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Por Eduardo J. De La Peña De León

            La noticia de la detención de Ramón Oceguera y de quien fuera su tesorero en la administración municipal de Ramos Arizpe, Vicente Barreda, causó revuelo en los círculos políticos, pues a siete años de que Oceguera dejó la alcaldía nadie se esperaba una acción de esta naturaleza, aunque fue bien conocido el desaseo con el que llevó su gobierno.

            La Fiscalía General del Estado confirmó que ambos están acusado de peculado, y hay especulaciones de que la Auditoría Superior del Estado los denunció por un faltante de 7 millones de pesos.

            Seguramente este miércoles se les pondrá a disposición de un juez y se conocerá el alcance de la acusación, pero si nos remontamos a los informes de la revisión a las cuentas públicas en los años en que Oceguera fue alcalde, podría estarse hablando de un asunto mucho mayor.

            Como se sabe no todo lo que la Auditoría Superior señala como inconsistencias tiene que ver necesariamente con un quebranto, pero da una clara idea de cómo se manejó esa administración.

            En la revisión del ejercicio de 2010, las inconsistencias señaladas, y no aclaradas en el plazo previsto en la ley, fueron por un monto de 90 millones de pesos, equivalentes nada menos que a una tercera parte del presupuesto que ese año se tuvo en Ramos Arizpe.

            En 2011 las inconsistencias fueron por 33 millones de pesos, y por 38 millones en 2012.

            Y en el año de Hidalgo, 2013, hubo irregularidades por 70 millones de pesos, el veinte por ciento del presupuesto que se ejerció.

            La de Oceguera, además del irregular manejo de los fondos públicos, fue una administración desordenada, una auditoría al desempeño le generó más de cuarenta recomendaciones, y detectó anomalías tan serias como el incumplimiento de obligaciones fiscales por sueldos y salarios.

            Entrar al detalle sería enumerar un rosario de excesos y desvíos, lo interesante será ver qué de todo esto se ventila ante el juez, pero aún más importante sería conocer por qué se retomó el caso, si fue nada más por las apariciones que Oceguera tuvo en días recientes sondeando su posibilidad de volver a buscar la alcaldía, o si estaba haciendo algunas de sus acostumbradas travesuras para estorbar en la elección que está en juego.

            No se puede dejar de lado que de parte de Oceguera hay una obsesión en contra de Ricardo Aguirre, esposo de la candidata del PRI a la diputación local por ese distrito.

            De cualquier manera queda el mensaje para los que tengan intenciones de entrarle al mismo nivel de juego. Si ves las barbas de tu vecino cortar….

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            Como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, Armando Guadiana Tijerina ha participado en las mesas de dialogo con los actores del conflicto en Chihuahua, y este martes el coahuilense hizo un pronunciamiento en el sentido de cuidar el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos y por lo pronto pagar la deuda con las reservas de las presas La Amistad y Falcón.

            Guadiana tiene razón en cuanto a la importancia que el Tratado representa para nuestro país, pues así como aporta agua también la recibe, pero debe recordar que de las dos presas que menciona hay usuarios con derechos, y no únicamente productores agrícolas, en el caso de La Amistad recordemos que de ahí se extrae agua para el consumo humano en trece municipios de Coahuila y Tamaulipas.

            Ya hace un par de semanas la titular de Conagua había dicho que se entregaría a Estados Unidos agua de La Amistad, pero no ha informado si ya ocurrió así, pues además el embalse se encuentra a un nivel muy bajo de almacenamiento.

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            Este miércoles hay sesión ordinaria del Congreso local, aunque se anticipó que no será presencial sino que se llevará de manera virtual.

            Los diputados esperan que al menos en esta modalidad Marcelo Torres Cofiño como presidente de la mesa directiva se comporte con mayor compostura y ya no les ponga apodos como lo ha venido haciendo.

            La semana anterior a la priista Diana Patricia González le llamó «Speedy González», y así les ha ido aplicando motes a algunos otros legisladores, perdiendo la formalidad que debe guardarse en la sesión de uno de los Poderes del Estado.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Sin pena ni gloria transcurrió la gira que el fin de semana realizó por las regiones Norte y Carbonífera el dirigente nacional del PAN Marko Cortés, y no podía ser de otra manera pues el panista llegó desencanchado sin un referente claro de los territorios que estaba visitando.

            En Piedras Negras, que es sin duda la posición más importante que tiene MORENA en la entidad, Cortés enfocó sus baterías contra el PRI lanzando huecas arengas con el eterno discurso del cambio.

            Y en Nueva Rosita, en una región especialmente maltratada por la cuarta transformación, que está dolida y en franca emergencia económica, el dirigente panista se limitó a admitir que no entiende por qué la Comisión Federal de Electricidad no está comprando el carbón en la región, pero no planteó propuestas ni ofreció gestiones.

            Eso sí, se voló la barda con su interpretación sobre el cambio de la fecha de la elección local en Coahuila y acusó al PRI de ser el responsable del desfase. Ni los más avezados científicos tienen ubicado con precisión el origen del coronavirus, pero Marko Cortés ya descubrió que fue una artimaña priista para manipular la renovación del Congreso de Coahuila. ¡Hábrase visto!.

            No se esfuerzan ni un poquito en refrescar el discurso, en leer la realidad y lo que aqueja a cada entidad y en función de ello generar propuestas, ideas, esperanzas al menos, en parte a eso se debe el rechazo ciudadano. Y además Cortés parece no darse cuenta que ante el reto de 2021 debe buscar sumar fuerzas no pelearse.

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            Cualquiera pensaría que a los productores agropecuarios de la Comarca Lagunera les volvió el alma al cuerpo ahora que Germán Martínez Santoyo, quien tenía la representación regional de la Comisión Nacional del Agua fue designado para un cargo en la administración central, pero la verdad es que los dejó más inquietos.

            Se recordará que cuando en febrero se designó a Martínez Santoyo hubo nerviosismo, pues al conocerse su cercanía con López Obrador –dado que colaboró a su lado en el gobierno de la Ciudad de México– surgió el temor de que llegara con instrucciones de un reordenamiento agresivo en la administración del agua para riego, ante la promesa que en algún momento hubo de restituir derechos a los ejidatarios que los vendieron a particulares.

            Sin embargo en los ocho meses que Martínez Santoyo estuvo en La Laguna se mantuvo con un perfil bajo, concentrado en el proyecto de destinar agua de las presas para consumo humano en la Comarca, y para los agricultores no hubo sobresaltos.

            La semana anterior, en uno de los coletazos del conflicto en Chihuahua que generó ceses y renuncias en la Comisión Nacional del Agua, a Germán Martínez lo designaron como Subdirector de Administración a nivel nacional, pero ahora hay la incertidumbre respecto al perfil de quien llegue en su lugar.

            Habrá que esperar a que nombren al relevo.

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            Respecto al comentario que hicimos aquí el sábado, de las actitudes con las que Ricardo Mejía Berdeja desde la sub secretaría de seguridad pública saboteó el acuerdo que Gobernación había impulsado en Chihuahua, un lector nos escribió para recordar el papel que jugó junto con Luis Efrén Ríos en la aspiración de Raúl Sifuentes Guerrero para ser candidato del PRI a gobernador en 2005.

            Sifuentes, se recordará, estaba impedido para ser candidato pues no reunía los requisitos estatutarios, pero Mejía y Luis Efrén lo metieron en una dinámica que al final lo único que le dejó fue desgaste y ruptura. Y el PRI perdió un activo importante.

            «Los dos con actitudes gánsteriles amenazaban y dictaban línea al PRI… han pasado los años y Mejia no deja de ser el mismo chivo en cristalería que con poder piensa primero en reventar antes de dialogar, si llega a la Secretaría cuidémonos de que no reviente el país», escribe nuestro lector.

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            En otros temas es de reconocerse la actitud que en esta contingencia sanitaria han asumido Alfonso Vázquez Sotelo y su equipo en las bibliotecas públicas de la entidad, quienes lejos de cruzarse de brazos ante las restricciones que tienen a estos espacios en su operación mínima, han sido proactivos y están impartiendo tutorías para alumnos de educación primaria.

            Como el modelo de educación a distancia plantea retos para alumnos y maestros, los bibliotecarios, que son profesores, están grabando videos para ayudar a entender las actividades planteadas en los libros de texto, y los difunden en plataformas digitales y redes sociales, una aportación valiosa y una actitud encomiable.

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            La Universidad Autónoma del Noreste dio a conocer el fallecimiento de Adolfo Olmedo Muñoz, integrante de su cuerpo académico. Olmedo llegó a Saltillo en los años ochenta como director del ya desaparecido Sol del Norte, y desde entonces radicó en la ciudad ejerciendo el periodismo por varios años y posteriormente la docencia. descanse en paz.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Si el acuerdo impulsado desde la Secretaría de Gobernación para resolver el conflicto por el agua en Chihuahua era corto o insuficiente, al menos era un avance que hablaba de la intención de construir puentes de entendimiento, pero en la mañanera de este viernes Ricardo Mejía Berdeja se aseguró de destruir toda posibilidad de conciliar y aprovechó la tribuna para echar más gasolina al fuego.

            Mejía Berdeja no ignora la trascendencia de lo que está ocurriendo y lo dimensiona justamente como un asunto de seguridad nacional, pero en un rol inexplicable para un sub Secretario de Seguridad, interviene como reventador político de la más baja estofa y endilga acusaciones contra los actores involucrados buscando descalificarlos.

            Pero ayer mismo le respondieron a Mejía Berdeja y lo pusieron en evidencia. El diputado panista Jesús Valenciano al que Mejía acusó de ser familiar de productores de cebolla que según el acaparan el agua en Chihuahua –aunque admite que tienen los permisos correspondientes– salió a explicar cuál es realmente su relación con un miembro de esa familia.

            Resulta que Valenciano, quien por cierto al igual que Mejía tiene raíces familiares en Torreón, lleva amistad con una pariente de los cebolleros, y en redes sociales en tono cordial le llama tía, pero no existe realmente vínculo familiar alguno.

            La explicación deja en evidencia los alcances del Subsecretario de Seguridad del gobierno de la República. Su investigación es en redes sociales, y a partir de lo que ahí se publica construye historias, conjeturas y acusaciones.

            Lo más preocupante es que precisamente esas actitudes perfilan efectivamente a Mejía Berdeja como un prospecto para asumir la Secretaría de Seguridad si Alfonso Durazo se va como candidato al gobierno de Sonora.

            A nivel nacional se maneja una terna de prospectos, destaca Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad en la Ciudad de México y uno de los funcionarios policiales mejor preparados en el país, es tan idóneo para el cargo que ya podemos apostar que no lo obtendrá, este gobierno funciona al revés.

            Se incluye también a Manuel Espino, que alguna experiencia tuvo ya en corporaciones en Ciudad Juárez, tiene estudios en seguridad y coordina actualmente el Servicio de Protección Federal, el cuerpo que se encarga de la custodia en edificios oficiales.

            Y el tercero es Mejía Berdeja, que con sus modos de fajador de callejón no batallará en conseguir el visto bueno presidencial. El actuar irracional de este gobierno apunta a que podrían tomar una decisión así de ilógica.

            Ojalá y el lagunero no se pierda en la ambición y recapacite, asumir la Secretaría de Seguridad podría en riesgo su vida y al país mismo, a los grupos delictivos no los va a poder combatir con grillas.

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            En la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados se abrió espacio en una sesión virtual a Irene Spigno, de la Academia de Derechos Humanos, y a Luis Efrén Ríos para hablar de modelo que en Saltillo impulsó la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– constituyéndose en la primer ciudad solidaria que genera condiciones de inclusión para los migrantes.

            Se expuso el modelo, y participó también el representante de ACNUR en México, con la idea de que los legisladores de esta Comsión, que preside Rubén Moreira, contribuyan a replicarlo en otras ciudades del país.

            El propósito es bueno, no cabe duda. Pero lo que deja mucho que desear es la actitud de Rubén Moreira, quien sin ruborizarse aseguró en la sesión que el modelo nació en la UAdeC y se concretó con apoyo del gobierno estatal.

            El representante de ACNUR, Mark Manly, finalmente es un funcionario diplomático y ya mejor no aclaró que realmente fue bajo el gobierno municipal de Isidro López Villarreal que en agosto de 2016 se inició con este programa piloto en Saltillo.

            Pero claro que no puede haber el más mínimo reconocimiento de Rubén para Isidro, pero en los archivos de la ACNUR están los antecedentes al respecto.

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            En medios nacionales se dijo este viernes que a querer y no pero Morena ya accedió a que los gobernadores de la Alianza Federalista puedan plantear ante las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados sus observaciones al proyecto de presupuesto de egresos del 2021.

            Tras el encuentro de los gobernadores el miércoles con el resto de los grupos parlamentarios se consiguió este espacio, aunque desde luego hubo resistencia en los diputados afines a la Cuarta Transformación.

            Veremos qué logran.

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Por Eduardo J. De La Peña

            El Ministro Luis María Aguilar a quien correspondió estudiar la constitucionalidad de la pregunta que López Obrador propuso plantear en la consulta sobre si se lleva o no a juicio a los ex presidentes, ya elaboró su proyecto de resolución y el próximo jueves deberá votarse en el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

            La votación del primero de octubre en la Corte mostrará al país, más allá delas especulaciones y calificaciones que se dan respecto a cada uno de los Ministros, quienes de ellos están auténticamente comprometidos con el Estado de Derecho, y quienes están sometidos a los caprichos presidenciales.

            El proyecto elaborado por el Ministro Aguilar hay que leerlo con atención, su mera expresión de que la pregunta propuesta por el Presidente es «un concierto de inconstitucionalidades» constituye una sentencia demoledora y una definición contundente del actuar de López Obrador, en este y muchos otros casos.

            También es destacable lo que el Ministro considera respecto a mencionar por su nombre a los ex presidentes, eventuales acusados:

            «Viola el derecho a la presunción de inocencia, pues al exponerlas mediáticamente afecta el debido proceso, y podría generar un efecto corruptor y de pruebas ilícitas que imposibilitaría dictar sentencias», señala.

            ¿No es esto justamente lo que está alegando el empresario Alonso Ancira en el juicio de amparo que promovió y donde un juez se ha negado a darle la razón?.

            El Ministro Aguilar lo dice para el caso específico de la exhibición pública de los ex presidentes, pero lo mismo aplica en el caso de Ancira y de todos los personajes e instituciones que diariamente son señalados desde el púlpito presidencial.

            Quizá el juez Gabriel Regis López siga en trabajo remoto y no tenga acceso al sistema informático para conocer el proyecto elaborado por el Ministro Luis María Aguilar, pero bien haría en conseguirse una copia del texto, le ayudaría mucho a normar criterio.

            Respecto al Ministro Aguilar, desde luego que al conocerse el sentido de su proyecto de inmediato las hordas morenistas se ensañaron y llenaron las redes de mentiras, como el decir que se está declarando improcedente enjuiciar a ex presidentes y definitivamente nada hay en ese sentido en la resolución, pero ya sabíamos que esto de la consulta sería principalmente un recurso distractor del Presidente. Cuidado con caer en el garlito.

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            Hablando de recursos legales, se tendría que estar promoviendo ya uno para impedir que el gobierno federal siga quitando recursos al proyecto de ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero.

            Y es que no se trata únicamente de que en el proyecto de presupuesto de egresos para 2021 no vengan recursos etiquetados para esa obra –como para ninguna otra en Coahuila– sino que además se van a retirar los que se habían comprometido para este año porque la Secretaría de Comunicaciones ha cancelado una y otra vez la licitación.

            Anteriormente se decía que el paso más importante se daba cuando Hacienda accedía a destinar recursos por primera vez para una obra, así fuera una cantidad mínima, pues una vez iniciado el proyecto cada año se le inyectarían fondos para no dejarlo inconcluso, pero ahora se actúa con otra lógica y no les importa dejar las cosas a medias, afecte a quien afecte.

            Esta obra pendiente es de hecho parte de un proyecto mayor que se inició en el gobierno de Felipe Calderón, la modernización de la ruta Saltillo-Zacatecas, pero desde hace años no se le ha puesto mano al tramo en que para intereses locales es más urgente, y no son más que diez kilómetros y medio.

            La vida de miles de trabajadores se pone en riesgo cada día por las condiciones de la carretera hacia la zona industrial de Derramadero, hay desde luego también una afectación para el sector productivo.

            Por la vía legal gobierno y empresarios tendrían que pelear los fondos que se etiquetaron para este año y que están en riesgo de perderse porque la SCT ha declarado desierta la licitación con todo y que doce empresas, con experiencia en esos procesos, mostraron interés en participar.

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            A mitad de semana funcionarios educativos en la región Centro plantearon que con el modelo de educación a distancia surgía ahora el riesgo de intromisiones en las sesiones que se tienen por medio de plataformas digitales.

            Este jueves el Centro de Química Aplicada, CIQA, tuvo que suspender algunas conferencias que se impartían en una de esas plataformas, precisamente porque irrumpieron algunos hackers, al parecer extranjeros, y si este tipo de instituciones de investigación y educación superior no están libres de ese riesgo, con mayor razón son vulnerables otro tipo de planteles, pero como poco pueden hacer realmente las autoridades al respecto, queda la tarea para los maestros, que deben estar muy atentos para reaccionar adecuadamente si hay una intrusión y en todo caso evitar exponer a menores de edad a contenidos no adecuados.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            No se ha dado a conocer si los pequeños y medianos productores de carbón lograron algún avance en la reunión que esta semana sostuvieron con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, en la que buscarían criterios más flexibles dentro de los contratos para el suministro del mineral.

            Más que cambiar las especificaciones caloríficas del carbón, lo que los productores buscan es margen para mezclas y compensaciones, como se hacía en el pasado, de tal forma que se saquen promedios de lo que se entrega en un determinado lapso y no se dictamine en lo individual.

            Además tendría que haber otros criterios en la penalización, pues es razonable que si se entrega una especificación menor que también el pago sea menor, pero no que no haya ni pago ni devolución.

            Finalmente la CFE ha admitido que de los 75 productores a los que se les había dado el visto bueno como proveedores, únicamente 53 firmaron contrato de adjudicación directa, el resto seguramente desistió al ver las condiciones ventajosas que estaba imponiendo la paraestatal.

            En los 53 contratos que ya adjudicó la Comisión se respaldan compras por poco más de un millón cuatrocientas mil toneladas, a surtir hasta diciembre de 2021, es decir casi seiscientas mil toneladas menos de las que inicialmente se dijo que adquirirían.

            Entre las 53 empresas que obtuvieron contratos, a las que menos se les compraría recibirían alrededor de quince millones de pesos, y sesenta millones de pesos las de los contratos de mayor cuantía.

            Llama la atención que el contrato más grande, por 56 mil toneladas, es para una empresa que en el sector aseguran es originaria de Monterrey, Operadora y Suministros Vickel, ¿dónde quedó entonces el compromiso de apoyar a los productores locales?.

            Pero aún así, si no se alcanza un acuerdo entre los productores y la Comisión no habrá suministro ni del millón cuatrocientas mil toneladas ni desde luego la urgente derrama económica en la región.

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            Tuvo gira por municipios del norte de la entidad el Secretario General del IMSS Javier Guerrero García para supervisar avances en hospitales de Ciudad Acuña y Piedras Negras.

            En el caso de Acuña, Javier Guerrero señaló que esperan en octubre ahora sí ponerlo en operación. Es un caso emblemático que ha sido incluso señalado a nivel nacional entre las obras en materia de salud que se dejaron inconclusas el sexenio anterior.

            Este hospital se inició a construir en 2017 y debería de haber estado en servicio el año anterior.

            Como la fecha estimada que dio a conocer Javier Guerrero, octubre, coincide con la anunciada visita de Andrés Manuel López Obrador a Coahuila –en específico a San Juan de Sabinas– para el 23 de ese mes, de inmediato se comenzó a especular con la posibilidad de que el presidente lo inaugure.

            Es lo de menos, si hay o no inauguración presidencial no desmerece, lo importante es que entre en servicio.

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            El INEGI dio a conocer sus cifras preliminares de la incidencia de homicidios en el país durante 2019, que ubican a Coahuila entre los estados con menos hechos de este tipo, reflejo de los avances en materia de seguridad.

            En la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, Coahuila es el quinto estado de los más bajos, con 10 cuando la tasa nacional es de 29 por cada cien mil habitantes.

            En 2019 se contabilizaron 305 homicidios en Coahuila, esto incluye accidentes y hechos violentos. Para dimensionar lo que se ha mejorado en materia de seguridad baste recordar que en 2012 se tuvieron mil 160 homicidios en la entidad.

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            No cabe duda que en el país tenemos un gobierno bipolar. Primero esta semana la Secretaría de Gobernación ponderó su acuerdo alcanzado en Chihuahua en el tema de la extracción de agua de las presas, en una mesa de dialogo en que la Secretaría de Seguridad Pública estuvo representada por Ricardo Mejía Berdeja, y a los dos días se notificó al gobernador Javier Corral que los funcionarios federales ya no participarán en esa entidad en la mesa de coordinación en materia de seguridad.

            Aseguran que están encauzando una solución al conflicto pero lo escalan a otra dimensión rompiendo la coordinación porque el gobierno estatal les ha criticado el despliegue de las fuerzas federales en las presas.

            ¿Cómo el gobierno federal apuesta por la confrontación cuando habían iniciado una ruta de solución?. La esquizofrenia de la cuarta transformación.

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ALTERNATIVA

Agua que no lava

Por Eduardo J. De La Peña de León

            Cada año en la temporada de lluvias, en mayor o menor medida, en Saltillo se presentan inundaciones que pueden ir desde trastornos menores hasta verdaderas tragedias.

            En este 2020 a partir de las precipitaciones que en julio trajo el huracán Hanna, dejando pérdidas humanas lamentables y daños materiales cuantiosos, se ha mantenido en la agenda social y mediática el tema de las carencias que hay en la ciudad en materia de infraestructura pluvial.

            Las inundaciones que padecemos en Saltillo son consecuencia de diversos factores, que van desde las características naturales hasta una suma de culpas de diferentes actores e instancias.

            Recordemos que la ciudad está asentada en una ladera, así que tenemos desarrollos habitacionales a dos mil cincuenta metros sobre el nivel del mar –los más altos en Lomas de Lourdes– y a mil 470 metros, al norte en Jardines Coloniales.

            Un desnivel natural cercano a los 600 metros provoca desde luego que cuando llueve al sur el agua baja con gran fuerza hacia el norte.

            A eso sumemos que al paso de los años se han dado asentamientos en márgenes de arroyos y se han obstruido escurrimientos naturales. Adicionalmente el crecimiento de la ciudad  implica extensas superficies cubiertas de asfalto y concreto, con lo que se ha perdido capacidad de infiltración del agua, que entonces corre por donde puede.

            Nadie puede negar que ha habido desorden en el crecimiento urbano, como tampoco se puede desconocer que en la medida de las posibilidades presupuestales se han venido construyendo colectores y otras obras pluviales.

            No tenemos aún toda la infraestructura necesaria, eso es cierto, y mientras no exista no podemos esperar que deje de haber inundaciones, pero tampoco es posible voltear y culpar exclusivamente a las autoridades o a los desarrolladores urbanos cuando hay otro elemento que también abona a este problema: el comportamiento social.

            Basta con asomarnos a algunos de los arroyos que cruzan la ciudad para darnos cuenta de lo que arrastraron las lluvias de las semanas anteriores, entre los montones de basura podremos encontrar colchones, neumáticos y hasta algunos muebles.

            Los responsables del mantenimiento a los canales pluviales han señalado en repetidas ocasiones que ahí han encontrado también muebles y todo tipo de desechos.

            Las lluvias pueden dejar en evidencia las carencias de la ciudad en infraestructura pluvial, pero sobre todo están dejando en evidencia a la propia comunidad que en forma indolente sigue arrojando basura a los arroyos.

            De unos años para acá el sistema de recolección de basura funciona en niveles bastante eficientes, no se puede echar la culpa a eso, es una cuestión estrictamente de responsabilidad social.

            En este problema estamos involucrados todos, unos tiran la basura donde no deben, otros se dan cuenta y voltean la cara.

            Ese es el cambio que debemos de buscar los ciudadanos, hacia una actitud  de compromiso cívico, sentido común y respeto. ¿Se podrá?

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Más se tardó Ricardo Anaya en anunciar su retorno a la política nacional que el fiscal antidisidencia  Santiago Nieto en pasarlo al patíbulo.

            Es cierto que el nombre de Anaya salió a relucir durante la puesta en escena de Emilio Lozoya, quien lo involucra en el asunto de los sobornos, pero apenas el panista dio señales de vida y manifestó sus intenciones de participar en política, y Santiago Nieto sale a declarar que está bajo investigación.

            No guarda el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera la secrecía que obliga en toda investigación,  sin importarle que incluso incurre en faltas al debido proceso, cada que una declaración suya puede ser de utilidad para mermar a un opositor al régimen, ventila los casos en forma irresponsable.

            Se consolida así Santiago Nieto como un fiscal del terror, pues lo mismo la emprende contra políticos opositores que de funcionarios judiciales que resuelven en algún sentido que no le gusta.

            Este mismo martes el titular de la UIF se inconformó contra un juez que liberó cuentas del empresario Kamel Nacif, prófugo de la justicia por su participación en la tortura a la periodista Lidia Cacho, pero no se limita Santiago Nieto a los recursos previstos en la ley, sino que aún antes de que una instancia superior resuelva si el juez se apegó o no a derecho, amenaza públicamente que pedirá su readscripción.

            Esto también es muy grave, manda un mensaje amenazador para todo juez al que le toque conocer casos relacionados con la UIF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debería hacerle un extrañamiento a Santiago Nieto para que se limite a seguir cauces legales y omita esos amagos.

            En cuanto a Anaya, si recibió o no los sobornos, eso es lo que deben esclarecer las investigaciones, y su retorno a la política puede entusiasmar a algunos y desagradar a otros, pero lo cierto es que en una encuesta que se hizo el mes anterior se le ubicó como el personaje más viable para fungir como contrapeso a López Obrador, lo cual es mucho decir en un escenario en que la oposición está desdibujada.

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            Al renunciar a su cargo el parrense Jaime Cárdenas Gracia dejó ver graves situaciones que ocurren en el llamado instituto «para devolver al pueblo lo robado».

            Además de asegurar que en el organismo hay corrupción, que según el Presidente en su administración ya no existe, también recordó los pasivos laborales que por más de mil millones de pesos tiene el gobierno con ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y de Ferrocarriles Nacionales y que ese instituto tiene la obligación de pagarlos.

            Hay una deuda con trabajadores, y el Instituto acaba de aportar dos mil millones de pesos para los premios en la supuesta rifa del avión presidencial. Toda una incongruencia.

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            La Secretaría de Gobernación anunció haber llegado a acuerdos para resolver el conflicto por el agua en Chihuahua, pero de inmediato agricultores hicieron ver que no están representados en la mesa de diálogo.

            Tal parece que la responsable de la estabilidad en el país Olga Sánchez Cordero decidió convocar únicamente a funcionarios federales, legisladores y alcaldes pero se olvidó de los protagonistas del conflicto, así es más cómodo seguramente.

            Y quizá por eso los acuerdos son tan vagos y en ninguno de ellos, o al menos de los que se dieron a conocer, se precisa cómo se resolverá realmente el problema, ¿se tomará o no agua de La Boquilla para pagar la deuda con Estados Unidos?.

            También con puro actor político sentado a la mesa fue sencillo pactar el compromiso de «respetar irrestrictamente al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional», sin mencionar los excesos en que incurrió la autoridad, ni hablar mucho menos sobre una disculpa pública e indemnización a los familiares de la mujer que fue asesinada por un elemento de la Guardia.

            Los que sí participaron en la mesa de dialogo fueron Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, y Rubén Moreira como presidente de la Comisión de la Frontera Norte en la Cámara de Diputados.

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            Este miércoles deberá darse el encuentro de los gobernadores de la Alianza Federalista con los legisladores para comprometerlos en la gestión de mayores recursos para 2021, habrá que estar atentos a los resultados de la reunión.

edelapena@infonor.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña

            Esta semana Miguel Ángel Riquelme y los gobernadores de la Alianza Federalista se reunirán con los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados, para plantear no únicamente las necesidades que cada entidad tiene en materia presupuestal, sino también para exponer el impacto que tendrían en cada rubro los recortes que se han planteado por parte de Hacienda en el proyecto de egresos para 2021.

            Se busca sensibilizar a los legisladores sobre cómo afecta que una vez más no haya inversión para proyectos de infraestructura, como las obras carreteras que aquí están en espera de fondeo; o el impacto de no destinar programas para el fomento a la productividad en el campo; igualmente los recortes en materia de seguridad.

            Anticipó el gobernador que la reunión es con los grupos parlamentarios de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, seguramente es así porque los de Morena siguen en su soberbia y cualquier gestión con ellos es intransitable.

            Sin embargo bien harían los gobernadores en intentar también el dialogo con esos legisladores, y dejar testimonio público de sus gestiones, si piden audiencia y no se las conceden que lo hagan en una carta pública, para que una vez aprobado el presupuesto -donde pesará el voto mayoritario de Morena– si no se consiguen los ajustes esperados, que esos diputados no puedan decir que ellos no estuvieron enterados.

            Con lo que está en juego en materia presupuestal para el 2021 las siglas deben dejarse a un lado, los ciudadanos debemos de mantener bajo observación el comportamiento de los legisladores para medir en dónde están realmente sus compromisos.

            Recordemos que muchos de ellos el año próximo querrán buscar la reelección, veamos si la merecen.

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            Y hablando de expectativas presupuestales, en lo que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hay pesimismo respecto al 2021 y poco les falta para de una vez bajar la cortina.

            A los funcionarios de la dependencia federal en los CADER, los centros que tienen en cada municipio, ya les anticiparon que nuevamente para el año próximo no habrá programas de apoyo a productores, y que ahora la función de ellos será como promotores de créditos.

            Según les han explicado son créditos que se gestionarán ante financieras internacionales y el gobierno fungirá como una especie de aval, aportando el gobierno federal las garantías líquidas.

            Con los recortes que ya habían sufrido este año, algunos de los CADER se quedaron sin jefe de oficina, les quitaron también los vehículos y ya no realizan trabajo de campo, operan prácticamente como ventanilla para recepción de trámites.

            Para quienes laboran en la dependencia es preocupante pues temen que pronto haya recorte de personal, y para el país es gravísimo pues conlleva una desatención del sector primario.

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            Los que vuelven a recorrer el calvario con la Comisión Federal de Electricidad son los productores coahuilenses de carbón.

            Se anuncia que este martes volverán a tener una reunión con directivos de la paraestatal para buscar nuevos términos a los contratos de adjudicación directa que se comprometieron hace algunas semanas y en los que están involucrados ya no los 75 que habían recibido luz verde sino únicamente poco más de 50.

            Como lo hemos dicho las condiciones exigidas en los contratos son de imposible cumplimiento y los productores van por mayor flexibilidad, pues en esos términos no van a entregar pedidos luego de la mala experiencia que ya tuvo uno de ellos al que no le pagaron lo entregado.

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            La directora de la Comisión Nacional del Agua Blanca Jiménez Cisneros confirmó el fin de semana que el plan del gobierno federal es tomar agua de las presas internacionales para poder pagar lo que se adeuda de este quinquenio en el tratado con Estados Unidos.

            ¿Cuál agua soledad?, de acuerdo al reporte más reciente disponible, que es al 12 de septiembre, y que se actualiza hasta finales de esta semana, del almacenamiento útil en La Amistad, únicamente un 4.9% corresponde a México, y de la Falcón, un 10.3% es de nuestro país.

            Tiene México en esos dos embalses 225 millones de metros cúbicos de agua, y lo que se debe a Estados Unidos son 319 millones de metros cúbicos.

            Pero además hay trece municipios de Coahuila y Tamulipas que tienen derechos de uso de agua de esas presas para abasto humano, adicional a los distritos de riego agrícola. Esos municipios tienen un consumo semestral estimado en 410 millones de metros cúbicos.

            La realidad es que México va a tener que pedirle agua prestada a Estados Unidos para cubrir el déficit que aquí habrá. El tema es bastante complicado.

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ÍNDICE

Por Eduardo J De La Peña De León

            El General Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional ya reconoció que un elemento de esa corporación fue quien dio muerte a uno de los manifestantes que se oponen a la extracción de agua en La Boquilla, en Chihuahua.

            El militar lo plantea como «un desafortunado accidente», y asegura que un elemento disparó en un momento de confusión cuando trasladaban a algunos detenidos que habían despojado de armas y granadas a los efectivos de la Guardia Nacional.

            Semana y media después de los graves acontecimientos el General Rodríguez Bucio sale a dar su versión en lo que parece un intento no por pedir una disculpa sino al contrario, liberar de responsabilidad a los elementos implicados a los que sin embargo deja en ridículo.

            Queda en claro la falta de capacitación en estos elementos a los que un grupo de agricultores pudo despojar de armas y granadas, y en los nervios terminaron por hacer disparos contra civiles.

            Faltan desde luego las consignaciones correspondientes, y que haya una indemnización para los familiares de la mujer que murió, pues no basta con salir a dar un informe.

            Este asunto de la deuda de agua con Estados Unidos se está complicando cada día más, y ahora sí ya nos dejó a los de Coahuila en medio de la pugna.

            Greg Abbot, gobernador de Texas, hizo un pronunciamiento esta semana presionando para que México cumpla con lo que tiene que entregar dentro del Tratado, a más tardar a finales del mes próximo.

            Y como el reclamo vino del vecino país, de inmediato López Obrador dijo que para poder cumplir y dado lo que está ocurriendo en Chihuahua, pedirán ayuda a otros estados para que aporten agua.

            La declaración del Presidente se dio al mismo tiempo que una protesta de agricultores de Tamaulipas, quienes están acusando que no se les ha entregado el agua que les corresponde para el ciclo agrícola, por compensar a Estados Unidos lo que no entrega Chihuahua.

            Y es aquí donde atrapan a Coahuila, pues resulta que estos agricultores, del Distrito Bajo Río Bravo, el de mayor superficie para siembra y con 15 mil usuarios que son los principales productores de sorgo en México, tienen derechos sobre el agua de la Presa La Amistad.

            Hay otros distritos de riego con derechos en esta presa, como el Acuña-Falcón, que contempla municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y tiene quinientos usuarios.

            Como se sabe la Presa La Amistad es binacional, pertenece a nuestro país y a Estados Unidos, pero no a partes iguales, actualmente está a poco más del 34 por ciento de su capacidad total, pero de lo que corresponde a México el volumen útil es mínimo, y los vecinos extraen actualmente ocho veces más de lo que aquí se dispone.

            Si López Obrador está volteando hacia Acuña para poder pagar la deuda de agua a Estados Unidos, debe tomar en cuenta que acá tampoco hay agua suficiente, y que los agricultores con derechos a ella ya también están exigiendo lo que les corresponde.

            Que dé una preguntada el Presidente a ver si en Nuevo León consigue agua, pues ahí sí que las presas están rebosantes, al menos la de La Boca tuvo que ser abierta esta semana para desfogarla.

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            Este año el Día Nacional de Protección Civil, que se conmemora hoy 19 de septiembre, al menos en Coahuila pasará sin simulacros, pues las autoridades tomaron la prudente decisión de suspenderlos ante la contingencia sanitaria.

            Francisco Martínez Avalos, subsecretario de Protección Civil, explicó que se tenían previstos más de 3 mil simulacros, pero como hoy la prioridad es evitar aglomeraciones, esa actividad se sustituye por capacitación y otras actividades en línea.

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INDICE

Por Eduardo J. De La Peña De León

El juez que lleva el juicio de amparo promovido la semana anterior por el empresario Alonso Ancira Elizondo ya resolvió la primera etapa y negó la suspensión provisional, sin embargo hay que leer con cuidado la resolución.

Bajo el amago que están los jueces, el titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México no se atrevió a poner un alto a los excesos que cada mañana comete Andrés Manuel López Obrador, pero sí señala que no se puede pedir al Presidente que emita una manifestación pública en la que reconozca que Ancira es inocente de los delitos que se le imputan hasta que no haya una sentencia que lo condene, «pues no se trata de la autoridad competente para emitir una determinación en los términos solicitados».

El juez Gabriel Regis López no ha entrado al fondo del asunto pero ya ha establecido algo que es muy importante, el Presidente no es autoridad competente, y si no lo es para decir que alguien es inocente, por lógica tampoco lo es para decir que alguien es culpable, ni mucho menos para estar exigiendo una reparación del daño que ninguna autoridad con competencia real haya determinado y cuantificado.

Dice el juez que el Presidente a través de su ejercicio de comunicación está ejerciendo sus derechos fundamentales, y ese ejercicio es un «elemento determinante en la calidad de vida democrática en un país». ¿En qué despacho de Palacio Nacional le habrán hecho la resolución al juez Regis?, ahora resulta que la diatriba y la difamación cuando se emiten desde el púlpito presidencial abonan a la democracia.

Tal vez en la Escuela Scherer de Derecho no enseñan Constitucional, o el juez Regis se voló la clase el día que tocaba analizar el artículo sexto en donde se establece como uno de los límites a la libertad de expresión afectar derechos de terceros, como hace cada mañana López Obrador.

Pero debemos esperar a que se resuelva el fondo del asunto, mientras tanto el «ejercicio de comunicación» del Presidente sigue generando reacciones en contra, y este jueves académicos e intelectuales hicieron un nuevo pronunciamiento señalando que López Obrador «profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana».

«Sus palabras son órdenes: tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su Gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el País».

Son muchos los que no coinciden con el juez Regis en que las mañaneras abonan a la democracia.

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            En otros temas, a quien hay que reconocerle su postura y el haberse sumado a la iniciativa de consulta popular sobre el ingreso básico universal es a Armando Guadiana Tijerina.

En el senado la impulsora del tema fue la panista Xochitl Galvez, y a ella se sumaron más de cuarenta senadores, entre ellos Guadiana, pese a que su grupo parlamentario no secundó la propuesta.

La causa lo vale dijo Guadiana y es cierto.

Queda claro que el ingreso básico universal no estará implementado oportunamente para auxiliar a los mexicanos que han perdido el empleo en esta crisis económica, pues en caso de que proceda la consulta se celebraría hasta agosto del año próximo, pero sí se logra establecer esa obligación en la Constitución, ya no habrá espacio para que este gobierno u otros en el futuro evadan un programa emergente de estos alcances.

Guadiana muestra congruencia con lo que ha venido planteando desde hace meses, pues él sí ha abonado por acciones de rescate económico y ahora además muestra que puede actuar con autonomía y sumarse a iniciativas que provengan de otras siglas cuando se trata del interés de los mexicanos.

Punto a su favor.

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            Como ocurre siempre en estos casos, la entrega de la Condecoración Miguel Hidalgo a personal de salud en el país no dejó contentos a todos, y en Monclova surgieron los reclamos de que no se haya considerado a ninguno de los trabajadores del hospital 7 del IMSS, después de la crisis que vivieron –y superaron– en meses anteriores.

Hasta ahora se conocen los nombres de los 58 que se hicieron acreedores a la máxima distinción, que es la Condecoración en Grado Collar, y no hay nadie de Monclova, lo que no se sabe es si nadie fue propuesto –pues hubo una convocatoria pública para ello– o si el jurado calificador no los consideró merecedores.

De hecho del personal que presta servicio en Coahuila, únicamente hay un médico entre esos 58 condecorados, se trata de un Neumólogo, Aldo Garza Sánchez, que no es originario de nuestra entidad, pero radica en Torreón y trabaja tanto en la medicina privada como en el hospital Militar.

edelapena@infonor.com.mx