SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Por Eduardo J. De La Peña De León
Se conoció este viernes que el empresario Alonso Ancira Elizondo ha presentado una demanda para iniciar un juicio de amparo, que ya desde ahora se anticipa puede ser histórica, con trascendencia e impacto mucho más allá de sus intereses personales y garantías como ciudadano.
Ancira inicia este procedimiento judicial al considerar que «ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable», se refiere a las expresiones reiteradas que en su contra ha tenido Andrés Manuel López Obrador.
Bien se sabe que Alonso Ancira no ha sido la única víctima de esta picota en que el Presidente ha convertido a la llamada «mañanera», igual han sido difamados y acusados sin pruebas otros empresarios, políticos, ex funcionarios, organizaciones, empresas y hasta instituciones del Estado mexicano.
Esa es la primera razón por la que tendrá trascendencia este caso, pues el Poder Judicial Federal deberá pronunciarse en relación a ese tipo de expresiones que con toda ligereza e irresponsabilidad se dan continuamente.
Pero quizá lo de mayor peso sea el planteamiento de Ancira en sus agravios en los que se refiere al amedrantamiento presidencial hacia los juzgadores, recordemos que la semana anterior López Obrador dijo que si algún juez absuelve al empresario sin que haya una reparación del daño se le abrirá una investigación.
“Con sus manifestaciones se menoscaba seriamente la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad y eficacia”, señala la demanda, y presentan 17 preguntas, en las que destacan:
La exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una violación al principio de presunción de inocencia?, y ¿Qué implicaciones genera que una autoridad exija, requiera o solicite en forma reiterada y pública la reparación del daño de un delito al imputado, antes que el mismo sea condenado por un Tribunal competente?.
Y pregunta además Ancira en su demanda: ¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el Presidente manifieste que se investigará a todo Juez que resuelva en favor del quejoso?, y ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión del Presidente?.
El juez que resuelva el amparo tiene la oportunidad, al responder esos cuestionamientos, de defender el estado de derecho y la separación de poderes, por eso decimos que esto va más allá de los intereses y las garantías de Ancira, tiene que ver nada menos que con la definición de la autonomía o la sumisión de la Corte.
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De la región Carbonífera nos comentan que si bien los productores de carbón se toparon con la cerrazón de los funcionarios de CFE responsables de asignarles los nuevos contratos, también es cierto que muchos de los 75 que fueron validados como proveedores firmaron y aceptaron las condiciones, confiados en que sobre la marcha de alguna manera arreglarían.
Es decir que fueron conscientes de que los contratos los dejaban no únicamente en desventaja, sino hasta en indefensión y aún así firmaron.
Esta semana que ya un productor envió seis camiones, con carbón que ya fue recibido y quemado, y que después de eso se le notificó que no habría pago, porque no cumplía con las especificaciones requeridas, y desde luego tampoco devolución, fue que dimensionaron el problema.
Es ahora, con el sentimiento de que fueron «chamaqueados», que se dan cuenta del papel que jugaba la Prodemi, pues además de que había un solo negociador y con experiencia, había la posibilidad de las mezclas y la compensación, con lo que al final se podía cumplir con los requerimientos de la Comisión Federal.
El tema es que el asunto está una vez más atorado, no hay reactivación de la minería del carbón, y los productores ya no saben qué puerta tocar.
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De la misma región, un lector ante el cuestionamiento aquí planteado sobre las razones por las que se decidió que sea la CFE la responsable de los trabajos para intentar el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos, sugiere que quizá haya sido una confusión respecto a las habilidades que en el pasado hicieron famoso a Manuel Bartlett.
A su paso por los diferentes escalafones en Gobernación, desde el sexenio de Díaz Ordaz al de Miguel de la Madrid, a Bartlett se le señaló lo mismo de desaparecer enemigos políticos, que de aparecer electores para cambiar un resultado. Con esas dotes, dicen, igual y da con los restos de los mineros.
Lo cierto es que el lunes en Palacio Nacional vuelve a haber reunión de López Obrador con las familias de los mineros fallecidos, y como ya se ha hecho sentir el rechazo de un grupo numeroso de viudas a cancelar el rescate, ahora el gobierno ha abierto la convocatoria a hijos, concubinas y madres, en lo que se anticipa como un intento de con la promesa de la indemnización millonaria mayoritear a quienes están en la demanda original, prometida por el Presidente, de que se acceda a la mina. Veremos.
edelapena@infonor.com.mx
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