad la que realice los estudios específicos correspondientes.
¿No se supone que los expertos que contrataron ya hicieron esos estudios y que a partir de ellos se refrendó la promesa del rescate?, aún más ¿qué tiene que hacer la Comisión Federal de Electricidad en este asunto?, no hay relación alguna.
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